Las normas de la fantasía informática. ¿Un episodio pasajero?

(Publicado en Campus Milenio No. 749. Abril 12, 2018. Pág. 5)

Lo que actualmente ocurre con el manejo de datos por parte de las empresas Cambdrige Analytica (CA) y Facebook (FB) tiene los ingredientes para un episodio de Black Mirror. Esta última es la exitosa serie de televisión británica cuyos derechos compró Netflix. El eje de la serie es mostrar cómo es o podría ser nuestra vida con el uso intensivo de la tecnología. Las situaciones que ilustra pueden ser irrisorias o dramáticas, pero casi siempre son muy perturbadoras. Todavía más porque un episodio, posible en la realidad real, no solamente altera el comportamiento individual, también puede minar instituciones básicas del Estado.

Al menos en el caso mexicano, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la comisión de ciencia y tecnología de los diputados, públicamente, establecieron contacto oficial con FB, la plataforma más importante a nivel mundial en las redes sociales. Tiene el mayor número de usuarios de todo el mundo: 1.8 mil millones. Y cómo no va a ser inquietante si nadie sabe qué destino tiene o tendrá la acumulación de información o la mezcla entre lo virtual y lo real de esta red social.

Tampoco está claro el orden de las cosas: lo virtual nos anticipa los hechos o, más bien, es a la inversa. Desde hace décadas, ante acontecimientos en el mundo real que se habían escapado a la imaginación de los guionistas se decía: la realidad superó a la ficción. Hoy son realidades paralelas y en ocasiones se confunden. Claro, el dolor de un ladrillazo en la cabeza o en el pie nos traen inmediatamente de vuelta al mundo fáctico y nos recuerdan que no estamos frente a una pantalla, pero lo virtual también tiene consecuencias.

En el más reciente acontecimiento, todo comenzó cuando en el mes anterior, un exempleado de CA reveló que esa compañía había utilizado información y prácticas indebidas con los datos recabados por FB, principalmente para intervenir en las preferencias electorales. CA, empresa británica, consultora, tiene dos divisiones: una comercial y otra política. La primera se dedica a mejorar estrategias de mercado y la segunda a influir en los potenciales electores (https://cambridgeanalytica.org/). Esta última es la que está en el centro de atención.

La acusación del exempleado motivó investigaciones de varios diarios estadounidenses que confirman el uso de información personal y la propagación de noticias falsas. Las primeras declaraciones de Mark Zuckerberg, el fundador de FB, también apuntan en el mismo sentido. Sin embargo, los detalles todavía no están documentados con suficiencia ni los mecanismos de operación. En Wikipedia está una cronología de los principales acontecimientos y de las fuentes que los han destacado (https://goo.gl/RavJxa)

El hecho de filtrar información personal es grave y todavía más si lo que se busca, deliberadamente, es inducir patrones colectivos de comportamiento, como generalmente ocurre. Las herramientas de inteligencia artificial analizan millones o miles de millones de datos que circulan en las redes sociales y pueden deducir lo que puede ser más probable a nivel personalizado. Por eso el registro del consumo en línea o la utilización de ciertos programas, hacen relativamente predecible lo que es más cercano a las preferencias individuales. Por supuesto, la ayuda de “noticias falsas” ayudan a trazar ese camino. Claro, es muy diferente la selección de un producto o un servicio a la de un jefe de Estado o de gobierno. ¿O no?

En esta semana, Zuckerberg, debió comparecer ante comisiones del Congreso estadounidense para explicar lo ocurrido con la filtración de datos a CA y qué haría para solucionar el problema (al escribir esta columna todavía no estaban los datos de la comparecencia). El fundador de FB ha confirmado que los usuarios invlocrados son 87 millones y la mayoría son estadounidenses (los mexicanos son casi 800 mil).

Lorenzo Córdova, el presidente del INE, en cuanto se supo sobre la filtración de datos de FB, se apresuró a aclarar que el Memorándum de coooperación (MOC) que firmó con esa compañía el pasado 5 de febrero no tenía ningún convenio oculto ni le proporcionaría datos del padrón electoral. El documento de tres hojas se puede consultar aquí: https://goo.gl/5X58qN

Por su parte, la comisión de ciencia y tecnología de los diputados, el 3 de marzo de 2016 se reunió con Diego Bassante, el gerente de política y gobierno para América Latina de FB. Según lo indicó el informe de los diputados, la reunión fue para “dar a conocer el uso adecuado de esta red social en el sector público y político”. Por supuesto, tal vez ni uno ni otros anticipaban el escándalo con la filtración de datos que ocurriría dos años después.

Tal vez tardaremos en advertir plenamente los efectos de la tecnología en nuestras vidas y el pago que haremos por esa supuesta comodidad y sensación de expansión e inmediatez que ofrecen las tecnologías informáticas. ¿Un largo episodio que dejaremos que se autoregule? Seguramente nos saldrá muy caro.

Posdata: Hace ocho días, aquí mismo, dijimos que tres meses después nada había sobre la supuesta inicativa que enviaría el ejecutivo federal sobre la normatividad científica y tecnológica. Resulta que ese mismo día, a las 5 de la tarde, ingresó el proyecto al Senado de la República. Ya veremos, pero lo cierto es que, seguramente, en este periodo de sesiones ya no hay mucho qué hacer ni qué decir.

LXIII legislatura. Agenda en vilo

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 748. Abril 5, 2018. Pág. 5)

Al final de este mes concluye el periodo ordinario de sesiones de la LXIII legislatura. En materia de ciencia y tecnología son muchos y variados los pendientes, no solamente los que están apilados en comisiones, también está lo que anunció el presidente Enrique Peña hace casi tres meses y nada parece ocurrir. Ya no es novedad.

Seguramente, ante el ya próximo final del periodo, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) se apresuró a publicar un exhorto a los legisladores, con carácter de urgente, para que aprueben una de las iniciativas más recientes que remitieron los senadores a los diputados (23.03.2018). Se trata de una modificación al artículo 29 de la ley de ciencia y tecnología que eliminaría trámites innecesarios y facilitaría la importación de insumos para el sector. Sin embargo, los diputados no han dicho que sí y tampoco que no. No es el único caso.

Otras dos iniciativas más han remitido los senadores a la cámara baja. Una de ellas para modificar normas del sector agropecuario y desarrollo rural, concernientes a la transferencia e innovación tecnológica; pasó a los diputados desde febrero de 2016. Tampoco han dicho nada. Otra reforma plantea incluir a los titulares de la Defensa Nacional y de Marina en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI). Este último proyecto tiene dos años en el cámara baja e incluye la propuesta de que el ejecutivo federal y los secretarios de Estado puedan nombrar suplentes a ese Consejo.

De hecho, el Consejo, tal y como está la ley actual, seguramente usted lo recordara, no se reúne las dos veces al año que debiera, simplemente por la dificultad de que el presidente de la República o los secrtarios de Estado hagan un espacio en su agenda de actividades para asistir a las sesiones.

Un proyecto de decreto más pasó de los senadores a los diputados y estos lo rechazaron y regresaron a la cámara de origen en noviembre del año pasado. Es una ligera modificación al primer párrafo del artículo 51 de la ley de ciencia y tecnología, en el cual se añade que se “procurará aprovechar e impulsar las capacidades y ventajas competitivas de las entidades federativas o regiones” en materia de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios u otras figuras.

Además, están tres proyectos de ley que los propios diputados han impulsado y falta la aprobación de los senadores. Uno de ellos propone modificar el artículo 40 de la norma sectorial para priorizar los proyectos que contribuyan al combate de los efectos del cambio climático. Otro plantea cambiar el artículo 2 de la misma ley para que quede establecido como una política de Estado el impulso al desarrollo de vocaciones y capacidades científicas para incrementar la resilencia a efectos del cambio climático. El tercer proyecto propone que el Consejo –sí, ese que no se reúne dos veces al año— sesione cuatrimestralmente de forma ordinaria y que el presidente y los secretarios de Estado puedan designar suplentes con nivel mínimo de subsecretarios u homólogos.

También hay que añadir otros 11 proyectos de ley que tiene pendientes la comisión de ciencia y tecnología de los diputados. Son proyectos presentados por los mismos diputados, entre el año pasado y el actual, que están a la espera de ser dictaminados. Incluyen propuestas de muy diverso orden, desde incentivar el interés por la ciencia hasta impedir los recortes al presupuesto asignado, o bien, ampliar todavía más la representación en el Consejo General, con una representante del Inmujeres y con la Secretaría de Cultura.

A los proyectos anteriores se suman tres más, los cuales deben ser dictaminados por la comisión de ciencia y tecnología y, al menos, por otra comisión más. Uno para favorecer la inclusión de personas con discapacidad; otro para la exenciones al pago de aranceles y a la importación de insumos para la investigación científica; y otro más para la creación de la “Universidad Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico de México”, con sede en Jalisco. Sí, así como se escribe.

Finalmente, están las instrucciones del pasado mes de enero del presidente Peña Nieto al director de Conacyt, para que presentara al Congreso, junto con el consejero jurídico, una reforma de ley que modernizara el marco normativo del sector y “lo exitoso se extendiera en el tiempo”. Tal parece que, por un lado, la idea era sostener el respaldo gubernamental en materia de financiamiento a pesar de los cambios de administración. Por otro lado, buscar algún mecanismo institucional de continuidad en la dirección de las políticas sectoriales. Y pues no, ni uno ni otro.

También, es sabido que muchas iniciativas se presentan no con el afán de ser aprobadas, sino como una forma de aparecer en tribuna y figurar en los registros, lo cual podría explicar el volumen. Lo cierto es que no existe un plan ni una jerarquización de proyectos. Además, esta legislatura acumula, en total, un rezago de casi cinco mil iniciativas.

Quizás, en las últimas sesiones veremos en acción, en el pleno, la maquinaria de aprobación en serie: una iniciativa tras otra, sin debate, sin consideración ninguna y casi que sin presentación alguna. Ahí, tal vez, estarán algunas del sector. Nada es seguro.

SNI-CONACYT. La captura del sistema

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 747. Marzo, 22. 2018. Pág. 5)

En poco más de una semana, la exigencia para que CONACYT solucionara los problemas sobre el llenado en línea del Currículum Vitae Único (CVU) y la captura de las propuestas de proyectos de investigación alcanzó el respaldo de más de 16 mil personas. Sin duda, un problema que ha padecido casi cualquier miembro de la comunidad académica, aspirante a recibir financiamiento por proyecto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o becario de posgrado.

La petición fue formulada a través del sitio electrónico “Change.org”. Una de las plataformas abiertas que se ha vuelto referencia para movilizar apoyos o iniciar campañas a favor o en contra de alguna causa. En este caso, la persona que inició la petición la tituló: “Conacyt ha convertido a los investigadores en los capturistas mejor pagados”. Las adhesiones rápidamente se multiplicaron y son un indicador del malestar que ha provocado el cambio en el sistema informático.

Tal vez, para tener una idea de si las 16 mil personas que respaldan la exigencia al organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas son pocas o muchas, conviene recordar que representan el 60 por ciento del total de miembros actuales del SNI. Una proporción significativa. Sin embargo, es posible que la proporción de inconformes sea mayor, dado que, seguramente, los firmantes se concentran más bien en los que ahora renovarán su nombramiento del SNI o ingresarán por primera vez. El año pasado, como indicador, se aprobaron casi ocho mil solicitudes; la mitad de los firmantes actuales.

En realidad, el cambio de sistema y de formato no es ninguna novedad. Desde mayo del año pasado, el Conacyt informó que reemplazaría la plataforma anterior (conocida como People Soft) por la que denominó “plataforma CVU 2017”. Esta última, dijo en su momento el organismo, fue desarrollada por el propio Consejo. La modernización tecnológica y una actualización de sus sistemas informáticos fueron los argumentos para cambiar de plataforma.

De hecho, Conacyt mencionó que entre las mejoras del nuevo sistema estarían “su accesibilidad, aplicabilidad, funcionalidad y diseño” (Comunicado 24/17). Desde su perspectiva, la captura de la producción científica sería más amigable, precisa y simple, porque habría acceso a las bases de datos de Thomson y Scopus para obtener los datos necesarios. La nueva plataforma contendría la información de las acciones realizadas por Conacyt y también permitiría el seguimiento de los apoyos que otorga. Desde luego, todos los miembros del SNI y beneficiarios de sus programas, debían mudar y actualizar su CVU a la nueva plataforma. En el diseño y en el papel, todo bien. 

Sin embargo, la realidad es que desde el año pasado, al mes siguiente del anuncio del nuevo sistema, surgieron las inconformidades. Las protestas públicas la encabezaron un centenar de investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Su inconformidad no fue por el cambio de plataforma, se refirieron más bien a las exclusiones del formato del CVU para capturar los datos de su trayectoria académica. Por cierto, la petición de estos investigadores también fue planteada a través del sitio “Change.org”, aunque en su momento logró casi 200 adhesiones.

Las diferencias fueron disciplinarias, como ha sido recurrente en la evaluación del trabajo académico. Por ejemplo, dijeron los investigadores del CIESAS, algunas de las actividades relevantes de los científicos sociales quedaban excluidas en el nuevo formato, tales como las realizadas en algunas universidades o la publicación en determinadas editoriales y revistas. Lo mismo que el exceso de incluir los códigos numéricos internacionales de las publicaciones, el registro de inscripción de los posgrados o la presentación de la cédula profesional. Funcionarios de Conacyt explicaron las características del formato e intentaron remediar algunos de sus problemas.

El asunto es que el nuevo sistema y formato no formaron parte obligatoria en el procedimiento de evaluación del SNI del año pasado. La operación comenzó para la convocatoria de este año y es su prueba de fuego. Ahora, la queja en “Change.org” destaca lo insufrible que se volvió el procedimiento: “El Conacyt se ha convertido en un sistema inflexible que nos hace perder tiempo de vida académica y científica”. Y sí, no se ha cuantificado con precisión, los costos (institucionales y personales) y el tiempo que lleva cumplir con todos los requisitos de evaluación de la vida académica, en los cuales el SNI es uno de tantos. Tampoco es opción renunciar a ellos.

Además, la inconformidad es porque el formato de CVU pasó de ser un reporte sensato de actividades académicas y científicas a un informe pormenorizado para satisfacer las fantasías de alguna norma ISO. También porque la oficina y teléfonos de atención de dudas e inconformidades no está disponible o no resuelve nada.

En fin, el 6 de abril es la fecha límite para la recepción de solicitudes y es probable que el malestar vaya en aumento. Lo evidente es que el sistema no es más amigable, funcional o accesible que el anterior. Los investigadores no están capturando información en el nuevo formato, más bien terminaron/terminamos capturados por el sistema. ¿O no?

Agenda ciudadana: es la educación, es la educación…

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 746. Marzo 15, 2017. Pág. 5)

Hace seis años se llevó a cabo el ejercicio por primera vez. En este año, bajo la coordinación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se volvió a repetir: una consulta a la ciudadanía para elegir qué tema y problemas nacionales se deben atender de forma prioritaria. Uno de los aspectos relevantes es que se trata de dificultades que podrían ser resueltos, parcialmente, con la ayudad del conocimiento científico.

Lo más esperanzador, o lo contrario, es que, otra vez, los tres temas que aparecieron en las primeras posiciones en la consulta anterior, también lo fueron ahora, en el mismo orden: Educación, Agua y Cambio climático. Esto quiere decir que las opiniones de los ciudadanos son muy consistentes, pero también podría ser que poco o nada ha cambiado durante un sexenio.

La selección de temas no recuperan de forma abierta la percepción de la opinión pública. En tal caso, tal vez, habrían estado en primer lugar la inseguridad o la corrupción, como lo expresan frecuentemente los ciudadanos y como lo han revelado diferentes encuestas. Más bien, en este caso, lo que se busca es dar cumplimiento al acuerdo de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de diciembre de 2014, en el sentido  de incorporar a la ciencia y la tecnología como parte de la solución de problemas nacionales e integrada a la agenda regional.

Los ocho temas que inicialmente se plantearon fueron: Agua; Educación; Energía; Medio ambiente – cambio climático y sustentabilidad; Salud pública; Seguridad alimentaria; Sociedad digital y Envejecimiento. Los siete primeros están asociados a algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó la ONU hace dos años y el último agregado por el Foro.

La consulta incluyó, en cada uno de los temas, un breve y muy puntual documento de diagnóstico y que culmina con tres retos fundamentales de cada caso; también un video de la persona que coordina el tema, en el cual lo expone e invita a participar. Todo esto presentado en una página web (agendaiberoamericana.org), en donde el eventual participante podía seleccionar temas y sus respectivos retos. La consulta tuvo una duración de cuatro meses (del 31 de octubre del año pasado al 28 de febrero de 2018).

Los medios informáticos se han convertido en los instrumentos más utilizados para recopilar información y también para transmitirla. Y sí, Internet, a través de una conexión fija o por medio de los teléfonos inteligentes, es cada vez más frecuente en las encuestas y sondeos de opinión. Sin embargo, debemos tener presente que, si bien cada vez un mayor número de mexicanos cuenta con Internet, el acceso al servicio sigue siendo mayoritariamente urbano y concentrado en jóvenes. (la última encuesta del Inegi decía que 17.4 millones de hogares estaba conectado y la mayor proporción de usuarios son hombres entre los 18 y 34 años, por ejemplo).

Tal vez esta característica explique parte de los resultados de la reciente consulta. Según la información dada a conocer por el Foro Consultivo, se recabaron 175 mil 198 votos de todas las entidades federativas. De ese total, el 60 por ciento fue de jóvenes entre los 15 y los 24 años; 74 por ciento con estudios de licenciatura o bachillerato. En lo que respecta a la selección de temas: el 61 por ciento del total dijo que el mayor reto era el de la Educación; el 55.5 mencionó el Agua; el 41.9 por ciento el Cambio climático; luego, otro 36.6 por ciento señaló a la Salud; después, con 34.2 por ciento a la Energía; y, al final con 18.1 por ciento, la Sociedad digital.

Las tres temas que concentraron el mayor número de votos, como ya lo anotamos, también aparecieron en ese mismo orden en la consulta del 2012-2013. En aquel entonces, se anotó que “modernizar el sistema educativo con un enfoque humanístico, científico y tecnológico” era el mayor reto; luego estaba “asegurar el abasto de agua potable para toda la población”; y, en tercer lugar, recuperar y conservar el medio ambiente para mejroar nuestra calidad de vida.

En la consulta actual, otra vez apareció en primer lugar el tema educativo, aunque ahora, conforme los tres retos que se anotaron para ese tema en el documento de presentación, se selecionaron los siguientes: “acceso a una educación de calidad que permita el desarrollo personal y laboral (43.1 por ciento)”; mejorar el acceso, la equidad y la inclusión en todos los niveles educativos (31.8 por ciento); y participar activamente en la toma de decisiones en materia educativa (Boletín FCCyT. No. 103).

Los estados que emitieron mayor número de votos sobre el tema educativo fueron la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México y Coahuila, en ese orden. Y sí, pese a las acciones realizadas por el Estado mexicano en las últimas décadas para mejorar y ampliar las oportunidades educativas, el ingreso y el aprovechamiento escolar se sigue cortando por la desigualdad. No solamente. Las brechas parecen profundizarse. Problemas que tal vez preciben con mayor claridad la población joven, urbana y educada.

No hay duda: es la educación, ahí debemos concentrar mayores esfuerzos.

Otro marzo más. Las integrantes del Colegio Nacional

(Publicado en Campus Milenio No. 745. Marzo 8, 2018. Pág. 5)

El Colegio Nacional, esa institución emblemática de la inteligencia que concita entre admiración, respeto, envidia y controversia, se fundó en 1943, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Sin embargo, algo dice que el ingreso de la primera mujer se haya demorado hasta 1985; más de cuarenta años después. Nada menos. En realidad, la puerta de sus instalaciones ha permanecido prácticamente cerrada para las mujeres, apenas se entreabrió un poco más en este siglo, pero siguen siendo una verdadera excepción.

La creación del Colegio, cuya idea ha sido atribuida a Antonio Caso, bajo la inspiración del Colegio de Francia, se planteó como una agrupación de lo más destacado de la filosofía, las artes y la ciencia. Un colegio encargado, fundamentalmente, de una labor de divulgación; alternativo, pero no en oposición a las instituciones universitarias, como originalmente ocurrió en Francia.

De ahí que, como quedó indicado en los considerandos del decreto de creación, la concentración de las personalidades de la academia, permitiera el contacto con aquellos hombres (desde luego, no era una designación genérica) que “quedan impedidos de concurrir a los centros escolares en que normalmente se imparten estas enseñanzas, o bien con quienes, ya iniciados en ciertas disciplinas buscan su perfeccionamiento” (Diario Oficial de la Federación  13.05.1943: 7).

En el decreto claramente se anotó que serían “hombres inminentes” los que impartirían las enseñanzas de la época (artículo 2). Y sí, al comienzo el Colegio se integró por 20 hombres: 15 designados por la SEP y 5 más por los propios integrantes ya designados. Entre los fundadores estuvieron: Mariano Azuela; Carlos Chávez; Ezequiel A. Chávez; Ignacio Chávez; Enrique González Martínez, José Clemente Orozco; Alfonso Reyes; Diego Rivera, José Vasconcelos; entre otros. Todos ellos debían ser mexicanos por nacimiento; seguramente un reflejo del nacionalismo tan acendrado que por entonces y luego siguió imperando. En ese momento más alentado por los llamados a la unidad nacional, derivados de la Segunda Guerra Mundial.

En México, al comienzo de los años cuarenta, la población total era de 19.6 millones y alrededor del 38 por ciento era analfabeta. Las estadísticas eran incipientes y solamente existe registro nacional del volumen de alfabetizados o de total de escuelas de educación primaria y preescolar. Ni hablar de mujeres. Las cifras para secundaria, media superior o superior eran prácticamente inexistentes (cfr. Manuel Meneses Morales.  Tendencias educativas oficiales en México. 1934-1964).

Las mujeres no aparecían. Y sí, un colegio de hombres se reproducía a sí mismo. Recuérdese que el Consejo del Colegio, es decir, todos los integrantes, tienen la atribución de designar a los nuevos miembros. Como señala el decreto, la posición de cada uno es vitalicia y reciben una remuneración mensual, solamente se pierde porque no se pueda continuar desempeñándose, por sentencia de un tribunal o por el voto unánime de todos los integrantes.

Tampoco aparecieron las mujeres cuando el Colegio se amplió y modificó algunos de sus criterios de ingreso. En efecto, en noviembre de 1971, bajo la presidencia de Luis Echeverría, se reformó el decreto para duplicar el número de miembros: pasó de 20 a 40. También se permitió que los mexicanos por naturalización, no solamente los mexicanos por nacimiento, pudieran ingresar. Aunque los naturalizados debían tener 10 o más años de haber obtenido esa condición.

Incluso, en la misma reforma, se eximió de la obligatoriedad de dictar conferencias u otras actividades de difusión a los mayores de 70 años, porque se indicó que para ellos podían ser “potestativas”; solamente serían obligatorias para los menores de esa edad (Artículo 11. Diario Oficial de la Federación 10.11.1971: 16).

Fue hasta mayo de 1985 cuando ingresó la primera mujer: Beatriz Ramírez de la Fuente. En el área de ciencias sociales y humanidades, especialista en historia del arte, fundadora y titular de diferentes instituciones, con múltiples reconocimientos en su campo de conocimientos. La conferencia inaugural fue sobre el arte prehispánico y la educación.

Una década después, ya en la presidencia de Ernesto Zedillo, vino una nueva reforma al decreto de creación del Colegio Nacional. En realidad, solamente se eliminó la condición de 10 o más años de haber adquirido la nacionalidad y únicamente quedó en “miembros de nacionalidad mexicana”, sin distinguir cómo se obtuvo.

Tampoco se alteró mayormente la composición del Colegio Nacional. Hasta 2006 ingresó María Elena Medina-Mora, en el área de ciencias biológicas y de la salud, como especialista en psiquiatría. Al año siguiente fue aceptada Linda Manzanilla Naim en el área de ciencias sociales y humanidades, en la especialidad de Arqueología. Finalmente, el año pasado, se incorporó Concepción Company Company, lingüista, también en la misma área.

En conjunto, en los 75 años de historia del Colegio Nacional, ha designado a 102 personas. De ese total, solamente cuatro han sido mujeres. El contexto, todo cambió, pero sí, difícilmente un consejo de hombres podría ser diferente. ¿Seguimos con las mismas reglas?

Posdata. Ana Fernanda Fraga colaboró con los datos de este texto. Gracias.

Norma generacional. Reglamento SNI

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 744. Marzo 1, 2018. Pág. 5)

Nuevamente, como ha ocurrido casi cada año, ya está ajustado el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). La publicación del ordenamiento ocurrió el pasado 16 de febrero y seguramente era la condición que requería la emisión de la convocatoria 2018 de ingreso y reingreso al SNI. Así es, esta última apareció este 26 de febrero.

Si usted tenía preocupación porque transcurrían las semanas y no se publicaba la convocatoria de este año, la espera llegó a su fin. Ya no se intranquilice. Ahora, más bien, prepare lo mejor que pueda sus documentos, tendrá hasta el próximo 6 de abril para ingresar su solicitud. Claro, en este año también se completará la transición hacia la nueva plataforma informática del Sistema, en la cual deberá quedar registrada toda su información, aunque tal parece que eso ya no será un problema. Eso dicen, por lo menos.

¿Cuáles son las novedades del reglamento? La propia dirección del SNI envió un correo electrónico a todos los miembros del Sistema, alertando sobre las principales modificaciones. Esto tal vez en previsión de lo que ocurrió con el cambio en el programa de becas hace un año. ¿Lo recuerda? Sí, cuando la forma de cálculo de los montos de beca para los estudios de posgrado cambió de salarios mínimos mensuales a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Los estudiantes se rebelaron porque no se enteraron previamente y, claro, porque al cuarto para las doce les avisaron que no todos alcanzarían beca.

El caso podría ser similar con los incentivos económicos que reciben los miembros del SNI. El reglamento de 2017 establecía montos fijos, diferenciados conforme categoría y nivel, con la aclaración de que “a partir del 1 de enero de cada año se incrementarían conforme el Índice de Precios al Consumidor pero nunca superior al 3 por ciento”.

En cambio, una de las principales modificaciones del ahora reglamento vigente es que precisa el calculo de los montos conforme al valor mensual de la UMA. Esto es: tres veces el valor mensual de la UMA recibirán los candidatos a investigador; seis veces los investigadores nivel I; ocho veces los investigadores nivel II; catorce veces los investigadores nivel III; y catorce veces los investigadores eméritos.  El valor mensual de la UMA para este año es de 2,450.24 pesos.

La UMA, según la normatividad, se utilizará “como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes”.

Tal vez usted lo recordará también. Una modificación constitucional de enero de 2016 estipuló que el salario mínimo no se utilizaría más como unidad de referencia para fines ajenos a su naturaleza. Un requisito para tratar de mejorar el salario mínimo sin alterar el conjunto de normas que lo tenían asociado como índice o unidad de medida. En su lugar, para todas esas leyes, entraría en vigor la UMA, cuyo valor será fijado anualmente por el Inegi. Lo relativamente sorprendente es que, en su momento, el reglamento del SNI de 2017 no consideró la reforma constitucional.

En el nuevo reglamento, también se introduce mayor precisión y especificidad. Un caso es el de las comisiones dictaminadoras transversales. En la norma anterior solamente se mencionaba en una fracción a la de “Tecnología”. Ahora se añade un capítulo (capítulo V) con tres artículos para establecer su finalidad (tendrán por objeto evaluar los temas comunes a todas las áreas) y la posibilidad de crear tantas como lo determine el Consejo de Aprobación.

Otra precisión es el requisito de doctorado para ser miembro del SNI. En la normatividad previa y en todos los años anteriores, el requisito que encabezaba la lista solamente indicaba: "Realice habitual y sistemáticamente actividades de investigación científica o tecnológica". Incluso, todavía en el 2016, en el capítulo concerniente al otorgamiento de la distinción de categoría y nivel, se añadía que, en casos excepcionales, “las comisiones dictaminadoras podrán eximir el requisito del doctorado cuando los solicitantes cuenten con una trayectoria notable, la cual se entenderá como el reconocimiento público de su desempeño científico y tecnológico”. No más.

Ahora, tanto en los requisitos como en el resto de artículos se precisa que se debe poseer el grado de doctor. Solamente en el caso de medicina se pueden establecer equivalencias y eso conforme lo señalen los criterios de evaluación del área 3. Esto, sin duda, es el reconocimiento de un cambio generacional en los miembros del SNI: el grado de doctor ya es solamente el punto de partida de la carrera académica, no es más el punto de llegada como en algún momento lo fue.

En fin, el nuevo reglamento incluye otras modificaciones importantes pero, sobre todo, es más breve, puntual y claro que los ordenamientos anteriores. También refleja lo que las comisiones dictaminadoras han experimentado y cambios paulatinos en la evaluación del trabajo académico.

Posdata. Lo inquietante es que, apenas, al final del periodo, las autoridades del sector se están planteando cómo mejorar la evaluación de la investigación científica en México.

El futuro no ha llegado. Las ciudades del conocimiento

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 743. Febrero 22, 2018. Pág. 5)

Poco antes de iniciar este sexenio, los días eran otros para la profesora Elba Esther Gordillo, la entonces dirigente del sindicato de profesores. En noviembre de 2012, en el marco del Sexto Congreso Extraordinario del SNTE, dio a conocer la edificación de lo que se proyectaba como la Ciudad de la Innovación en la delegación Cuajimalpa.

Según lo reportó el diario Reforma, el proyecto estaría a cargo del arquitecto Enrique Norte y estaría integrado por: “la Universidad de la Educación, un Centro de Investigación e Innovación, Hotel; Museo de la Educación, una réplica de un teatro que está en Washington, la Biblioteca de la Mujer, auditorio al aire libre para 3 mil personas, y galería de arte donde se reunirá obra de arte que Gordillo ha comprado” (Reforma 13.11.2012: 9).

El proyecto parecía muy costoso y fuera de proporción, pero nada imposible para las élites sindicales y políticas que piensan verdaderamente en grande. Claro, por lo general se trata de pensamientos con base en recursos públicos, pero sin conocimiento técnico y más cercanos a la fantasía de las ambiciones personales que a la realidad de los representados.

Unos meses después, en febrero de 2013, al poco tiempo de iniciado el sexenio, la profesora Gordillo fue detenida y la eventual Ciudad de la Innovación quedó truncada. La suerte del proyecto, como tantos otros, quedó en el sueño y tal vez en la memoria de los asistentes al Congreso Extraordinario, pero no alcanzo a convertirse en una realidad.

Ahora, casi cinco años después, cuando el sexenio está llegando a su fin y la profesora Gordillo sigue su proceso judicial bajo prisión domiciliaria, el proyecto abandonado vuelve a surgir. También fue en el marco de un encuentro sindical: el VII Congreso Nacional Extraordinario, en el cual los delegados participantes acordaron: “cancelar el proyecto Ciudad del Conocimiento. Además aprobaron interponer las acciones legales necesarias para investigar el destino del predio Portal del Sol” (Reforma 14.02.2018: 4). Al parecer el terreno constaba de 16 hectáreas, de las cuales ya solamente se conservan 6.

Actualmente, las condiciones políticas de la exlideresa son otras: sostiene un soterrado enfrentamiento con Juan Díaz, el actual titular del sindicato magisterial; las preferencias políticas y alianzas electorales se están cotizando alto; sus familiares y exdirigentes sindicales han declarado su alineamiento con Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, la fuerza política opositora que va arriba en las encuestas; y mantiene un equilibrio jurídico precario por el proceso que tiene en marcha.

Independientemente de las disputas sindicales y de lo que pudiera ocurrir en las próximas elecciones e incluso de cómo se resuelva legalmente el proyecto de Ciudad de la Innovación o del Conocimiento, vale la pena notar que la edificación de ciudades del conocimiento ha sido  una idea que ha estado en los planes de diversos gobernantes en la última década. Sin embargo, en múltiples casos, solamente fue un enunciado, se quedaron en la primera piedra o poco tuvieron que ver realmente con el conocimiento como motor de cambio.

En estricto sentido, ciudades del conocimiento, serían espacios geográficos, más o menos extensos --pueden abarcar decenas, centenas de hectáreas o una urbe completa-- y tienen fundamentalmente al conocimiento como base para la producción de bienes y servicios. No obstante, en México, muchas entidades federativas, se declararon así mismas como tales, sin serlo, solamente porque destinaron un terreno para la edificación de más de una institución de educación superior y tal vez un centro de investigación.

La idea de construir una ciudad del conocimiento resulta atractiva, es notoria y justifica una inversión mayor. Sin embargo, los proyectos no se pueden improvisar ni tampoco maduran en el corto plazo. La experiencia de diferentes proyectos arroja resultados muy variados. Por ejemplo, está Nayarit que comenzó hace más de una década con la construcción de un museo y proyectaba la creación de múltiples instituciones de educación superior y centros de investigación.

Actualmente solamente está el museo, tres subunidades de Centros Públicos de Investigación (CIBNOR, CIAD y CICESE), dos dependencias de la Universidad Autónoma de Nayarit y otra unidad más. Ya no se habla de ciudad del conocimiento, ahora se le denomina: “Parque Científico y Tecnológico Unidos por el Conocimiento”.

En la Ciudad de México, una de las entidades federativas que concentra los mejores indicadores de actividades científicas y tecnológicas, también sucumbió al canto de las sociedades del conocimiento, especialmente cuando se planteó la idea de conexión inalámbrica en la mayoría de los sitios de concentración pública.

Después de todo, en la Constitución Política de la Ciudad de México en el primer artículo, en la fracción 6, quedó asentado que: “Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber” (Diario Oficial de la Federación 05.02.2017). No solamente. El artículo 8 se denominó: “Ciudad educadora y del conocimiento”. Nada más.