jueves, 27 de febrero de 2014


La certidumbre de las plazas: crear, repatriar y retener

 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES

Una cierta seguridad sobre la promesa de alcanzar el uno por ciento del PIB en la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico puede hacer maravillas o casi. El dinero no lo es todo, pero sin duda facilita algunas cosas.

Por lo pronto, en el sector, los recursos son el lubricante que permite poner en marcha algunas de las principales iniciativas, como la creación de nuevas plazas o el relanzamiento de repatriaciones y retenciones. Y sí, es muy diferente planear con una certeza mínima de recursos, en lugar de hacerlo en franca incertidumbre.

El incremento presupuestal en el ramo 38 de este año y del anterior ha sido tomado como prueba de que se cumplirá, gradual y paulatinamente, la meta de inversión en el sector. A su vez, aunque todavía no se conoce el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), el incremento de recursos ha permitido proyectar diversos programas.

Por ejemplo, como lo comentamos aquí la semana pasada, una vez autorizados los recursos, acordadas las condiciones y resuelto el marco normativo, se abrió la opción de nuevas plazas para investigación. Es el programa denominado “Cátedras Conacyt para Jóvenes Investigadores” .

Los recursos fueron autorizados especialmente para la creación de plazas en este año y por ahora solamente se incluirán 574 nuevos espacios laborales en instituciones públicas. Sin embargo, los contratos que firmarán los jóvenes con el Conacyt serán por diez años y con posibilidades de renovación, así que por lo menos ese será su horizonte de incremento.

Además, dado el volumen de egreso anual de doctores y su expectativa de crecimiento (la matrícula de este nivel se multiplicó por un factor de siete en la última década), está la posibilidad de escalar el programa y expandirlo a otros sectores institucionales. Obviamente, tendría que haber una mayor disposición y certeza sobre los recursos financieros.

Otro programa más, cuyo motor esencial es el de los recursos financieros, es el relanzamiento que hizo Conacyt esta misma semana de Consolidación de Grupos de Investigación. No es una novedad, el programa tiene una década de estar en marcha, pero ha sido sumamente irregular, principalmente porque ha dependido de la disponibilidad y autorización de presupuesto.

El programa de Consolidación incorporó varios subprogramas de distintas épocas que funcionaban de manera independiente con diferentes fondos. Por ejemplo, estaba el fondo de “Cátedras Patrimoniales de Excelencia”, un programa de incentivo complementario a profesores e investigadores distinguidos que funcionó durante los años noventa.

También estaba el fondo para Retener en México y Repatriar a Investigadores Mexicanos, el primero para apoyar a jóvenes recién doctorados para que concluyeran su tesis doctoral y/o se incorporaran a una institución diferente a la que cursaron sus estudios. El segundo, como su nombre lo indica, para facilitar la integración a instituciones nacionales de un investigador mexicano residente en el extranjero. En ambos casos, Conacyt se hacia cargo del apoyo durante un año y luego los asumía la institución receptora.

Según las cifras oficiales, a través de los fondos mencionados en el periodo 1995-2000, se otorgaron alrededor de 1,500 Cátedras y se repatriaron 1,300 investigadores. Sin embargo, las cifras no son muy precisas, dado que en algunos años, la renovación de apoyos se consideraron como nuevos casos.

Al comienzo de los años 2000 desaparecieron las Cátedras, fusionaron otros programas y se creó lo que se denominó Consolidación de Grupos de Investigación, el cual incluyó a) Repatriación de Investigadores Mexicanos; b) Retención de Investigadores mexicanos; c) Profesores Visitantes Mexicanos, c) Descentralización de Investigadores Mexicanos y d) Estancias Posdoctorales de Investigadores Mexicanos. Un énfasis, como se podrá advertir, en apoyar a investigadores nacionales. Sin embargo, a lo largo de la década los números del programa fueron sumamente modestos.

Ahora, con un horizonte promisorio de recursos financieros, vuelve el programa, particularmente la convocatoria para retenciones y repatriaciones, así como para estancias posdoctorales en el extranjero.

Los trámites prometen ser expeditos y se establecen dos periodos de la convocatoria en este año, así que los números deberán reflejarse muy pronto. Si todo depende de la promesa de los recursos para las certezas, esperemos su pleno cumplimiento. ¿O una pronta resignación?

Posdata: En verdad, imperdibles las citas sin nombre.
 

(Publicado en Campus Milenio No. 549. Febrero 27,  2014, p.4)

jueves, 20 de febrero de 2014

Los comisionados del Conacyt: nuevas plazas, otras reglas

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES

Ahora empieza lo que podría ser una oportunidad para los jóvenes recientemente doctorados y también lo que podría ser un cambio profundo en el esquema de relación laboral en el terreno académico.

La iniciativa de creación de nuevas plazas para investigación estaba perfilada desde noviembre del año pasado, precisamente cuando los diputados autorizaron 550 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año (CampusMilenio No. 536).

Hoy, el alcance, la proporción y los plazos del programa están relativamente claros. El pasado 12 de febrero, los principales funcionarios del sector, especificaron las bases y los lineamientos de las nuevas plazas de investigación, denominadas “Cátedras Conacyt para Jóvenes Investigadores”.

En principio no será el medio millar de plazas que se había anunciado, serán exactamente 574 nuevas plazas y a más tardar estarán en funcionameinto en agosto próximo. El número está en función de los recursos autorizados, dado que para cada plaza se prevé un sueldo mensual de 37 mil pesos y un apoyo para infraestructura, por unica vez, de hasta 500 mil pesos. La suma es de 542 millones de pesos al año; cifra casi equivalente a la autorizada.

Las plazas tienen una doble condición. Por un lado, instituciones públicas de educación superior, centros públicos de investigación e institutos nacionales de salud –las eventuales instituciones beneficiarias--, deben presentar un proyecto a Conacyt para incorporar uno (cátedra individual) o entre tres y cinco jóvenes investigadores (cátedra grupal).

Por otro lado, los candidatos a ocupar la plaza, deben inscribirse al Padrón de Jóvenes Investigadores del Conacyt, con el propósito de que sean elegibles para ocupar la cátedra. Tienen que cumplir tres requisitos básicos de elegibilidad: ser mexicanos o extranjeros residentes legales en el país; tener hasta 40 años los hombres y 43 las mujeres al 31 de diciembre de este año; y, muy importante, poseer un doctorado, especialidad equivalente o de preferencia un posdoctorado.

Tanto el proyecto de las instituciones como la postulación de los jóvenes en el Padrón, debe realizarse conforme siete temáticas enlistadas y la selección de retos identificados en cada una. Las temáticas son: 1) Ambiente; 2) Conocimiento del universo; 3) Desarrollo sustentable; 4) Desarrollo tecnológico; 5) Energía; 6) Salud y 7) Sociedad. Cada una tiene entre tres y ocho retos. Por ejemplo, el de Sociedad incluye como reto “el combate a la pobreza”, la “comunicación pública de la ciencia” o “seguridad ciudadana”, entre otros.

Debe notarse que las siete temáticas coinciden solo parcialmente con las anunciadas en diciembre pasado sobre los siete proyectos macro estratégicos que debían ser clave en este sexenio. Entonces, las prioridades que se atenderán en el periodo ya se modificaron, o bien, todavía están en fase de definición.

La selección de temas es un asunto relevante porque será un comité de Conacyt el que decida qué instituciones y qué candidatos ocuparán las plazas. Los lineamientos establecen ciertos criterios de equidad. Por ejemplo, en igualdad de condiciones favorecerán entidades federativas con menores capacidades, pero ninguna debe concentrar más del 10 por ciento del total de cátedras aprobadas. Tampoco habrá instituciones con más de tres cátedras grupales y se dará preferencia a candidatos que se hayan formado en instituciones diferentes a la solicitante.

Pero quizás el asunto más inquietante es que quienes ocuparán las nuevas plazas recibirán el nombramiento de “personal académico del Conacyt” y “serán comisionados a la institución de adscripción”, regidos por el estatuto de personal académico del propio Conacyt, “mientras que las prestaciones laborales, estarán reguladas por las prestaciones que registre la SHCP a tal fin” (artículo 24 de los lineamientos).

El manejo de la plazas no es un asunto de capacidad administrativa y seguramente tampoco será provisional. Como ha ocurrido con otros programas, el de becas desde hace 40 años y el Sistema Nacional de Investigadores desde hace 30 años, podemos estar en el inicio de un cambio profundo en el mercado académico.

La cuestión es que ahora se abre una nueva modalidad de relación laboral en las plazas académicas. El programa estará en fase piloto, con un volumen relativamente modesto, pero la idea es que permanezca (la comisión de la cátedra será por 10 años y podrá renovarse las veces que sea necesario) y se expanda a otras instituciones.

El tema clave serán los recursos financieros, la experiencia internacional de otros organismos similares y las líneas del programa especial. Ya lo veremos.


(Publicado en Campus Milenio No. 548. Febrero 20,  2014, p.4)

jueves, 13 de febrero de 2014


Modelo educativo: los medios de las iniciativas del gobierno federal

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
 
El inicio de la reciente consulta para revisar el modelo educativo ha provocado reacciones encontradas. Unos piensan que se trata de un déjà vu, por lo cual no tiene sentido esperar que salga nada nuevo de algo que ya se ha ensayado. En otro extremo están los convencidos de la ventana de oportunidad que se abre, la importancia de aprovecharla y cambiar la educación que hoy nos tiene insatisfechos. Otros más, tal vez una inquietante mayoría, simplemente permanece indiferente.

Por ahora, la dimensión que podría alcanzar la consulta parece insondable, pero la medida suena fuerte. Nada menos: revisar el modelo del sistema educativo mexicano. Es decir, cambiar el punto de referencia, las bases, el esquema o proyecto del proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación básica, media y normal. No es uno u otro componente. Ahora es todo; el modelo incluye prácticamente todo.

 Al terminar el proceso consulta, y con las conclusiones en papel, otra será la historia. Podremos tener una perspectiva más clara del desarrollo y utilidad de la consulta. Sin embargo, por lo pronto, vale la pena notar cierto cambio en los mecanismos que utiliza el gobierno federal para impulsar sus iniciativas.

 La consulta no es un proceso novedoso. Al inicio de los años ochenta, cuando el tema del desarrollo parecía un mero asunto de programas y planificar los detalles, quedó instaurado el sistema de planeación democrática. Desde entonces, en el tercer párrafo del artículo 26 constitucional quedó consignada la facultad del ejecutivo federal para establecer procedimientos de participación y consulta popular.

 Tampoco es una novedad la participación de expertos en mecanismos de consulta, tanto en foros abiertos como en espacios cerrados de elaboración de políticas. El Conalte a mediados del siglo pasado es un ejemplo. El tema es inveterado y tiene muchos ángulos, pero en el pasado reciente, desde los años noventa, apareció con mayor vigor. El antecedente más formal quedó expresado en la instalación del Consejo Consultivo de Ciencias mediante acuerdo presidencial en 1989. El organismo persiste, aunque su relevancia se agotó junto con el sexenio en el que fue creado.

Luego, con el proceso de descentralización y la promulgación de una nueva legislación educativa en 1993, la apertura del sistema educativo continuó y el tema de la participación social mereció un capítulo en la ley. Ahí se estableció la creación de una voluminosa estructura de Consejos de Participación Social que iría de cada escuela al municipio correspondiente, luego a la entidad federativa y después a un gran Consejo a nivel nacional. Después de dos décadas, la cadena prevista de participación social simplemente no ha funcionado. El mecanismo queda descartado para la revisión del modelo educativo.

Los años 2000 trajeron la novedad de la alternancia y el involucramiento de numerosas personas expertas. Por ejemplo, en el documento de “Bases para el programa sectorial” participaron más de tres centenares de personas, aunque una docena coordinó el trabajo.

Pero quizás lo más sobresaliente del periodo fue la creación de tres diferentes organismos intermedios entre el gobierno federal y las escuelas: el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el mismo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Consejo de Especialistas para la Educación. El primero está en funciones, pero imposible que se pudiera hacer cargo de revisar el modelo educativo; el segundo, ahora autónomo, tiene suficiente con las responsabilidades asignadas y el tercero, otra vez, simplemente ya es inexistente.

En el actual periodo, las autoridades federales, aparte de los mecanismos ya conocidos de participación y el funcionamiento de los organismos intermedios, más bien han optado por privilegiar la interlocución, presión y negociación directa con los jugadores centrales o con poder de veto en todos los sectores. Así fue con las tres principales fuerzas políticas para la firma del Pacto por México, la defenestración de la lideresa sindical del SNTE o la aprobación de las reformas constitucionales.

En el terreno educativo, el Congreso no solamente aprobó con celeridad la reforma constitucional y las leyes secundarias, el Senado quedó como responsable del nombramiento de la junta de gobierno del INEE. Incluso, según dijo el mismo secretario, las ternas de candidatos que presentó, fueron el resultado de una consulta a alrededor de 400 investigadores educativos y estos últimos mencionaron a cerca de 10 mil candidatos.

Ahora, para una tarea que se advierte todavía más complicada, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, instaló un Consejo Asesor. El comunicado de la SEP dice que son: “15 expertos en educación, quienes por su calidad académica participan a título personal y sin remuneración alguna; sus miembros tendrán facultades para elaborar las conclusiones de la Consulta con base en las ponencias recibidas” (Comunicado 021). Otro medio. Muy interesantes serán esas conclusiones. ¿O no?

 
(Publicado en Campus Milenio No. 547. Febrero 13,  2014, p.4)

jueves, 6 de febrero de 2014

La descentralización de la actividad científica y tecnológica

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES

El esfuerzo del Estado mexicano por impulsar el desarrollo científico y tecnológico en las entidades federativas, especialmente en las tres últimas décadas, ha sido gradual, pero todavía con resultados insuficientes. Persiste una tendencia geográfica e institucional que concentra las capacidades en las regiones más desarrolladas del país.

Una de las tareas de Conacyt, prácticamente desde que se creó al comienzo de los años setenta, fue la de articular, promover y apoyar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Sin embargo, no ha sido sencillo el fomento en el conjunto de los estados.

A mediados de los años ochenta, con las iniciativas que se llevaron a efecto de reforma del Estado, la descentralización recibió una atención especial, lo mismo que la desregulación y la transferencia de actividades al sector privado. A principios de los años noventa se integró el sistema de centros públicos de investigación y se impulsaron los sistemas regionales de investigación, con la idea de alentar la descentralización. Pero el avance era incipiente.

En 1994, cuando el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cumplía su primera década de existencia, las instituciones académicas del Distrito Federal concentraban poco más de la mitad del total de miembros del SNI y la proporción llegaba a 67 por ciento si se añadían los establecimientos de los estados de México y Morelos. De hecho, solamente la UNAM concentraba una tercera parte de los integrantes del SNI, casi una cuarta parte de las becas nacionales y captaba la mayor proporción del gasto en investigación y desarrollo experimental.

Hace dos décadas, solamente cinco entidades federativas contaban con un consejo estatal de ciencia, un equivalente al papel que desempeña el Conacyt a nivel federal: Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas y Campeche. Desde el 2011, todas los estados ya cuentan con su respectivo consejo, aunque no todos tienen un programa sectorial ni un respaldo normativo y, aquellos que sí lo tienen no han realizado el mismo esfuerzo por desarrollar las actividades científicas y tecnológicas.

Actualmente, tras décadas de esfuerzo, establecimiento de bases normativas (las reformas a la ley con el capítulo sobre “coordinación y descentralización”) y fomento a las actividades científicas y tecnológicas (principalmente con el establecimiento de los llamados Fondos Mixtos hace una década y la Red), los indicadores se han modificado y seguramente en el mediano plazo lo harán todavía más. Pero persiste la concentración institucional y regional.

Al final del 2011, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) presentó lo que llamó: “Ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación. Ranking de la producción científica”. Un intento por ordenar y clasificar a las entidades federativas conforme su desarrollo en la materia. En ese entonces, en este mismo espacio, señalamos que no era lo más afortunado ni apropiado, a la vista de las asimetrías y normas, llamarle ranking al trabajo que realizaba el Foro (Campus Milenio No. 454)

En aquel ordenamiento, no parecía ninguna novedad que las entidades con las mejores posiciones fueran las de más alto desarrollo (Distrito Federal; Nuevo León; Morelos; y Jalisco). Tampoco que en la posición opuesta estuvieran las más vulnerables (Tabasco; Chiapas; Oaxaca; y Guerrero).

Hoy, tras dos años, el FCCyT presenta nuevamente su ranking de entidades federativas: “Ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación. Capacidades y oportunidades de los sistemas estatales de CTI”. Según se advierte, a diferencia del anterior, el actual documento tiene dos novedades. Una, participaron en la elaboración dos nuevos actores: el Conacyt y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales Ciencia y Tecnología (Rednacecyt). Esto es, tal parece que se están aproximando más los diferentes organismos del sector.

La otra novedad es que, en términos metodológicos, incorpora el cálculo de los ponderadores por medio de componentes principales y una medida de agrupamiento de las entidades federativas. El asunto es que, por la misma razón y como lo explica el documento, la metodología no es comparable con los resultados del estudio anterior y apenas ahora podría iniciar la serie histórica.

Lo sorprendente es que tanto desde hace décadas, como en el ranking del 2011 y en el actual, aparecen casi las mismas entidades en las posiciones extremas. ¿O es lo esperable? El actual titular del Conacyt ha dicho que impulsará una política diferenciada (a través de los fondos mixtos) para las entidades federativas. Pero no. No será suficiente persistir con la misma medida para avanzar significativamente en la descentralización.


(Publicado en Campus Milenio No. 546. Febrero 6,  2014, p.4)

jueves, 30 de enero de 2014


La norma del SNI en las instituciones particulares: ¿incremento al GIDE?

 
Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES


El titular del Conacyt, Enrique Cabrero, anunció la firma de un convenio con instituciones particulares de educación superior, mediante el cual el organismo asumirá la responsabilidad de otorgar los incentivos económicos al personal de instituciones particulares que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (Comunicado 02/14).

 En realidad, Conacyt ya reconocía a investigadores de instituciones particulares desde marzo de1988, pero no les otorgaba los estímulos económicos. En ese entonces, se reformó el Acuerdo de creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), para abrirlo a los investigadores del sector privado, porque desde su creación, el Sistema solamente había sido diseñado y pensado para el sector público.

La reforma agregó una fracción II al artículo 2 del Acuerdo para permitir que “los investigadores de las instituciones de educación superior y de investigación del sector privado”, con las modalidades y convenios correspondientes pudieran ingresar al SNI y sujetarse a las mismas bases y normas (Diario Oficial de la Federación. 24.03.1988).

En aquellos años, casi el final de la década perdida y también de la presidencia de Miguel de la Madrid, pero todavía con las huellas de las crisis recurrentes y la estrechez de los recursos financieros, fue la primera vez que se cuestionó la participación de investigadores del sector privado en el SNI.

Sin embargo, seguramente en previsión del contexto y de los recursos escasos, un párrafo en la misma fracción II de aquella reforma, precisaba que las instituciones y organismos particulares: “deberán proporcionar los recursos económicos para financiar el desarrollo de las investigaciones que realicen sus investigadores y la entrega de estímulos económicos a los mismos”.

Al menos durante la siguiente década (1988-1999), el Acuerdo Presidencial sobre el SNI conservó el mismo párrafo que obligaba a las instituciones particulares a aportar los recursos para su personal de investigación. Solamente recibían, por parte de Conacyt, la distinción de Investigadores Nacionales. La reforma al Acuerdo de abril de 1999 dejó vigente el párrafo.

No obstante, tal parece que al final de la década pasada el asunto cambió sin que se modificara el Acuerdo de creación: no cambió el Acuerdo, solamente el reglamento. Según indica el propio Conacyt, el organismo desde el 2008 aceptó contribuir con el 30 por ciento del incentivo económico que se otorga a los investigadores de instituciones particulares, aunque el convenio no se conoció públicamente.

 Ahora, Enrique Cabrero precisó que el organismo, a través de otro convenio, aportará el 100 por ciento de los estímulos económicos para el personal perteneciente al SNI de las instituciones. Pero ¿de qué volumen estamos hablando?

 Las cifras oficiales estimadas para el 2013 calculan que el total de miembros del SNI suman 19 mil 769 integrantes. De ese total, laboran en instituciones particulares 634 investigadores. Es decir el 3.2 por ciento del total. Una cifra relativamente pequeña.

 El presupuesto que tiene autorizado Conacyt (el ramo 38) es de 31 mil 100 millones de pesos (mmdp) para este año. Del presupuesto total, tiene proyectado gastar 3,722 mmdp en el sostenimiento del SNI. Es decir, alrededor del 12 por ciento del total de sus recursos centrales.

En una cálculo muy simple, la aportación de Conacyt a las instituciones particulares, en el arreglo anterior del 30 por ciento, era de alrededor de 36 millones de pesos. Ahora, con el nuevo convenio, el volumen será de aproximadamente 120 millones de pesos. Una cantidad más o menos modesta.

Sin embargo, como lo hemos reiterado en diferentes oportunidades, la actual administración se ha propuesto alcanzar el uno por ciento del PIB en gasto para investigación y desarrollo experimental (GIDE) en el 2018, lo cual implicará más que duplicar el volumen actual en ese rubro.

Desde la estrategia programática del actual Presupuesto de Egresos de la Federación, en el gasto para ciencia y tecnología (ramo 38), se planteó que Conacyt reorganizaría su gasto para impactar el indicador del GIDE y destinaría alrededor del 70 por ciento del gasto de su ramo para ello.

 Entonces, tal parece que el nuevo arreglo sobre el SNI se inscribe en un doble movimiento: un ajuste más a la formalización del desplazamiento público-privado del sector y encaminarse a la meta del GIDE, sobre todo porque como parte del convenio, las instituciones particulares se comprometieron a destinar una cantidad equivalente a la recibida para desarrollar investigación en sus instalaciones.

 (Publicado en Campus Milenio No. 545. Enero 30,  2014, p.4)

jueves, 23 de enero de 2014


El aniversario del Foro

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

La coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Gabriela Dutrénit, en un amplio y concurrido encuentro, encabezó la presentación del informe de actividades del año pasado, algunas líneas de acción para éste y un libro conmemorativo.

Tal vez el conjunto de intervenciones en el encuentro, más de una docena, durante casi tres horas, sea una elocuente muestra, aunque incompleta, pequeña y acotada, de la diversidad de sectores y voces del sistema científico y tecnológico. También quizás ese sea el principal reto del FCCyT: cómo aglutinar y representar a la comunidad científica y qué tipo de interlocución sostener con la administración pública.

 La reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 incluyó cambios importantes al conjunto de instituciones que integran el sistema. Uno de ellos fue la creación del FCCyT, el cual sustituyó al Foro Permanente de Ciencia y Tecnología. Este último se planteó, por primera vez, como un “órgano autónomo de consulta del Poder ejecutivo” y solamente estuvo vigente entre el 2000 y el 2002.   

 El FCCyT, según establecen sus estatutos, está constituido como asociación civil desde el 2003. En la entonces nueva Ley de Ciencia y Tecnología del 2002, en el artículo 36 del capítulo de “participación”, quedó definido como “órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt”. Es decir, respecto del órgano que sustituyó, amplió las fuentes de consulta y el tipo de interlocución.

 Actualmente, como consta en la norma, su principal objeto es “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas”. Esto es, un órgano de elaboración de propuestas, necesariamente diversas y plurales.

 El Foro se integra formalmente por una mesa directiva de 20 personas: 17 miembros permanentes, titulares o representantes de instituciones científicas, empresariales y educativas; y tres miembros designados del Sistema Nacional de Investigadores de tres diferentes áreas del conocimiento. Los propios integrantes de la mesa directiva designan quien preside la coordinación general del Foro y, Conacyt, según dice la ley, debe otorgar los apoyo y recursos para el funcionamiento del Foro (artículo 38).

 La norma estipula que la presidencia del Foro debe renovarse cada dos años y los estatutos del organismo, modificados en el 2010, precisan que la coordinación general, al término de su primer periodo puede reelegirse para un segundo periodo por mayoría simple. De hecho, salvo el primer titular que solamente estuvo dos años en el cargo, los dos subsecuentes, Luis Fernández Zayas y Juan Pedro Laclette, lo hicieron por cuatro años. El periodo de la actual coordinadora inició en junio de 2012.

 Al Foro se le reservan media docena de funciones básicas y relevantes. Por ejemplo, algunas de las más sobresalientes son: proponer y opinar sobre las políticas nacionales, los programas sectoriales y especiales; también sugerir áreas y acciones prioritarias y de gasto. O bien, “opinar y valorar la eficacia y el impacto del programa especial y los programas anuales prioritarios”.

 Por la misma razón, los principales productos del Foro en estos casi 12 años de existencia han sido múltiples y muy variados documentos de propuestas, diagnósticos y cifras sobre el sistema científico y tecnológico, lo mismo que reuniones, convenios y declaraciones. Pero ¿qué tanto ha logrado expresar la diversidad de opiniones y qué tanta responsabilidad e influencia se le puede atribuir en la dirección de las políticas sectoriales?

 Difícil establecer una relación simple de causa y efecto, tanto por la organización y  funcionamiento del sistema científico y tecnológico como por la dinámica de la administración pública. Ciertamente, es innegable la participación del organismo en las instancias de decisión, su condición de interlocutor y su insistencia en algunas propuestas de política pública. Por ejemplo, su intervención en las reformas a la ley sectorial, la idea de crear una secretaría de Estado para atender los asuntos correspondientes o su demanda permanente de cumplir lo que dice la ley en materia de financiamiento.

 En el reciente informe se presentaron los principales resultados de media docena de documentos que contienen propuestas para el diseño del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación para los próximos 25 años. ¿Cuántas y cómo se convertirán en líneas estratégicas o acciones de esta administración? Pronto lo averiguaremos; también la influencia y responsabilidad.

 (Publicado en Campus Milenio No. 544. Enero 23,  2014, p.4)

jueves, 16 de enero de 2014

CyT: 2014, la hora de la implementación y los resultados
 
Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

El primer año de la administración actual transcurrió entre la celebración de Pacto por México y la aprobación de las grandes reformas. Un primer paso, importante, grande, pero solamente fue el comienzo. Fue el momento de la política, los acuerdos, la disuasión, el diseño, la norma y la proyección. Ahora toca el turno de la puesta en marcha, de llevar las iniciativas a la realidad; es la hora de los ajustes con la rugosos marcos institucionales y la recepción de las medidas.

En el campo de la ciencia y la tecnología, a diferencia del educativo y otros, no hubo una reforma constitucional ni un cambio normativo mayor. Y seguramente, con excepción de una eventual reforma al Sistema Nacional de Investigadores, no habrá grandes cambios a la norma en este periodo. Sin embargo, el tema sí formó parte de los acuerdos y del Pacto.

El gasto para IDE

Al inicio del actual gobierno, uno de los compromisos del Pacto por México fue precisamente el financiamiento para la ciencia y la tecnología. En el documento suscrito por el gobierno y las principales fuerzas políticas quedó asentado como el compromiso número 46: “Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB. El incremento presupuestal iniciará en el presupuesto 2013. Complementariamente, se incentivará la participación intensa de los sectores productivos en la investigación científica”.

En efecto, el presupuesto del 2013 inició con un incremento para la actividad científica y tecnológica, con una redistribución del presupuesto en el ramo 38, no del volumen que se había presumido, pero incremento al fin (alrededor de 7 mil millones de pesos). El presupuesto para este año también incluyó un incremento relativamente similar al del año anterior, así que probablemente para los próximos años, si la economía y el tema de la seguridad nacional no dicen otra cosa, veremos incrementos similares para la actividad científica y tecnológica.

Las cifras oficiales del 2011, las más recientes disponibles, indican que, en términos corrientes, el gasto nacional para ciencia y tecnología es del orden de 112 mil millones de pesos (mmdp). Recuérdese que el gasto nacional se integra por el sector público (federal y estatal) y sector privado (sector productivo, sector externo y familias). Del total del gasto nacional, alrededor de 58 mmdp, (52 por ciento) es aportación del sector público y la parte restante del sector privado.

A su vez, del total del gasto nacional de ciencia y tecnología, casi 66 mil millones de pesos (59 por ciento) son de Gasto para Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), otros 25 mmdp son para educación de posgrado (23 por ciento) y otros 20 mmdp para servicios científicos y tecnológicos (18 por ciento).

La distribución y los montos del presupuesto es importante porque el compromiso establecido en el Pacto por México, lo que está planteado como objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y también en el actual programa sectorial de educación se refieren al GIDE, no al Gasto Nacional.

Actualmente, los casi 66 mmdp de GIDE se integran por un 60 por ciento de participación de gasto público (alrededor de 39 mil mmdp) y un 40 por ciento de gasto privado (alrededor de 26 mmdp). A su vez, el monto total del GIDE representa alrededor del 0.43 por ciento del PIB. Es decir, para llevar a efecto lo que se planteó como compromiso el actual gobierno en materia de inversión, se deberá más que duplicar el volumen actual.

Si el PIB se mantiene en su volumen actual, el gasto del sector público se debería incrementar más o menos en unos 10 mmdp en cada uno de los próximos cuatro años. Al mismo tiempo, la participación del sector privado tendría que sostenerse e incrementarse anualmente en alrededor 6 o 7 mmdp.

Las cifras no parecen imposibles de alcanzar, pero en el diseño del presupuesto de este año veremos si el esfuerzo se sostiene o no. También, con la difusión de los resultados completos de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo de Tecnología (ESIDET) del 2012, la de este año y las subsecuentes, podremos valorar la participación  del sector privado.

Nuevas plazas de investigador

El presupuesto autorizado para este año, incluye un monto para la creación de plazas de investigador. A pesar de las disposiciones de austeridad y control de gasto, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año hizo una salvedad en su fracción primera de su artículo 16: “Para el caso de las plazas de investigadores y personal técnico de investigación que se creen a partir de los recursos que tenga aprobados el Ramo 38 para este fin, éstas se concursarán bajo los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El personal contratado en términos del párrafo anterior podrá prestar servicios de investigación y docencia en las instituciones educativas y de investigación, según se determine en los lineamientos referidos y en las disposiciones jurídicas aplicables, manteniendo la relación laboral con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”.

 En el anexo correspondiente del PEF quedó aprobado un monto de 550 millones de pesos para nuevas plazas de investigación. Todavía no se conocen las disposiciones de la junta de gobierno de Conacyt, pero lo que parece claro es que no se trata de posiciones laborales con características similares a las que están actualmente en operación en los centros y universidades públicas.

 Después de aprobado el PEF, el director de Conacyt precisó algunos de los rasgos de lo que serán las nuevas plazas. Dijo, por ejemplo, que se trata de 500 Cátedras para Jóvenes investigadores, las cuales serán de tiempo completo en un centro de investigación o universidad. Los aspirantes deberán contar con estudios de doctorado, ser propuestos por una institución académica, con una edad máxima de 40 años en el caso de los hombres y de 43 en las mujeres.

 Esta será una iniciativa que deberá ser puesta en marcha en este año, toda vez que los recursos ya están aprobados y de que el mismo director de Conacyt, Enrique Cabrero, anunció que en este mes saldría la convocatoria. Al parecer será un programa con diferentes etapas, en esta primera solamente participarán los centros de investigación y las universidades públicas, así que tal vez posteriormente se haga extensivo a las instituciones particulares.

Uno de los aspectos que hacen la diferencia de las nuevas plazas, respecto de las que ahora están en operación las instituciones académicas, es que las primeras serán controladas directamente por Conacyt, quien fungirá como responsable laboral y las plazas tendrán su propio sistema de ahorro y retiro dentro de los centros de investigación y universidades. No obstante, también se prevé que una vez firmados los respectivos convenios con las instituciones académicas para que ofrezcan los espacios necesarios y transcurridos entre cinco y siete años, las instituciones académicas podrán contratar a los investigadores ya consolidados.

 Las estimaciones actuales señalan que en las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, así como en centros de investigación y en el sector empresarial, se desempeñan alrededor de 48 mil personas con nivel de posgrado (Anexo del Primer Informe de Gobierno de EPN, p. 256). Al mismo tiempo, el total de investigadores nacionales sumaban el año pasado 19 mil 747 personas. Si el programa de nuevas plazas se sostiene y se expande, al menos bianualmente, sí podría tener un impacto relevante en el número de investigadores en el país. Por lo pronto, esperemos la hora de la implementación, con la emisión de la convocatoria, los lineamientos de la junta de gobiernos y la firma de convenios con las instituciones académicas.

Por otra parte, en julio de este año se cumplen 30 años del decreto de creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Aunque el Sistema ha tenido modificaciones importantes a lo largo de sus tres décadas, principalmente en la organización de sus comisiones de evaluación, la inclusión de mecanismos de revisión y algunos de los componentes de evaluación, la estructura y funcionamiento del Sistema ha permanecido relativamente intacta.

Después del primer y único congreso de miembros del SNI realizado en 2010 que anunciaba una reforma profunda, no ocurrió ningún cambio. El asunto es controvertido y son muchos los detractores del Sistema, pero también o superiores sus apologistas. Ahora, por las declaraciones del director de Conacyt y del presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, tal parece que vuelve la idea de un cambio profundo. Es un tema que amerita un tratamiento especial, el cual retomaremos en las próximas semanas, por ahora solamente indiquemos que este año, y tal vez a partir de julio, será clave para una modificación importante del SNI.

Los problemas nacionales

Un último asunto que también entrará en su fase de implementación en este año es la atención a los grandes problemas nacionales. Por una parte, el director de Conacyt anunció que se emitirá la convocatoria de investigación correspondiente, similar a la que se emitió el año pasado, dirigida a tal tipo de problemas. Lo cual incluye temas como biotecnología, cambio climático, energía, salud, asentamientos humanos, educación, entre otros. Por otra parte, también está el programa dirigido a vincular la empresa y las instituciones de investigación, el cual pasó de 3 mil millones de pesos el año pasado a 4 mil millones para este año.

Además, también está previsto para este año la puesta en marcha de siete proyectos macro estratégicos: 1) alimentación; 2) salud; 3) manufactura avanzada; 4) energías renovables; 5) sustentabilidad y adaptación al cambio climático; 6) diseño, desarrollo y aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación y 7) políticas públicas para el desarrollo de México.

Se supone que tales proyectos serán definidos principalmente por los titulares de los Centros Públicos de Investigación y se desarrollarán a lo largo del actual sexenio, sobre todo con la idea de aportar soluciones a los grandes problemas nacionales. Al mismo tiempo, según anunció el titular de Conacyt, los macro proyectos estarán alienados con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Seguramente, tales proyectos también ingresarán en el plan de cooperación con países de la Unión Europea a través del Programa Horizonte 2020.

En fin, aunque el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 todavía no se conoce (está previsto para el próximo mes de abril), este 2014 marcará la hora del encuentro con la realidad y los primeros resultados. El programa sectorial seguramente no irá en sentido inverso. ¿O sí? Ya lo veremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 543. Enero 16,  2014, p.8)