El fin de la exclusividad. ¿Estudias, trabajas o... tienes beca Conacyt?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 742. Febrero 15, 2018. Pág. 5)

No es un asunto resuelto y podría llevarse su tiempo, pero es posible que la incompatibilidad entre recibir una beca de Conacyt y contar con un empleo sea cosa del pasado. La resolución está en manos de un tribunal colegiado, aunque independientemente de lo que pudiera ocurrir, el tema tiene diferentes aristas.

Todo comenzó, como lo informó una nota del periódico El Universal, con el recurso de amparo que promovió un estudiante de posgrado que perdió la beca otorgada por Conacyt por estar trabajando al mismo tiempo (09.02.2018). El organismo rector de la política científica y tecnológica consideró que el posgraduado estaba incumpliendo con el requisito de “dedicación exclusiva”. El estudiante, por su parte, argumentó que se estaba vulnerando su derecho a recibir educación.

No es la primera vez que le retiran la beca a un estudiante de posgrado por motivos laborales, aunque sí es la primera ocasión que se recurre al amparo y el asunto va a los tribunales. No está disponible el dato preciso, sin embargo, múltiples casos de suspensión del respaldo de Conacyt han trascendido públicamente. Unos porque las instituciones oficialmente reportan que los alumnos tienen un empleo y no se están dedicando exclusivamente a sus estudios; otros porque los propios tutores no les firman el informe de actividades a los jóvenes o incluso dan parte a Conacyt del incumplimiento. Los criterios y requisitos se han endurecido, especialmente cuando los recursos son escasos.

El tema es complicado por diferentes motivos. Jóvenes que tienen empleo y están en posibilidad de elegir entre estudiar o trabajar, renuncian al trabajo para optar por la beca que les permitirá cursar un posgrado. No obstante, por el grupo de edad, muchos de ellos tienen obligaciones familiares, ya viven en pareja, están por hacerlo o incluso por tomar una decisión sobre el embarazo. Al poco tiempo se percatan que los recursos de la beca son insuficientes, así que postergan todo o comienzan a buscar otros ingresos económicos. Al egresar, el panorama laboral puede no ser más alentador.

También están los jóvenes o no tan jóvenes que no tienen elección. Por las responsabilidades que han adquirido, cursar un posgrado no está en su horizonte de posibilidad o si se lo plantean, el monto de la beca, de inicio, es claramente insuficiente y no solamente deben trabajar sí o sí, deben hacer un mayor esfuerzo para pagarse ellos mismos la maestría o el doctorado.

Para otro grupo más, el respaldo descansa en mayor medida en su red familiar, que le brinda un apoyo amplio y sostenido. Este grupo puede cursar sus estudios con relativa tranquilidad y tener una trayectoria más o menos predecible, así que podrían postergar o no algunas decisiones y tener una beca con determinado monto puede no ser su principal problema.

Las estadísticas muestran que el número de jóvenes que únicamente se dedica a estudiar va disminuyendo conforme mayor es su edad y, a la inversa, la proporción crece de los que únicamente trabajan. Los que trabajan y estudian son minoría, alrededor del 8 por ciento de jóvenes entre 24 y 29 años. No existen cifras precisas sobre la proporción que podrían alcanzar los diferentes grupos de estudiantes de posgrado.

Sin embargo, la mayoría de jóvenes que alcanzan los niveles superiores de escolaridad provienen de los deciles de ingreso más altos, son privilegiados; pocos, muy pocos son los que provienen de los primeros deciles de ingreso. Todos enfrentarán el problema del empleo, pero no de la misma forma. Trabajar y contar con una beca tampoco significa lo mismo para todos. Por cierto, actualmente, el monto mensual de la beca para estudios de doctorado es de 13 mil 769 pesos, la de maestría es de 10 mil 327 y de especialidad de 9 mil 179.

El proyecto de amparo indicaba que lo importante era si el becario cumplía satisfactoriamente las expectativas de investigación y formación de Conacyt (con nivel y calidad), en tanto que era irrelevante si había desempeñado algún trabajo remunerado. Un razonamiento que parece muy sensato. Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que la Segunda Sala: “no emitió pronunciamiento alguno sobre la validez de los requisitos establecidos por Conacyt, sino que tal aspecto será analizado, en su momento, por el Tribunal Colegiado al que se devolvió el asunto” (Boletín 022/09.02.2018).

A propósito, el reglamento vigente de becas de Conacyt, en el capítulo sobre los derechos y obligaciones de las partes, en lo concerniente a los becarios (artículo 19) no incluye el requisito de “dedicación exclusiva” (Diario Oficial de la Federación 21.10.2009). Sin embargo, en la página electrónica del organismo sí se indica que, como compromiso adicional, el becario debe “dedicarse exclusivamente a los estudios para obtener el grado en el tiempo comprometido” y seguramente también figura en el convenio de asignación.

Todo indica que el trabajo se ve como impedimento para la formación, pero tal vez, como algunos autores lo han mostrado (Jordi Planas), puede ser que más bien ocurra lo contrario.

CNP. Habilidades y destrezas para la productividad

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 741. Febrero 8, 2018. Pág. 5)

La idea no sonaba mal. En noviembre del 2012, con la reforma a la ley federal del trabajo, todavía en el periodo de Felipe Calderón, se planteó la iniciativa de crear un Comité Nacional de Productividad (CNP). Un órgano consultivo y de asesoría para el ejecutivo federal en la materia, con la encomienda de contribuir a la elaboración de objetivos, estrategias y acciones. Recuérdese que Calderón se había autonombrado el presidente del empleo.

En mayo de 2013, cuando todavía no se había quebrado el horizonte de esta administración y estaba en ciernes la propuesta de una acción transversal para “democratizar la productividad”, el ejecutivo federal promulgó el decreto de creación del CNP (Diario Oficial de la Federación 17.05.2013). Ahí quedó especificado que se integraría por una veintena de miembros y presidido por el secretario de Hacienda. También formarían parte el director de Conacyt y los secretarios de Economía, Educación Pública y Trabajo y Previsión Social. Además habría representantes de: cinco de organizaciones empresariales; cinco de organizaciones sindicales; cuatro de instituciones de educación superior, uno de instituciones de educación media superior y uno de capacitación para el trabajo.

En el decreto se especificó que el CNP sesionaría por lo menos cuatro veces al año de forma ordinaria; sesiones extraordinarias habría tantas como las solicitara su presidente. También añadió la forma en que se organizaría, las funciones y responsabilidades de la secretaría ejecutiva y de los vocales. Sin embargo, no ha sesionado como estaba previsto ni sus logros han sido notables. (Por ejemplo, solamente quedó en anuncio y foto la creación del grupo “Generación de Talento”).

De hecho, en julio del 2016, el ejecutivo federal emitió un nuevo decreto para regular la organización y funcionamiento del Comité. En realidad, conservó las funciones y la periodicidad de las sesiones, pero añadió la posibilidad de que los integrantes titulares pudieran designar a sus respectivos suplentes, así como la participación del presidente de la República en calidad de presidente honorario del Comité. Tampoco funcionó de todo.

No obstante, una de las iniciativas del CNP fue solicitar un diagnóstico a la OCDE sobre “Estrategia de competencias, habilidades y destrezas”. El informe fue presentado hace un año (http://www.oecd.org/centrodemexico), en el documento se precisa que México enfrentará ocho desafíos. Por ejemplo, se indica que el primero de ellos es el mejoramiento del nivel de competencia de los estudiantes de educación obligatoria. Efectivamente, las evidencias muestran que más de la mitad de los estudiantes de educación básica tienen un desempeño académico deficiente y otra cantidad relativamente similar no completa el ciclo de educación secundaria.

Un segundo desafío es el incremento en el acceso a la educación superior y el mejoramiento de su calidad. Y sí, con tres de cada diez jóvenes en la aulas universitarias, México tiene una tasa baja de cobertura en este nivel educativo, no solamente respecto a los países pertenecientes a la OCDE, también en comparación con algunos países de la región latinoamericana.

Otros desafíos que menciona la organización de cooperación económica, en correspondencia con su naturaleza y fines, se refieren propiamente al desarrollo de competencias específicas. Plantea la eliminación de “barreras en el ámbito de la oferta y la demanda a fin de activar las competencias en el empleo formal”. O bien, promover las competencias en grupos vulnerables; el uso de competencias en el trabajo; el respaldo a la demanda de competencias de alta productividad a fin de impulsar la innovación; y mejorar el financiamiento público y privado en este ámbito, entre otros desafíos.

Además, la OCDE, nuevamente a solicitud del CNP, elaboró una serie de recomendaciones, las cuales acaba de difundir (Skills Strategy Policy Note: Mexico). En el documento se identifican once áreas de intervención y para cada una se precisan recomendaciones que el gobierno mexicano podría adoptar. Las áreas se refieren a la colaboración entre dependencias gubernamentales, la cooperación entre autoridades y otros actores del sistema, lo mismo que la recopilación de información sobre calidad de la oferta y demanda de competencias en el país, así como el ingreso y permanencia en educación superior.

En la identificación de competencias necesarias para ingresar y completar con éxito el nivel de educación superior, pongamos por caso, recomienda establecer estándares mínimos de logro de habilidades (tanto básicas como socioemocionales), lo mismo que mejorar los programas de apoyo para estudiantes y profesores rezagados, tanto como afinar la evaluación de habilidades.

En fin, tal vez no será en el periodo de esta administración cuando se discutan o se pongan en marcha las recomendaciones. Sin embargo, el CNP está previsto en las normas, viene del sexenio anterior, continuará más allá del actual y estamos por ingresar a la temporada de promesas, así que vale la pena considerar estas iniciativas.

Ciencia y Tecnología. Nueva iniciativa de ley

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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(Publicado en Campus Milenio No. 740. Febrero 1, 2018. Pág. 5)

Las indicaciones del ejecutivo federal al director de Conacyt fueron que, junto con la consejería jurídica, revisara el marco normativo del sector para modernizarlo y presentar una iniciativa de ley para que lo exitoso se extendiera en el tiempo. Esas fueron las palabras

de Enrique Peña Nieto el pasado 12 de enero, en la inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas en Querétaro.

A pesar de que a esas alturas del periodo gubernamental ya no hay tiempo para plantearse cambios mayores, tal aparece que las instrucciones serán acatadas. Al menos es lo que ha anunciado Enrique Cabrero, titular del Conacyt. Por ejemplo, ha dicho que se presentará una reforma a la ley de ciencia y tecnología para que “los apoyos gubernamentales en ciencia, innovación y tecnología se mantengan pese al cambio de administración federal” (Reforma 25.01.2018).

La ley de ciencia y tecnología, al menos desde fines de los años noventa, ha sido modificada en diversas ocasiones, principalmente para otorgar mayores capacidades e instrumentos al Conacyt, como órgano rector de la política científica y tecnológica. Las reformas más importantes han sido la de 1999 y la de 2002. 

La modificación de fines de los años noventa, tal vez el cambio más significativo en la ley correspondiente, instauró los fondos competitivos para la distribución de recursos, el establecimiento de la evaluación de resultados como requisito para distribución adicional de recursos, mayores atribuciones a Conacyt, la indicación de que los centros públicos de investigación debían celebrar convenios de desempeño con la administración pública y la apertura a otros agentes y sectores a la participación en el diseño de las políticas sectoriales.

Por su parte, la reforma de 2002, ajustó nuevamente los fondos competitivos --tanto para su otorgamiento como para cumplir su función de orientación a la demanda--, pero también planteó la creación de un ramo de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la inversión que debía destinarse. De ahí viene el tratamiento de un ramo presupuestal propio para Conacyt (el ramo 38), como entidad no sectorizada, el cual se hizo efectivo a partir del 2004. Recuérdese que antes el organismo dependía de SEP y más antes de otra secretaría, ahora ya desaparecida.

Además, en la misma iniciativa se planteó que: “se hace necesario contar con un mecanismo que permita articular una política de Estado en esta materia y que garantice su eficaz ejecución así como un manejo más eficiente y simplificado”. Así que incluyó los atributos de una política de Estado y un nuevo ajuste a diferentes órganos, como el Foro Consultivo, la Conferencia Nacional, la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, el Consejo General y nuevas reglas para los centros públicos de investigación que implicó cambios en la periodicidad en los convenios de desempeño y en la obligatoriedad de realizar actividad docente.

A juzgar por los resultados y las intenciones, tal parece que los cambios a la ley no han sido suficientes. En algunos casos porque no se cumple lo que dice la ley, como en el monto de recursos que debiera destinarse al sector o en el funcionamiento de algunos órganos. O bien, porque la norma necesita nuevas revisiones casi enseguida de que se realizan los ajustes.

¿Cuál es el sentido que podría tener una nueva iniciativa de ley? El director de Conacyt, a propósito del retraso en la puesta en marcha del Gran Telescopio Milimétrico, ha dicho que los sexenios son letales para la ciencia y la tecnología, por lo cual se necesita una reforma que permita mantener los apoyos a la ciencia y la tecnología a pesar del cambio en la administración federal. Lo sorprendente es que desde fines de los años noventa, la política para el sector se ha sostenido, pese a la alternancia.

Entonces, ahora, el cambio será básicamente en materia de financiamiento. El mismo titular del Conacyt adelantó que se otorgará “al ramo de ciencia y tecnología una visión obligada de largo plazo, en un horizonte de planeación de dos a tres décadas. Le brinda además las características para elaborar un plan con esa visión, incorporando el punto de vista gubernamental, así como de los sectores académicos y empresariales” (Foro Consultivo. Boletín 40).

El asunto no será sencillo de resolver. Lo que actualmente establece la ley en materia de financiamiento para el sector (el uno por ciento respecto al PIB) simplemente no se ha podido cumplir. Otro asunto es que la aprobación anual del presupuesto es competencia de los diputados, así que no solamente se necesitará disposición y las mejores intenciones del gobierno federal.

Todavía más: el Congreso está saturado de iniciativas que siguen sin dictaminarse. La LXIII legislatura acumula un rezago de más de 4 mil 500 iniciativas y está en su último periodo ordinario de sesiones (Reforma 28.01.2018). 

No parece probable que una nueva reforma a la ley de ciencia y tecnología sea dictaminada de forma expedita, menos en esta legislatura; tampoco que su destino sea más prometedor que el de las anteriores. Estamos en periodo electoral.

Posdata: Germán y Pedro, gracias por su colaboración.

El punto sobre el porcentaje: las becas de esta administración

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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(Publicado en Campus Milenio. No. 739. Enero 25, 2018. Pág. 5)

Las cifras son algo sorprendentes: 400 mil becas para estudios de posgrado en toda la historia de Conacyt y el 45 por ciento de ese total se entregaron en esta administración. Sí, esos fueron los números que dijeron hace dos semanas el director del organismo, Enrique Cabrero, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, respectivamente (Comunicado de la presidencia. 12.01.2018).

¿Por qué debemos sorprendernos? Por varias razones. Si uno piensa que es un periodo de casi medio siglo (Conacyt se creó en 1970 y al año siguiente comenzó el respaldo para la formación de recursos humanos), quiere decir que en los últimos cinco años el organismo entregó un número de becas casi similar a las sumadas en más de cuatro décadas. El dato simple es muy contundente; tiene los trazos de todo un logro o algo fuera de proporción.

Veamos los números. Bueno, antes, una vez más vale la pena decirlo, como otras tantas veces lo hemos dicho aquí mismo: el programa de becas de Conacyt ha sido de una nobleza y de una generosidad absoluta para la formación profesional y de alto nivel en México (incluso para la región). No solamente se ha sostenido a lo largo del tiempo, los números han sido crecientes, salvo en los periodos turbulentos y de crisis económica. Si el programa no hubiera existido o fuera otro, tal vez nuestro rezago sería más grave y muchos de nosotros no estaríamos en donde estamos, ni personal ni institucionamente.

En fin, según los números oficiales, cuando Conacyt cumplió su tercera década, en el año 2000, se hizo una primera estimación del número de becas que hasta ese momento había otorgado. A pesar de que el funcionamiento del programa era irregular, la serie histórica de los becarios de Conacyt era un caos y las proyecciones tenían sus bemoles, comenzaba a ponerse orden en la base de datos. En esa fecha se dijo que sumaban poquito más de 100 mil becas otorgadas.

El dato fue tomado con pinzas, porque no parecía corresponder demasiado ni con el número de profesionales que pertenecían al SNI (en ese entonces eran poco más 7 mil integrantes) ni con el número de profesores con posgrado que se desempeñaban en las universidades (alrededor de una tercera parte de poco más de 160 mil). Al comienzo de los 2000, la matrícula total de licenciatura era de casi dos millones y la de posgrado apenas alcanzaba los 129 mil estudiantes (el 9 por ciento era de doctorado).

Así, la línea base era de 100 mil becas acumuladas en el año 2000, así que según lo dicho por los funcionarios, en los siguientes 18 años se añadieron otras 300 mil nuevas becas. Las cifras se aproximan bastante. Si sumamos las nuevas becas que reporta Conacyt entre 2000 y 2018, el total es de 290 mil 258. Los números no son exactos pero casi. Y dado que no están disponibles las cifras del 2017, atribuyámosle a ese año lo faltante.

¿También debemos tomar con reserva la cifra actual de 400 mil becas otorgadas? Se supone que son confiables, porque ahora ya no son proyecciones o cálculos, son números absolutos, registrados puntualmente en los informes generales de Conacyt. Pero si las becas se cuadruplicaron entre 2000 y 2018, los miembros del SNI casi igualaron esa misma proporción: pasaron de 7 mil 466 a 27 mil 186 en el mismo periodo. Los profesores con posgrado en las instituciones de educación superior, al menos los de tiempo completo, no crecieron en la misma proporción, pero al parecer se duplicaron (pasaron de tres a siete de cada 10).

La matrícula del posgrado casi se duplicó: pasó de 129 mil a 239 mil. De esta última cifra, la participación relativa de los doctores pasó de 9 a 19 por ciento y el grado también quedó instaurado como requisito de ingreso laboral a las instituciones de educación superior. Es decir, en las últimas dos décadas la presión demográfica y del sistema también ha sido importante para el mantenimiento y ampliación del programa de becas. Solamente recordemos los conflictos de los dos años recientes.

Entonces, lo que dijo el presidente Peña Nieto: “nunca se habían entregado tantas becas para la formación de capital humano como las que se han entregado en esta administración: del total de estas 400 mil becas, 45 por ciento se han entregado en esta admimistración”. ¿Es cierto? No, no es así y no debiera ser soslayado. Si vemos la tabla que aparece abajo, la operación es muy simple, las entregadas en el útimo sexenio representan el 43.9 por ciento, pero de los últimos 18 años, no desde la creación del Conacyt. Si consideramos la serie histórica apenas sobrepasarían una tercera parte del total.

Todavía más, si uno compara los periodos que aparecen en la tabla, lo que se advierte es que del primero (2001-2006) al segundo (2007-2012) las becas se duplicaron, sin embargo, en el más reciente las becas nacionales crecieron más bien de forma modesta y las del extranjero un poco más pero sin llegar a duplicarse. (Debo para una próxima entrega una comparación más precisa con la tasa media anual de crecimiento por periodo y mayores detalles).

	Nuevas becas otorgadas por Conacyt (2001-2017)
	Nacionales	Al extranjero	TOTAL  (abs.)              (%)
2001-2006	44,337	6,010	50,347         (17.7)
2007-2012	94,463	14,429	108,892         (38.3)
2013-2017	101,888	23,142	125,030         (43.9)
Totales	240,688	43,581	284,269
Fuente: Informes generales del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación (diferentes años).

Ciencia y Tecnología: Los compromisos, un mal recuerdo

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 738. Enero 18, 2018. Pág. 5)

El pasado 12 de enero tuvo lugar la que seguramente será la última sesión del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI), al menos en lo que corresponde a este periodo gubernamental. Un organismo que tiene un nombre tan largo como el lapso que deja de sesionar y con funciones tan amplias y de alto nivel que lo debe presidir el ejecutivo federal.

Tal vez por la misma razón, el presidente de la República aprovechó la oportunidad para inaugurar un centro de investigación, entregar premios rezagados –sí, del 2016--, girar nuevas instrucciones al director del Conacyt y resaltar lo que probablemente serán algunos de los resultados más difundidos de este periodo. Todo bien. El detalle, sin embargo, es que el principal compromiso, ese que está firmado y ahora debiera ser punto de comparación, ya solamente es un mal recuerdo.

Incluso, para una buena parte de medios, las notas de mayor importancia no fueron los logros del periodo. Una que concentró mayor atención fue un hecho lamentable de tan malos recuerdos: los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El reclamo silencioso de una de las galardonadas, Rosaura Martínez Ruiz, al vestir una camiseta para recibir su premio, una que tenía la leyenda “Nos faltan 43”, lo trajo a la memoria una vez más. La foto fue elocuente y contrastante: las grandes siluetas de trajes obscuros de los funcionarios públicos y el encuentro con la menuda figura de camiseta blanca de la premiada.

Otro hecho que también llamó la atención: la fuerte irritación de ojos que afectó a varios de los asistentes a la ceremonia de premiación. El incidente incluyó al mismo presidente de la República y a varios de integrantes de su gabinete, el malestar fue de tal magnitud que requirieron atención médica. Todavía, cuatro días después, nadie sabía a qué o a quién atribuir la causa del malestar; la Secretaría de Salud sigue sin informar.

En fin, en el acto de Querétaro que incluyó tres partes (sesión del Consejo, inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas y entrega de premios), en su turno, públicamente, el director de Conacyt dijo: “Usted, señor presidente, se comprometió durante estos años y los resultados están a la vista: laboratorios que se han creado en estos años en temas de nanociencias, en temas de biotecnología, nuevos materiales, como los materiales grafénicos y otros o laboratorios de geointeligencia, rayos gamma o energías renovables” (Comunicado presidencia. 12.01.2018).

Y sí, efectivamente, se crearon algunos laboratorios nacionales, se puso en marcha la idea de consorcios y se instauraron diferentes programas. El asunto es que los resultados no están a la vista. El ambicioso programa de creación de infraestrutura que se había prometido al inicio del periodo, el cual incluía no solamente nuevos centros de investigación, sino también representación en diferentes emabajadas en el mundo, nunca llegaron a edificarse. A partir del 2015, los planes sucumbieron ante los recortes presupuestales y el cambió de expectativas.

No obstante, el titular de Conacyt dijo que, pese a los necesarios ajustes, “la inversión del gobierno federal en ciencia y tecnología en este sexenio ha sido la más alta en términos reales en la historia del país”. Claro, graficamente, si uno compara al menos los cuatro últimos sexenios, cada uno arrojará una mayor inversión federal, en términos reales, respecto del periodo anterior; cada uno será histórico. Otro asunto es si la inversión se compara respecto al PIB.

Otro dato mencionado por el titular de Concayt fue que en la misma ceremonia se entregaría, simbolicamente, un diploma a la becaria número 400 mil en la historia del organismo. El dato es sorprendente porque, según las propias cifras oficiales, hasta el año 2001 se habían entregado 100 mil becas en los primeros 30 años del Conacyt, lo cual ya era de por sí increible. Ahora, no solamente la entrega se triplicó en los últimos 17  años, el presidente Peña afirmó que Conacyt entregó el 45 por ciento de las 4000 mil becas en su administración. Fantástico. Examinaremos las cifras en detalle en una siguiente entrega.

En su turno, el presidente Peña Nieto, volvió a reiterar el volumen de crecimiento de la inversión federal para ciencia y tecnología y las cifras de formación de recursos. Desafortunadamente, no recordó que el único compromiso que sí quedó firmado, apareció en el programa sectorial y tenía un indicador claro, era el de contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico alcanzara el uno por ciento del PIB para este año. El año pasado estaba a la mitad y así seguirá en éste.

Lo más inaudito es que en la misma ceremonia, el mandatario dijo que le había dado instrucciones al director de Conacyt para que, junto con la consejería jurídica, revisara el marco normativo de la ley de ciencia y tecnología para modernizarla, preservar y extender lo que ha resultado positivo. ¿En el último año? Lo paradójico es que el tema del financiamiento, reiterado en el compromiso firmado, tiene casi 15 años y todavía no se cumple. ¿Ahora vamos en sentido inverso?

Ciencia y tecnología. La importancia de llamarse informe

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 737. Enero 11, 2018. Pág. 5)

El año pasado, el 19 de diciembre, cerró con la publicación del “Informe general del estado general de la ciencia, la tecnología y la innovación 2016”. En el sector, es un documento que debe emitirse puntualmente año con año para reportar las principales acciones en la materia. Desafortunadamente, por diferentes circunstancias, los plazos de su publicación se alteraron desde el segundo año de esta administración. El retraso y la anomalía en sus datos ya no parecen una excepción. No debiéramos aceptarlo.

De hecho, el año pasado, seguramente para reparar la demora, se emitieron dos informes: en agosto el correspondiente a 2015 y en diciembre el de 2016. La actualización no está mal, nada mal, sobre todo cuando ya estamos en la recta final del periodo de gestión. Claro, ahora, hacia el final de la administración, otra vez tocará doble: el que reportará logros de 2017 y el ejercicio que está en curso. ¿O nada más uno? ¿Ni uno ni otro?

En el mar de noticias, datos y cifras que cotidianamente emiten las oficinas gubernamentales, los informes ya nos parecen desdeñables. No lo son. En primer lugar, porque son la fuente oficial, primaria, válida y reconocida, de las acciones de gobierno y sus resultados. En segundo lugar, porque se supone que son reportes desagregados, confiables y sistemáticos del cúmulo de iniciativas puestas en marcha. En tercer lugar, y más importante, porque es la forma elemental de rendir cuentas de quien tiene una responsabilidad pública, prevista casi en cualquier normatividad.

El titular del ejecutivo federal está obligado a presentar un informe anual del estado que guarda la administración pública. Ya no es necesario que el presidente de la República acuda personalmente a exponerlo ante el Congreso, como ocurría apenas dos administraciones anteriores. Con la reforma al artículo 69 constitucional, ahora es suficiente con que lo haga llegar por escrito. Pero la entrega es ineludible.

¿Las dependencias también deben rendir un informe? Sí, desde luego. El artículo10 de la ley de ciencia y tecnología dice claramente que el titular de Conacyt, en su carácter de secretario ejecutivo del Consejo General, debe formular y presentar “El informe general anual acerca del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México, así como el informe anual de evaluación del programa especial y los programas específicos prioritarios...”

Entonces: ¿quién nutre de información a quién? Lo lógico sería que el documento global, el que presenta anualmente el presidente de la República, fuera elaborado con los insumos que le hacen llegar las diferentes dependencias gubernamentales. Esa sería el mecanismo para los grandes e imprescindibles trazos. Sin embargo, lo paradójico es que el primero sí aparece en tiempo y forma, los segundos no. Así que el camino inverso, o al menos a la mitad entre uno y otro, podría ser factible.

Pongamos por caso el objetivo más general e importante del sector: contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico alcance un nivel del uno por ciento del PIB. No es necesario insistir que, ya lo hemos dicho en diferentes y muy variadas ocasiones, se trata del indicador de Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE).

El informe de gobierno de 2017 precisó que: “el promedio anual de la proporción GIDE/PIB  es de 0.52 por ciento, superior en tres centésimas porcentuales al promedio de  acumulado de 2007-2011 y 14 centésimas porcentuales más respecto a 2001-2005” (p.352). Es cierto, visto así, el promedio es superior, al presentado en las dos administraciones anteriores. No obstante, como también se muestra en el mismo documento y en sus anexos, el indicador para 2017 está en 0.50, precisamente a la mitad de lo que debía alcanzar en este año.

Por su parte, en el informe general de Conacyt, quedó anotado: “El indicador ha mantenido un comportamiento histórico descendente a partir de 2015, donde el resultado fue de 0.53 por ciento, en 2016 el valor del indicador es de 0.50 por ciento, lo cual representa una reducción de 5.7 por ciento” (p. 148).

Aparentemente, salvo porque en el reporte de Conacyt se asume claramente el descenso, se trata de la misma situación y las cifras son iguales. No es así. La proporción del GIDE para 2016 y 2017 es la misma (0.50). No tendría nada de raro excepto que en los anexos estadísticos  dice que es de 0.51 por ciento del PIB. La diferencia, dirán algunos, es completamente mínima e insignificante. No lo es, pueden ser cientos o miles de millones de pesos. Pero digamos que así fuera, la cosa es que se trata de documentos oficiales que derivan uno del otro, casi se empalmaron en el tiempo y aún así difieren.

Una de las posibles razones para la diferencia es que la fuente para calcular el GIDE depende de una encuesta bienal, realizada por el Inegi a solicitud de Conacyt: la ESIDET. El asunto es que los datos de la encuesta del 2014 no están disponibles y al parecer esperarán los resultados de 2016, así que son meras estimaciones. Eso.

En fin, no es un “hecho alternativo”; un informe es un informe y no puede llamarse de otro modo (como Ernesto en Londres y Juan en el campo).

"Dejen de lado la política". Importación de insumos para la actividad científica

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 736. Diciembre 21, 2017. Pág. 5)

El pleno del Senado, el pasado 14 de diciembre, aprobó una modificación al artículo 29 de la ley de ciencia y tecnología. Un cambio en la norma que permitirá, si la aprueban los diputados, agilizar la importación de insumos para la investigación científica.

Después de dos años, parecía que la iniciativa no pasaría; ni en éste ni en ningún año. Sí pasó, sorprendentemente. Todavía falta ver qué dicen los diputados. Sin embargo, las palabras del senador Patricio Martínez, presidente de la comisión de ciencia, muestran parte de la relación entre academia y política.

La importación de insumos no es un tema menor o irrelevante para el desarrollo de la ciencia. Todavía es más básico para aquellos científicos cuya actividad cotidiana depende de materiales que no están disponibles en el mercado nacional, como se pudo advertir en la consulta del año pasado que realizaron la comisión de ciencia del Senado y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En la academia, ha sido una queja reiterada la serie de dificultades para obtener los permisos de importación de algunos insumos.

Al comienzo del actual sexenio, en el documento “Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación” (coordinado por la UNAM), el tema formó parte de las propuestas para modificar la legislación del sector y también fue una de sus 16 conclusiones. Precisamente, en la síntesis, como último punto se proponía “establecer las modificaciones normativas pertinentes a fin de facilitar la importación y adquisición de equipos e insumos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico...” (p. 22).

Actualmente, en la sección correspondiente de la ley de ciencia y tecnología, en el artículo 29, solamente se establece que los proyectos de investigación gozarán del estímulo fiscal conforme lo previsto en la ley del ISR. Nada tiene considerado sobre trámites y permisos de importación de insumos. Por la misma razón, en diciembre de 2015, seis senadores, entre ellos Juan Carlos Romero Hicks, presentaron una iniciativa para añadir dos párrafos al artículo citado.

El primer párrafo preveía que las dependencias de la administración pública, federal y estatal, debían considerar el impacto de regulaciones y trámites para favorecer y estimular el desarrollo de los proyectos científicos y tecnológicos. El segundo párrafo, dirigido a regular la importación de insumos, señalaba que las personas e instituciones inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) no necesitarían autorización previa de importación, solamente avisar a la autoridad correspondiente y ésta confirmar en un plazo no mayor a 30 días.

No obstante, en su paso por comisiones, los senadores modificaron la propuesta original. En el dictamen dicen que no buscan “una absoluta liberación de las cargas administrativas a los particulares sino un punto intermedio sano”. Esto es, conservaron la propuesta de no requerir autorización previa para la importación, pero añaden condiciones en las que la autoridad sí podría exigir el permiso previo de importación de insumos.

Por ejemplo, una autoridad competente, “con base en una evaluación de riesgo”, puede exigir el permiso previo de importación de insumos para la investigación. Aunque, se indica, el trámite de permiso previo deberá ser ágil, breve y sencillo. Además, la autoridad deberá publicar, conjuntamente con el acuerdo, los productos que necesitan permiso previo y los que no; la lista se actualizará de forma permanente. No está mal, pero no será nada sencillo ponerla en marcha. La propuesta de redacción final del artículo 29, con sus cuatro párrafos, se asemeja más a un reglamento.

Las palabras del senador Patricio Martínez, presidente de la comisión de ciencia de la cámara alta, al momento de presentar la iniciativa en tribuna, son reveladoras de la relación que sostienen legisladores y miembros de la academia. Por un lado, señaló que los científicos han hecho reclamos fuertes a los políticos por su incomprensión sobre la actividad científica y su falta de respaldo. Por otro lado, dijo que la reforma que estaba por aprobarse sería un refuerzo a la ciencia y a los investigadores, con lo que disminuiría la controversia e incomprensión entre unos y otros.

El punto final que remató la argumentación del senador Martínez fue: “Haciendo votos para que los investigadores se enfoquen realmente a la investigación, y también de nuestra parte decirles: Que en la medida de lo posible dejen de lado la política y se vayan directo a los matraces” (versión estenográfica. Sesión. 14.12.2017). El dictamen se aprobó.

La pregunta es si el proyecto de ley se habría elaborado y aprobado sin las expresiones de inconformidad y presión de algunos científicos. No parece nada probable. Sin embargo, tampoco quiere decir que, en todos los casos, la manifestación de los interlocutores aseguran o inhiben los cambios legislativos; sobran las muestras. La relación es algo más compleja y azarosa. Ya lo veremos. Por lo pronto, en esta iniciativa, falta la aprobación de los diputados.