Acceso abierto y Repositorio Nacional

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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El Senado aprobó una iniciativa de ley para normar e impulsar el Acceso Abierto (AA) a la información científica y académica. La iniciativa ya pasó a la Cámara de Diputados y seguramente será aprobada en el corto plazo. En breve estará vigente el tema y sus implicaciones. Ni más ni menos.

El proyecto original de ley lo presentó en marzo del 2013la Senadora Ana Lilia Herrera, legisladora priista por el estado de México, pero lo retiro en agosto para hacerle algunas adecuaciones y volvió a ingresarlo el 9 de diciembre de ese mismo año. El dictamen correspondiente se discutió y aprobó en el pleno el 13 de marzo de este año. Una relativa celeridad para los tiempos del Senado.

La iniciativa considera modificaciones a las leyes de Ciencia y tecnología, General de educación y Orgánica de Conacyt. El objetivo principal es establecer como principio legal para las políticas públicas en la materia, la diseminación de contenidos científicos, educativos, de investigación e innovación, mediante el usos de plataformas de acceso abierto.

 

En particular, la propuesta de ley define lo que es el AA y el Acceso a Recursos de Información Científica y Tecnológica de Calidad (ARICYTC). También faculta a Conacyt para diseñar y ejecutar la estrategia de AA, lo mismo que para crear y establecer un Repositorio Nacional de Acceso Abierto y la coordinación de los repositorios ya existentes.

 

Por ejemplo, en la reforma a la ley de ciencia y tecnología, se precisa que por AA se entenderá: “el acceso a través de un plataforma digital y sin requerimientos de suscripción, registro o pago, a las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada” (artículo 65).

 

Un cambio notable y deseable en el acceso a la información científica que recupera la intencionalidad del Congreso de Budapest del 2001, cuya definición es mejor conocida como la BOAI (Budapest Open Acces Initiative,por sus siglas en inglés). Una reunión en la que se reconoció, por primera vez, la inminencia del AA a revistas científicas y académicas por la posibilidad que ofrecía Internet para la libre diseminación de bienes, algo que no era posible en los días del formato único de papel impreso.

 

En cuanto al ARICYTC, la reforma propuesta en México aclara que se refiere al “conjunto de técnicas utilizadas para buscar, categorizar y acceder de manera inequívoca, al texto completo de publicaciones reconocidas por los sectores de ciencia, tecnología e innovación, y que son resultado de la revisión por pares” (artículo 66), pero que también incluye bases de datos que contienen, citas, información bibliográfica de revistas, tesis, protocolos, memorias de congresos y patentes, entre otros.

 

El Repositorio Nacional será operado por Conacyt y su función principal será el “acopio, preservación, gestión y acceso electrónico de información  y contenidos de calidad” que se producen con fondos públicos. El repositorio “operará mediante estándares internacionales que permitan buscar, leer, descargar textos completos, reproducir, distribuir, importar, exportar, identificar, almacenar, preservar y recuperar la información que se reúna” (artículo 70).

 

Un primer elemento a considerar es que el AA depende enteramente de los derechos de autor, si el propietario de ese derecho permite el acceso no existe ningún problema, pero en caso contrario, el acceso simplemente no procede.

Otro asunto es si trata de un acceso libre y/o gratuito. Esto es, como lo planteo el estudio de UNESCO del año pasado, un asunto es permitir el AA para reusar el contenido o solamente para su lectura. El primer caso es libre; el segundo es el gratuito que no permite explícitamente otros tipos de reuso.
 

Un elemento adicional, y quizás el más sobresaliente, es el papel de las grandes revistas en la diseminación del conocimiento. Una buena ilustración del caso es la de Randy Schekman, biólogo de la Universidad de Berkeley, ganador del Premio Nobel de Medicina en 2013, quien anunció un boicot a las prestigiosas revistas Nature,Sicence o Cell y, en su lugar, voltear a las revistas de libre acceso que son gratuitas para cualquiera que quiera leerlas y no tienen caras suscripciones que promover. (El País10.12.2013).

El debate ya está aquí. 

(Publicado en Campus Milenio No. 552. Marzo 20, 2014, p.4)

Media superior: Espacio y/o Sistema

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Tal vez la idea de crear un Sistema Nacional de Bachilleratoquede para un mejor momento. En su lugar, probablemente, quedará instalada la opción de un Espacio Común de Educación Media Superior.

Al inicio de la administración de Felipe Calderón se impulsó la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Una reforma de gran alcance, compleja, amplia y profunda, después de décadas de olvido y deterioro del nivel.

La RIEMS, en sus trazos más generales, se integró por cuatro ejes. Uno, un marco curricular común con base en competencias, el cual se supone que compartirán todos los subsistemas y modalidades de la media superior. Otro, lasnormas específicas para la definición y regulación de las distintas opciones educativas de este nivel.

Un tercer eje era la instauración de mecanismos de gestiónpara definir estándares y procesos comunes, como sería el caso de las tutorías, la orientación, el desarrollo docente, el equipamiento o los mecanismos adminsitrativos de tránsito. El último, como culminación de los ejes anteriores: un modelo de certificación nacional, complementario al de los susbsistemas y modalidades.

Sin embargo, desde que se planteó el diseño de la reforma se hizo notar la dificultad, técnica, política y vocacional, de integrar un Sistema Nacional de Bachillerato que agrupara, aunque fuera en un “marco de diversidad”, a los diferentes subsistemas. Un aparente constreñimiento que tal vez se iría al extremo opuesto de lo que era el nivel.

La reforma, no obstante, siguió su marcha. Enfrentó algunos obstáculos, como la oposición a algunos de los recortes en los contenidos curriculares, la negativa a los concursos de oposición, el cambio de administración y los sucesivosnombramientos de responsables, entre otros.

Pero el punto decisivo de integrar un Sistema Nacional de Bachillerato con todos aquellos planteles que habían adoptado y acreditado un Marco Curricular Común, así como la definición de estándares, procesos comunes y una infraestructura adecuada, nada más no parecía avanzar.Todos ellos certificados por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (Copeems).

A la fecha, las cifras más recientes disponibles indican que solamente alrededor del 4 por ciento de un total de 4.5 millones de alumnos del nivel está inscrito en un plantel perteneciente al Sistema Nacional de bachillerato.

Sin embargo, el pasado 7 de marzo, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, instaló lo que denominóConsejo Coordinador del Espacio Común de Educación Media Superior del país. Un organismo con representantes de seis regiones y ocho comisiones de trabajo, los cuales aglutinan, dice el boletín informativo de SEP, a 900 representantes de todo el país de los distintos subsistemas.

Según dijo el titular de SEP, el Consejo Coordinador tendrá como tareas: “favorecer la articulación entre planteles y subsistemas; apoyar la infraestructura y el uso compartido de la misma; aprovechar las tecnologías de la información; facilitar los intercambios locales regionales, nacionales e internacionales de los estudiantes; impulsar la inclusión educativa”.

Pero el mismo subsecretario Rodolfo Tuirán, indicó que el Espacio Común “dotará de orden e identidad a la Educación Media Superior sin perder su diversidad; favorecerá la cooperación de todos los actores involucrados; difundirá con mayor celeridad la política pública respectiva; facilitará la comunicación e intercambio de prácticas exitosas y propiciará un uso más eficiente y óptimo de los recursos disponibles” (Comunicado 049).

Si es el caso, entonces tal parece que el Espacio será más bien un sustituto de lo que se había planteado como Sistema.La modificación es relevante y no es solamente un asunto de denominación. En primer lugar porque se supone que los cuatro ejes de la RIEMS apuntaban a la edificación de un Sistema y no queda claro cuál es el lugar del ahora denominado Espacio.

En segundo lugar, porque se supone que está vigente toda una normativa sobe el Sistema Nacional de Bachillerato y nada sobre el Espacio Común. Empezando por el rango de ley (Acuerdo 442 en el DOF 26.09.2008), luego la certificación de planteles por parte del Copeems y, por último, las metas que se plantearon en el programa sectorial. Este último, por cierto, nada dijo sobre el Espacio Común.

Entonces ¿la meta de la RIEMS la trasladamos, literalmente, al Espacio? ¿Es un punto y aparte? ¿El Espacio es una estrategia similar a la del ECOES? Seguramente pronto lo sabremos.

 (Publicado en Campus Milenio No. 551. Marzo 13, 2014, p.4)

Equidad educativa y el empoderamiento de las mujeres

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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El año próximo se cumplirán cuatro décadas de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, auspiciada por Naciones Unidas y realizada en la Ciudad de México, en donde se emitió la “Declaración de México” con sus 30 principios sobre equidad y la contribución de la mujer al desarrollo y la paz. También será un lapso similar desde que se instauró la celebración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.

Un largo trayecto, precedido por múltiples y variadas luchas todavía más largas, en la búsqueda de una elemental equidad en derechos, dignidad, oportunidades y responsabilidades. Mucho se ha avanzado en las últimas décadas a nivel mundial, pero no lo suficiente.

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para las naciones en desarrollo, el número tres planteó: “Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer” y como meta “eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza a más tardar en 2015”.

 El Informe mundial del 2013, el que monitorea los avances anuales de los países, dice que la paridad entre los géneros está a punto de alcanzarse en la enseñanza primaria, pero que solamente dos de 130 países han alcanzado esa meta en todos los niveles educativos. En el caso de México, el informe del mismo año señala que prácticamente ya cumplió con lo previsto (p. 72). ¿O sea?

 El Índice de Paridad entre los Géneros (IPG) se entiende como la relación de matriculación escolar de mujeres en comparación con la de los hombres; el índice en cada nivel educativo debe estar en un rango de entre 0.97 y 1.03. A nivel nacional, en todos los niveles educativos la razón entre hombres y mujeres está en ese rango, salvo en educación primaria que está a centésimas de alcanzar la meta (en el ciclo escolar 2012-2013 el índice era de 0.958).

 Es particularmente notable el cambio en los niveles superiores del sistema educativo mexicano, principalmente porque todavía hace poco más de dos décadas las cifras eran desfavorables para las mujeres, aunque ya se advertía claramente la tendencia creciente de su participación.

 La literatura registró las mayores dificultades y obstáculos que enfrentaban las mujeres, en comparación con los hombres, para pasar de un ciclo escolar al siguiente, más complicado cuanto más alto el nivel, pero también su mejor desempeño escolar una vez que lograban inscribirse.

 Las cifras actuales de eficiencia terminal muestran, consistentemente, un mejor desempeño de las mujeres en todos los niveles educativos. La diferencia en este indicador es menor en educación básica (poco más de un punto porcentual) y mayor en media superior y superior (siete u ocho puntos porcentuales a favor de las mujeres).

 Un esfuerzo importante de las mujeres y del Estado mexicano en la búsqueda de la equidad de género. Pero, como también se ha hecho notar, queda la asignatura pendiente de la distribución de género por áreas de conocimiento, las condiciones para los estudios de posgrado, los apoyos diferenciados, la composición del personal académico, el acceso a las posiciones de dirección y muchos otros temas.

 Actualmente, la búsqueda de equidad para las mujeres cuenta no solamente con una instancia encargada de buscarla, el tema también está en la agenda de las políticas públicas. La instancia es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), creado al comienzo de la década pasada, como organismo público descentralizado, encargado de promover, proteger y difundir los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados constitucionalmente.

 El Inmujeres, en las vísperas del inicio del actual sexenio, seguramente lo recuerda, formaba parte de la propuesta de reestructuración de la administración pública federal: sería sectorizado a la actual Secretaría de Desarrollo Social y perdería su carácter descentralizado. Pero no, un grupo de legisladoras se opusieron y la propuesta no prosperó.

 El Instituto ha sido el responsable de elaborar el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) desde la administración anterior y, de hecho, ahí se planteó por primera vez que se debían construir políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda la Administración Pública Federal.

 Hoy, el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 incluye la estrategia transversal de la Perspectiva de Género, lo cual revisaremos en próxima entrega. Por lo pronto: ¡Feliz 8 de marzo!

 (Publicado en Campus Milenio No. 545. Marzo 6,  2014, p.4)

La certidumbre de las plazas: crear, repatriar y retener

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Una cierta seguridad sobre la promesa de alcanzar el uno por ciento del PIB en la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico puede hacer maravillas o casi. El dinero no lo es todo, pero sin duda facilita algunas cosas.

Por lo pronto, en el sector, los recursos son el lubricante que permite poner en marcha algunas de las principales iniciativas, como la creación de nuevas plazas o el relanzamiento de repatriaciones y retenciones. Y sí, es muy diferente planear con una certeza mínima de recursos, en lugar de hacerlo en franca incertidumbre.

El incremento presupuestal en el ramo 38 de este año y del anterior ha sido tomado como prueba de que se cumplirá, gradual y paulatinamente, la meta de inversión en el sector. A su vez, aunque todavía no se conoce el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), el incremento de recursos ha permitido proyectar diversos programas.

Por ejemplo, como lo comentamos aquí la semana pasada, una vez autorizados los recursos, acordadas las condiciones y resuelto el marco normativo, se abrió la opción de nuevas plazas para investigación. Es el programa denominado “Cátedras Conacyt para Jóvenes Investigadores” .

Los recursos fueron autorizados especialmente para la creación de plazas en este año y por ahora solamente se incluirán 574 nuevos espacios laborales en instituciones públicas. Sin embargo, los contratos que firmarán los jóvenes con el Conacyt serán por diez años y con posibilidades de renovación, así que por lo menos ese será su horizonte de incremento.

Además, dado el volumen de egreso anual de doctores y su expectativa de crecimiento (la matrícula de este nivel se multiplicó por un factor de siete en la última década), está la posibilidad de escalar el programa y expandirlo a otros sectores institucionales. Obviamente, tendría que haber una mayor disposición y certeza sobre los recursos financieros.

Otro programa más, cuyo motor esencial es el de los recursos financieros, es el relanzamiento que hizo Conacyt esta misma semana de Consolidación de Grupos de Investigación. No es una novedad, el programa tiene una década de estar en marcha, pero ha sido sumamente irregular, principalmente porque ha dependido de la disponibilidad y autorización de presupuesto.

El programa de Consolidación incorporó varios subprogramas de distintas épocas que funcionaban de manera independiente con diferentes fondos. Por ejemplo, estaba el fondo de “Cátedras Patrimoniales de Excelencia”, un programa de incentivo complementario a profesores e investigadores distinguidos que funcionó durante los años noventa.

También estaba el fondo para Retener en México y Repatriar a Investigadores Mexicanos, el primero para apoyar a jóvenes recién doctorados para que concluyeran su tesis doctoral y/o se incorporaran a una institución diferente a la que cursaron sus estudios. El segundo, como su nombre lo indica, para facilitar la integración a instituciones nacionales de un investigador mexicano residente en el extranjero. En ambos casos, Conacyt se hacia cargo del apoyo durante un año y luego los asumía la institución receptora.

Según las cifras oficiales, a través de los fondos mencionados en el periodo 1995-2000, se otorgaron alrededor de 1,500 Cátedras y se repatriaron 1,300 investigadores. Sin embargo, las cifras no son muy precisas, dado que en algunos años, la renovación de apoyos se consideraron como nuevos casos.

Al comienzo de los años 2000 desaparecieron las Cátedras, fusionaron otros programas y se creó lo que se denominó Consolidación de Grupos de Investigación, el cual incluyó a) Repatriación de Investigadores Mexicanos; b) Retención de Investigadores mexicanos; c) Profesores Visitantes Mexicanos, c) Descentralización de Investigadores Mexicanos y d) Estancias Posdoctorales de Investigadores Mexicanos. Un énfasis, como se podrá advertir, en apoyar a investigadores nacionales. Sin embargo, a lo largo de la década los números del programa fueron sumamente modestos.

Ahora, con un horizonte promisorio de recursos financieros, vuelve el programa, particularmente la convocatoria para retenciones y repatriaciones, así como para estancias posdoctorales en el extranjero.

Los trámites prometen ser expeditos y se establecen dos periodos de la convocatoria en este año, así que los números deberán reflejarse muy pronto. Si todo depende de la promesa de los recursos para las certezas, esperemos su pleno cumplimiento. ¿O una pronta resignación?

Posdata: En verdad, imperdibles las citas sin nombre.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 549. Febrero 27,  2014, p.4)

Los comisionados del Conacyt: nuevas plazas, otras reglas

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Ahora empieza lo que podría ser una oportunidad para los jóvenes recientemente doctorados y también lo que podría ser un cambio profundo en el esquema de relación laboral en el terreno académico.

La iniciativa de creación de nuevas plazas para investigación estaba perfilada desde noviembre del año pasado, precisamente cuando los diputados autorizaron 550 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año (CampusMilenio No. 536).

Hoy, el alcance, la proporción y los plazos del programa están relativamente claros. El pasado 12 de febrero, los principales funcionarios del sector, especificaron las bases y los lineamientos de las nuevas plazas de investigación, denominadas “Cátedras Conacyt para Jóvenes Investigadores”.

En principio no será el medio millar de plazas que se había anunciado, serán exactamente 574 nuevas plazas y a más tardar estarán en funcionameinto en agosto próximo. El número está en función de los recursos autorizados, dado que para cada plaza se prevé un sueldo mensual de 37 mil pesos y un apoyo para infraestructura, por unica vez, de hasta 500 mil pesos. La suma es de 542 millones de pesos al año; cifra casi equivalente a la autorizada.

Las plazas tienen una doble condición. Por un lado, instituciones públicas de educación superior, centros públicos de investigación e institutos nacionales de salud –las eventuales instituciones beneficiarias--, deben presentar un proyecto a Conacyt para incorporar uno (cátedra individual) o entre tres y cinco jóvenes investigadores (cátedra grupal).

Por otro lado, los candidatos a ocupar la plaza, deben inscribirse al Padrón de Jóvenes Investigadores del Conacyt, con el propósito de que sean elegibles para ocupar la cátedra. Tienen que cumplir tres requisitos básicos de elegibilidad: ser mexicanos o extranjeros residentes legales en el país; tener hasta 40 años los hombres y 43 las mujeres al 31 de diciembre de este año; y, muy importante, poseer un doctorado, especialidad equivalente o de preferencia un posdoctorado.

Tanto el proyecto de las instituciones como la postulación de los jóvenes en el Padrón, debe realizarse conforme siete temáticas enlistadas y la selección de retos identificados en cada una. Las temáticas son: 1) Ambiente; 2) Conocimiento del universo; 3) Desarrollo sustentable; 4) Desarrollo tecnológico; 5) Energía; 6) Salud y 7) Sociedad. Cada una tiene entre tres y ocho retos. Por ejemplo, el de Sociedad incluye como reto “el combate a la pobreza”, la “comunicación pública de la ciencia” o “seguridad ciudadana”, entre otros.

Debe notarse que las siete temáticas coinciden solo parcialmente con las anunciadas en diciembre pasado sobre los siete proyectos macro estratégicos que debían ser clave en este sexenio. Entonces, las prioridades que se atenderán en el periodo ya se modificaron, o bien, todavía están en fase de definición.

La selección de temas es un asunto relevante porque será un comité de Conacyt el que decida qué instituciones y qué candidatos ocuparán las plazas. Los lineamientos establecen ciertos criterios de equidad. Por ejemplo, en igualdad de condiciones favorecerán entidades federativas con menores capacidades, pero ninguna debe concentrar más del 10 por ciento del total de cátedras aprobadas. Tampoco habrá instituciones con más de tres cátedras grupales y se dará preferencia a candidatos que se hayan formado en instituciones diferentes a la solicitante.

Pero quizás el asunto más inquietante es que quienes ocuparán las nuevas plazas recibirán el nombramiento de “personal académico del Conacyt” y “serán comisionados a la institución de adscripción”, regidos por el estatuto de personal académico del propio Conacyt, “mientras que las prestaciones laborales, estarán reguladas por las prestaciones que registre la SHCP a tal fin” (artículo 24 de los lineamientos).

El manejo de la plazas no es un asunto de capacidad administrativa y seguramente tampoco será provisional. Como ha ocurrido con otros programas, el de becas desde hace 40 años y el Sistema Nacional de Investigadores desde hace 30 años, podemos estar en el inicio de un cambio profundo en el mercado académico.

La cuestión es que ahora se abre una nueva modalidad de relación laboral en las plazas académicas. El programa estará en fase piloto, con un volumen relativamente modesto, pero la idea es que permanezca (la comisión de la cátedra será por 10 años y podrá renovarse las veces que sea necesario) y se expanda a otras instituciones.

El tema clave serán los recursos financieros, la experiencia internacional de otros organismos similares y las líneas del programa especial. Ya lo veremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 548. Febrero 20,  2014, p.4)

Modelo educativo: los medios de las iniciativas del gobierno federal

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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El inicio de la reciente consulta para revisar el modelo educativo ha provocado reacciones encontradas. Unos piensan que se trata de un déjà vu, por lo cual no tiene sentido esperar que salga nada nuevo de algo que ya se ha ensayado. En otro extremo están los convencidos de la ventana de oportunidad que se abre, la importancia de aprovecharla y cambiar la educación que hoy nos tiene insatisfechos. Otros más, tal vez una inquietante mayoría, simplemente permanece indiferente.

Por ahora, la dimensión que podría alcanzar la consulta parece insondable, pero la medida suena fuerte. Nada menos: revisar el modelo del sistema educativo mexicano. Es decir, cambiar el punto de referencia, las bases, el esquema o proyecto del proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación básica, media y normal. No es uno u otro componente. Ahora es todo; el modelo incluye prácticamente todo.

 Al terminar el proceso consulta, y con las conclusiones en papel, otra será la historia. Podremos tener una perspectiva más clara del desarrollo y utilidad de la consulta. Sin embargo, por lo pronto, vale la pena notar cierto cambio en los mecanismos que utiliza el gobierno federal para impulsar sus iniciativas.

 La consulta no es un proceso novedoso. Al inicio de los años ochenta, cuando el tema del desarrollo parecía un mero asunto de programas y planificar los detalles, quedó instaurado el sistema de planeación democrática. Desde entonces, en el tercer párrafo del artículo 26 constitucional quedó consignada la facultad del ejecutivo federal para establecer procedimientos de participación y consulta popular.

 Tampoco es una novedad la participación de expertos en mecanismos de consulta, tanto en foros abiertos como en espacios cerrados de elaboración de políticas. El Conalte a mediados del siglo pasado es un ejemplo. El tema es inveterado y tiene muchos ángulos, pero en el pasado reciente, desde los años noventa, apareció con mayor vigor. El antecedente más formal quedó expresado en la instalación del Consejo Consultivo de Ciencias mediante acuerdo presidencial en 1989. El organismo persiste, aunque su relevancia se agotó junto con el sexenio en el que fue creado.

Luego, con el proceso de descentralización y la promulgación de una nueva legislación educativa en 1993, la apertura del sistema educativo continuó y el tema de la participación social mereció un capítulo en la ley. Ahí se estableció la creación de una voluminosa estructura de Consejos de Participación Social que iría de cada escuela al municipio correspondiente, luego a la entidad federativa y después a un gran Consejo a nivel nacional. Después de dos décadas, la cadena prevista de participación social simplemente no ha funcionado. El mecanismo queda descartado para la revisión del modelo educativo.

Los años 2000 trajeron la novedad de la alternancia y el involucramiento de numerosas personas expertas. Por ejemplo, en el documento de “Bases para el programa sectorial” participaron más de tres centenares de personas, aunque una docena coordinó el trabajo.

Pero quizás lo más sobresaliente del periodo fue la creación de tres diferentes organismos intermedios entre el gobierno federal y las escuelas: el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el mismo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Consejo de Especialistas para la Educación. El primero está en funciones, pero imposible que se pudiera hacer cargo de revisar el modelo educativo; el segundo, ahora autónomo, tiene suficiente con las responsabilidades asignadas y el tercero, otra vez, simplemente ya es inexistente.

En el actual periodo, las autoridades federales, aparte de los mecanismos ya conocidos de participación y el funcionamiento de los organismos intermedios, más bien han optado por privilegiar la interlocución, presión y negociación directa con los jugadores centrales o con poder de veto en todos los sectores. Así fue con las tres principales fuerzas políticas para la firma del Pacto por México, la defenestración de la lideresa sindical del SNTE o la aprobación de las reformas constitucionales.

En el terreno educativo, el Congreso no solamente aprobó con celeridad la reforma constitucional y las leyes secundarias, el Senado quedó como responsable del nombramiento de la junta de gobierno del INEE. Incluso, según dijo el mismo secretario, las ternas de candidatos que presentó, fueron el resultado de una consulta a alrededor de 400 investigadores educativos y estos últimos mencionaron a cerca de 10 mil candidatos.

Ahora, para una tarea que se advierte todavía más complicada, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, instaló un Consejo Asesor. El comunicado de la SEP dice que son: “15 expertos en educación, quienes por su calidad académica participan a título personal y sin remuneración alguna; sus miembros tendrán facultades para elaborar las conclusiones de la Consulta con base en las ponencias recibidas” (Comunicado 021). Otro medio. Muy interesantes serán esas conclusiones. ¿O no?

 

(Publicado en Campus Milenio No. 547. Febrero 13,  2014, p.4)

La descentralización de la actividad científica y tecnológica

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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El esfuerzo del Estado mexicano por impulsar el desarrollo científico y tecnológico en las entidades federativas, especialmente en las tres últimas décadas, ha sido gradual, pero todavía con resultados insuficientes. Persiste una tendencia geográfica e institucional que concentra las capacidades en las regiones más desarrolladas del país.

Una de las tareas de Conacyt, prácticamente desde que se creó al comienzo de los años setenta, fue la de articular, promover y apoyar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Sin embargo, no ha sido sencillo el fomento en el conjunto de los estados.

A mediados de los años ochenta, con las iniciativas que se llevaron a efecto de reforma del Estado, la descentralización recibió una atención especial, lo mismo que la desregulación y la transferencia de actividades al sector privado. A principios de los años noventa se integró el sistema de centros públicos de investigación y se impulsaron los sistemas regionales de investigación, con la idea de alentar la descentralización. Pero el avance era incipiente.

En 1994, cuando el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cumplía su primera década de existencia, las instituciones académicas del Distrito Federal concentraban poco más de la mitad del total de miembros del SNI y la proporción llegaba a 67 por ciento si se añadían los establecimientos de los estados de México y Morelos. De hecho, solamente la UNAM concentraba una tercera parte de los integrantes del SNI, casi una cuarta parte de las becas nacionales y captaba la mayor proporción del gasto en investigación y desarrollo experimental.

Hace dos décadas, solamente cinco entidades federativas contaban con un consejo estatal de ciencia, un equivalente al papel que desempeña el Conacyt a nivel federal: Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas y Campeche. Desde el 2011, todas los estados ya cuentan con su respectivo consejo, aunque no todos tienen un programa sectorial ni un respaldo normativo y, aquellos que sí lo tienen no han realizado el mismo esfuerzo por desarrollar las actividades científicas y tecnológicas.

Actualmente, tras décadas de esfuerzo, establecimiento de bases normativas (las reformas a la ley con el capítulo sobre “coordinación y descentralización”) y fomento a las actividades científicas y tecnológicas (principalmente con el establecimiento de los llamados Fondos Mixtos hace una década y la Red), los indicadores se han modificado y seguramente en el mediano plazo lo harán todavía más. Pero persiste la concentración institucional y regional.

Al final del 2011, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) presentó lo que llamó: “Ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación. Ranking de la producción científica”. Un intento por ordenar y clasificar a las entidades federativas conforme su desarrollo en la materia. En ese entonces, en este mismo espacio, señalamos que no era lo más afortunado ni apropiado, a la vista de las asimetrías y normas, llamarle ranking al trabajo que realizaba el Foro (Campus Milenio No. 454)

En aquel ordenamiento, no parecía ninguna novedad que las entidades con las mejores posiciones fueran las de más alto desarrollo (Distrito Federal; Nuevo León; Morelos; y Jalisco). Tampoco que en la posición opuesta estuvieran las más vulnerables (Tabasco; Chiapas; Oaxaca; y Guerrero).

Hoy, tras dos años, el FCCyT presenta nuevamente su ranking de entidades federativas: “Ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación. Capacidades y oportunidades de los sistemas estatales de CTI”. Según se advierte, a diferencia del anterior, el actual documento tiene dos novedades. Una, participaron en la elaboración dos nuevos actores: el Conacyt y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales Ciencia y Tecnología (Rednacecyt). Esto es, tal parece que se están aproximando más los diferentes organismos del sector.

La otra novedad es que, en términos metodológicos, incorpora el cálculo de los ponderadores por medio de componentes principales y una medida de agrupamiento de las entidades federativas. El asunto es que, por la misma razón y como lo explica el documento, la metodología no es comparable con los resultados del estudio anterior y apenas ahora podría iniciar la serie histórica.

Lo sorprendente es que tanto desde hace décadas, como en el ranking del 2011 y en el actual, aparecen casi las mismas entidades en las posiciones extremas. ¿O es lo esperable? El actual titular del Conacyt ha dicho que impulsará una política diferenciada (a través de los fondos mixtos) para las entidades federativas. Pero no. No será suficiente persistir con la misma medida para avanzar significativamente en la descentralización.

(Publicado en Campus Milenio No. 546. Febrero 6,  2014, p.4)