Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 791. Febrero
21, 2019. Pág. 4)
Una vez más
regresa el tema de la gratuidad de la educación a la discusión pública y a un
eventual programa de gobierno. Ahora sobre el tipo superior y lo inicio una propuesta
del ejecutivo federal de reforma al artículo 3º constitucional. La iniciativa,
junto con otras, se discute en el Congreso. Un cambio en el artículo de
referencia podría ser definitorio para el sistema de educación superior
nacional y para la distribución de los recursos financieros.
En el 2012,
recordemos, un cambio al mismo artículo, estableció la obligatoriedad de la
educación media superior y en artículo transitorio se añadió que se realizaría
de forma gradual a partir del ciclo escolar 2012-2013 y se alcanzaría la
cobertura total en el ciclo 2021-2022. En el mismo transitorio quedó indicado,
explícitamente, la obligación y deber del Estado de garantizarle un lugar a
todos los jóvenes del grupo de edad que concluyeran su educación básica.
Las cifras
oficiales dicen que en el ciclo escolar 2017-2018, la educación media superior
escolarizada alcanzó una cobertura de 78.5 por ciento. Claro, si se suma la
matrícula de la modalidad no escolarizada (Prepa en línea y Prepa abierta, por
ejemplo) la cobertura total llega al 85 por ciento. En general, en todo el
periodo de la administración anterior, la media superior amplió su cobertura en
12.5 puntos porcentuales (pasó de 66 a 78.5 por ciento). Si tomamos solamente
la modalidad escolarizada, todavía queda un importante trecho para lograr una
cobertura universal.
El caso es que, a partir del 2012,
la obligatoriedad está prevista desde la educación preescolar hasta la media
superior. Es un cambio normativo importante que le sumó a los existentes seis
años de primaria, nueve años más de educación obligatoria y lo hizo en el
último cuarto de siglo. La tendencia del ordenamiento jurídico nacional, y de
los instrumentos jurídicos internacionales, es a la instauración progresiva de
la gratuidad. Ahora, el desafío podría ser mayor si le sumamos la
obligatoriedad de la educación superior.
Sin duda, es sumamente deseable la
iniciativa de llevar la gratuidad y la obligatoriedad para la educación de tipo
superior. En México, si nos atenemos a las cifras oficiales, solamente poco más
de un tercio del grupo de jóvenes en edad de cursar estudios superiores, tiene
acceso a los recintos universitarios. Es una proporción reducida y es más grave
si consideramos que las oportunidades se cortan por la desigualdad: los jóvenes
provenientes de familias con posiciones socioeconómicas favorables tienen mayor
y mejor posibilidad de obtener un lugar en la institución en la que desean y,
por el contrario, los jóvenes desfavorecidos no encuentran acomodo y si lo
encuentran no es en donde ellos quisieran estar.
Así que el problema no solamente
se reduce al acceso. No es ofrecerles un lugar, cualquier lugar, a los jóvenes.
Al menos debiera ser uno que se asemeja al que ellos tienen en su horizonte de
aspiración, uno que desean y que reúne condiciones básicas de
infraestructura institucional, oferta
educativa, formación profesional estructurada y, muy especialmente, resultados académicos
que les permitirán desempeñarse en el mercado laboral. En caso contrario, la
formación recibida solamente reproducirá el círculo de las desigualdades.
El asunto es
más complejo porque, a diferencia de los niveles previos, el sistema de
educación superior en México se integra por un amplio y heterogéneo conjunto
institucional, en donde coexisten establecimientos de tipo muy diverso: autónomos
y no autónomos; sector público y sector particular; régimen federal o estatal;
tecnológico, universitario, normal, entre muchos otros. Añadámosle, al conjunto
anterior, la iniciativa de un nuevo subsistema: las Universidades para el
Bienestar Benito Juárez García que ha planteado poner en marcha la actual
administración.
Evidentemente,
ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes requiere de mayores
recursos financieros. Un tema nada menor a la vista del volumen de recursos que
consideró el Presupuesto de Egresos de la Federación para la educación superior
en este año. Efectivamente, después de resarcir el recorte original que traía
la propuesta de la Secretaría de Hacienda, el monto que aprobaron los diputados
es similar al que recibió el sector en 2018.
El
volumen de jóvenes en edad de cursar estudios superiores que hoy están fuera de
las aulas, la heterogeneidad de condiciones del conjunto institucional y el
presupuesto aprobado que recibirá el sector, no son los únicos escollos que
habrán de salvarse para una eventual gratuidad de los servicios.
Al
inicio del mes anterior, después de reiteradas solicitudes, el gobierno federal
apoyó económicamente a ocho universidades públicas estatales que atraviesan
severas dificultades. Lo más inquietante es que no son las únicas, por esos
mismos días, el subsecretario de Educación Superior, informó que más de una
treintena de universidades públicas tenían problemas financieros por casi 20
mil millones de pesos.
Sí,
ese conjunto institucional podría hacerse cargo de la gratuidad. El desafío no
es menor.
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