Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 795. Marzo 21, 2019. Pág. 5)
Los actuales movimientos
en el sector científico y tecnológico son relativamente inusuales. No es la
primera vez que se registra un desencuentro entre las autoridades del sector y
algunas personalidades y organizaciones de representación de la comunidad
científica. De hecho, buena parte de las políticas del sistema expresan las
huellas de los intercambios, algunos más ríspidos y públicos que otros, pero
pocas veces tersos.
Sin embargo, la
controvertida iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías,
presentada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera de la fracción parlamentaria
de Morena, refleja no solamente una cierta disputa entre María Elena Álvarez
Buylla --la titular del Conacyt-- y organizaciones del sector, ahora también podría
trasladarse al Congreso y probablemente entre éste y la dirección del organismo
rector de las políticas científicas.
Los recientes encuentros
organizados por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Cámara de
Diputados son una muestra de las tensiones. En primer lugar, los foros no
fueron organizados por la Cámara de Senadores, como era lo esperable, dado que
es la cámara de origen.
La Cámara de
Diputados apareció como un mejor espacio para la interlocución con los
inconformes, seguramente porque la diputada Marivel Solís Barrera, de la
fracción de Morena, preside la Comisión de Ciencia y Tecnología. En el Senado,
la presidencia de esa misma comisión corresponde a la senadora Beatriz Paredes,
integrante de la bancada del PRI. Por su parte, el Foro Consultivo, uno de los
convocantes, no solamente es uno de los organismos de contacto entre autoridades
y comunidad científica previsto en la ley vigente, también es una de las
entidades que propone suprimir la polémica propuesta de ley de la senadora morenista
Rivera.
En segundo
lugar, los encuentros quedaron denominados como “Conversatorios para el
análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Esto es, no
fueron sesiones expresamente convocadas para discutir el controvertido proyecto
de ley y aunque éste era el elefante en la sala, no fue el eje de la
convocatoria.
El propósito de
los conversatorios (ocho mesas en dos jornadas en San Lázaro) fue, dijeron los
organizadores, para recibir aportaciones de expertos y actores clave. Sin
embargo, no participaron autoridades del sector central y pues sí, tal parece
que fue un muestrario de propuestas sobre los temas previstos en cada mesa y una
válvula de escape a las muestras de inconformidad con el proyecto de ley.
En tercer
lugar, en la segunda jornada del conversatorio que se realizó el 13 de marzo en
la Cámara de Diputados, ese mismo día Conacyt celebró en sus instalaciones el
foro “Ciencia por México: los Ejes del nuevo Conacyt en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024”. Un encuentro al que acudió la senadora
Beatriz Paredes, pero no la diputada Solís Barrera. Tal vez no tiene sentido
especular si se trató de un foro opuesto o en competencia al realizado por los
diputados, pero lo que sí es relevante es que se trata de participantes
centrales del sector --tanto autoridades federales como legisladoras y miembros
de la comunidad científica-- que discuten lo mismo en espacios diferentes;
escuchan el eco pero no parecen tener comunicación directa entre sí.
El resultado
de los foros realizados por Conacyt está por conocerse. En el caso de los
conversatorios, al finalizar las mesas de trabajo, emitieron un breve documento
que denominaron “Declaratoria”, firmada por las titulares del Foro y de la
Comisión de Ciencia. Ahí quedaron planteados una docena de puntos que son más
bien un pronunciamiento a favor del papel que puede desempeñar la ciencia y la
tecnología en el desarrollo nacional y un posicionamiento sobre los temas
críticos que puso en tela de juicio la iniciativa de ley de la senadora Rivera.
Por ejemplo, entre
otros, destaca su respaldo a la idea de plantear en la Constitución Política el
“derecho humano al acceso a los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones, y
de manera particular a que este sector sea considerado desde la Carta Magna
como un área prioritaria para el desarrollo nacional” (tercer punto). Un tema
pendiente en los intentos de reforma y que también está presente en la
discusión actual sobre el artículo 3º constitucional.
También su llamado
a que las modificaciones normativas o las acciones a poner en marcha en el
sector, sean acompañadas “por un diálogo amplio y permanente entre todos los
actores que lo integran” (punto cuatro). O bien su convocatoria a cumplir lo
que dice la ley vigente en materia de inversión en el sector (al menos uno por
ciento del PIB en gasto nacional) y reconocer el papel del sector privado en el
impulso a las actividades científicas y tecnológicas.
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