Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 798.
Abril 11, 2019. Pág. 5)
La búsqueda de autonomía
se extiende en la historia misma de la institución universitaria y el debate asoma
en la arena pública cada tanto, casi siempre anticipando una cambiante relación
con el poder o para establecer nuevas reglas de juego. Ahora, otra vez parece configurarse
la intención de un cambio, no sobre la base de interpretaciones de la norma vigente
de la autonomía, como ocurrió hace tres décadas, más bien bajo la idea de
cambiar la norma misma. Una diferencia notable.
En México, la ocasión
más reciente de verificación de una extendida polémica sobre autonomía en el
conjunto de universidades fue al final de los años ochenta y el comienzo de los
noventa. Por supuesto, han existido fechas periódicas de conmemoración en las
que adquiere alta visibilidad pública, también cuando se elevó a rango constitucional
hace casi cuarenta años o en el 2009 cuando se pronunció la Suprema Corte. Sin
embargo, fue hace casi tres décadas cuando operó un giro en la relación entre
las universidades y el Estado.
El contexto de
aquellos años fue un amplio reproche sobre el desempeño de la universidad
pública. Ahí comenzaron las acusaciones sobre su ineficiencia, los magros
resultados, el alto costo de su sostenimiento, las formas de gestión, el
comportamiento dispendioso en el que incurrían y, muy especialmente, un
señalamiento generalizado sobre la baja calidad del conjunto institucional.
El tema de la calidad
ocupó el primer lugar en los imperativos de transformación de las instituciones
universitarias en México y también era uno de los puntos que encabezaban la
agenda internacional de los sistemas educativos. Además, a la visión sombría de
la educación universitaria en el sector público, se le opuso un efectivo panorama
del sector particular, su mejor desempeño y también cobró impulso su expansión.
Por cierto, muy pocas
evidencias se ofrecieron sobre las muy variadas acusaciones hacia la
universidad pública, pero en la percepción pública quedó instalada la imagen de
universidades públicas opacas, pesadas, ineficaces, egresados con preparación
profesional deficiente y muy escasas expectativas sobre su desempeño.
Tal vez una de las
pocas evaluaciones de la educación superior en México y especialmente de las
universidades públicas, en aquel entonces, fue la realizada por el Council
for Educational Development. La
evaluación fue a solicitud de Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de
Educación Pública –y hoy director de la Comisión Federal de Eletricidad—y el equipo
lo encabezó Phillip Coombs, por eso el documento que presentaron se le conoció
como el
Informe Coombs .
El tema de la
“dirección y administración” de las universidades fue uno más de la docena que
destacaron en la evaluación de aquel entonces y ahí mereció especial mención el
punto de los “límites de la autonomía”. En el informe hicieron
notar el exceso de facultades discrecionales en la administración de las
universidades, la cual se había complicado más por una interpretación extrema
de la autonomía.
En consecuencia, se
anotó en el reporte, la autonomía tiene límites e impone deberes y
responsabilidades, “porque la autonomía nunca es total”. Por ejemplo,
indicaron, las universidades tienen la obligación de hacer un uso eficiente de
los recursos públicos, así como transparentar de qué forma los utilizan y cómo
se planea hacerlo en el futuro. No cambió la norma constitucional, pero desde
entonces las universidades, si recibirían recursos públicos, debían
justificarse con base en sus resultados e ingresar a un esquema de rendición de
cuentas. Lo hicieron.
Ahora, sin embargo, parece
estar en juego la normatividad misma sobre autonomía. Primero fue la
eliminación de la fracción VII del artículo 3º constitucional vigente, donde se
establece el sentido de la autonomía universitaria, en la iniciativa de reforma
que envió el ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre del
año pasado. Fue un error que se enmendará, dijon legisladores y autoridades
educativas. El dictamen recuperó la fracción, pero la iniciativa sigue en
suspenso y la duda quedó sembrada.
Recientemente, otras
universidades públicas autónomas como la de Baja California Sur y Estado de
México, y más antes las de Hidalgo y Veracruz, han expresado su inconformidad
porque sus respectivos congresos o autoridades locales intentan, o han buscado,
modificar las leyes orgánicas que las rigen sin considerar su participación y
contraviniendo los que establece el todavía vigente artículo 3º constitucional.
El asunto es si
estamos ante el comienzo de un movimiento dirigido a modificar la autonomía
universitaria estipulada en la Constitución o es solamente una escaramuza en el
marco de próximas regulaciones en el sistema de educación superior.
