CDMX. “¿Cuarta entidad con mayor desigualdad en materia educativa y sin ley?”

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 822. Octubre 17, 2019. Pág. 5)

La ciudad capital no tiene un marco normativo acorde con la reciente reforma del artículo 3º constitucional, tiene hasta mayo del año próximo para armonizar sus leyes al respecto, conforme lo ordenó la misma reforma. Sin embargo, lo sorprendente es que su Constitución local estipuló que debía elaborar una ley de educación y no lo ha hecho.

El artículo décimo cuarto transitorio de la Constitución Política de la CDMX dispuso: “El Congreso tendrá un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta Constitución para expedir la ley de educación de la Ciudad de México y demás ordenamientos”.

La vigencia de la Constitución capitalina comenzó el 17 de septiembre de 2018. Si se hubiera acatado lo que ahí se dispone, la nueva ley de educación local y demás ordenamientos debieron estar listos el pasado mes de marzo. No estuvieron.

El mismo artículo transitorio estableció que otros 180 días posteriores a la entrada en vigor de la legislación en materia de educación, se debía implementar el sistema educativo. Además, el gobierno local tendría que presentar: la propuesta educativa correspondiente a los servicios de educación inicial, comunitaria, técnica, profesional, educación especial y complementaria o de extensión académica, y de atención a la diversidad étnica o cultural, en un plazo que no exceda los dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de las leyes en la materia. Un extenso horizonte.

Por lo pronto, todavía siguen vigentes la Ley de Educación del Distrito Federal y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, a pesar de que, desde diciembre del año pasado, la actual administración fusionó ambos sectores en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti).

Al parecer, la administración local sabe lo que está mal en la educación de la CDMX y lo que habría que hacer para remediarlo, eso sugieren las afirmaciones que están en su primer informe de gobierno. No deja de ser revelador su apunte acerca de que el estancamiento de la educación en la Ciudad profundizó el problema de la calidad en la educación básica e inicial, así como el abandono escolar y el ingreso a la educación media superior y superior.

A pesar de que el documento no es propiamente un diagnóstico de la educación en la CDMX, ahí destaca que lo anotado solamente son “algu­nos de los problemas cuya magnitud se ocultó bajo el velo de los datos de cobertura, en los que la ciudad alcanzaba niveles superiores a 100 por ciento” (p. 21). Sí, la ciudad capital ocupa las primeras posiciones en los indicadores de cobertura en todos los niveles educativos y la primera posición en promedio de escolaridad de sus habitantes (tiene 11.3 grados y en la punta opuesta está Chipas con 7.8 grados de escolaridad).

Pero, ¿el promedio de escolaridad y la cobertura han opacado graves problemas educativos? Los promedios, como se sabe, esconden grandes diferencias. Todavía más revelador resulta la afirmación del informe acerca de que “La Ciudad de México es la cuarta entidad con mayor desigualdad en materia educativa”. Desde luego no es en el acceso porque exhibe altas tasas de cobertura y tampoco en analfabetismo o rezago.

Las cifras más recientes muestran que la CDMX tiene casi 70 mil personas que no saben leer ni escribir (1 por ciento de la población), por lo que es, según la cifra relativa, la entidad con la menor proporción de población analfabeta del total de entidades federativas. Prácticamente todos sus habitantes mayores de 15 años cuentan con educación primaria concluida (solamente 5 por ciento no tiene esa condición) y tiene el menor porcentaje de población de toda la República en situación de rezago educativo (personas mayores de 15 años que no saben leer o escribir o no han concluido la primaria o secundaria).

El informe no indica explícitamente a qué indicadores se refiere cuando señala que la CDMX es la cuarta entidad con mayor desigualdad en educación. Sin embargo, cuando dice que por esa condición se han puesto en marcha acciones dirigidas a elevar la calidad en educación básica y media superior, particularmente en zonas de alta marginación, se puede entender la importancia de la evidencia y que el problema fundamental no solamente es el de cubrir la demanda, también es, y muy importante, la calidad educativa que reciben niños y jóvenes.

El año pasado, el Coneval presentó su “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018”, basado en tres dimensiones: disponibilidad, accesibilidad y calidad. Posteriormente lo veremos en detalle, pero es un reporte que se suma a la imprescindible serie de evidencias y datos acumulados por diferentes instituciones (exINEE, INEGI, por ejemplo) que permiten tomar decisiones informadas. ¿Haremos de cuenta que son innecesarios? Ojalá no.

Pie de página: “Solicitaré al rector Enrique Graue ayudar en la organización de una mesa de trabajo para intercambiar ideas y propuestas entre colegas científicos y juristas, a fin de trabajar en la nueva LGCTI”, eso dijo la directora de Conacyt la semana pasada.

CDMX: Educación y ciencia

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 820. Octubre 10, 2019. Pág. 5)

La primera Constitución Política de la Ciudad de México, a pesar de las puntualizaciones críticas sobre su redacción y técnica jurídica, fue notable por la garantía de derechos que estableció. En febrero de 2017, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial local, todavía no se vislumbraban los resultados de las elecciones federales del año pasado, tampoco que habría una nueva reforma del artículo 3º constitucional, menos que sería desterrado el término calidad del vocabulario legislativo y todavía menos que, finalmente, el gobierno capitalino podría tener la responsabilidad de prestar los servicios educativos.

Ahora, sin embargo, algunos de los cambios que anticipó la constitución local también forman parte de la carta magna. Además, la descentralización de los servicios educativos en la CDMX podría tener lugar en el corto plazo y su actual administración fusionó la secretaría de educación y la de ciencia en una sola: la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti).

En la Constitución de la CDMX, en su extenso artículo 8, quedaron consignados los derechos a la educación, la ciencia, la cultura y el deporte. En la primera fracción del apartado A (Derecho a la educación) quedó establecido que en la ciudad capital todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. También asumió la garantía sobre el derecho universal a la educación y precisó que “toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad”.

Lo relevante es que la misma Constitución local incluye la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, lo que significa que se podrá denunciar la violación de derechos individuales y colectivos amparados por el ordenamiento y exigir su restitución. O bien, exigir no solamente el ejercicio de un derecho, también que ese derecho cumpla con las características que debería.

Algo similar ocurre con el derecho a la ciencia y la innovación tecnológica, cuya garantía de libre acceso, uso y desarrollo también incluye la Constitución de la CDMX. Además, en esta última también quedó estipulado el derecho de toda persona “a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los procesos científicos de conformidad con la ley” (apartado C del artículo 8). Una redacción relativamente similar a la que ahora tiene el artículo 3° constitucional.

No obstante, persiste una diferencia notable en lo concerniente al financiamiento. La Constitución local dice que: “En el presupuesto de la Ciudad de México, se considerará una partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto de la Ciudad” (Artículo 8, apartado C, fracción 6).

En cambio, el artículo 3° constitucional dice que se proveerán los recursos y estímulos suficientes para la investigación. A su vez, la recientemente aprobada Ley General de Educación (LGE) anota que el financiamiento para la educación pública no será menor al equivalente del 8 por ciento del PIB y de esa proporción, al menos el 1 por ciento será para educación superior y para investigación científica y humanística en las instituciones públicas de educación superior.

Entonces ¿qué ocurrió con el financiamiento para la actividad científica y tecnológica en la CDMX? La Constitución local no previó ningún artículo transitorio –sí lo hizo para la descentralización de los servicios educativos--, así que asignar el dos por ciento de su presupuesto total debió entrar en operación en este año.

Según el decreto de presupuesto de egresos local para 2019, el gasto neto total para el sector público fue de poco más de 234 mil millones de pesos. En la función por gasto, la asignación presupuestal para el rubro de ciencia, tecnología e innovación fue de 359 millones de pesos. En la erogación por dependencias, la Seciti –dado que están fusionados educación y ciencia-- recibió 1 mil 844 millones de pesos. Si se hubiera aplicado la norma, el volumen solamente para ciencia habría sido cercano a los 5 mil millones de pesos y más del doble si se añade educación.

Después de casi tres décadas, la descentralización de los servicios educativos en la CDMX sigue pendiente. El cuarto transitorio de la LGE anterior decía que sería conforme un acuerdo con la organización sindical y nunca lo fue. Ahora, otro transitorio de la reciente LGE dice que será hasta que se celebre un acuerdo entre la federación y el gobierno local, lo cual se ve más probable y cercano, aunque queda un largo camino normativo por recorrer.

El reciente informe del gobierno local permite un acercamiento a la valoración que tiene tanto del sector educativo como del científico. Aquí lo veremos.

Pie de página: La carta de exintegrantes de las comisiones del Sistema Nacional de Investigadores dirigida a la directora del Conacyt y al titular del SNI, en la que solicitan evidencias de las acusaciones que las autoridades formularon o una disculpa pública para su trabajo, muestra con claridad el error de la gestión del sector y va directo a la línea de flotación.

¿Y el acceso abierto?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 819. Octubre 3, 2019)

Finalmente, las controvertidas leyes secundarias ya son plenamente vigentes; fueron publicadas este lunes 30 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. El punto más sensible, polémico y de mayor tensión ha sido el mecanismo de asignación de plazas para el servicio educativo, no es para menos. Después de todo, “quién consigue qué cosa, cuándo y cómo”, como decía Lasswell, es la pista inocultable.

Sin embargo, el conjunto de ordenamientos incluyen otros temas que vale la pena notar porque sus efectos también podrían ser relevantes. Por ejemplo, referente al desarrollo científico e innovación tecnológica, la Ley General de Educación (LGE) debía armonizar lo que ahora establece la fracción V del artículo 3º constitucional.

La mencionada fracción dice: Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Sin duda es una modificación sustancial, porque la misma fracción, antes de la reciente reforma constitucional, solamente mencionaba un apoyo a la investigación científica y tecnológica. En cambio, ahora puntualiza tres elementos clave con precisión: el derecho a gozar de los beneficios de las actividades científicas y tecnológicas; la garantía del Estado para el acceso abierto a la información que se derive de esas actividades; y la provisión de recursos y estímulos suficientes.

¿Cómo los reglamenta la nueva LGE? En primer lugar, frente a la anterior LGE, como es evidente, tanto por la organización del articulado como por el volumen de los mismos, estamos ante otro marco. Si la norma previa tenía ocho capítulos, una docena de secciones y 85 artículos, ahora suman once títulos, 37 capítulos y 179 artículos, más del doble que la anterior. El federalismo, la evaluación y la participación social que desde 1993 encabezaban el ordenamiento normativo, pasaron a las últimas posiciones o quedaron al margen.

Una de las partes novedosas de la reciente ley es la inclusión de un capítulo para reglamentar la fracción V de artículo 3º constitucional: “Del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación”. El primer ordenamiento de ese capítulo es que el Estado garantizará el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación (artículo 52). La notable es que la Constitución establece ese derecho, pero no dice que el Estado lo garantizaría, pero la actual LGE sí. ¿El artículo será la punta de la madeja de lineamientos, programas, estrategias y acciones para poder hacerlo efectivo? Esperemos.

Las cosas son un tanto distintas en el otro aspecto clave, el acceso abierto. Al respecto, en el segundo párrafo del mismo artículo, se indica: “El desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a la actualización, a la excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del conocimiento se apoyará en las nuevas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, mediante el uso de plataformas de acceso abierto”.

En este caso, la formulación es diferente a lo que sí dice la Constitución. En la nueva LGE la garantía del Estado para el acceso abierto se transmuta en apoyo para que el desarrollo tecnológico y la innovación se apoyen en nuevas tecnologías de la información (¿nuevas?) y uso de plataformas de acceso abierto. No es lo mismo.

El asunto del acceso abierto no es sencillo de resolver. Por ejemplo, el libre acceso a las publicaciones científicas se refiere básicamente a la eliminación o disminución de los obstáculos económi­cos y legales que no permiten la descarga, distribu­ción, reuso y conservación de los contenidos amparados por suscripciones. Tal vez por la misma razón, la nueva LGE conservó la adición que desde el 2014 apareció en la vieja LGE para señalar que la divulgación en acceso abierto cuando el conocimiento científico y tecnológico es financiado con recursos públicos (artículo 115).

Otra diferencia notable, es sobre la suficiencia de los recursos. La reciente ley tiene una ligera pero muy importante modificación sobre el asunto. Ahora dice que el financiamiento para educación no será menor al equivalente del 8 por ciento del PIB y de ese monto se destinará al menos el 1 por ciento del PIB para educación superior e investigación científica, humanística y desarrollo tecnológico en las instituciones públicas de educación superior. En la ley anterior el 1 por ciento no se dividía para ciencia y para educación superior, solamente era para la primera. La proporción era mayor, aunque nunca se cumplió y estaba en contradicción con lo que decía la ley de ciencia y tecnología. Veremos las cifras.

Pie de página: ¿El Conacyt acatará la orden del juez de entregar los recursos económicos suficientes al Foro Consultivo? Debiera.

CyT: ¿0.31 del PIB?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 818. Septiembre 26, 2019. Pág. 5)

Los reflectores en el sector científico y tecnológico una vez más, para no perder la costumbre, están puestos en la confrontación desatada el pasado fin de semana entre las autoridades del sector y Antonio Lazcano, un respetado y reconocido científico. Sin embargo, poca atención pública ha merecido el tema del financiamiento para el mismo sector y todavía menos la dramática disminución de la cifra sobre gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE).

El detonante, las posiciones y las circunstancias ya son de sobra conocidas en el reciente conflicto con el científico Lazcano. Independientemente de cual sea el desenlace, a estas alturas queda claro que las autoridades suman un nuevo error en su actuación, porque ni las evidencias del caso, ni la sincronización de acontecimientos y menos las formas son lo suyo.

Pero hay otro asunto revelador. El 20 de septiembre la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, publicó en la revista Science una respuesta (“A new scientific agenda for Mexico”) a las apreciaciones críticas sobre su gestión que el propio Antonio Lazcano había expresado en la misma revista dos meses antes (“Quo Vadis, Mexican science?”. 26.07.2019). La publicación apareció casi al mismo tiempo que la comunicación electrónica a Lazcano sobre su remoción de la comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores. Una coincidencia que encendió los ánimos en las redes, aunque la posterior aclaración oficial de Conacyt precisó que no tenían ninguna correlación.

Lo significativo del caso es que en la respuesta de Álvarez Buylla en Science, el primer argumento para disipar las preocupaciones sobre el rumbo del sector fue la mención sobre el volumen de recursos asignados para este año. Por ejemplo, señaló que el presupuesto total para ciencia, tecnología e innovación en 2019 fue de 77.3 mil millones de pesos; el volumen más alto en los últimos siete años, dijo. Aunque reconoció que Conacyt tuvo una reducción de 2.4 mil millones de pesos.

Las cifras corresponden a los recursos fiscales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y son correctas. Sin embargo, otra es la comparación y otro es el panorama si se considera cómo se integra el presupuesto, los indicadores que incluye y el detalle de los números.

La cantidad de recursos destinados a ciencia y tecnología se integra de la siguiente forma: una parte es la que gasta centralmente el Conacyt (ramo 38) que debiera ser la parte mayoritaria; otra parte es la que destinan todas las secretarías de Estado a esa misma actividad (diferentes ramos). La suma de ambas es lo que integra el Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCTI).

En este año, como es previsible, el total del gasto federal para el sector, en términos corrientes (sin descontar el efecto de la inflación), es el más alto de los últimos siete años. Sin embargo, en términos constantes (considerando el efecto de la inflación) no se sostiene la misma afirmación y ni siquiera es más alto respecto del 2018, como lo había prometido el presidente López Obrador. (En próxima entrega veremos cómo se distribuye los recursos, así como las dependencias que ganan y pierden)

La situación del presupuesto para el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas es todavía más notable, porque los 24.7 mil millones de pesos que recibió este año es la menor cantidad que ha recibido en los últimos siete años, no solamente en términos constantes, también en términos corrientes (en 2013 recibió 25.2 mil mmdp).

Otro rubro es lo que se conoce como Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), uno de los indicadores más utilizado en las estadísticas internacionales porque permite comparar la inversión (pública y privada) que destina cada país solamente a la generación de nuevo conocimiento. La meta ha sido alcanzar una inversión del uno por ciento del PIB en este rubro.

Lo que invierte México en el GIDE no está incluido en la respuesta de Álvarez Buylla en Science, pero sí en el primer informe de gobierno de la actual administración: “Para 2018 el PIB per cápita ascendía a 9,698 dólares americanos, valor muy bajo que contrasta con la estimación para 2019 de 0.31 por ciento del PIB se destina a investigación científica y desarrollo” (pág. 300). Según la estimación del último informe de Peña Nieto el GIDE para 2018 era 0.47 del PIB. ¿Cuál es el dato correcto? Porque la disminución de un año para otro es sorprendente.

El párrafo del reciente informe parece entrecortado y la redacción es rara, pero eso dice. Si la cifra es verdadera, el nivel del GIDE como proporción del PIB sería casi similar a la que tenía en el año 2000. Lo más extraño del caso es que el anexo estadístico del informe de gobierno de la actual administración no incluye la tabla con el indicador del GIDE a nivel nacional y menos la comparación internacional. Una información que siempre estaba presente. ¿Qué ocurrió?

Pie de página: Viene el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico reciba el financiamiento que le corresponde para este segundo semestre. No es vinculante, pero seguramente tendrá efectos.

Centros Públicos de Investigación: contusos y en incertidumbre

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 817. Septiembre 19, 2019. Pág. 5)

Los Centros Públicos de Investigación (CPI) tienen un lugar en los medios desde hace meses, aunque no siempre por los mejores motivos. La controversia más reciente fue a propósito de la separación del titular de uno de los centros y tal vez podría ser la oportunidad para discutir la figura jurídica que regula a estas instituciones y, principalmente, sus perspectivas de desarrollo.

El episodio reciente apareció en las redes sociales. El 14 de septiembre, vía Twitter, Leopoldo Altamirano, ahora exdirector del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), anunció que “a petición de la doctora Elena Álvarez Buylla”, había presentado su renuncia como titular del instituto.

A la vez, el mismo día y por la misma vía, desde su cuenta personal, Elena Álvarez, directora del Conacyt, expresó: “El Dr. Altamirano, que acaba de renunciar al INAOE afirmando que le pedí su renuncia, tiene fincadas 5 denuncias en la SFP, que van desde acoso laboral hasta la asignación de recursos públicos a empresas y personas sin los controles requeridos”.

La polémica electrizante siguió y sigue en las redes sociales; partidarios de una y otra posición expresaron sus opiniones al respecto. No está nada mal hacer públicos los motivos de separación de las posiciones de responsabilidad. De hecho, es lo deseable frente a los crípticos mensajes que esconden el polvo bajo la alfombra y siempre mencionan a la salud del implicado como la principal razón.

El INAOE es uno de los CPI más sobresaliente, fue de las primeras instituciones que iniciaron el proceso de descentralización de la investigación científica y tecnológica. Enclavado en Tonanzintla, Puebla, tiene múltiples proyectos en las materias de su especialidad y encabeza, por la parte nacional, el proyecto del Gran Telescopio Milimétrico. Este último colabora con el Telescopio de Horizonte de Eventos (EHT, por sus siglas en inglés) y todo el equipo ganó recientemente el premio Breakthrough 2020 para física fundamental por la imagen del primer agujero negro.

Sin embargo, lo inquietante del caso es la inestabilidad del instituto y del sector. Una vez más, otro conflicto estalla, se discute y tal vez se diluirá en los medios, no en las instancias correspondientes. No es la primera vez.

Las interrogantes que se abren son muy variadas, pero si existe algo indebido ¿por qué se dirime el mecanismo de la cadena de mando en los medios? ¿no debiera sancionarse administrativamente de inmediato, fincarse responsabilidades y ser un argumento contundente para separar a alguien de cualquier cargo? Si no existe nada irregular ¿por qué alterar el funcionamiento rutinario? ¿cómo se restituye el daño a la reputación de las personas afectadas?

El otro aspecto que también resalta es la acumulación de expedientes en la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esta secretaría se encarga, entre otras funciones, de vigilar que los servidores públicos se conduzcan con estricto apego a las normas que regulan el ejercicio de sus actividades y en este periodo ha sido recurrente la información oficial del Conacyt que apela a esas directrices para tomar decisiones.

Al parecer, la aprobación de la Función Pública fue el componente principal para decidir sobre la emisión o no de las convocatorias del Conacyt, nombramientos en el organismo, estructura organizativa, prestaciones para sus trabajadores o si debían o no solicitar permiso los investigadores para viajar al extranjero. También lo es o lo será para determinar si las transferencias hacia el sector privado de la administración anterior fueron o no indebidas. El volumen de solicitudes ha sido creciente y convendría su disponibilidad pública.

A raíz del memorando presidencial del pasado 3 de mayo, en el que se instruyó a los servidores públicos a poner en marcha medidas adicionales de austeridad, más de tres mil integrantes de los CPI le enviaron una carta pública al presidente López Obrador para expresarle su preocupación por los recortes al presupuesto (Campus Milenio No. 806).

Además, en la misma carta le solicitaron al ejecutivo federal “definir una normativa que establezca el marco jurídico propicio para desarrollar nuestras actividades”. Actualmente los CPI están definidos como entidades paraestatales, lo cual significa que cumplen una función estratégica, pero les aplican las mismas normas que rigen a la burocracia.

Los 27 CPI representan un núcleo vital de investigación y la segunda agrupación de personal de alto nivel más numerosa a nivel nacional. En la administración anterior fueron reagrupados y algunos integraron lo que llamaron consorcios de investigación. Sin duda, lo mejor sería mayor certeza con la redefinición de su marco normativo y decidir qué camino seguirán.

Pie de página: En la reciente mesa de diálogo en Conacyt “Protección de la riqueza biocultural, propiedad intelectual y evaluación de Tecnologías”, alertaron sobre riesgos en la producción y consumo de alimentos transgénicos, el asunto es que ahí solamente se expresó un lado del debate.

El PND, el informe y las transferencias para el sector privado

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 816. Septiembre 12, 2019. Pág. 5)

El primer informe de gobierno de la actual administración sigue el esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND). El apartado de ciencia y tecnología, a pesar de su brevedad no es la excepción. Pero no es, en sentido estricto, un informe de ejecución del plan ni solamente un recuento de acciones y logros en el periodo, porque incluye fragmentos de diagnóstico de lo que hizo mal la administración anterior y anticipa líneas que piensa llevar a cabo. Es un informe peculiar.

El artículo 69 de la Constitución dice que el presidente de la República debe informar del “estado que guarda la administración pública del país”. Por cierto, desde el 2008, a raíz de los crecientes desencuentros entre el expresidente Fox y legisladores, el mismo artículo solamente anota que el presidente debe entregar el informe por escrito, no lo obliga a asistir al Congreso y ya no va. Desde aquella fecha, el voluminoso escrito ha perdido visibilidad pública, la ha ganado el mensaje que pronuncia el presidente con el mismo motivo y también algunas comparecencias de los secretarios.

El informe por escrito es la referencia imprescindible, porque ahí deben estar las acciones y los datos oficiales desagregados. Pero debe incluir no solamente lo realizado y ya, también debe seguir lo que le marca la Ley de Planeación: “haciendo mención expresa de las acciones y los resultados obtenidos relacionados con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y, en su caso, los programas especiales” (artículo 6).

En las once páginas del apartado de “ciencia y tecnología” del informe, ni expresa ni implícitamente está mencionado el PND, menos todavía las estrategias o instrumentos de ese Plan. Y no lo hace simplemente porque el PND no es propiamente un plan, como lo dijo en su momento Carlos Urzúa, el extitular de Hacienda. Como lo advertimos aquí mismo la semana pasada, el PND no incluye estrictamente un apartado de ciencia y tecnología, solamente tiene un párrafo de tres líneas al respecto, mismas que ahora sirvieron de base para subtitular y organizar lo reportado en el informe.

La omisión o vaguedad del PND en el informe probablemente no tiene ninguna trascendencia, se podría pensar, si se están haciendo las cosas y ahora son diferentes. El problema es que las acciones realizadas y las que están por hacerse, tendrían que reflejar las prioridades marcadas en el Plan para esa área de la administración pública. Si no las hay o no están claras eso explica porque ahora, el mismo informe de gobierno, incluye partes de un diagnóstico y propósitos.

Por ejemplo, el informe dice: “Se encontró, que de 2013 a 2018, el sector privado en México sólo aportó, en promedio, el 19 por ciento del gasto en investigación científica y desarrollo experimental, mientras que el resto de los recursos hacia estos rubros son aportados por el sector público (77 por ciento) y otras fuentes (4 por ciento) (pág, 300)”

El dato no es sorprendente ni desconocido, forma parte de las estadísticas oficiales y ha sido identificado como la principal causa de la baja inversión en la materia y una expresión del desinterés del sector privado. Pero el informe sostiene que el dato tiene relevancia porque “entre 2013 y 2018 cerca del 50 por ciento de los recursos de los fideicomisos del Conacyt (es decir, 35,175 millones de pesos) fueron transferidos al sector privado. Adicionalmente, se detectaron transferencias indirectas a dicho sector por 3,620 millones de pesos”.

Seguramente usted lo recuerda, las cifras anteriores las dio a conocer por primera vez Elena Álvarez Buylla, la titular del Conacyt, en enero de este año, en el cambio de la coordinación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En ese entonces la directora habló de una transferencia al sector privado de 50 mil millones de pesos, pero dijo que el dato no estaba firme, había un error de alrededor de 15 mil millones de pesos. De cualquier forma, la cantidad era fuerte, suscitó dudas y Álvarez fue cuestionada sobre si fue algo indebido y si habría consecuencias. No era asunto de su competencia, dijo la directora en ese entonces y añadió que dio aviso a la Secretaría de la Función Pública.

Ahora, sin embargo, cabría suponer que la cifra ya está consolidada porque aparece en un documento oficial. Pero lo más importante para la política científica y tecnológica es que el informe sostiene que el periodo 2013 – 2018 se “caracterizó por un abandono de la ciencia básica en favor transferencias privadas” y, en consecuencia, anticipa que la actual administración “dará mayor sustento hacia la ciencia básica”.

El informe tiene otros datos (en sentido literal) que valdrá la pena examinar en detalle, por ahora solamente constatemos su singularidad derivada de la falta de lineamientos del PND. Tengamos presente que la dificultad podría trasladarse a la elaboración del Programa Especial de Ciencia y Tecnología (Peciti), porque éste debe estar alineado a lo que marca el PND. Ya veremos.

Pie de página: La buena: el proyecto de presupuesto de egresos de la federación viene con aumento para ciencia y tecnología; la mala: no es para Conacyt, es para la Sep.

CyT: líneas sin horizonte

Alejandro Canales

UNAM-IISUE-PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 815. Septiembre 5, 2019. Pág. 5)

En el sector científico y tecnológico, en el periodo que lleva la actual administración, lo más sobresaliente ha sido el conflicto y la tensión entre miembros de la comunidad y el Conacyt. Los desencuentros han sido no solamente con representantes del sector privado, legisladores, los titulares de órganos intermedios o el personal de Centros Públicos de Investigación, también incluye a participantes en las convocatorias, miembros del SNI, los jóvenes del programa Cátedras Conacyt y a los mismos becarios del organismo.

Los conflictos han sido múltiples y muy variados, así que la pregunta sería: a qué se debe tal volumen de reacción y diversidad. Una respuesta ha sido que todo se debe a los intereses creados que anidan en el sistema científico y tecnológico, los cuales desean conservar beneficios y privilegios, así que se expresan y resisten cualquier cambio en las reglas de juego. Sí, grupos e intereses los hay, pero la explicación resulta insatisfactoria porque si fuera el factor único, los conflictos estarían muy localizados. Sin embargo, son muchos los agentes y grupos que han reaccionado.

Tal vez una respuesta alternativa es que, en realidad, las iniciativas que se han puesto en marcha en el sector no han respondido a un diagnóstico preciso de los problemas; tampoco a un programa convincente de corto, mediano y largo plazo. En tales circunstancias, lo que ha prevalecido es desazón por la incertidumbre e improvisación, porque en el horizonte solamente destacan las prioridades y lineamientos generales de la política del ejecutivo federal, aplicables para todas las dependencias de la administración pública.

¿Qué elementos existen para tales suposiciones? Las acciones que se han realizado no han seguido un plan o programa determinado, al menos públicamente no se dio a conocer ningún documento para justificar propósitos y anunciar acciones. Y no se trata del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyos plazos normativos para su presentación todavía no se cumplen, sino de un programa preliminar que bien pudo argumentar y convencer sobre las decisiones a tomar.

Para el sector científico y tecnológico no lo fue el “Proyecto de Nación 2018 -2014”, ese  extenso documento que presentó el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en noviembre de 2017. El tratamiento del tema fue disperso, referido a diferentes áreas, aunque ahí quedó anotado que se cumpliría con el objetivo de alcanzar un nivel de inversión nacional del 1 por ciento del PIB (pág. 94).

Tampoco fue una guía el “Plan de Reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) presentado por Morena”. Un documento fechado en junio de 2018 y elaborado por la ahora titular del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla. Si bien ahí indicó una docena de principios rectores para un eventual programa de ciencia y tecnología, el documento fue elaborado previo a las elecciones y luego fue ampliamente criticado por la ausencia de vínculo con el desarrollo económico y el tratamiento otorgado a las ciencias sociales y humanidades.

No hubo programa para los primeros 100 días de gobierno y ni siquiera el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 ofreció las líneas que podrían anticipar las acciones en materia científica y tecnológica. En un párrafo de tres líneas solamente anotó que se promoverá la investigación científica y tecnológica, el apoyo con becas e incentivos a estudiantes y académicos, así como un Plan Nacional para la Innovación. No es poco, pero no es suficiente.

Sin coordenadas precisas para conducir el sistema científico y tecnológico lo que ha propiciado es un doble movimiento. Por un lado, aplicación de las líneas e indicaciones del ejecutivo federal (memorando de austeridad y combate a la corrupción, p.e.), tanto como medidas de ensayo y error que a ratos avanzan, en otros se rectifican y luego se abandonan, porque está claro lo que no se quiere, pero no a dónde dirigirse. Por otro lado, un acendrado recelo, temor y, sobre todo, incertidumbre en la comunidad sobre las medidas tomadas y sus efectos. Las reacciones han sido esperables.

Otro elemento más es que el ejecutivo federal perdió la confianza en el papel que podría desempeñar la actividad científica y tecnológica. En las elecciones del 2012 Andrés Manuel López Obrador fue el primer candidato que propuso crear una secretaría de Estado para el sector. Ahora no solamente abandonó la idea, redujo el presupuesto para la actividad.

De hecho, la enumeración de logros en ciencia y tecnología no tuvieron cabida en el informe del aniversario del primero de julio, tampoco en el de los primeros 100 días de gobierno y apenas sí fue mencionado en el mensaje que recientemente pronunció AMLO (nueve mil becas nuevas de posgrado de Conacyt).

Tal vez la agenda para el sector se pierde en los temas urgentes, como el asedio de la inseguridad pública, el equilibrio macroeconómico, la separación de poderes, la austeridad, la relación con Estados Unidos y otros. Sin embargo, no llegaremos a ninguna parte sin un horizonte.

Pie de página: Anexo estadístico del 1er Informe de gobierno: Becas Conacyt en 2018: 55 mil 962; Becas Conacyt en 2019: 54 mil 203 (pág. 432).