Un año después

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 807. Junio 27, 2019. Pág. 5)

En las vísperas de las elecciones presidenciales del año pasado había datos acumulados –cuando su dureza parecía refractaria a la interpretación de datos alternativos— que trazaban los rasgos sobresalientes de las iniciativas que podría poner en marcha la coalición “Juntos Haremos Historia”. Después de la victoria del 1 de julio del 2018, en el terreno de la educación y de la ciencia y la tecnología, algunos lineamientos han sido consistentes, otros cambiaron y otros más se convirtieron en lo opuesto.

No solamente se conocía el documento “Proyecto de Nación 2018-20240”, presentado públicamente por AMLO desde noviembre de 2017. Un voluminoso documento de casi 500 páginas que contenía brevísimos diagnósticos y un amplio conjunto de proyectos, entre ellos para economía, seguridad, desarrollo social y gobierno, como la idea de descentralizar las dependencias de la administración pública federal de la que actualmente ya no se habla o el amplio programa de becas para jóvenes que hoy tiene lugar.

Sin embargo, el apartado de educación iniciaba y concluía con la propuesta de otorgar autonomía a las instituciones particulares de educación superior (“Educación para todos”. pp. 432-442). Nada más y nada menos. No mencionaba el asunto de las 100 universidades, tampoco nada sobre la cancelación de la “la mal llamada reforma educativa”, ni el espinoso tema de la calidad educativa, menos sobre la propuesta de reestructurar el sistema de ciencia y tecnología. Poco tiempo después vendrían esas definiciones.

El entonces precandidato López Obrador había adelantado en mayo de 2017 en Oaxaca, ante profesores de la sección 22 de la CNTE, la idea de cancelar la mal llamada reforma educativa del 2012-2013. Luego, en febrero de 2018, en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, reiteró y firmó un Acuerdo (escasas seis cuartillas) con el profesor Rafael Ochoa Guzmán, como representante de la Redes Sociales Progresistas para cancelar la reforma.

El primer punto de los acuerdos era dar marcha atrás a la reforma educativa “enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente”. El tercer punto incluía “eliminar la evaluación punitiva” del eventual proyecto de ley, cesar las persecuciones y amenazas al magisterio. Además, en el quinto punto, precisaba la recontratación inmediata de maestras y maestros que fueron cesados por oponerse a la evaluación punitiva.

Sí hubo marcha atrás pero, como ahora es claro, después vinieron las negociaciones ríspidas con otra de las fracciones del sindicato magisterial y no fue un cambio a una ley secundaria. El 12 de diciembre del 2018, ya investido como presidente, AMLO envió un proyecto de reforma del artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución que cancelaba la anterior reforma y desaparecía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

El proceso legislativo, sin embargo, no fue tan sencillo. La primera sorpresa fue que el proyecto presidencial también suprimía la fracción VII del artículo 3º constitucional, la referente a la autonomía de las universidades. La autoridad educativa dijo que había sido un error que se repararía. No obstante, se sumaba a otro “errorcito”, como le llamó el secretario de Hacienda dos semanas antes, en el que las universidades públicas tenían un recorte de 32 por ciento en el Presupuesto de Egresos para este año.

Al final, el recorte presupuestal a las universidades fue reparado y los legisladores, después de considerar otros proyectos, aprobaron una reforma educativa diferente a la enviada por el ejecutivo federal. Hoy siguen pendientes las leyes secundarias y la integración del organismo sustituto del INEE.

La idea de ofrecer oportunidades educativas en el nivel superior para todos los jóvenes (“nadie será rechazado de la media superior ni de las universidades”, reiteraba AMLO en sus concentraciones) ha sido permanente y fue anterior al “Proyecto de Nación 2018-2024”. No obstante, la iniciativa de crear 100 universidades públicas en el primer año de la administración comenzó a dibujarse en el periodo de transición y como proyecto separado de la Subsecretaría de Educación Superior y de la SEP misma.

Actualmente se denomina “Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, los aspirantes no presentan examen de selección, serán sorteados si la demanda es mayor a la oferta de lugares y recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales por diez meses. La página electrónica (ubbj.gob.mx) destaca que son un centenar de instituciones, están o estarán en 31 entidades federativas y ofrecerán 36 carreras universitarias. Sin embargo, las expectativas son muy limitadas sobre el efecto que tendrán en la expansión de la matrícula en el nivel superior y muchas dudas acerca de si pueden denominarse universidades

En la próxima entrega veremos el tema de la austeridad en el sector, el presupuesto y la reestructuración del sistema de ciencia y tecnología. Hoy, un año después, el panorama es muy distinto.

Pie de página: Que las casi 14 mil evaluaciones del SNI ahora incluirán criterios cualitativos, como el trabajo docente y de divulgación. Ya veremos.

Los Centros Públicos de Investigación

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 806. Junio 20, 2019. Pág. 5)

A la memoria de doña Julia.

Tal vez sea eso que algunos se empeñan en nombrar como hechos alternativos o paralelos. Sin embargo, lo cierto es que la información es disonante y perturbadora.

Hace apenas 20 días en el Senado de la República, la titular del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, respondió con firmeza: “a pesar de los recortes presupuestales, no debe haber preocupación por los centros públicos de investigación. Éstos van a estar mejor de cómo han estado” (Boletín 1905. 28.05.2019). No es así. Día tras día se suman evidencias sobre las dificultades que están sorteando los Centros Públicos de Investigación (CPI).

La aclaración de la directora del Conacyt fue realizada en su comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Y fue citada porque el 15 de mayo, miembros de la comunidad de los CPI hicieron pública una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador (http://bit.ly/2w3FnJy), en la que plantearon el daño que les causaría las medidas del memorando presidencial del 3 de mayo. Asunto que aquí hemos comentado.

Los CPI argumentan que los tratan como si fueran una dependencia más de la Administración Pública Federal (APF), “cuando la naturaleza de sus funciones es muy distinta”. No les falta razón. La normatividad científica los define como entidades paraestatales de la APF “que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica” (artículo 47). La misma ley dice que deben celebrar un convenio de administración por resultados con las secretarías de Hacienda y Función Pública para evaluar su desempeño y el impacto de sus acciones. Un requerimiento que no tienen otras dependencias centralizadas.

Las entidades paraestatales no forman parte de la administración pública centralizada --como sí lo son las secretarías de Estado o la oficina de la presidencia--, son organismos que tienen autonomía técnica pero que le ayudan al ejecutivo federal a cumplir objetivos estratégicos, como en este caso la realización de investigación científica y tecnológica.

Las paraestatales son relativamente inestables porque en algún punto pueden ser desincorporadas (como Ferronales). Así, la Ley Federal de Entidades Paraestatales prevé que la Secretaría de Hacienda publique anualmente la relación de entidades paraestatales que forman parte de la APF.

En total, en la lista del año pasado, las paraestatales sumaban dos centenares. Los CPI eran 26: siete considerados como organismos descentralizados; 18 como empresas de participación estatal mayoritaria; y dos fideicomisos (DOF. 15.08.2018). Los centros que figuran como descentralizados son los de: Ingeniería y Desarrollo Industrial; Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California; Investigación en Química Aplicada; y de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. A ellos se añaden dos institutos: Investigaciones “Dr. José María Luis Mora” y el Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; y el Colegio de la Frontera Sur.

Los 18 CPI que están clasificados como empresas de participación estatal mayoritaria en su mayoría son asociaciones civiles, como los centros de investigación: Científica de Yucatán; Alimentación y Desarrollo; Ciencias de Información Geoespacial; Matemáticas; Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco; y el CIDE, entre otros. E incluye a los colegios de la Frontera Norte, de Michoacán y de San Luis, así como al Instituto de Ecología.

Además, también incorpora otras figuras jurídicas (S.A y S.C.), como la de los centros de investigación en: Materiales Avanzados; Desarrollo Tecnológico en Electroquímica; o Biológicas de Noroeste, entre otros. Adicionalmente suma dos fideicomisos: el del Centros de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) y el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (Fiderh).

Aunque en la lista de Hacienda suman 26 CPI, a ella se suma un Organismo Internacional Asociado (la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México). Así que en total suman 27 CPI y son solamente esos. La aclaración es pertinente porque prevalece cierta confusión sobre cuáles y cuántos son e incluso sobre su denominación misma.

Ha sido frecuente que a los centros de investigación de la UNAM, al Cinvestav o incluso a los institutos nacionales se les incluya como CPI. Realizan actividades similares, pero no son lo mismo ni tienen la misma figura jurídica. Lo veremos en próxima entrega. También ocurre que muchos le siguen llamando Centros Sep-Conacyt a los CPI, porque esa era su antigua denominación, cuando Conacyt todavía estaba sectorizado a la SEP. No obstante, desde el 2002 solamente son CPI.

En fin, el caso es que la comunidad de los CPI, por la naturaleza de sus actividades y su desempeño –también lo veremos en otra entrega--, en su carta le solicitaron al presidente López Obrador eximirlos de los recortes presupuestales instruidos en su memorando y la creación de un nuevo marco jurídico para su desarrollo. Ya suman más de tres mil firmas de respaldo.

Pero no, el ejecutivo federal no responde y los CPI no están mejor que en el pasado, como aseguró la titular del Conacyt ante el Senado.

¿Yerro en el memorando presidencial?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 805. Junio 13, 2019. Pág. 4)

¿Por qué el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite exentar a la comunidad académica de incomprensibles medidas de austeridad y, al mismo tiempo, le aplica otras igualmente severas? La respuesta no está a la vista y, al contario, deja más interrogantes.

Los investigadores y becarios Conacyt ya no necesitarán autorización del ejecutivo federal para viajar al extranjero, eso dijeron las autoridades del sector la semana anterior. Una necesaria e importante rectificación sobre las absurdas restricciones que limitarían la movilidad académica. Sin embargo, menos claro ha sido el fundamento normativo que llevó a considerar su posible instauración y luego su posterior retiro.

La aplicación de la medida derivó del memorando presidencial del 3 de mayo, cuyo punto 9 instruía: “toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el Titular del Ejecutivo Federal”. La medida, junto con otra docena más, era de “observancia obligatoria”, dirigida a todos los servidores públicos de la administración federal y adicional a las que previsiblemente incluirá la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado. Esa última, por cierto, todavía no es vigente.

La novedosa restricción causó sorpresa y después malestar e inconformidad creciente en el personal de los Centros Públicos de Investigación (CPI) e institutos nacionales, sobre todo cuando comenzaron a documentarse casos efectivos de solicitudes rechazadas. La resonancia llegó a la conferencia matutina del presidente López Obrador del pasado 3 de junio y, después, la preocupación fue todavía mayor.

El ejecutivo no solamente ratificó lo que su memorando había adelantado sobre la restricción para viajar, lo extendió más: mencionó que aplicaría para todos --incluyendo becarios del Conacyt--, aventuró criterios para aprobar las eventuales solicitudes para viajar y precisó que la responsabilidad de la decisión recaería en la directora del Conacyt.

No obstante, al día siguiente Elena Álvarez Buylla, la titular del Conacyt, informaba en comunicado público que realizó consultas al respecto con Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. En la consulta le aseguró que los investigadores no se verían afectados: “los becarios, académicos e investigadores adscritos a la institución no requieren solicitar por escrito ni recibir autorización expresa para poder realizar viajes al extranjero a cargo del erario, siempre y cuando no ocupen cargos de mando o enlace” (Comunicado 38. 04.06.2019).

El fundamento que destacó la secretaria Sandoval fue el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Según el mismo comunicado, la funcionaria aclaró que, de acuerdo al artículo 31, fracción I, inciso b) de esa norma, los académicos e investigadores no son considerados como personal de mando o enlace y, en consecuencia, no están obligados a solicitar autorización al ejecutivo federal.

Fue una buena noticia y un alivio para investigadores y becarios. Pero ¿exactamente qué dice el artículo 31 que refirió la secretaria Sandoval? Corresponde a la sección VII del Reglamento: “De la integración del presupuesto de servicios personales” y el artículo distingue los tipos de servidores públicos con fines presupuestales: civiles y militares.

A los civiles los clasifica en personal de base y de confianza y hace tres agrupaciones: operativos; por rama de especialidad y función administrativa; y personal de mando. En los segundos están incluídos los docentes y los investigadores, los que no necesitarán autorización del ejecutivo federal para salir al exterior; en los últimos están los de confianza (mando y enlace) que están en el caso contrario. Así las cosas, ninguna mención sobre los becarios.

En primer lugar, si el Reglamento distingue claramente diferentes tipos de personal ¿por qué solamente es aplicable para los viajes al exterior y no para otras medidas de austeridad del mismo memorando dirigidas a ese personal? Incluso ¿cómo se pueden poner en marcha medidas de austeridad si la propia Ley Federal de Auteridad Republicana de Estado no está en vigor? Todavía más ¿por qué tampoco se hizo la diferencia en tipos de personal para las medidas derivadas de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores Públicos y cuyo efecto fue claro en los investigadores?

No hace falta ser jurista para saber que, en la jerarquía normativa, un reglamento no está por encima de una ley secundaria y ésta no puede estar por arriba de la norma suprema que es la Constitución. Pero ¿cuál es el estatus de un memorando presidencial que no está en armonía con la normatividad vigente? Así, como en las restricciones para viajar: ¿aplíquese y después averiguamos? 

La discusión no quedó zanjada en abril pasado, a propósito de otro duro memorando presidencial sobre la reforma educativa.

Pie de página: La opacidad e irregularidades en el proceso de integración del organismo para la mejora continua de la educación, el que sustituirá al ex INEE, muestran un pésimo inicio. Mal augurio.

Internacionalización académica a la… Tarahumara

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 804. Junio 6, 2019. Pág. 5)

“¿Qué criterios utilizará para aprobar esta solicitud presidente?” Fue la interrogante directa que le formuló la reportera Zeltzin Juárez del medio “Puntos suspensivos” al presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta, en la conferencia de prensa del lunes 3 de junio, llegó un mes después de publicado el memorando presidencial que instruyó a toda la administración pública federal para que: “Toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el Titular del Ejecutivo Federal”.

La instrucción no solamente aplicó a todos los funcionarios del gabinete (legal y ampliado), como al comienzo se suponía. A los pocos días, por absurdo que parezca, diferentes centros de investigación hicieron saber a sus comunidades que debían solicitar autorización al presidente de la República si querían respaldo para salir al extranjero. La orden incluyó a los institutos nacionales de salud, a los Centros Públicos de Investigación (CPI) y a todas las instituciones académicas cuya figura jurídica queda bajo la cadena de mando del gobierno federal. Incluso también alcanzará a los becarios del Conacyt.

Así que la pregunta sobre los criterios que utilizará el presidente para autorizar los viajes al extranjero era de lo más importante. La respuesta del presidente, sin embargo, no fue directa: “se va a resolver pronto, voy a hablar con la directora de Conacyt para que ella, con un criterio apropiado decida. Tuvimos que hacer esto porque era un desorden…”.

La reportera Juárez lo interrumpió y punzó: “¿qué criterios van a ser, presidente?” El ejecutivo federal la miró y repuso: “Que sea lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que se necesite hacer, en este caso para beneficio de la ciencia, y que requiera el viaje, porque pues ahora se pueden hacer las cosas por Internet”.

¿Los académicos van al extranjero a hacer turismo político? Sí, eso dijo el presidente y que además no viajan en clase económica, “viajan como machuchones” y pidió disculpas a las líneas áreas.  Habrá, seguramente, algunos investigadores que solamente van a pasear. Sin embargo, es una desmesura pensar que viajan en clase “premier”, realizan turismo político y encima que bien podrían resolver las cosas a través de Internet.

Tal vez cabría suponer que el presidente de la República se equivocó de términos o de sector. Desafortunadamente no parece ser el caso, es más bien revelador del diagnóstico general que ocupa su pensamiento y la acciones que busca aplicar: ninguna política pública está bien y la solución es recortar al extremo el presupuesto para reparar las fallas.

Por ejemplo, en referencia a las solicitudes de autorización que había recibido para viajar al extranjero dijo que hasta el momento, sin exagerar, sumaban alrededor de 300. Y añadió: “Es lo mismo [que ocurrió con el problema de abasto] de las medicinas, de los libros de texto; bueno, del huachicol. Es lo mismo. ¿Qué querían los que se dedicaban al huachicol?  Que diéramos marcha atrás. Y dijimos: no. No vamos a regresar a esos excesos. Aunque se trate de científicos, de intelectuales”.

De verdad: ¿Las 300 solicitudes para viajar al extranjero son una multitud y, sin más, se pueden equiparar con el robo de combustible? Sí, ese es el diagnóstico que tiene el presidente. No hay comparación posible, ni en magnitud ni en propósitos. Pero ¿cuántas solicitudes son una multitud? Unos pocos números nos pueden dar una idea aproximada. En primer lugar, la planta docente de los CPI es de alrededor de 2 mil 300 personas y la cifra se duplica si se suma a todas las personas que realizan actividades científicas y tecnológicas en esos centros. El Cinvestav, por su parte, cuenta con casi 800 investigadores, la mayoría perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores.

Además, como el mismo ejecutivo federal aclaró, no todas las solicitudes eran de los CPI o del Cinvestav. Así que tendríamos que sumar al personal de los institutos de salud, otros centros y de toda la administración pública federal. En esta última, se desempeñan como mandos superiores o de confianza poco más de 100 mil personas (de los más de 1 millón 300 mil funcionarios). No todo el personal requiere viajar y, de ser el caso, no lo hace al mismo tiempo, pero ya vemos de qué proporciones estamos hablando. No, 300 no son una multitud.

Para finalizar, la misma reportera preguntó si las restricciones aplicarían para los becarios de Conacyt. La respuesta del presidente fue afirmativa. La reportera insistió: ¿aunque sea por movilidad académica? El ejecutivo federal reiteró y añadió: “yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Tarahumara”.

A nivel nacional, el ciclo de la internacionalización académica que comenzaba a enderezarse como política pública llega a un punto de inflexión, como en Estados Unidos o el Reino Unido, por motivos diferentes y parecidos. Sorprendente.

Pie de página: El 28 de mayo compareció la titular del Conacyt ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de los Senadores. Primera llamada.

Reservas y adecuaciones en el gasto público

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 803. Mayo 30, 219. Pág. 5)

Los recortes en el presupuesto no solamente están quitando la grasa, también se llevan el músculo y, lo peor, parece que ya tocaron la estructura ósea de la administración pública. El calendario del presupuesto autorizado, a entregarse mes a mes a ciencia y tecnología (el ramo 38), apenas fue publicado el pasado mes de enero en el Diario Oficial de la Federación y, sin embargo, tres meses después resulta que parte de los fondos podrán mantenerse en reserva. Es decir, no entregarse en las fechas ni en los montos previstos.

El tratamiento otorgado al sector científico y tecnológico es muy distinto al de otros sectores. En primer lugar, respecto a 2018, como lo hemos reiterado, no obtuvo ningún incremento en su presupuesto para este año. Por el contrario, tuvo una reducción, a pesar de la promesa del presidente López Obrador que había anticipado un incremento, o bien, mantener el mismo nivel.

En segundo lugar, la corrección de errores no se produce o se hace con demora. La rectificación en el presupuesto que aprobaron los diputados nunca llegó, como sí ocurrió con el subsidio a universidades. También, en los institutos del sector salud, luego de la sustitución del titular del IMSS, la proliferación de testimonios y el recuento de daños, vino la rectificación y la Secretaría de Hacienda regresó 2 mil 400 millones de pesos que tenían asignados pero que la secretaría los mantenía en “reserva”. No ha sido lo mismo en el sector científico y tecnológico.

Lo dijimos aquí la semana pasada: la situación es anómala y relativamente preocupante. Porque las reservas al presupuesto ya están operando y todavía no se expide la Ley federal de austeridad republicana de Estado, la norma que establecerá criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en el ejercicio de los recursos públicos. Tampoco está aprobada la reforma a la Ley general de responsabilidades administrativas ni a la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Falta la aprobación del Senado.

Sin embargo, el memorando del 3 de mayo del presidente López Obrador endurece todavía más las restricciones en el ejercicio del gasto público e instruyó a ponerlas en marcha ya mismo. Incluye medidas en materia de nómina y gasto operativo que significan limitación de personal y reducción “inmediata” del 30 por ciento, respecto del presupuesto de este año, a aplicarse en diferentes rubros de gasto, y otro de 50 por ciento en otros rubros.

La normatividad es para todas las dependencias de la administración pública federal y los Centros Públicos de Investigación (CPI) están incluidos porque son entidades paraestatales, aunque su función sustantiva es otra. Por la misma razón, el pasado 15 de mayo, estos Centros solicitaron públicamente que no se les aplicara el recorte. No se ha rectificado.

Por ejemplo, trabajadores contratados por honorarios informaron en redes sociales que el Instituto Mora, acatando la instrucción del memorando del 3 de mayo, tomó la decisión de recortar 40 por ciento de los trabajadores de esa categoría. Este Instituto tiene autorizados poco más de 175 millones en este año.  En el mismo sentido, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), cuyo presupuesto para este año es 186 millones de pesos, informó a su comunidad que pondría en marcha medidas de ahorro de energía, las cuales incluyen suspender el uso de cafeteras eléctricas, la carga de celulares y ni hablar de aire acondicionado (Oficio DG 279/2019. 21.05.2019).

El último párrafo del artículo 58 de la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria (LFPRH) dice: “No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación”, salvo algunos supuestos y aprobación de los diputados.

Entonces, aunque las leyes respectivas no están listas ¿se puede aplicar el memorando del 3 de mayo en las dependencias? Es un hecho. La LFPRH prevé adecuaciones presupuestarias en las entidades, tanto si ocurre una disminución en los ingresos a distribuir (artículo 21) o si permiten un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas (artículo 58 y ss). Sin embargo, no estamos en ninguno de los dos casos, pero la ley es flexible.

Tal vez lo que está ocurriendo en el sector educativo y en el científico y tecnológico no alcanza una alta visibilidad pública, ni es socialmente tan sensible como el de la salud. No obstante, es igualmente grave. Si no se rectifica a tiempo, podríamos terminar con daños estructurales en el servicio público; los efectos serán inexorables y difíciles de revertir.

Pie de página. ¿El relevo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales también será un cambio en la política de Estado en materia de protección ambiental, agroecología y transgénicos? Ya lo veremos.

Otro memorando, recortes en CTI

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 802. Mayo 23, 2019. Pág. 5)

Los recortes en el gasto público no son ninguna novedad, generalmente aparecían en situaciones de crisis económica o en previsión de que ésta ocurriera. La disminución de recursos frecuentemente venía espoleada por un entorno internacional adverso, un incremento alarmante en el déficit público, un alto volumen de endeudamiento, la búsqueda de estabilidad macroeconómica o alguna otra razón que inevitablemente culminaba en restricciones en el gasto público.

Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, los recortes que ahora se proyectan aparentemente tienen otras razones. Los motivos que el gobierno federal ha expresado para disminuir el gasto de la administración pública es instaurar un régimen de austeridad en el servicio público, contener la corrupción y, sobre todo, contar con mayores recursos para programas de apoyo a la población más desfavorecida.

Las razones son muy atendibles. Los servidores públicos han exhibido de forma insultante sus privilegios, el enriquecimiento ilícito o el derroche inmisericorde de recursos. Y sí, nada más justo que reducir la gravísima desigualdad de esta nación. Sin embargo, no están a la vista los mecanismos que permitirían contener solamente los excesos y sí es sumamente preocupante el recorte indiscriminado del presupuesto, especialmente en el terreno de la salud, la educación y la ciencia y la tecnología.

Los recortes de esta administración no son una sorpresa. El ahora presidente López Obrador, el 15 de julio del año pasado, a las dos semanas de su triunfo electoral, anunciaba los “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana en el gobierno”. Desde ese entonces perfiló la eliminación de fueros y privilegios de los servidores públicos, tanto como las limitaciones que tendría el ejercicio del gasto público. Hoy son cuerpo de la “Ley federal de Remuneraciones de los servidores públicos” y del proyecto de “Ley federal de austeridad republicana del Estado”.

El asunto es que las normas no solamente limitan los excesos, también están provocando incertidumbre en las instituciones públicas y daños en la capacidad instalada de los servicios académicos y de salud. Además de la reducción que en su momento se advirtió en el presupuesto para este año en educación superior y en ciencia y tecnología, se han sumado otras dificultades más.

Por ejemplo: la disminución del ingreso neto del personal académico de instituciones y centros de investigación que están considerados como servidores públicos; la modificación y posterior restitución del respaldo directo a las estancias infantiles; la dificultad que suscitó la suspensión del bono sexenal y retraso en las becas de médicos residentes; los despidos en la Conabio; la suspensión y reanudación de los diferentes programas a cargo de distintas organizaciones intermedias entre Conacyt y beneficiarios por falta o retraso en la entrega de presupuesto, entre otros.

Lo más preocupante es que la Ley federal de austeridad republicana todavía no entra en vigor --la aprobaron los diputados el pasado 30 de abril y falta que los senadores hagan lo correspondiente--, pero el ejecutivo federal envió un memorándum complementario a esa ley que podría ser una mayor limitante para los Centros Públicos de Investigación.

La iniciativa de ley ya contenía disposiciones específicas sobre una política de austeridad y restricción en el ejercicio de los recursos públicos, así como sobre la constitución de fideicomisos y fondos que tendrán consecuencias en el sector científico y tecnológico. No es un asunto sencillo de resolver y aquí mismo los hemos comentado (Campus Milenio No. 767 y 768).

Ahora, además, el memorándum de AMLO instruye a los servidores públicos e informa que las medidas que añade “son de observancia obligatoria para toda la Administración Pública Federal” (memorándum 03.05.2019). Propone: 1) una reducción inmediata del 30 por ciento respecto de su presupuesto de este año en los rubros de viáticos y pasajes aéreos nacionales; estudios e investigaciones, entre otros. 2) una reducción del 50 por ciento en viáticos y pasajes aéreos en el extranjero; congresos y convenciones, por ejemplo. En la iniciativa de ley solamente indicaba que no se excediera el monto del ejercicio presupuestal anterior.

Es una situación jurídica anómala, peculiar, relativamente similar a la que ocurrió con la reforma educativa, en la que el Congreso todavía no aprueba la ley y el ejecutivo federal instruye a poner en marcha medidas que trascienden esa norma. Por lo pronto, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y los Centros Públicos de Investigación han manifestado públicamente su preocupación por el memorándum. No les falta razón y lo veremos en próxima entrega.

Pie de página: A propósito de la falta de apoyo para las Olimpiadas de Matemáticas, dice Conacyt que sí entregó a la Sociedad Matemática Mexicana el apoyo para este año ($1,6000,000) y que el convenio no es semestral. Entonces ¿en dónde está el problema?

Cátedras Conacyt: ¿retorna el problema a las IES?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 801. Mayo 16, 2019. Pág. 5)

El pasado mes de febrero los jóvenes participantes en el programa Cátedras Conacyt quedaron ojipláticos por el anuncio y percepción que la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, tenía sobre la operación de ese programa. Avisó que se cancelaría y si bien reconoció sus virtudes, también advirtió su inviabilidad: “se atendió de una manera parchada e insostenible [las opciones laborales para los jóvenes]. Hoy tenemos colgados de la nómina a 1500 catedráticos, eso tiene que cambiar” (Boletín AMC/024/19. 05.02.2019).

A los jóvenes no les pareció nada grata la apreciación sobre su trabajo y menos la incertidumbre sobre su futuro laboral. Una buena parte de ellos respondieron en las redes sociales detallando los proyectos en los que participaban, destacando sus logros y consideraron inaceptable ser calificados como parásitos. En los mismos medios Álvarez Buylla se disculpó e intentó aclarar el sentido de sus palabras.

Sin embargo, frente a la posibilidad de que el programa se modificara sustancialmente o se cancelara en definitiva, otros jóvenes más se organizaron y solicitaron formalmente un encuentro con la titular del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas. En ese momento no hubo respuesta oficial, pero finalmente el pasado fin de semana se realizó la reunión.

El programa Cátedras Conacyt, como seguramente se recuerda, fue puesto en marcha en la administración anterior. Inició en el 2014 con una oferta de alrededor de medio millar de lugares y la publicación de las normas a las que se sujetarían las personas que buscaran obtener una cátedra.

Las cátedras siguieron un procedimiento de asignación convergente: las instituciones (universidades, centros públicos de investigación o institutos nacionales) presentaban a Conacyt un proyecto para una cátedra individual o una colectiva (entre tres y cinco jóvenes) y los aspirantes se inscribían en un padrón de elegibilidad.  Las autoridades de entonces dijeron que siguieron un principio de equidad, porque se dio preferencia a las entidades con menor desarrollo científico y tecnológico y se asignaron cátedras colectivas para un mayor efecto de respaldo e impulso.

El esquema era atractivo: por una parte, ofrecía oportunidades laborales a jóvenes talentosos, con una formación de alto nivel que no encontraban acomodo en el refractario y competido mercado del trabajo incapaz de abrirles un espacio; y, por otro lado, compensaba el rezago científico y tecnológico de algunas entidades federativas.

Sin embargo, la peculiaridad del programa fue que las cátedras no formarían parte de las instituciones receptoras. Los jóvenes catedráticos serían considerados como personal académico de Conacyt, comisionado a la institución de adscripción por un periodo de 10 años y renovables las veces que sea necesario. Así que para efectos normativos el organismo es el patrón, el que cubre la nómina. En un contexto de recursos escasos ese era y es el principal problema.

En un inicio la idea era duplicar el número de plazas anualmente y expandir el programa a un mayor número de instituciones. Pero, como ocurre frecuentemente, todo dependía de los recursos autorizados y no los hubo. El número de cátedras más bien disminuyó a la mitad en los siguientes cuatro años y la administración anterior, a junio de 2018, concluyó con un total de 1 mil 511 plazas distribuidas en todo el territorio nacional en casi un millar de proyectos y en más de un centenar de instituciones.

Según los datos que presentó Peña Nieto en su último informe de gobierno, el total de recursos erogados entre 2014 y 2018 sumaron casi cuatro mil millones de pesos para el programa de Cátedras Conacyt. El volumen de recursos fue la principal preocupación de la nueva administración del organismo y una de las razones para cancelar el programa.

En la reciente reunión de los jóvenes catedráticos con Álvarez Buylla, la titular del organismo les dijo que se buscará cambiar su estatus laboral: “esto es, que dejen de ser considerados administrativamente como funcionarios públicos, con plazas de confianza y, en un futuro, se incorporen como investigadores, con toda formalidad y derechos plenos, en alguno de los 139 centros de investigación e institutos a los que están adscritos” (Comunicado 36/19 11.05.2019).

En realidad la solución no está a la vista: el programa surgió, precisamente, porque ni la industria ni las instituciones públicas de educación superior podían abrir un lugar de trabajo. Ahora el problema retornará a esas mismas instituciones y más complicado porque las instituciones tienen menos presupuesto y podría disminuir todavía más. Nada fácil.

Pie de página: A propósito de la reciente reactivación del fondo sectorial SEP-Conacyt, el secretario de Educación Pública informó que “la inversión total, en esta administración, será cuatro veces mayor a la realizada en los dos años previos”. Veremos los números.