jueves, 30 de abril de 2015

¿Mexicanización o internacionalización del posgrado?
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
 
Durante décadas se tomó como referencia inequívoca el número de becas al extranjero otorgadas por Conacyt para saber la cantidad de jóvenes mexicanos estudiando algún posgrado fuera del país. El dato no era del todo exacto, pero el volumen del posgrado nacional y de becarios era relativamente reducido, así que no parecía tener mayor importancia contar con un reporte puntual de las cifras.
 
Todavía menos significativo y de menor relevancia era llevar un registro nacional de las migraciones, forzadas o voluntarias, atraídas por una benevolente política exterior mexicana del siglo pasado, provenientes de América del Sur, pero también de Europa y de otras latitudes, cuyos jóvenes se sumaron a los estudios superiores en México. Si al caso, el registro quedó perdido en los informes y memorias de las respectivas instituciones donde se matricularon.
 
Fuente: www.ugto.mx
Sin embargo, al cambio de siglo, los vientos de una etérea sociedad del conocimiento se sintieron con mayor vigor, tanto como la presión por incrementar la formación de recursos humanos de alto nivel y fomentar su circulación, lo mismo que la demanda de transparencia en las acciones de gobierno, la rendición de cuentas y el orden en las estadísticas nacionales. La precisión de las cifras adquirió otra dimensión.
 
En el año 2000, lo hemos comentado aquí mismo, con motivo de las tres décadas del programa de becas de Conacyt, publicó un reporte en el que intentó precisar el impacto social y económico de su programa. Uno de sus cálculos era que a lo largo de los primeros 30 años de duración de apoyo se habían otorgado cien mil becas. De acuerdo a sus mismas cuentas, el 74 por ciento de ese total fueron para becas nacionales y el 26 por ciento restante para estudios en el extranjero.
 
Según los datos oficiales, en 1971, cuando Conacyt comenzó su sostenida política de apoyos, había 580 becarios, de los cuales 202 estudiaban en el país y 378 lo hacían en el extranjero. Es decir, casi dos tercios de becas eran para el extranjero y el resto nacionales. En ese mismo año, la matrícula total del posgrado sumaban 6 mil 484 estudiantes.
Fuente: e-consulta.com
Actualmente, de acuerdo a la estimación del más reciente informe de gobierno –las estadísticas de Conacyt siguen sin actualizarse desde el 2012—, el total de becas vigentes es de 54 mil 841. De ese total, 50 mil 209 son nacionales y 4 mil 632 son para el extranjero. En términos porcentuales: 92 por ciento en el primer caso y 8 por ciento en el segundo. Al mismo tiempo, suman poco más de 242 mil estudiantes en posgrado.
 
Es evidente que el volumen de becas y la matrícula de posgrado se ha incrementado notablemente en estos más de cuarenta años. Pero también es claro que se ha invertido completamente la proporción de los apoyos para el posgrado: comenzó mayoritariamente con un respaldo para estudios en el extranjero y ahora lo es para los estudios nacionales. La participación relativa de becas al extranjero pasó de 66 a 8 por ciento del total.
 
Uno de los argumentos que se ha destacado para la reducción de los apoyos para estudiar fuera del país es que guarda una relación inversa con la consolidación del posgrado nacional. Esto es, se enviaba a los estudiantes a estudiar al extranjero cuando los programas nacionales no alcanzaban un estándar de calidad y se quedan en el país ahora que ya están acreditados.
 
El asunto es que las presiones por la movilidad dispar de los jóvenes sigue en aumento. En ocasiones anteriores nos hemos referido a la idea del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) y la de “Proyecta 100 mil” que intentan incrementar el volumen de estudiantes mexicanos en el exterior y viceversa. 
 

Fuente: www.google.mx
En la reciente “Feria de posgrados de calidad”, la directora de becas y posgrado de Conacyt, Dolores Sánchez, señaló que el posgrado nacional “se ve cada vez más sólido, por lo tanto, cada vez estamos atrayendo más becarios extranjeros a México”. Además, dio algunas cifras reveladoras, por ejemplo, señaló que “Colombia ocupa el primer lugar en número de becarios que vienen a estudiar México (874), después está Cuba (267), España (134), Ecuador (120) y Chile (76)” (Boletín 090. FCCyT). Valdría la pena un examen más detallado de las cifras.
 
Todavía se ve lejos un gran volumen de estudiantes mexicanos en el exterior y más lejos un posgrado nacional como gran polo de atracción internacional. ¿Serán fuerzas centrífugas o centrípetas? Sin embargo, por lo menos habría que comenzar por lo más elemental: compilar información relativamente precisa y fidedigna de la movilidad estudiantil internacional de México. A este respecto, uno de los esfuerzos más notables es la Encuesta Patlani. Ya veremos qué sigue.
(Publicado en Campus Milenio No. 605. Abril 30, 2015, p.5)

miércoles, 29 de abril de 2015


¿Vinculación y posibilidad de regalías para investigadores?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

Es un cambio normativo fuerte, profundo y amplio en la relación entre academia y sector productivo y de servicios. No es repentino. Desde fines de los años noventa, paulatinamente se ha ido modificado y ajustando la relación.

La primera vez que el cambio quedó asentado en la ley del sector fue con la reforma de 1999. En aquella ocasión se añadieron cuatro artículos a un nuevo capítulo VI, denominado “De la vinculación con el sector productivo, innovación y desarrollo tecnológico”. El énfasis se colocó en el desarrollo tecnológico y apenas quedó anunciado que las entidades de la administración pública, así como las instituciones de educación superior (IES), promoverían “la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico” (artículo 27). No fue suficiente.

En el 2009, una década después, vendría un ajuste mayor. En el mismo capítulo de vinculación, se facultó a las IES y a los Centros Públicos de Investigación para crear Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento, bajo la figura jurídica de su conveniencia, así como la posibilidad de contratar a personal de la misma institución para esas mismas unidades (artículo 40 Bis).

La estructura de incentivos tampoco fue suficiente para que el cambio se reflejara claramente en la organización del sistema científico y tecnológico ni en la actividad cotidiana de las universidades. Tampoco en el flujo de recursos económicos en las instituciones ni en las estadísticas oficiales. Al parecer, el problema seguía siendo quién o cómo se beneficiaría de tal actividad.

Así que vino una vuelta de tuerca más a la estructura de incentivos. Tal vez, estimado lector lectora, recuerde que en diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley de ciencia y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP). Lo comentamos aquí mismo (Campus Milenio No. 590).

La iniciativa de los diputados planteó que la facultad de establecer Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento no solamente fuera de las IES y los Centros Públicos de Investigación, sino que también incluyera a las “entidades de la administración pública federal” que tienen por objeto y realizan actividades de investigación científica y tecnológica. Por ejemplo, los institutos (Mexicano del Petróleo o los de salud) o dependencias sectorizadas a diferentes secretarías.

Más importante: la iniciativa de los diputados también propuso modificar la fraccion XII del artículo 8 de la LFRASP para permitir que los servidores públicos de las IES, los Centros Públicos de Investigación y las entidades de la Administración Pública Federal, pudieran realizar actividades de vinculación como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro.

La iniciativa pasó a la Cámara de Senadores, fue dictaminada y la aprobaron el pasado 16 de abril. Pero la modificaron. Lo que hicieron fue ampliar y generalizar el sentido de la vinculación. Esto es, proponen que en lugar de restringirse a las IES, en la ley se refiera a “instituciones de educación” porque argumentan que una innovación y la vinculación puede surgir en cualquier modalidad de institución educativa.

También sugieren eliminar de la redacción la restricción de que solamente se incluyen las dependencias gubernamentales que tienen por “objeto predominante” la realización de actividades científicas y tecnológicas, dicen que es suficiente con que realmente las realicen, no se necesita una declaración de objetos. Igualmente, añade y precisa las características y modalidades que podría adoptar la vinculación.

Por último, proponen que el párrafo de la fracción XII del artículo 8 de la LFRASP indique que los servidores públicos solamente “incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables a la Institución”.

Debido a los cambios realizados por los Senadores, ahora la minuta regresará a los diputados (la cámara de origen), aunque seguramente será aprobada en el actual periodo de sesiones sin mayor trámite y luego entrará en vigor.

El asunto tiene múltiples ángulos. Por lo pronto vale la pena notar que, en contra de lo que en ocasiones se piensa, los ajustes normativos se han dado siguiendo una misma trayectoria e independientemente del partido en el gobierno, la composición de las comisiones legislativas y las estructuras intermedias de gobierno y sistema científico y tecnológico. Nada menos.

(Publicado en Campus Milenio No. 604. Abril 23, 2015, p.5)

jueves, 16 de abril de 2015

 
La actualización y exactitud de la inversión científica
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
La novedad en esta administración fue la promesa de que por fin se haría realidad lo que dice la ley del sector desde hace más de una década: “El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley” (Artículo 9 Bis).
 
En el primer Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) diseñado por esta administración para el 2013, con un incremento nominal en el sector de poco más de 11 mil millones de pesos (mmdp), respecto del año previo, parecía que la promesa estaba en camino de cumplirse. Todavía no aparecía en el horizonte la caída de los precios del petróleo ni la pérdida de confianza.
 
Una vez publicado el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 -2018 (Peciti) se despejaron las ambigüedades de los primeros pronunciamientos acerca de si el incremento sería de gasto federal (público) o gasto nacional (público y privado) e incluso si la referencia sería gasto total en ciencia y tecnología o solamente el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE).
 
Lo hemos visto en este mismo espacio (CampusMilenio No. 523). Las actividades científicas y tecnológicas se integran por tres diferentes rubros: la enseñanza y la formación; los servicios; y la IDE. Esta última, a nivel internacional, es el indicador del nivel de inversión que realiza cada país.
 
El Peciti 2014-2018 claramente señaló que contribuiría a que la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico creciera anualmente y alcanzaría el uno por ciento del PIB en el 2018. El indicador, correctamente seleccionado, para tal propósito fue el GIDE.
 
La estimación del mismo Peciti señalaba que en el 2013 el GIDE representaba el 0.45 por ciento del PIB, pero que a partir del 2014 se incrementaría, anualmente, en términos reales 0.11 por ciento del valor del PIB, hasta alcanzar el uno por ciento para el 2018. Además, dado que el sector productivo contribuye al GIDE, el Peciti calculaba que en el 2013 ese sector tenía una participación relativa de 35.8 por ciento y se incrementaría anualmente hasta alcanzar el 40 por ciento del total al final del sexenio.
 
Sin embargo, el ritmo de incremento al presupuesto perdió fuerza para este año. El aumento fue de poco más de la mitad del que obtuvo en 2013 y 2014. Desde el final del año pasado apareció la amenaza de los precios bajos del petróleo y tomó forma el pasado mes de febrero cuando el titular de Hacienda anunció un recorte de 124 mil 300 mdp al gasto público. A Educación le disminuyeron 7 mil 800 mdp y a Conacyt 900 mdp.
 
Según lo anunciado por titular de Conacyt, Enrique Cabrero, el recorte de gasto se aplicará en el rubro de infraestructura: solamente se construirán cinco de los 15 nuevos centros de investigación que se tenían proyectados (Reforma 13.04.2015:1).
 
Solamente los centros del DF (metropolitano y de política educativa), Hidalgo (industria textil), Guerrero (industria del cocotero), Querétaro (aeronáutica) y San Luis Potosí (ciencias ambientales) se construirán y los 10 restantes que estarían en otras siete entidades se posponen. Es decir, la inversión que disminuirá es precisamente la relacionada con el GIDE.
 
Lo notable es que tanto el Secretario de Hacienda como el presidente de la República, en la reciente entrega de premios de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, no parecen tener dudas (13.04.2015). Videgaray anotó que: “El gasto ya pasó del 0.43 por ciento en 2012, al 0.54 por ciento del PIB (en 2014), destacando que el 65 por ciento de esta investigación la hace el sector público mexicano”.
 
A su vez, el ejecutivo federal estimó que el indicador del GIDE para este año podría alcanzar “e incluso pueda ser superior a 0.56 por ciento (del PIB)” y estar en condiciones de cumplir la meta fijada por su administración.
 
Las cifras de los funcionarios, tanto sobre nivel de gasto como de participación del sector privado, están por debajo de las estimaciones de crecimiento proyectadas en el propio Peciti y el panorama dista de ser alentador. Lo grave es que, salvo los datos de los informes de gobierno, desde el 2012 Conacyt no actualiza sus estadísticas periódicas. Difícil, muy difícil tener certeza sobre la información.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 603. Abril 16, 2015, p.5)
 

viernes, 10 de abril de 2015

CyT: Las entidades federativas
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
Desde los años noventa, muy poco a poco, aunque de forma sostenida, comenzó a tomar forma el movimiento descentralizador de la actividad científica y tecnológica en México. Hasta antes de los años noventa, solamente Puebla, Querétaro y Tamaulipas contaban con un equivalente de Conacyt a nivel estatal.
 
Actualmente, todos los estados tienen una norma y un organismo encargado de regular la actividad del sector. A semejanza de Conacyt, la mayoría de consejos están desectorizados, pero también los hay dependientes de Educación y otros de Economía.
Fuente: Exposicionesvirtuales.com
La estructura y la regulación para el sector en las entidades federativas es un avance, pero apenas se trata de la base mínima. Una buena cantidad de estados carece de un programa sectorial para conducir de forma efectiva su sistema de ciencia y tecnología, otros sí cuentan con él, pero se ubica más bien en el terreno de las buenas intenciones, más que en las rutinas de los marcos institucionales.
 
La ley para el fomento de la ciencia y la tecnología (LFCyT) de 1999 fue el giro más relevante hacia las entidades federativas. En esa ley quedaron diseñados los nuevos instrumentos que se encargarían de reorientar la actividad científica y tecnológica en el sistema nacional.
 
Fuente: foroconsultivo.com
En el cuerpo de la ley, particularmente en los casi veinte principios orientadores, se estableció que los apoyos que anteriormente se otorgaban prácticamente sin condición ninguna, ahora estarían sujetos a una evaluación de los resultados y procedimientos competitivos que permitirían incentivar la actividad.
 
Además, se indicaba que los instrumentos que proponía promoverían la descentralización, la procuración concurrente de apoyo de recursos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, así como inversiones crecientes del sector privado a través de incentivos fiscales.
 
El instrumento más importante fue el de los recursos financieros, porque permitió la institucionalización de los fondos competitivos. En la ley quedaron anotados los siguientes fondos: los institucionales, los sectoriales, los mixtos y los internacionales. En especial, en el esquema de la ley, los fondos mixtos alentarían la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, dado que preveían la firma de convenios bajo demanda con los gobiernos estatales y municipales.
 
En realidad, como generalmente ocurre, una cosa es lo que dice la norma y otra lo que se lleva a efecto. Las primeras convocatorias de los fondos sectoriales y mixtos tuvieron sus dificultades para ponerse en marcha. De hecho, fue hasta la siguiente reforma de la ley, en el 2002, cuando lograron cierta sistematización. Sin embargo, todavía hoy, las evaluaciones de los fondos mixtos arrojan resultados controvertidos sobre su funcionamiento.
 
Fuente: e-tlaxcala.mx
El otro instrumento que también le dio impulso a la descentralización fue la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (posteriormente se le añadió el término Innovación), creada con la reforma a la ley del sector en el 2002. La principal función de la Conferencia sería servir de contacto entre los titulares de los organismos estatales y a las autoridades de Conacyt para acordar lineamientos y medidas comunes.
 
A pesar de cierta irregularidad en su funcionamiento, porque al comienzo dependió de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el organismo fue un acicate para la creación de los consejos estatales y la promulgación de las respectivas leyes.
 
Actualmente, el movimiento descentralizador sigue corriendo bajo los rieles de los instrumentos ya mencionados. En ocasiones espoleado con la creación de algún centro de investigación, la localización de las Cátedras para Jóvenes Investigadores o la elaboración de Agendas Estatales y Regionales. Estas palancas para la movilización, sin embargo, funcionan en una escala muy pequeña.
 
A la par de la preocupación por el funcionamiento de los consejos estatales de ciencia y tecnología y de los principales atributos de los respectivos sistemas estatales, también se ha logrado compilar información relevante mínima sobre las entidades federativas. En el breve y accidentado camino de la descentralización es lo menos que se puede pedir. Sin embargo, ni en ese terreno podemos tener plena certeza. Pongamos por caso lo que recientemente se dio a conocer: funcionarios de la anterior administración del gobierno tabasqueño inflaron el número de certificados entregados para abatir el rezago educativo, sobre todo con la finalidad de recibir más recursos federales, pero también de sustraerlos discrecionalmente. Así, ni cómo.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 602. Abril 9, 2015, p.5)

jueves, 26 de marzo de 2015

¿Nueva política de becas?
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
Desde la creación de Conacyt, hace más de cuarenta años, se ha sostenido el programa de becas de posgrado. Tal parece que hoy, el programa, acicateado por los ajustes presupuestales, metas autoimpuestas y los vientos de la internacionalización, incluirá cualquier modalidad de apoyo y tipo de estudios para alcanzar un número prometido.
 
Fuente: CONACYT
Una y otra vez lo hemos dicho en este mismo espacio: la política de becas para estudios superiores del Estado mexicano ha sido sumamente generosa y benevolente. A pesar de inconsistencias, vicisitudes y errores, el respaldo de Conacyt ha sido decisivo para incrementar el número de profesores con estudios de posgrado en el mercado académico.
 
 
Las cifras sobre el número de becas otorgadas durante los primeros 30 años del programa son inciertas y poco confiables. Los cálculos oficiales dicen que entre 1971 y 2000 se financiaron con recursos públicos poco más de 100 mil becas. De ese total, dice la misma fuente, tres cuartas partes fueron para estudios en instituciones nacionales y la parte restante en instituciones extranjeras.
 
A la vez, del total de becas otorgadas durante el periodo de referencia, casi dos terceras partes fueron para realizar estudios de maestría y el resto para estudios de doctorado. También, nueve de cada diez fueron becas completas. Es decir, el apoyo otorgado incluía inscripción, colegiatura, monto mensual y seguro médico durante el tiempo de duración de los estudios. Las becas parciales, como su nombre lo indica, solamente incluían uno u otro componente.
 
Fuente: konradlorenz.edu.co
Independientemente de la confiabilidad de los cálculos sobre el número de becas durante los primeros 30 años y su correspondencia con las características del mercado académico en el mismo periodo, parece innegable que el apoyo para los estudios de posgrado se concentraron mayoritariamente en becas completas, en el nivel de maestría y en instituciones nacionales. Hoy se dice que se alcanzarán las mismas 100 mil becas en cuatro años.
 
Durante los años noventa las cifras sobre el programa de becas son relativamente inestables, tanto por los altibajos de los recursos públicos como por la idea que estaba en ese momento de reordenar la base de datos. Sin embargo, se supone que las becas vigentes pasaron de poco más de 2 mil en 1990 a poco más de 18 mil en el año 2000, con tasas de crecimiento muy irregulares.
 
A partir del año 2000 –se supone que existe mayor certeza sobre las cifras y el manejo de la base de datos, aunque el informe general más reciente de Conacyt es de 2012—, de modo que el número pasó de 18 mil a más de 54 mil becas vigentes para el año pasado. De ese total, más del 60 por ciento son para maestría y alrededor del 10 por ciento para estudios en el extranjero.
 
El asunto es que con la creación del Foro Bilateral México-Estados Unidos sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) en mayo del 2013, está la idea de que México enviará a Estados Unidos a 100 mil estudiantes y recibirá a 50 mil estadounidenses en México para el 2018 (véase CampusMilenio No. 530).
 
Fuente: foroconsultivo.org.mx
Sin embargo, desde que el gobierno federal anunció el recorte presupuestal, la mayoría de dependencias, incluido Conacyt, ajustaron sus programas y recursos. Y, al mismo tiempo, tienen la tenaza de cumplir los compromisos anunciados. En el caso del programa de becas, los titulares de Educación, Relaciones Exteriores y Ciencia y Tecnología, han anunciado la celebración de diferentes convenios y el otorgamiento de múltiples becas –revisaremos las cifras próximamente.
 
Fuente: debate.com.mx
Una de las novedades que destaca es la iniciativa de enviar al extranjero, y particularmente a Estados Unidos, a estudiantes de posgrado a estancias cortas de un mes, con diferentes propósitos (Reforma 15.03.2015). La idea, dicen las autoridades, es que los jóvenes puedan enriquecer su formación, perfeccionar una segunda lengua, aprovechar la estancia para seleccionar una universidad para sus estudios posteriores o conocer a algún profesor destacado.
 
No es mala idea diversificar las modalidades de movilidad estudiantil; diferentes países lo han intentado y lo fomentan. Sin embargo, también es cierto que un mes es totalmente insuficiente para un auténtico aprendizaje e intercambio. Pero quizás lo más grave sería que, en un contexto de recursos escasos y de suma cero, se modificara completamente la distribución de apoyos para cumplir con la meta del FOBESII y se descuidara o disminuyera francamente la formación de recursos de alto nivel. Muy lamentable.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 601. Marzo 26, 2015, p.5)
 
 
 

viernes, 20 de marzo de 2015

El género en la agenda pública
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
Fuente: Sectur
Una de las novedades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas sectoriales de la actual administración fue el establecimiento de estrategias transversales que permitirían alcanzar el gran objetivo y las cinco metas nacionales que se trazaron. Las estrategias anunciadas fueron: Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y Moderno; y Perspectiva de Género. En los documentos quedó especificado que las estrategias transversales serían observadas por “todas las dependencias y organismos” y estarían reflejadas e integradas en las metas nacionales que se propusieron.
 
No es la primera vez que se manifestaba un interés por atender los asuntos de género en el marco de las políticas públicas. Múltiples y variadas iniciativas nacionales se han llevado al terreno de los hechos en la historia reciente, aunque todavía de forma insuficiente. No obstante, sí fue una novedad que apareciera como estrategia transversal en los documentos programáticos de la administración pública.
Fuente: pamplona.es
El hecho de que aparezca la perspectiva de género en los programas sectoriales, a diferencia de las otras dos estrategias, es una expresión de la larga y continuada lucha de los grupos feministas nacionales e internacionales por colocar el tema como un asunto de interés público y llevarlo a la cabeza de la agenda gubernamental.
 
Incluso, a partir de que la perspectiva de género quedó anunciada como estrategia transversal en el PND, el gobierno federal planteó que se formularía el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad). Un programa relativamente sustituto de la administración anterior, denominado Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012.
 
El programa actual se dijo que estaría dirigido a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres “utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto con perspectiva de género, para contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres” (DOF. 30.08.2013).
 
El programa sectorial de educación, como la mayoría de programas, propuso 15 líneas de acción, entre las que se contaban: el desarrollo de protocolos y códigos de acceso para la prestación de servicios sin discriminación en contra de las mujeres; impulso a la paridad en la asignación de puestos directivos tanto a nivel municipal, como estatal y federal; incremento en la participación de las mujeres en las diferentes etapas de los programas y proyectos de los que son beneficiarias; eliminar el lenguaje sexista y excluyente de la comunicación gubernamental; fomentar la expedición de licencias de paternidad, responsabilidades domésticas y cuidados; y desarrollar protocolos para la detección y denuncia de violencia hacia las niñas y mujeres, entre otras acciones.
 
A nivel normativo los avances parecen indudables. Nada menos, desde abril del año pasado, el ISSSTE debe otorgar permisos de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los trabajadores, tanto por el nacimiento de sus hijos como por la adopción. Igualmente, en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del año pasado quedó establecido que los partidos políticos deben garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales (artículo 232 y ss).
 
Por supuesto, una cosa es lo que dice la norma, otra que se conozca y otra más que se aplique. El derecho a solicitar licencia de paternidad puede estar vigente, pero el trabajador puede no saber de su existencia o incluso tener reticencias para buscarla. En el caso electoral, como ha quedado constancia, una vez cubiertas las cuotas de elección, los partidos políticos se las “ingenian” con permisos y sustituciones para torcer las reglas.
 
Desde el sexenio pasado y año con año se incrementan los recursos públicos para los asuntos de género. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se etiquetan recursos para incorporar la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de programas de la administración pública federal. Según los datos oficiales, en este año los recursos alcanzarán un monto de 21 mil 522 millones de pesos y se distribuirán en más de un centenar de programas. Un monto importante.
 
Fuente: Universia
La expansión del sistema educativo ha registrado, paulatina e inexorablemente, el ingreso de un mayor número de mujeres, primero en la base del sistema y luego en los niveles subsecuentes hasta alcanzar la paridad en el nivel superior. Por supuesto, en materia de rezago educativo, la proporción de mujeres que están esa condición es mayor (superan en seis puntos porcentuales a los hombres) y lo mismo ocurre en los indicadores de analfabetismo (de los cinco millones que no saben leer ni escribir, seis de cada diez son mujeres).
 
Desde hace una década, la paridad en la Tasa Bruta de Escolarización (TBE) en educación media superior ya era un hecho (37.1 por ciento hombres y 37.3 por ciento mujeres); aunque en superior las mujeres todavía estaban casi dos puntos porcentuales abajo (14.6 ellos y 12.8 ellas).
 
Las estimaciones para el ciclo escolar 2014-2015 anotan que la TBE de mujeres en media superior rebasa a la de los hombres: 68.8 por ciento y 67.3 por ciento, respectivamente. En superior, en el mismo ciclo escolar, la misma tasa sigue favoreciendo ligeramente a los hombres, aunque la diferencia se ha reducido a un punto porcentual, respecto de hace una década: 34.8 por ciento hombres y 33.8 mujeres (Anexos estadísticos del Segundo Informe de Gobierno, 2014: 224).
 
Según se puede advertir, la tendencia de la TBE en media superior se incrementará y, en consecuencia, seguramente ocurrirá lo mismo en el nivel superior. Sin embargo, si consideramos la matrícula total en el nivel superior, a nivel nacional ya se ha alcanzado la paridad y en muy pocas entidades el porcentaje es desfavorable para las mujeres.
 
En el ciclo escolar 2012-2013, solamente Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán estaban por debajo de la paridad (48 por ciento mujeres y 52 por ciento hombres). Mientras que en otras 13 entidades la matrícula de mujeres superaba a la de los hombres (entre 51 y 54 por ciento favorable a las mujeres). En el resto de entidades la matricula se dividía casi en partes iguales.
 
La paridad en la matrícula es una tendencia que se aprecia en diferentes países. El Informe más reciente de Iberoamérica (CINDA 2011) muestra que a partir de los años noventa, las mujeres que se matricularon en instituciones de educación superior aumentaron casi dos veces más rápido que los hombres. Por tanto, en la mayoría de países, actualmente la mitad o más de la matrícula corresponde a las mujeres, salvo los casos de Bolivia, Chile y Colombia que tienen una matrícula ligeramente por abajo del 50 por ciento.
 
En la educación superior, como lo ha comentado Roberto Rodríguez, la dinámica de expansión del sistema ha sido doble: una feminización y una desmasculinización de la matrícula. También es cierto que, desde hace décadas, la literatura ha documentado que las mujeres, en comparación con los hombres, tienen mayores dificultades para pasar de un nivel educativo a otro, pero una vez inscritas en un determinado nivel, lo concluirán en mayor proporción que los hombres y su desempeño será consistentemente mejor.
 

Las tasas de abandono escolar de los hombres han sido sistemáticamente más altas en los diferentes gados, lo mismo que los índices de reprobación. También las diferencias de promedios de calificación y tasas de graduación. A este respecto, un reciente y primer estudio exploratorio de la OCDE, disponible en su sitio web, (The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence) trata de precisar la causas de las diferencias de desempeño en las y los jóvenes de 15 años (los del examen PISA).
 


Fuente: OECD
Los resultados del estudio señalan que, desde luego, las disparidades de género en el desempeño no se deben a diferencias innatas de aptitudes, sino más bien de actitudes hacia el aprendizaje, de ciertos comportamientos que expresan en la escuela, hábitos y formas de distribuir su tiempo.
 
Los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres no han sido gratuitos, fáciles ni rápidos, pero son innegables en comparación con lo que ocurría hace apenas una o dos décadas. Tampoco quiere decir que la agenda de género ya está resuelta; hoy tenemos nuevos escenarios y un horizonte incierto. En este año se revisarán los compromisos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995, la ocasión será propicia para una amplia revisión de la agenda y un balance de la estrategia transversal.
 
 
 
 
(Publicado en Campus Milenio No. 600. Marzo 20, 2015, p.6)

jueves, 12 de marzo de 2015

Los convenios con el Reino Unido
 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
 
Al parecer, al comienzo, hace casi dos años, solamente se trataba de intensificar un intercambio en materia educativa y cultural entre México y el Reino Unido sobre bases que ya están en operación. Sin embargo, al poco tiempo se planteó que el intercambio se podría ampliar a otros ámbitos y de ahí se pasó a declarar que este sería el año dual: “México en el Reino Unido” y el “Reino Unido en México”. Probablemente se quedé en su idea inicial, aunque uno de los acuerdos firmados recientemente podría ser de mayor relieve.
 
Fuente: embamex
El año dual se estableció como una forma de impulsar intercambios, establecer negocios y firmar acuerdos, incluyendo el comercio, la inversión, el turismo, la educación, la ciencia y la innovación. La propuesta fue formalizada en junio del año pasado por el secretario de Relaciones Exteriores de México José Antonio Meade y el entonces Primer Secretario de Estado y Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores del Reino Unido William Hague (Comunicado 242. SRE).
 
El comité organizador quedó a cargo de los funcionarios de las dos instancias firmantes y acordaron que cada país establecería tres grupos de trabajo: a) artes e industrias creativas; b) educación, ciencia e Innovación; y c) comercio, inversión y turismo para ambos países. Seguramente integrados por los titulares de los sectores correspondientes, aunque públicamente no se sabe si funcionan y menos quiénes forman parte de esos grupos.
 
En lo que va del año, casi cualquier acción de intercambio entre ambas naciones se ha enmarcado en el año dual, la mayor parte sobre asuntos artísticos y culturales y unas cuantas sobre comercio e inversión. Sin embargo, la reciente visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto (EPN) al Reino Unido podría relanzar la idea de darle mayor contenido y estructura normativa a los convenios.
 
Una buena parte de analistas, tanto en México como en el Reino Unido, coincidieron en señalar que el objetivo de EPN al visitar el Reino Unido era atraer inversión al país, tratar de explicar las bondades de las reformas en marcha y, sobre todo, intentar recuperar la imagen perdida en la crisis de confianza que se ha expandido al interior y exterior.
 
No obstante, en el recuento oficial se destaca que se firmaron siete documentos de cooperación: seis sobre asuntos educativos y otro sobre cultura y turismo. En realidad, de los concernientes a educación, el más sobresaliente es el “Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos”.
 
Tienen su importancia los acuerdos para establecer dos cátedras (la Itinerante México-Reino Unido y la asociada a literatura hispanoamericana), así como las cartas de intención para un programa conjunto de Estudios sobre México en la Facultad de Historia en la Universidad de Oxford, el memorándum de entendimiento entre universidades de las dos naciones o el de cooperación académica con el King’s College London. Pero de efectos están relativamente localizados.
 
Por el contrario, el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos, en principio, permitirá que ambos países reconozcan sus respectivos estudios de nivel licenciatura, maestría, doctorado, diplomas y/o grados académicos, lo cual facilitaría no solamente la movilidad de estudiantes, también otorgaría cierta homogeneidad en lo concerniente al tipo de estudios, formas de inscripción, duración de estudios o las opciones de titulación.
 
Además, si se reconocen mutuamente títulos y grados, también podría permitir la movilidad de profesionales y técnicos, lo cual tendría mayores efectos, dado que es el punto sensible en la mayoría de las disposiciones legales y en los acuerdos comerciales de servicios profesionales.
 
También podría evitar lo que ocurrió con los espeleólogos ingleses en México en marzo del 2004. ¿Lo recuerda? Fue un grupo de seis espeleólogos británicos que exploraban cuevas en Cuetzlan, Puebla, y debido a una lluvia continua que se desató en esos días quedaron atrapados y en una situación sumamente riesgosa en las cavernas.
 
El asunto suscitó toda clase de especulaciones, desde el tipo de exploración que hacían los ingleses hasta el material que en realidad buscaban, pero el incidente reveló que no contaban con las visas adecuadas ni tampoco habían notificado a la autoridad local ni nacional de su trabajo. El gobierno mexicano tampoco tenía un registro de tales actividades.
 
En fin, como sucede con varios de los convenios internacionales, tal vez se quede solamente en las fotos o sea sumamente restringido. Ojalá que no.
 
 
(Publicado en Campus Milenio No. 599. Marzo 12, 2015, p.5)