¿Cuándo la autonomía y la corrección del PND?

El  pasado 20 de mayo, cuando el gobierno federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, causó relativa sorpresa la relevancia concedida a la prueba Enlace (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares), como principal instrumento de evaluación, así como la meta autoimpuesta en materia de cobertura en educación media superior y superior.

La sorpresa por la continuidad de Enlace se debía, sobre todo, a las fuertes críticas que tal prueba recibió desde que se puso en marcha en el 2006 y donde lo más sensato parecía revisarla cuidadosamente. Pero no, en la parte de diagnóstico del PND, se destacó su avance de la última década.

El PND anotó como principal logro el esfuerzo realizado para “conocer los resultados del aprendizaje de los estudiantes de educación básica y media superior, a través de la aplicación periódica de pruebas nacionales de logro académico (por ejemplo ENLACE) en las áreas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales” (p. 62).

Lo inquietante era que la actual administración inició con la idea de elevar a rango constitucional la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y conferirle el estatus de máxima autoridad en materia de evaluación. En tal sentido, se suponía que estaría a revisión todo el sistema de evaluación.

Entonces, conciliar, por un lado, una idea de autonomía plena a un ente regulador de la evaluación, y por otro, una prueba nacional específica como mecanismo a utilizarse, parecía más bien producto de una disonancia cognitiva a nivel de sistema o, una vez más, una franca simulación del papel de la evaluación.

Por otra parte, las metas sobre cobertura para la educación media superior (80 por ciento) y superior (40 por ciento) que se anunciaron en el PND para el fin de sexenio causaron más bien decepción. Los porcentajes eran inferiores a las que había prometido el ahora ejecutivo federal en su periodo de campaña. Además, como lo ha documentado Roberto Rodríguez en estas páginas, parecen relativamente inexplicables las razones de la disminución.

En el PND, según la Ley de Planeación y como lo hemos advertido aquí en otras ocasiones, deben precisarse los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades del desarrollo nacional, así como la previsión de recursos para tales fines, los instrumentos y los responsables de la ejecución.

La misma norma establece que una vez aprobados, el PND y los programas sectoriales, son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias (artículo 32). Esto, simplemente, quiere decir que en la ejecución de los objetivos y estrategias, las dependencias no pueden ni deben desviarse de las coordenadas trazadas en el PND.

Todavía más, en la presentación del PND, tanto el ejecutivo federal como el secretario de Hacienda, destacaron una de las diferencias del actual Plan respecto de los anteriores: por primera vez contiene indicadores específicos para medir los avances de la administración pública. Una innovación la llamaron. Y sí, aunque las dos administraciones anteriores utilizaron indicadores por primera vez, lo hicieron en el programa sectorial.

El PND contiene dos indicadores para medir el progreso de la calidad de la educación: el puntaje de la prueba Enlace y la eficiencia terminal. El primero, en su momento dijimos que era persistir en el error (Campus No. 511), porque era una evaluación realizada directamente a los estudiantes en las aulas; el segundo porque valora el número de estudiantes que concluye sus estudios de forma oportuna.

Ahora resulta que se cambiará el puntaje de Enlace, dado que el secretario de Educación Pública anunció el pasado 18 de julio que la prueba ya no se aplicará a partir del próximo ciclo escolar.

Lo sorprendente es que el anunció no lo hizo el INEE, no solamente autónomo en materia de evaluación educativa, también un organismo que el pasado 13 de junio instaló un comité de especialistas para revisar Enlace y Excale, para “dar cuenta de la calidad técnica de ambas pruebas, en especial de su validez y confiabilidad” (Boletín No. 6). Pero no, hasta el momento no hubo resultados de la revisión. Primero llegó el anuncio del secretario del ramo.

La ley faculta la revisión periódica y posibles adecuaciones al PND y los programas sectoriales. Si desde ahora comienzan las rectificaciones con uno de los indicadores educativos, también se podría aprovechar para reconsiderar otros temas. ¿No?

(Publicado en Campus Milenio No. 519. Julio 25, 2013, p.4)

El volumen y retos del sistema educativo

Las vacaciones de verano llegaron y también, para muchos, una pausa para lo nuevo y las decisiones importantes. El inicio de la vida escolar, el cambio de grado, de escuela, de nivel educativo o el complicado paso de la escuela al mercado laboral.

El papel y respaldo de la familia es fundamental, como lo muestran las evidencias, para el futuro escolar de niños y jóvenes. Y no solamente se debe a la dependencia económica de la mayoría de estudiantes, también lo es por el ambiente de impulso o inhibición de las inquietudes escolares en el hogar o por la búsqueda de opciones ante un reiterado fracaso o rechazo de instituciones educativas. Pero no todo es la esfera familiar; la responsabilidad también está del lado de la autoridad educativa.

A pesar de los esfuerzos de las últimas dos o tres décadas en materia de equidad, el Sistema Educativo Nacional (SEN) se ha mostrado relativamente refractario a las oportunidades educativas para niños y jóvenes de menores ingresos. La forma del sistema todavía es sumamente piramidal y amerita mayor atención la educación media superior y superior.

Unas cuantas cifras ilustran la morfología del SEN. En total, según las estimaciones para el reciente ciclo escolar que acaba de concluir, de preescolar a posgrado estaban matriculados casi 36 millones de niños y jóvenes. Esto es, un tercio del total de la población en el país.

De los 36 millones de estudiantes inscritos, el 73 por ciento corresponde a la educación básica. Es la base de la pirámide (y principalmente la enseñanza primaria con 14.7 millones). En educación media superior están matriculados el 13 por ciento del total, 4 por ciento en capacitación para el trabajo y 9 por ciento en educación superior.

Los estudiantes matriculados en educación superior, en números absolutos, suman 3.3 millones. En números redondos, la licenciatura ocupa la mayor parte con 3.1 millones; luego el nivel de maestría con 169 mil, las especializaciones con 46 mil y, en la cúspide, el doctorado con apenas 28 mil estudiantes.

Entonces, el mayor avance lo hemos registrado en la educación básica y no completamente. Vale la pena recordar que desde 1993 la educación secundaria se volvió obligatoria y apenas al finalizar la administración anterior se logró alcanzar su cobertura universal. Desde el 2002, pese a lo polémico de la iniciativa, tres años de preescolar son obligatorios y la cobertura debió alcanzarse completamente en el 2008. Pero no, la cobertura para los niños de tres años todavía está en 49 por ciento.

Ahora también ya es obligatoria la educación media superior y deberá alcanzar la cobertura universal para el año 2022. Actualmente, las estimaciones señalan que la cobertura para este nivel está alrededor del 69 por ciento del grupo de edad (la OCDE dice que es de 63 por ciento), de forma que deberá sumar más de 30 puntos porcentuales en la próxima década (añadir poco más de un millón de estudiantes a los actuales).

Ciertamente, se ha registrado un avance importante en la cobertura de la educación media superior en la última década. Sin embargo, de acuerdo al más reciente reporte estadístico de la OCDE, la cobertura educativa entre jóvenes de 15 a 19 años es de 56 por ciento, muy alejada de la media de los países de la OCDE (84 por ciento) e incluso menor a países como Brasil (77 por ciento), Chile (76 por ciento) o Argentina (72 por ciento).

Tal vez lo más preocupante, como lo indicó la OCDE, es que alrededor de una cuarta parte del total de jóvenes mexicanos entre los 15 y 29 años de edad no estudian ni trabajan, los llamados NiNis (Education at a Glance 2013: 330). Es la tercera proporción de jóvenes más grande dentro de los países de la organización; el primer lugar lo ocupa Turquía  (35 por ciento) y le sigue Israel (28 por ciento). Además, el problema es que la proporción relativa de NiNis en México prácticamente no se ha movido en la última década.

Queda todavía el enorme reto de expandir las oportunidades educativas para el nivel superior, el cual necesariamente reflejará la presión creciente de la obligatoriedad del nivel previo. Sin duda hará falta mayor atención e imaginación de la autoridad educativa para la licenciatura y el posgrado. Hasta hoy, en lo que va de esta administración, las medidas públicas se han concentrado solamente en la educación básica, desde el inicio de la reforma hasta las fallidas computadoras para primaria.

El verano también podría ser una pausa para pensar en el resto de niveles educativos y principalmente en los contenidos del programa sectorial.

(Publicado en Campus Milenio. No.  518. Julio 18, 2013: p. 4)

La costosa administración de las tecnologías en el salón de clase

Este viernes 5 finaliza el plazo para que el grupo ganador de la licitación de SEP sobre las 240 mil laptops, argumente sobre el procedimiento administrativo de rescisión de contrato en su contra. Seguramente no habrá marcha atrás y la Secretaría deberá seleccionar a otro proveedor.

Independientemente de cómo se resuelva este asunto, lo sorprendente es que en el tema de las tecnologías en el salón de clase, una vez más, la atención se concentra en los recursos financieros o en las dificultades administrativas para el manejo de los dispositivos. Poco se cuestiona, indaga o argumenta sobre la conveniencia pedagógica de la medida propuesta.

¿No fue suficiente la lección del programa Enciclomedia? Tal programa, en tiempos de Vicente Fox, fue concebido como un complemento a la actividad del profesor y consistía esencialmente en la presentación digitalizada de los libros de texto, lo cual permitía añadir otros recursos para ilustrar y hacer más atractivo su contenido.

Enciclomedia precisaba de media docena de componentes para funcionar. Los esenciales eran la computadora, un pizarrón interactivo y un proyector. Primero se planteó como programa piloto y luego, igual que ahora se está pensando, para todas las aulas de quinto y sexto grado de primaria en el país e incluso para secundaria.

Las evidencias sobre la importancia de Enciclomedia para el aprendizaje de los niños estaban por demostrarse. Pero la polémica, como ahora sucede, se desató por los procesos de licitación. Unas empresas se inconformaron con los resultados de los procedimientos, a pesar de que, como también hoy ocurre, la organización Transparencia Mexicana los avaló. Después, en un enfrentamiento entre el Congreso y el ejecutivo federal, sus recursos financieros fueron escatimados.

El volumen de recursos era significativo. En la primera licitación de Enciclomedia, en 2004, fue de casi 900 millones de pesos para equipar 20 mil aulas. Cifras relativamente similares a las que ahora están en juego. La segunda licitación de Enciclomedia fue para equipar 125 mil aulas y los recursos implicados eran casi 18 mil millones de pesos.

El programa, por las obligaciones legales y contratos firmados, pese a los cuestionamientos e irregularidades, continuó hasta el 2010. Para ese año, se suponía que alrededor de 147 mil aulas de quinto y sexto grado estaban equipadas. Sin embargo, las denuncias de robo, las inconformidades por el mantenimiento de equipo y los reportes del deterioro y obsolescencia de equipo eran frecuentes.

Prácticamente desde que inició la administración de Felipe Calderón, la idea era reemplazar a Enciclomedia, pero sin claridad de qué iniciativa seleccionar y, sobre todo, qué hacer con los dispositivos tecnológicos heredados. En el penúltimo año, se intentó impulsar el denominado programa “Aula Base Telemática”, dentro del programa Habilidades Digitales para Todos. Una vez más, la discusión de concentró en el presupuesto que habría de consumir (1,800 millones de pesos el año pasado) y en cómo aprovechar el equipo de Enciclomedia. En definitiva, puro desperdicio a lo largo de una década.

Ahora, la actual administración, derivado de las promesas de campaña del actual ejecutivo federal y de los compromisos del Pacto por México se planteó, con independencia de cualquier argumentación, la “dotación de computadoras portátiles con conectividad para todos los alumnos de 5to y 6to grado de primaria de escuelas públicas” (compromiso 11).

La SEP puso en marcha una primera fase de la iniciativa, con una licitación para adquirir 240 mil laptos para los estados de Colima, Sonora y Tabasco. El pasado 31 de mayo informó cual había sido la empresa ganadora (Grupo Mercantil Te Prestamos, en conjunto con dos grupos más) e incluso remarcó que había logrado un ahorro del 23 por ciento, dado que el costo total sería de casi 773 millones de pesos y el Congreso había otorgado un mil millones de pesos.

Los problemas vinieron a los pocos días porque la empresa ganadora avisó a SEP que cambiaría de empresa fabricante de los equipos. La SEP difirió por una semana la firma del contrato pero después, otra vez en conjunto con Transparencia Mexicana, certificó que no había inconveniente en el cambio.

Finalmente, el pasado 26 de junio SEP reportó que la empresa ganadora incumplió con la entrega de las fianzas de garantía, por lo cual daría inicio el procedimiento para rescindir el contrato firmado.

Entonces, de nueva cuenta el tema de los recursos y los procedimientos administrativos volverán a capturar la atención. No está mal. Pero ¿seguiremos postergando la discusión sobre las tecnologías de la información en el salón de clase? No debiéramos.

(Publicado en Campus Milenio No. 517. Julio 4, 2013, p. 6)

¿De qué hablamos cuando hablamos del uno por ciento del PIB para CyT?

Alcanzar el uno por ciento del PIB en inversión en ciencia y tecnología es uno de los propósitos más anunciados en este terreno. Lo que todavía está por aclararse es la discordancia entre las diferentes leyes, la escala de tiempo que llevará lograrlo y la participación relativa de los diferentes sectores.

La propuesta de destinar uno por ciento a investigación y desarrollo tecnológico comenzó a tomar forma en el 2002. La reforma del artículo 25 de la Ley General de Educación (LGE) en ese año estableció que: “El monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas”.

Además, en artículo transitorio, indicó que el presupuesto aumentaría gradualmente cada año, comenzando en el 2003 y logrando la inversión del 8 por ciento en el 2006. La modificación era simplemente sorprendente; el volumen de recursos que suponía para las instituciones públicas era francamente inquietante. Sobra decir que  ni entonces ni ahora se cumplió.

En 2004 otra vez se volvió al asunto, pero ahora en la legislación científica: se añadió el artículo 9 Bis a la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT). La intención era avanzar en la normatividad del sector, pero sobre todo enmendar las ambigüedades y errores de la legislación educativa.

El artículo 9 Bis de la LCyT dice: “El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”. Igual que la reforma educativa, un artículo transitorio también dispuso su cumplimiento para el 2006.

Los artículos de las dos leyes, aparentemente, son iguales, pero tienen diferencias muy importantes. La legislación educativa se refiere al uno por ciento de un total de 8 por ciento de gasto educativo público y solamente para Instituciones de Educación Superior Públicas (IES). Por el contrario, el 9 Bis no subsume el uno por ciento al gasto educativo, tampoco indica que sea solamente para las IES públicas; en cambio, sí establece que el gasto es nacional (público y privado). Notables diferencias.

Pasó el sexenio anterior y ni una ni otra disposición legal se han cumplido. De hecho, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), en mayo del año pasado, interpuso una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en “contra de los servidores públicos que resulten responsables por no haber realizado las acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto” por los artículos 9 Bis de la LCyT y 25 de la LGE.

Al parecer tampoco tuvo efectos legales la denuncia del Foro o al menos, públicamente, no se conocieron sus resultados. Actualmente, con los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que entraron en vigor en enero de este año, ni siquiera está prevista la continuidad de la SFP.

El tema del uno por ciento para ciencia y tecnología volvió una vez más en el periodo de campaña de Enrique Peña Nieto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este año, en el compromiso número 46 de Pacto por México y como una de las líneas estratégicas del reciente Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

En el presupuesto de este año el sector tuvo un incremento importante (entre 7 y 11 mil millones de pesos), lo cual se dijo está en la ruta de alcanzar el uno por ciento. Pero no, no está claro. En los diferentes casos, presupuesto, Pacto y PND se sigue arrastrando la ambigüedad de la normatividad. Incluso quizás seguirá la misma línea el programa sectorial que deberá presentarse al comienzo del año próximo.

Entonces, por principio de cuentas y dado que lo de hoy es la reforma de las leyes secundarias, no estaría nada mal que se revisará la concordancia de la legislación educativa y la científica para resolver en definitiva su equivalencia en materia de inversión científica y tecnológica. Tampoco estaría nada mal que se fijarán plazos razonables para cumplir la meta y, muy importante, qué porcentaje aportará quién. Así, todos sabríamos a qué nos referimos cuando hablamos del uno por ciento en esta materia.

(Publicado en Campus Milenio No. 516. Junio 27, 2013. p. 6)

CyT: La tributación y las capacidades en América Latina y el Caribe

Las reticencias de los ciudadanos hacia el pago de impuestos en México –y en diferentes partes del mundo— son múltiples. Sea porque el sistema de tributación es oneroso, abigarrado, variable o inequitativo. Pero también porque no se perciben con claridad los beneficios de las contribuciones fiscales. O bien, por cierta opacidad, fallas de gestión o falta de escrúpulo en el manejo los recursos recaudados.

La fracción IV del artículo 31 constitucional señala como obligación de los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

No obstante, como tantos otros deberes y derechos constitucionales, se sabe que no se cumplirán para todos o no de la misma forma. En materia de impuestos, algunos ciudadanos o empresas simple y llanamente evaden su responsabilidad; otros, principalmente los grandes contribuyentes, buscan afanosamente, legal o ilegalmente, la disminución o condonación del cobro; y unos más, lamentan el pésimo servicio público que reciben a cambio de los impuestos que pagan.

Resulta contraproducente la exigencia de un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales cuando líderes sindicales, legisladores, funcionarios gubernamentales, de todos los niveles y partidos, dilapidan los recursos públicos en gastos extravagantes, insultantes, suntuosos o los desvían para beneficio personal. Los ejemplos sobran y nada parece remediarlos.

Una y otra vez ha sido difícil convencer a la ciudadanía de las bondades de las reformas fiscales. Tanto más complicado porque ni las responsabilidades básicas en materia de seguridad pública, desarrollo nacional o servicios mejoran; tampoco la distribución de los ingresos o la reducción de la pobreza.

Ahora, en el marco del Pacto por México, nuevamente está en el horizonte una probable reforma fiscal. Seguramente volverá a llamarse la atención sobre la necesidad de ampliar la base fiscal, limitar los regímenes especiales, eliminar algunos impuestos, generalizar otros. Pero lo que debiera ocupar buena parte del debate es para qué la eventual reforma y qué se hará con los recursos.

El pasado 12 de junio, aunque pasó relativamente desapercibido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, junto con la OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organizó el “Seminario Internacional Política Tributaria: Desafíos y Tendencias”, en el cual se destacó la importancia de aprovechar la reforma para impulsar el desarrollo, el crecimiento económico y la distribución del ingreso.

Un principio compartido por varios de los participantes en el seminario, repetido en múltiples ocasiones, pero que no acaba de ponerse en práctica al intentar poner en marcha las políticas en este terreno o que se extravía a la hora de conducir las iniciativas.

El asunto, como lo señaló la secretaría ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, es que la política tributaria no solamente debe servir como motor del crecimiento, también podría contribuir al desarrollo de objetivos sociales como combatir la pobreza, evitar la exclusión social y generar una mayor igualdad de oportunidades.

El caso es más apremiante para México porque, según las cifras de la Cepal, todos los países en la región incrementaron sus niveles de gasto social al comparar los quinquenios de 1990-1995 y 2005-2010. Sin embargo, Cuba es el país que más recursos destina en este ámbito, con 36.6 por ciento del PIB en 2005-2010, seguido de Brasil (24.5 por ciento), Argentina (23 por ciento), Uruguay (21.4 por ciento), Costa Rica (19.3 por ciento) y Bolivia (17.5 por ciento). Los que tienen la proporción más baja son Chile (13.9 por ciento) y México (10.1 por ciento), en el mismo periodo.

Además, como también lo mencionó la funcionaria de la Cepal, una de las vías para el crecimiento, el bienestar social y la mejora en el nivel de recaudación tributaria es precisamente la inversión en educación, ciencia y tecnología e infraestructura.

En esta área, como en repetidas ocasiones lo hemos reiterado en este espacio, no tenemos buenas cuentas. La semana próxima revisaremos con mayor detalle las recientes cifras de inversión en ciencia y la tecnología en la región, pero en la última década, mientras que los diferentes países han incrementado su participación relativa en la región, México se ha mantenido constante.

(Publicado en Campus Milenio No. 515. Junio 20, 2013. p. 6)

CyT: Legislación con perspectiva de género

El decreto apareció la semana pasada, pero la iniciativa de reformar la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) en materia de equidad de género se presentó hace dos años. Un lapso relativamente breve si se considera el estándar de los legisladores.

En mayo de 2011, la entonces diputada María del Pilar Torre, integrante del Partido Nueva Alianza, presentó el proyecto para integrar el concepto de equidad de género en la LCyT y establecer condiciones de igualdad y representación equitativa entre hombres y mujeres.

La controvertida diputada Torre, para fundamentar su iniciativa, señaló la serie de obstáculos y dificultades que enfrentan las mujeres en su vida profesional, debidos tanto modelos como a prácticas institucionales. Argumentó la persistencia de contextos de discriminación salarial y laboral, menores salarios para mujeres y asignación de posiciones ocupacionales de menor jerarquía en el sistema de ciencia y tecnología.

La propuesta original de la diputada aliancista proponía modificar seis artículos de la LCyT. No obstante, en comisiones dictaminadoras solamente juzgaron como relevantes los cambios en los artículos 2, 12, 14 y 42, mientras que los referidos a los artículos 6 y 13 los calificaron como incongruentes, poco consistentes o carentes funcionalidad.

El artículo 6 de la LCyT es el que establece las facultades del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Este Consejo, como se sabe, es el máximo órgano de gobierno del sistema, presidido por el ejecutivo federal y en el que participan secretarios de Estado, investigadores y representantes empresariales. Un alto nivel que, precisamente, le ha impedido ser funcional.

La diputada Torre sugería añadir el concepto de “equidad de género” en la fracción VI del artículo 6. La fracción, en su formulación original, indica que al Consejo le corresponde “aprobar y formular propuestas de políticas y mecanismos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación en materia de estímulos fiscales y financieros, facilidades administrativas, de comercio exterior, metrología, normalización, evaluación de la conformidad y régimen de propiedad intelectual”.

La comisión dictaminadora juzgó que incluir el concepto de “equidad de género” en tal apartado, “no tendría congruencia y serían inconsistentes con el contenido plasmado en esta fracción” (sic) (Gaceta Parlamentaria. Núm. 3352-III. 22/09/2011). En todo caso, indicó el dictamen, es indudable la importancia del concepto, pero lo conveniente sería añadir una nueva fracción. Pero no la propuso.

A su vez, el artículo 13 establece las disposiciones generales sobre los instrumentos de apoyo a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. La diputada Torre proponía añadir una nueva fracción para especificar como una disposición más: “Promover en concordancia con la Política Nacional en Materia de Igualdad, las políticas, programas, presupuestos e instrumentos necesarios en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para eliminar las brechas y desventajas de género.”

No obstante, el dictamen consideró que incluir la Política Nacional en Materia de Igualdad como un instrumento de apoyo al desarrollo científico, tecnológico y de innovación carecía de funcionalidad. También lo desechó.

Finalmente, los cambios que recibieron una valoración positiva fueron añadir una fracción más al artículo 2, el cual establece las bases de la política de Estado, para especificar que también se promoverá “la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Otra modificación a la fracción V del artículo 12 para precisar que las políticas, instrumentos y criterios de apoyo del gobierno federal incentivarán “una participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres”.

Un párrafo añadido al artículo 14 en el que se establece que “En la medida de lo posible, el sistema deberá incluir información de manera diferenciada entre mujeres y hombres a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de las políticas y programas” y un cambio más en el primer párrafo del artículo 42 que ahora indica que el apoyo del gobierno federal será en “en igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres y hombres”.

Sin duda, los cambios a la legislación son positivos. Ahora solamente falta cumplir lo que dice la ley. Nada menos.

(Publicado en Campus Milenio No 514. Junio 13, 2013, p. 9)