lunes, 25 de mayo de 2015

Docencia y aprendizaje a gran escala
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES


A menudo enseñanza y aprendizaje aparecen juntos, enlazados por una conjunción o separados por un guión. La primera casi siempre realizada con una intención expresa y referida a la actividad docente; el segundo dejado relativamente al azar y generalmente con el alumno como destinatario. Una relación inveterada y explorada ampliamente en el terreno pedagógico, pero que parece ser más compleja de lo que aparenta, tanto dentro como fuera de las aulas.
 
En el ámbito de las políticas públicas, a lo largo del siglo anterior y especialmente en la región latinoamericana --pero no solamente--, la preocupación se concentró principalmente en la expansión de las oportunidades educativas. A medida que disminuyó el analfabetismo y se fueron alcanzando mayores niveles de escolaridad, y más precisamente la primaria, las inquietudes gubernamentales se trasladaron, con cierto desorden, a lo que ocurría en las aulas.
 
La región comenzó a experimentar con diferentes procesos de evaluación del aprendizaje a gran escala desde los años setenta y con mayor vigor a partir de los años ochenta y noventa, cuando el tema de la calidad de la educación y la eficiencia escolar se instalaron entre los pendientes de la agenda educativa.
Fuente: www.altonivel.com.mx
Además, desde el final del siglo pasado e inicios del actual, la idea de establecer comparaciones sobre el desempeño de los estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional, cobró mayor auge y presencia mediática.

No en la única, pero tal vez la prueba más emblemática de evaluación a gran escala de logro educativo es el “Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos” (PISA, por sus siglas en inglés). Desarrollada por la OCDE para valorar la formación de los alumnos al final de la enseñanza obligatoria, aplicada por primera vez en el año 2000 e inicialmente dirigida a los países miembros de esa organización, poco a poco se estableció como punto de comparación.
Fuente: archivo.nl.gob.mx

Sin embargo, a lo largo de la década pasada y la actual, el énfasis quedó puesto en el aprendizaje y poco sobre la enseñanza o la actividad docente. A pesar de que circularon diferentes estudios sobre docentes, a cargo de gobiernos nacionales u organismos, como Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, generalmente se concentraron en el asunto salarial, los niveles de formación o el tiempo de dedicación.
 
Otra vez, la OCDE impulsó un estudio internacional a gran escala, ahora dirigido a explorar y comparar las condiciones de trabajo de los docentes, los directivos escolares y los entornos de aprendizaje en las escuelas. Es el Teaching and Learning International Survey (TALIS, por sus siglas en inglés).
Fuente: www.educarex.es
La primera versión de TALIS se aplicó en el 2008 en una veintena de países (México incluido y sus diferentes entidades federativas, con excepción de Michoacán) y estuvo dirigida a la educación secundaria. En el 2013 (entre septiembre de 2012 y junio de 2013) se realizó por segunda ocasión, participaron 33 países, conservó como objetivo la educación secundaria, pero la OCDE dio la opción de extenderla a primaria (seis países lo hicieron), a media superior (diez países lo hicieron) y a vincularla con la prueba PISA aplicando la encuesta en escuelas participantes en esta última prueba.
 
México fue uno de los países que extendió la aplicación del TALIS, aunque a diferencia de la primera ocasión, la participación del conjunto de entidades federativas se redujo solamente a seis entidades (DF, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas). Una diferencia notable.
El reporte de la OCDE sobre la aplicación del 2013 mostró que alrededor de una cuarta parte (24 por ciento) de los profesores en México dijo que no se sentía preparado para desempeñar su trabajo (TALIS 2013 Results. An Iternational Perspective on Teaching and Learning). Un porcentaje que contrasta con el promedio de siete por ciento, como cifra promedio de los países participantes en TALIS.
 
Fuente: www.slideshare.net
 
 
Otro dato revelador es que los directores de plantel escolar confirmaron lo que se sabe acerca de la gestión escolar en México: un porcentaje relativamente menor de ellos (16 por ciento) tiene injerencia y responsabilidad en los nombramientos o contratación de profesores, lo mismo que en establecer sanciones al personal (14 por ciento). El promedio para los países TALIS es de 39 y 29 por ciento, respectivamente.
 
Estos son algunos ejemplos de los datos del estudio general. Pero el INEE publicó recientemente el reporte completo para el caso nacional (Segundo estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje (TALIS 2013). Resultados de México). Convendría examinarlo en detalle y comenzar por descifrar los componentes de la ecuación irresuelta de la docencia y el aprendizaje.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 608. Mayo 21, 2015, p.5)

jueves, 14 de mayo de 2015

Un 15 de mayo para recordar
 
 
Alejandro Canales UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
La fecha emblemática de este 15 de mayo en las escuelas será, como siempre, el día del maestro. Pero tal vez, por primera vez y de aquí en adelante, será más recordado por las nuevas condiciones para el desempeño de la actividad de profesores de educación básica y media superior. Un cambio notable en las reglas de juego.

Todavía no se sabe cómo ni en qué terminará el proceso de reforma en marcha. De hecho, apenas nos enteramos que la descentralización de la nómina educativa, una de las decisiones clave del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 y que dio lugar a la Ley general de educación al año siguiente, no fue una buena idea. Ahora está en operación el camino inverso: el gobierno federal vuelve a tomar el control de los recursos para la entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone).
 
Sí conocemos como inició el actual proceso de reforma. Desde la celebración del Pacto por México en los primeros días de la actual administración que anunció una “reforma legal y administrativa” con tres objetivos: incrementar la calidad de la educación básica; aumentar la matrícula y mejorar la calidad en la media superior y superior; y “que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad”.
 
En el mismo documento se plasmaron las acciones, firmadas como compromisos, que se pondrían en marcha en los meses siguientes. Por ejemplo, el Sistema de Información y Gestión Educativa, a partir del Censo de Escuelas Maestros y Alumnos (compromiso 7), la autonomía para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación o la creación del Servicio Profesional Docente (compromiso 12), entre otros.
 
En particular, en el compromiso 12 quedó perfilada por primera vez la idea de los concursos de oposición a gran escala para ingreso y promoción de los profesores de educación básica. Una de las medidas más polarizantes de la reforma. De hecho, por eso algunos analistas la calificaron de reforma laboral, más que educativa. Lo cierto es que, a diferencia del manejo discrecional con el que se conducía previamente, planteó un mecanismo público para la selección y promoción de profesores.
 
En el documento del Pacto se anotó: “se establecerá un sistema de concursos con base en méritos profesionales y laborales para ocupar las plazas de maestros nuevas o las que queden libres. Se construirán reglas para obtener una plaza definitiva, se  promoverá que el progreso económico de los maestros sea consecuente con su evaluación y desempeño, y se establecerá el concurso de plazas para directores y supervisores”.
 
Fuente: pactopormexico.org
En los meses siguientes se realizaron velozmente los cambios normativos. En la misma Carta Magna quedó asentado que “el Estado garantizará la calidad en la educación básica” de forma que materiales educativos, organización escolar, infraestructura educativa e “idoneidad de los docentes y directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje” (Artículo 3ro DOF. 26.02.2013); lo mismo que la autonomía del INEE y el Servicio Profesional Docente (artículo 73).
 
Luego se elaboraron las leyes secundarias, se instalaron órganos, formularon lineamientos y los mecanismos necesarios para ponerlos en marcha.
 
En julio del año pasado se llevó a cabo el primer concurso de selección de docentes. Una de las primeras acciones importantes. Según las cifras oficiales, en ese primer concurso se registraron poco más de 194 mil aspirantes, aunque solamente participaron en el proceso de evaluación casi 166 mil. El resultado que más se destacó fue el bajo porcentaje de profesores idóneos (entre 40 y 25 por ciento en educación básica, dependiendo del tipo de evaluación presentada. INEE. Los docentes en México. Informe 2015).
 
Fuente: ifie.edu.mx
Tal vez uno de los aspectos que vale la pena notar es que el proceso de reforma ha puesto en evidencia, más claramente, la precariedad de información estadística sobre el sistema educativo nacional con la que contamos, pero también con la que han operado las decisiones de política.
 
No solamente se trata del desempeño de profesores. Apenas contamos con algunas certezas derivadas de la información elemental del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica, como la cantidad efectiva de profesores que se desempeñan en las aulas, su distribución por función docente, el sexo o grupo de edad, por ejemplo.
 
 
Quizás para este 15 de mayo debiéramos comenzar, literalmente, por (re)conocer a los profesores del sistema educativo nacional. No estaría nada mal menos improvisación y prejuicios.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 607. Mayo 14, 2015, p.5)
 

domingo, 10 de mayo de 2015

¿Beneficios de las sanciones electorales para las entidades federativas?
 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
Hace un año quedó aprobada la reforma político electoral. Ahí también quedó una nueva disposición que precisa el destino de las sanciones monetarias a los partidos políticos y que no solamente dice que serán para CONACYT, como ya lo establecían desde hace una década los decretos anuales del Prepuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Efectivamente, después de tensas negociaciones y múltiples intercambios entre los actores políticos, los legisladores aprobaron en mayo de 2014 la más reciente reforma político electoral, esa que le cambió el nombre al ahora Instituto Nacional Electoral (INE) y estableció diversas disposiciones para la regulación de nuestra vida política y electoral.
Fuente: www.ine.mx
Aunque los legisladores generalmente sólo se miran en el espejo de las posiciones políticas y los beneficios de sus respectivas fracciones --cuando no solamente personales--, algunas veces parece que también se acuerdan que son representantes de elección popular y su tarea es legislar en beneficio de la Nación.
 
En la reforma del año pasado, por principio de cuentas, quedó establecida la reelección legislativa para diputados y senadores, también elevaron a rango constitucional el requisito de tres por ciento de votación válida para que un partido pueda mantener su registro e introdujeron lo de las coaliciones flexibles y parciales entre partidos.

Fuente: fuerza.com.mx
También incluyeron la cuota de género como mandato constitucional, por lo que en adelante se supone que los partidos políticos tienen la obligación de garantizar que sus listas de elección deben estar integradas con el 50 por ciento de hombres y el 50 por ciento de mujeres.
 
Además, lo que tiene mayor importancia sobre la distribución del presupuesto para la actividad científica y tecnológica, es que la “Ley general de instituciones y procedimientos electorales” (LEGIPE), producto de la reforma política y que sustituyo al anterior COFIPE, en la última fracción del artículo 458 del capítulo “De los sujetos, conductas sancionables y sanciones”, precisó a dónde se canalizarían los recursos financieros derivados de las sanciones a partidos.
 
Esto es, la fracción 8 del artículo 458 establece: Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este Libro Octavo, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables, cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades locales. (DOF. 23.05.2014)
 
La idea de trasladar los recursos financieros a la actividad científica, producto del castigo a los partidos políticos, fue de un legislador del entonces partido Convergencia en la discusión del presupuesto en el 2004 y debió aplicarse en el ejercicio fiscal del año siguiente.
Fuente: www3.diputados.gob.mx
 
Desde entonces, no sin ciertas dificultades para hacer efectivas las sanciones a los partidos, tanto por los recursos de inconformidad que interponían los partidos como por la burocracia de la Tesorería, año con año se establece en el decreto del PEF que los montos se canalizarían al ramo 38 y se dedicarían a actividades sustantivas y proyectos científicos.
 
Sin embargo, no se modificaron ni la ley de ciencia y tecnología ni el entonces COFIPE. Hasta ahora, en la sesión del Senado de mayo del 2014, cuando se aprobó la nueva LEGIPE, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, en su intervención dijo que: “Hoy lo que vamos a ubicar es la propuesta de que las multas nacionales  vayan al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y las multas locales vayan a los consejos estatales de ciencia y tecnología, y en eso agradezco al Senador Tello su apoyo”.
 
Entonces, lo que ahora establece la ley es una división del monto de las sanciones a partidos políticos, las cuales se canalizarían conforme el origen de esas multas. Al parecer, la idea sería establecer un principio de distribución de recursos entre el centro y las entidades federativas.
 
No está mal la preocupación por un cierto principio federalista que debiera estar presente en toda nuestra normatividad. Sin embargo, lo verdaderamente mejor sería que los partidos políticos respetaran, sin más, la ley; aunque no hubiera multas ni dinero. Claro, si no es el caso, como no lo es, tendríamos que contar con una institucionalidad capaz de hacer efectiva la ley, para evitar lo que Sergio López Ayllón llama “la ley del cinismo”.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 606. Mayo 7, 2015, p.5)

jueves, 30 de abril de 2015

¿Mexicanización o internacionalización del posgrado?
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
 
Durante décadas se tomó como referencia inequívoca el número de becas al extranjero otorgadas por Conacyt para saber la cantidad de jóvenes mexicanos estudiando algún posgrado fuera del país. El dato no era del todo exacto, pero el volumen del posgrado nacional y de becarios era relativamente reducido, así que no parecía tener mayor importancia contar con un reporte puntual de las cifras.
 
Todavía menos significativo y de menor relevancia era llevar un registro nacional de las migraciones, forzadas o voluntarias, atraídas por una benevolente política exterior mexicana del siglo pasado, provenientes de América del Sur, pero también de Europa y de otras latitudes, cuyos jóvenes se sumaron a los estudios superiores en México. Si al caso, el registro quedó perdido en los informes y memorias de las respectivas instituciones donde se matricularon.
 
Fuente: www.ugto.mx
Sin embargo, al cambio de siglo, los vientos de una etérea sociedad del conocimiento se sintieron con mayor vigor, tanto como la presión por incrementar la formación de recursos humanos de alto nivel y fomentar su circulación, lo mismo que la demanda de transparencia en las acciones de gobierno, la rendición de cuentas y el orden en las estadísticas nacionales. La precisión de las cifras adquirió otra dimensión.
 
En el año 2000, lo hemos comentado aquí mismo, con motivo de las tres décadas del programa de becas de Conacyt, publicó un reporte en el que intentó precisar el impacto social y económico de su programa. Uno de sus cálculos era que a lo largo de los primeros 30 años de duración de apoyo se habían otorgado cien mil becas. De acuerdo a sus mismas cuentas, el 74 por ciento de ese total fueron para becas nacionales y el 26 por ciento restante para estudios en el extranjero.
 
Según los datos oficiales, en 1971, cuando Conacyt comenzó su sostenida política de apoyos, había 580 becarios, de los cuales 202 estudiaban en el país y 378 lo hacían en el extranjero. Es decir, casi dos tercios de becas eran para el extranjero y el resto nacionales. En ese mismo año, la matrícula total del posgrado sumaban 6 mil 484 estudiantes.
Fuente: e-consulta.com
Actualmente, de acuerdo a la estimación del más reciente informe de gobierno –las estadísticas de Conacyt siguen sin actualizarse desde el 2012—, el total de becas vigentes es de 54 mil 841. De ese total, 50 mil 209 son nacionales y 4 mil 632 son para el extranjero. En términos porcentuales: 92 por ciento en el primer caso y 8 por ciento en el segundo. Al mismo tiempo, suman poco más de 242 mil estudiantes en posgrado.
 
Es evidente que el volumen de becas y la matrícula de posgrado se ha incrementado notablemente en estos más de cuarenta años. Pero también es claro que se ha invertido completamente la proporción de los apoyos para el posgrado: comenzó mayoritariamente con un respaldo para estudios en el extranjero y ahora lo es para los estudios nacionales. La participación relativa de becas al extranjero pasó de 66 a 8 por ciento del total.
 
Uno de los argumentos que se ha destacado para la reducción de los apoyos para estudiar fuera del país es que guarda una relación inversa con la consolidación del posgrado nacional. Esto es, se enviaba a los estudiantes a estudiar al extranjero cuando los programas nacionales no alcanzaban un estándar de calidad y se quedan en el país ahora que ya están acreditados.
 
El asunto es que las presiones por la movilidad dispar de los jóvenes sigue en aumento. En ocasiones anteriores nos hemos referido a la idea del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) y la de “Proyecta 100 mil” que intentan incrementar el volumen de estudiantes mexicanos en el exterior y viceversa. 
 

Fuente: www.google.mx
En la reciente “Feria de posgrados de calidad”, la directora de becas y posgrado de Conacyt, Dolores Sánchez, señaló que el posgrado nacional “se ve cada vez más sólido, por lo tanto, cada vez estamos atrayendo más becarios extranjeros a México”. Además, dio algunas cifras reveladoras, por ejemplo, señaló que “Colombia ocupa el primer lugar en número de becarios que vienen a estudiar México (874), después está Cuba (267), España (134), Ecuador (120) y Chile (76)” (Boletín 090. FCCyT). Valdría la pena un examen más detallado de las cifras.
 
Todavía se ve lejos un gran volumen de estudiantes mexicanos en el exterior y más lejos un posgrado nacional como gran polo de atracción internacional. ¿Serán fuerzas centrífugas o centrípetas? Sin embargo, por lo menos habría que comenzar por lo más elemental: compilar información relativamente precisa y fidedigna de la movilidad estudiantil internacional de México. A este respecto, uno de los esfuerzos más notables es la Encuesta Patlani. Ya veremos qué sigue.
(Publicado en Campus Milenio No. 605. Abril 30, 2015, p.5)

miércoles, 29 de abril de 2015


¿Vinculación y posibilidad de regalías para investigadores?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

Es un cambio normativo fuerte, profundo y amplio en la relación entre academia y sector productivo y de servicios. No es repentino. Desde fines de los años noventa, paulatinamente se ha ido modificado y ajustando la relación.

La primera vez que el cambio quedó asentado en la ley del sector fue con la reforma de 1999. En aquella ocasión se añadieron cuatro artículos a un nuevo capítulo VI, denominado “De la vinculación con el sector productivo, innovación y desarrollo tecnológico”. El énfasis se colocó en el desarrollo tecnológico y apenas quedó anunciado que las entidades de la administración pública, así como las instituciones de educación superior (IES), promoverían “la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico” (artículo 27). No fue suficiente.

En el 2009, una década después, vendría un ajuste mayor. En el mismo capítulo de vinculación, se facultó a las IES y a los Centros Públicos de Investigación para crear Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento, bajo la figura jurídica de su conveniencia, así como la posibilidad de contratar a personal de la misma institución para esas mismas unidades (artículo 40 Bis).

La estructura de incentivos tampoco fue suficiente para que el cambio se reflejara claramente en la organización del sistema científico y tecnológico ni en la actividad cotidiana de las universidades. Tampoco en el flujo de recursos económicos en las instituciones ni en las estadísticas oficiales. Al parecer, el problema seguía siendo quién o cómo se beneficiaría de tal actividad.

Así que vino una vuelta de tuerca más a la estructura de incentivos. Tal vez, estimado lector lectora, recuerde que en diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley de ciencia y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP). Lo comentamos aquí mismo (Campus Milenio No. 590).

La iniciativa de los diputados planteó que la facultad de establecer Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento no solamente fuera de las IES y los Centros Públicos de Investigación, sino que también incluyera a las “entidades de la administración pública federal” que tienen por objeto y realizan actividades de investigación científica y tecnológica. Por ejemplo, los institutos (Mexicano del Petróleo o los de salud) o dependencias sectorizadas a diferentes secretarías.

Más importante: la iniciativa de los diputados también propuso modificar la fraccion XII del artículo 8 de la LFRASP para permitir que los servidores públicos de las IES, los Centros Públicos de Investigación y las entidades de la Administración Pública Federal, pudieran realizar actividades de vinculación como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro.

La iniciativa pasó a la Cámara de Senadores, fue dictaminada y la aprobaron el pasado 16 de abril. Pero la modificaron. Lo que hicieron fue ampliar y generalizar el sentido de la vinculación. Esto es, proponen que en lugar de restringirse a las IES, en la ley se refiera a “instituciones de educación” porque argumentan que una innovación y la vinculación puede surgir en cualquier modalidad de institución educativa.

También sugieren eliminar de la redacción la restricción de que solamente se incluyen las dependencias gubernamentales que tienen por “objeto predominante” la realización de actividades científicas y tecnológicas, dicen que es suficiente con que realmente las realicen, no se necesita una declaración de objetos. Igualmente, añade y precisa las características y modalidades que podría adoptar la vinculación.

Por último, proponen que el párrafo de la fracción XII del artículo 8 de la LFRASP indique que los servidores públicos solamente “incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables a la Institución”.

Debido a los cambios realizados por los Senadores, ahora la minuta regresará a los diputados (la cámara de origen), aunque seguramente será aprobada en el actual periodo de sesiones sin mayor trámite y luego entrará en vigor.

El asunto tiene múltiples ángulos. Por lo pronto vale la pena notar que, en contra de lo que en ocasiones se piensa, los ajustes normativos se han dado siguiendo una misma trayectoria e independientemente del partido en el gobierno, la composición de las comisiones legislativas y las estructuras intermedias de gobierno y sistema científico y tecnológico. Nada menos.

(Publicado en Campus Milenio No. 604. Abril 23, 2015, p.5)

jueves, 16 de abril de 2015

 
La actualización y exactitud de la inversión científica
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
La novedad en esta administración fue la promesa de que por fin se haría realidad lo que dice la ley del sector desde hace más de una década: “El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley” (Artículo 9 Bis).
 
En el primer Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) diseñado por esta administración para el 2013, con un incremento nominal en el sector de poco más de 11 mil millones de pesos (mmdp), respecto del año previo, parecía que la promesa estaba en camino de cumplirse. Todavía no aparecía en el horizonte la caída de los precios del petróleo ni la pérdida de confianza.
 
Una vez publicado el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 -2018 (Peciti) se despejaron las ambigüedades de los primeros pronunciamientos acerca de si el incremento sería de gasto federal (público) o gasto nacional (público y privado) e incluso si la referencia sería gasto total en ciencia y tecnología o solamente el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE).
 
Lo hemos visto en este mismo espacio (CampusMilenio No. 523). Las actividades científicas y tecnológicas se integran por tres diferentes rubros: la enseñanza y la formación; los servicios; y la IDE. Esta última, a nivel internacional, es el indicador del nivel de inversión que realiza cada país.
 
El Peciti 2014-2018 claramente señaló que contribuiría a que la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico creciera anualmente y alcanzaría el uno por ciento del PIB en el 2018. El indicador, correctamente seleccionado, para tal propósito fue el GIDE.
 
La estimación del mismo Peciti señalaba que en el 2013 el GIDE representaba el 0.45 por ciento del PIB, pero que a partir del 2014 se incrementaría, anualmente, en términos reales 0.11 por ciento del valor del PIB, hasta alcanzar el uno por ciento para el 2018. Además, dado que el sector productivo contribuye al GIDE, el Peciti calculaba que en el 2013 ese sector tenía una participación relativa de 35.8 por ciento y se incrementaría anualmente hasta alcanzar el 40 por ciento del total al final del sexenio.
 
Sin embargo, el ritmo de incremento al presupuesto perdió fuerza para este año. El aumento fue de poco más de la mitad del que obtuvo en 2013 y 2014. Desde el final del año pasado apareció la amenaza de los precios bajos del petróleo y tomó forma el pasado mes de febrero cuando el titular de Hacienda anunció un recorte de 124 mil 300 mdp al gasto público. A Educación le disminuyeron 7 mil 800 mdp y a Conacyt 900 mdp.
 
Según lo anunciado por titular de Conacyt, Enrique Cabrero, el recorte de gasto se aplicará en el rubro de infraestructura: solamente se construirán cinco de los 15 nuevos centros de investigación que se tenían proyectados (Reforma 13.04.2015:1).
 
Solamente los centros del DF (metropolitano y de política educativa), Hidalgo (industria textil), Guerrero (industria del cocotero), Querétaro (aeronáutica) y San Luis Potosí (ciencias ambientales) se construirán y los 10 restantes que estarían en otras siete entidades se posponen. Es decir, la inversión que disminuirá es precisamente la relacionada con el GIDE.
 
Lo notable es que tanto el Secretario de Hacienda como el presidente de la República, en la reciente entrega de premios de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, no parecen tener dudas (13.04.2015). Videgaray anotó que: “El gasto ya pasó del 0.43 por ciento en 2012, al 0.54 por ciento del PIB (en 2014), destacando que el 65 por ciento de esta investigación la hace el sector público mexicano”.
 
A su vez, el ejecutivo federal estimó que el indicador del GIDE para este año podría alcanzar “e incluso pueda ser superior a 0.56 por ciento (del PIB)” y estar en condiciones de cumplir la meta fijada por su administración.
 
Las cifras de los funcionarios, tanto sobre nivel de gasto como de participación del sector privado, están por debajo de las estimaciones de crecimiento proyectadas en el propio Peciti y el panorama dista de ser alentador. Lo grave es que, salvo los datos de los informes de gobierno, desde el 2012 Conacyt no actualiza sus estadísticas periódicas. Difícil, muy difícil tener certeza sobre la información.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 603. Abril 16, 2015, p.5)
 

viernes, 10 de abril de 2015

CyT: Las entidades federativas
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
Desde los años noventa, muy poco a poco, aunque de forma sostenida, comenzó a tomar forma el movimiento descentralizador de la actividad científica y tecnológica en México. Hasta antes de los años noventa, solamente Puebla, Querétaro y Tamaulipas contaban con un equivalente de Conacyt a nivel estatal.
 
Actualmente, todos los estados tienen una norma y un organismo encargado de regular la actividad del sector. A semejanza de Conacyt, la mayoría de consejos están desectorizados, pero también los hay dependientes de Educación y otros de Economía.
Fuente: Exposicionesvirtuales.com
La estructura y la regulación para el sector en las entidades federativas es un avance, pero apenas se trata de la base mínima. Una buena cantidad de estados carece de un programa sectorial para conducir de forma efectiva su sistema de ciencia y tecnología, otros sí cuentan con él, pero se ubica más bien en el terreno de las buenas intenciones, más que en las rutinas de los marcos institucionales.
 
La ley para el fomento de la ciencia y la tecnología (LFCyT) de 1999 fue el giro más relevante hacia las entidades federativas. En esa ley quedaron diseñados los nuevos instrumentos que se encargarían de reorientar la actividad científica y tecnológica en el sistema nacional.
 
Fuente: foroconsultivo.com
En el cuerpo de la ley, particularmente en los casi veinte principios orientadores, se estableció que los apoyos que anteriormente se otorgaban prácticamente sin condición ninguna, ahora estarían sujetos a una evaluación de los resultados y procedimientos competitivos que permitirían incentivar la actividad.
 
Además, se indicaba que los instrumentos que proponía promoverían la descentralización, la procuración concurrente de apoyo de recursos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, así como inversiones crecientes del sector privado a través de incentivos fiscales.
 
El instrumento más importante fue el de los recursos financieros, porque permitió la institucionalización de los fondos competitivos. En la ley quedaron anotados los siguientes fondos: los institucionales, los sectoriales, los mixtos y los internacionales. En especial, en el esquema de la ley, los fondos mixtos alentarían la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, dado que preveían la firma de convenios bajo demanda con los gobiernos estatales y municipales.
 
En realidad, como generalmente ocurre, una cosa es lo que dice la norma y otra lo que se lleva a efecto. Las primeras convocatorias de los fondos sectoriales y mixtos tuvieron sus dificultades para ponerse en marcha. De hecho, fue hasta la siguiente reforma de la ley, en el 2002, cuando lograron cierta sistematización. Sin embargo, todavía hoy, las evaluaciones de los fondos mixtos arrojan resultados controvertidos sobre su funcionamiento.
 
Fuente: e-tlaxcala.mx
El otro instrumento que también le dio impulso a la descentralización fue la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (posteriormente se le añadió el término Innovación), creada con la reforma a la ley del sector en el 2002. La principal función de la Conferencia sería servir de contacto entre los titulares de los organismos estatales y a las autoridades de Conacyt para acordar lineamientos y medidas comunes.
 
A pesar de cierta irregularidad en su funcionamiento, porque al comienzo dependió de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el organismo fue un acicate para la creación de los consejos estatales y la promulgación de las respectivas leyes.
 
Actualmente, el movimiento descentralizador sigue corriendo bajo los rieles de los instrumentos ya mencionados. En ocasiones espoleado con la creación de algún centro de investigación, la localización de las Cátedras para Jóvenes Investigadores o la elaboración de Agendas Estatales y Regionales. Estas palancas para la movilización, sin embargo, funcionan en una escala muy pequeña.
 
A la par de la preocupación por el funcionamiento de los consejos estatales de ciencia y tecnología y de los principales atributos de los respectivos sistemas estatales, también se ha logrado compilar información relevante mínima sobre las entidades federativas. En el breve y accidentado camino de la descentralización es lo menos que se puede pedir. Sin embargo, ni en ese terreno podemos tener plena certeza. Pongamos por caso lo que recientemente se dio a conocer: funcionarios de la anterior administración del gobierno tabasqueño inflaron el número de certificados entregados para abatir el rezago educativo, sobre todo con la finalidad de recibir más recursos federales, pero también de sustraerlos discrecionalmente. Así, ni cómo.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 602. Abril 9, 2015, p.5)