Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus
Milenio No. 794. Marzo 14, 2019. Pág. 5)
La discusión sobre una
nueva norma para el sector científico y tecnológico ha revelado que prácticamente
nadie está de acuerdo con la iniciativa presentada por la senadora Ana Lilia
Rivera Rivera. La legisladora es integrante de la fracción parlamentaria de
Morena, pero no tiene voces de respaldo en su bancada, menos en otras
fracciones parlamentarias. Tampoco tiene la aprobación de los miembros de la
comunidad académica, ni de los representantes de los empresarios y ni siquiera
del mismo gobierno federal.
La directora de
Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, no la defiende públicamente. A pesar de que
en redes sociales circula información sobre los metadatos del archivo digital
del proyecto de ley que indican que la última versión del documento tiene su
origen en las oficinas del organismo y de que el proyecto contiene varios
cambios que la titular ha expresado como deseables en la nueva visión del
sistema científico y tecnológico. Por el contrario, Álvarez Buylla manifestó sorpresa
por la aparición de la iniciativa y ha dicho que no forma parte de la agenda
legislativa del ejecutivo federal.
Lo que parece
inocultable es que el proyecto de ley de la senadora Rivera unificó posiciones
en contra y desató diversas opiniones sobre lo que podría cambiar en la
normatividad del sector. Todo parece indicar que existe un relativo consenso
acerca de mantener como base la ley vigente y pensar dos veces si es necesario un
vuelco a las reglas de juego de la actividad científica y tecnológica.
Sin embargo, no está
claro de qué tamaño debiera ser el giro de la norma ni cuál podría ser su
dirección. En estas circunstancias, vale la pena reparar en dos aspectos que la
reforma de 1999 y la del 2002 --las dos últimas reformas y modificaciones
posteriores--, sostuvieron para mejorar e impulsar la conducción del sector.
El primero de ellos
es el de políticas de Estado, en contraposición a políticas de gobierno. Desde
los años noventa comenzó a expresarse con mayor insistencia la necesidad de que
lo público no se identificara con lo gubernamental, que la hechura de las
políticas no dependiera solamente del arbitrio del gobierno federal ni fueran
de corto plazo. La reforma a la ley sectorial de 1999 abrió esa puerta e
incorporó un nuevo mecanismo de participación para que se formularan propuestas
en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica.
En ese entonces se le llamó Foro Permanente de Ciencia y Tecnología (hoy, todavía,
es el Foro Consultivo).
En la misma ley se
establecieron principios básicos para apoyar las actividades, los instrumentos
que canalizarían el apoyo (los fondos competitivos) y diferentes disposiciones
para regular las relaciones con las entidades federativas e impulsar la
descentralización. Sobre todo porque estaba en el horizonte que las políticas
de Estado también debían ser de largo aliento y sostenerse más allá de los
sexenios.
La reforma a la ley
del 2002 no solamente reafirmó la misma noción de políticas de Estado, le
añadió la creación de la Conferencia Nacional del sector para coordinar
esfuerzos con las entidades federativas (similar a la Conago), enumeró media
docena de lo que denominó las bases de la política de Estado para sustentar la
integración de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y dejó en manos del
Consejo General la definición de esas mismas políticas.
Lo paradójico es que
la misma ley del 2002 profundizó el caracter jerárquico y centralista de las
políticas, al colocar la toma de decisiones en la figura del presidente de la
República, bajo la idea de que solamente así se podría cumplir lo que dijera la
norma. Nunca funcionó. Pero desde entonces quedó establecido que el máximo
órgano de política sectorial (el Consejo General) sería presidido por el
ejecutivo federal.
El segundo aspecto
fue la idea de fortalecer las capacidades de coordinación y de gestión del
Conacyt. El cambio en las normas estableció la separación administrativa del
organismo de SEP, la creación de un ramo de gasto propio (el ramo 38) y un
mayor manejo del gasto del sector bajo responsabilidad del Conacyt. Otra vez,
lo contradictorio es que el fortalecimiento le duró la víspera, así como fue
ganando control de una mayor proporción de los recursos, fue disminuyendo.
De hecho, en el
primer Presupuesto de Egresos de la Federación de esta administración, dejó de
controlar la mayor proporción de recursos del sector. Ahora, del total de gasto
para actividades científicas y tecnológicas, Conacyt solamente ejercerá el 31
por ciento, la Sep tendrá la mayor parte (40 por ciento del total).
Así, no resulta
nada extraño el rechazo generalizado a una propuesa que plantea contar con
menos recursos y centralizar, aún mas, las políticas del sector.
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