NUEVO PERIODO EN LA AMC

El pasado 21 de mayo tomó posesión un nuevo consejo directivo en la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). La organización de científicos más importante en el país y también interlocutora privilegiada de las políticas en la materia.

La AMC cumplirá el próximo mes de agosto su aniversario número 51. Inició sus actividades con la idea de aglutinar a los investigadores más destacados y promover la investigación científica en el país; los miembros fundadores fueron poco más de medio centenar de investigadores y principalmente provenientes de la Universidad Nacional.

Actualmente la AMC tiene más de dos millares de miembros de múltiples instituciones y cultivan las más diversas áreas del conocimiento. En 1996 adoptó el nombre con el que hoy la conocemos y lo hizo para darle pleno reconocimiento a las ciencias sociales y las humanidades como áreas de la investigación científica.

La organización conserva el mismo patrón de funcionamiento. Reconoce cuatro categorías de miembros: regulares, quienes se desempeñan principalmente en México; titulares, los que después de 10 años de membresía siguen contribuyendo al desarrollo científico; honorarios, investigadores que prestaron servicios destacados a la AMC o han realizado contribuciones sobresalientes; y correspondientes, miembros que han contribuido a la investigación en México pero que ya no residen en el país. En realidad, solamente están en operación la primera y última categoría; las otras dos permanecen en la ambigüedad.

También conserva el mismo mecanismo de ingreso a la organización y selección de su consejo directivo. La propuesta de un aspirante debe ser formulada de forma escrita por un miembro de la propia academia y este último debe tener la misma especialidad del candidato o una muy cercana, pero no debe pertenecer al consejo directivo ni a la comisión de membresía (artículo 6º de los estatutos). Una vez formulada la solicitud, la comisión de membresía analiza la propuesta y emite el dictamen en un plazo no mayor a tres meses.

El máximo órgano de dirección es la asamblea general de miembros y le sigue, en orden jerárquico, el consejo directivo. Este último está integrado por un presidente, un vicepresidente, dos secretarios (uno nombrado por el presidente entrante y otro por votación) y un tesorero, los cuales duran en funciones dos años, pero el vicepresidente ocupará el cargo de presidente en el siguiente periodo (artículo 26º).

El consejo directivo que tomó posesión el pasado 21 de mayo está compuesto por: Arturo Menchaca, como presidente; José Franco, vicepresidente; Leticia Torres secretaria; Romana Falcón, tesorera y Gerardo Herrera, secretario designado.

La AMC siempre ha sido interlocutora privilegiada del gobierno federal en la formulación de planes y programas para el sector. Dependiendo del comité directivo en turno, algunas veces en un esquema de intercambio y colaboración, otras en un clima ríspido de confrontación y unas más de forma distante e indiferente; pero siempre demandante de apoyo para la actividad científica y principalmente de recursos financieros.

Generalmente se destaca la influencia que tuvo la AMC en la formulación del Sistema Nacional de Investigadores en los años ochenta y, efectivamente, fue decisiva su intervención para su puesta en marcha. Pero no solamente. Es una activa organización en la formulación de los programas sectoriales cada cambio de administración gubernamental, así como en la conducción de diferentes programas de fomento y difusión de la actividad científica. Igualmente, interviene y otorga diferentes premios, lo mismo que mantiene un constante intercambio con toda la estructura y organismos del sistema científico y tecnológico.

La posición pública que adopta la AMC es un factor de peso para impulsar o inhibir tal o cual iniciativa en el sector. Por tal motivo, no es un asunto menor qué papel jugará el nuevo comité directivo de la organización en los próximos dos años.

El discurso de toma de posesión de su actual presidente, parece anunciar un cierto cambio. Por ejemplo, señaló que: Hoy hacemos pública nuestra firme intención de buscar mecanismos de vinculación entre este impresionante acervo intelectual (la AMC) y las instancias gubernamentales, las sociales y las de la iniciativa privada, que estén dispuestas a colaborar con nosotros en este esfuerzo. Lo mismo que su idea de acordar un programa de fomento del sector con los diferentes actores políticos, “más allá de cuestionamientos ideológicos”. O bien, los cambios que sugiere a la organización interna de la AMC para darle mayor dinamismo y atraer a nuevos miembros.

Hoy solamente se trata de intenciones. En breve apreciaremos si son algo más que eso.

Posdata

Me corrigen: Nayarit no solamente cuenta con la UAN y el Tecnológico de Tepic, también tiene 4 universidades tecnológicas y otros tres institutos tecnológicos. No solamente tiene dos programas en el PNP, tiene tres. Concedido y nada más.

(Publicado en Campus Milenio No. 370. Mayo 27, 2010)

NAYARIT: ¿OTRA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO?

En Nayarit inició la construcción del “Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología Bicentenario”. Por lo menos, simbólicamente, autoridades locales y federales colocaron un primer bloque de cemento de la obra. Tienen planes de construir una ciudad del conocimiento, por ahora es un proyecto, pero dicen que pronto estará lista. Difícil, muy difícil de convertirlo en realidad.

La primera vez que se habló de la construcción del museo y de la idea de construir una ciudad del conocimiento fue hace casi dos años, con motivo de la entrega del premio estatal a la creatividad en educación básica. El incentivo principal de los planes estatales, como lo hemos comentado con anterioridad en este mismo espacio, eran los recursos provenientes de los fondos mixtos. En ese entonces, octubre de 2008, se dijo que el museo costaría alrededor de 100 millones de pesos y comenzaría con una aportación de 10 millones de pesos de Conacyt y otro tanto del gobierno estatal.

Los convenios para elaborar el plan maestro se firmaron en septiembre del año pasado. Las instituciones educativas involucradas son la Universidad Autónoma de Nayarit y el Instituto Tecnológico de Tepic, dos de los principales y casi únicos establecimientos públicos de educación superior en la entidad. En cuanto a las consultoras que participan se trata de: Innovación y Competitividad (INNCOM) del Estado de Nuevo León, una compañía dedicada a modelos de innovación y que dirige Jaime Parada Ávila, exdirector de Conacyt en el periodo de Vicente Fox; el Instituto Andaluz de Tecnología, una institución española que diseña parques científicos y tecnológicos; y 2MGlobal, una empresa dedicada a la publicidad y mercadotecnia.

Según el plan maestro, la ciudad del conocimiento (C2N) que se proyecta tiene como misión ser “un espacio con condiciones de competitividad y sustentabilidad para instituciones y empresas basadas en la ciencia, la tecnología y la cultura”. En un espacio de 35 hectáreas, albergará y fomentará, dicen sus diseñadores, el desarrollo de empresas de capital humano y de productos y servicios, principalmente a partir de tecnologías de punta en materia de comunicación e información.

Tiene planeado incursionar en siete áreas de conocimientos muy variadas, aunque las denomina prioritarias: alimentos y biotecnología agroalimentaria; recursos naturales, agua y cambio climático; educación; salud y turismo especializado; desarrollo regional; tecnologías de información y telecomunicaciones; y minería. Una mezcla muy amplia de áreas y que, a diferencia de otros conglomerados, no convergen en una especialización.

La planeación de la ciudad del conocimiento nayarita, dicen sus diseñadores, atravesará tres fases. La primera fue la construcción del plan maestro. La segunda es el desarrollo de las primeras 10 hectáreas con la instalación de seis instituciones residentes: el museo interactivo de ciencia y tecnología; un jardín botánico; un centro articulador de investigación en alimentos; una subsede de algún centro público de investigación de Conacyt; y el instituto de investigaciones educativas. La tercera y última fase será el desarrollo de las restantes 25 hectáreas con diferentes instituciones educativas y empresas.

Hasta ahora, el museo es el único que parece avanzar en firme. En cuanto al probable instituto de investigaciones educativas, todavía no es un hecho, aunque en septiembre del año pasado se protocolizó su acta constitutiva. Por cierto, el soporte del nuevo instituto no recaerá en escuelas nacionales, puesto que el convenio fue con la Universidad de Londres. Una vía que han seguido algunas instituciones educativas para alcanzar de forma expedita niveles de acreditación y certificación.

La ciudad del conocimiento nayarita, como se podrá apreciar, no está próxima; ni por el número de instituciones ni por los ritmos de construcción. Sin embargo, eso puede no ser lo más complicado. Lo difícil es lograr instaurar tal ciudad cuando se tienen capacidades educativas, científicas y tecnológicas sumamente reducidas.

Nayarit es una entidad relativamente pequeña (ocupa el lugar 29 en densidad demográfica y el 23 en extensión territorial) y aunque no fue de las últimas en crear su consejo de ciencia y tecnología (lo instauró en el 2001) su actividad es limitada y de bajo presupuesto. Tiene dos IES públicas, ningún centro público de investigación y solamente dos programas de posgrados acreditados en el padrón de posgrados. Es la entidad con el menor número de miembros en el SNI y junto con Guerrero son los estados con la menor productividad científica. Así, difícil, muy difícil, edificar una ciudad del conocimiento.

Posdata

Me preguntan si no me pareció relevante el pasado primer congreso del SNI. Sin duda lo fue, sobre todo por las apresuradas condiciones en que se planeó, pero más relevante será en qué culminarán las aportaciones que se recibieron.

(Publicado en Campus Milenio No. 369. Mayo 20, 2010)

¿OTRA DÉCADA PERDIDA PARA LA TECNOLOGÍA EN LAS AULAS?

En este año concluyen los contratos multianuales del programa Enciclomedia que impedían su cancelación. La experimentación con este programa duró prácticamente toda la década previa y al final, después de varios miles de millones de pesos gastados, equipo informático en desuso y opiniones encontradas, resulta que siempre no era la mejor opción. Ahora ya está en marcha el nuevo programa que lo sustituirá pero ¿habrá dejado algunas lecciones la iniciativa anterior?

Enciclomedia fue responsabilidad de la administración gubernamental anterior. Un programa dirigido a la educación básica y fundamentalmente consistía en la digitalización de los libros de texto, cuyo contenido se podía enlazar con otros recursos didácticos como fotografías, visitas virtuales, mapas, biblioteca del aula, audios, etcétera. El medio para realizar el enlace era un pizarrón interactivo (una pantalla sensible al tacto) en el cual se proyectaban los temas y los alumnos podían interactuar con la información un mayor tiempo. El supuesto era que tal proceso, además de despertar un mayor interés en los estudiantes, les permitiría un aprendizaje más significativo y fomentaría su capacidad de pensamiento y observación.

También se suponía que Enciclomedia recuperaba e integraba la experiencia de iniciativas como RedEscolar, SEPiensa o Biblioteca Digital, entre otras. Más aún, la misma SEP destacaba orgullosamente el hecho de que se trataba de un programa creado y desarrollado por mexicanos.

Los primeros pasos del programa Enciclomedia fueron realizados en el 2001, con la suscripción de convenios entre Conacyt, el IPN, el ITAM para la creación de un prototipo de supervisión pedagógica. Aunque, en realidad, el primer convenio para el diseño de Enciclomedia como tal fue en el 2003 y lo suscribieron la SEP y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

El programa no tuvo recursos financieros en los primeros tres años, solamente cuando comenzó la fase piloto en poco más de 20 mil aulas se le autorizaron recursos. Según el centro de estudios de las finanzas públicas de la cámara de diputados, en el “2004 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza en el mes de marzo ampliación líquida a la SEP para apoyar al sistema enciclomedia”. El monto para ese primer año fue un mil millones de pesos.

Desde la fase experimental se presentaron los problemas con Enciclomedia, pero lo curioso es que no fueron sobre el programa en sí mismo. El blanco de las críticas eran los procesos de licitación, así como los tiempos y formas para hacer llegar el equipo a las aulas. Una vez más, pese a la intervención de Transparencia Mexicana en el proceso, estaba presente la suspicacia por el manejo de los recursos y las empresas beneficiadas.

Sin embargo, independientemente de los cuestionamientos que se le formularon y el enfrentamiento con los diputados para la autorización de recursos, el gobierno federal decidió que Enciclomedia, debía estar en todas las aulas de 5to y 6to grado de primaria, incorporar inglés para el último año de primaria e incluso extenderlo a la secundaria. Las decisiones fueron tomadas cuando estaba por concluir el periodo de la administración anterior, por lo que se comprometieron recursos y se firmaron contratos multianuales.

Las críticas al programa fueron uno de los primeros problemas que enfrentó la actual administración y la entonces secretaria de educación señaló que encargaría un informe y todo se aclararía y se manejaría con transparencia. Desde un principio las autoridades educativas se inclinaban por suprimir el programa, pero el aseguramiento normativo no se los permitía; los costos y las responsabilidades eran mayores si decidían cancelarlo. Un programa sin futuro pero obligado a persistir.

La iniciativa que desde hace un par de años se ha manejado como programa sustituto es el de “Habilidades Digitales para Todos”, al cual ya nos hemos referido en este espacio y en una próxima entrega la comentaremos con mayor detalle. Ahora solamente indiquemos que en la más reciente reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), instancia que reúne a los secretarios de educación de todas las entidades, además de tomar el acuerdo para crear un instrumento financiero para crear “un modelo tecnológico pertinente e interoperable”, también se acordó considerar las alternativas que ofrece el término de los contratos multianuales de Enciclomedia, “a fin de proponer rutas estratégicas que definan desde las regiones, considerando las variables de cobertura y vigencia tecnológica, las opciones financieras de transición, conforme a las exigencias del modelo educativo y tecnológico en el marco de la estrategia Habilidades Digitales para Todos” (Acuerdo R.20.14).

El nuevo programa va, pero tal parece que después de una década no hubo responsabilidades ni aprendizaje ni una explicación pública de la iniciativa anterior. ¿Acaso nos debemos sentir satisfechos?

(Publicado en Campus Milenio No. 368. Mayo 13, 2010)

EL IFE Y EL ARTÍCULO 51 DEL PEF

Probablemente, apreciado lector, recordará que hace poco más de un mes comentamos la posibilidad de que el Instituto Federal Electoral (IFE) se apropiara indebidamente de los recursos derivados de las sanciones a los partidos políticos, en lugar de acatar la normatividad correspondiente y canalizar tales recursos a la actividad científica y tecnológica. Algo había de cierto, pero no era del todo exacto.

Es verdad que el IFE tenía previsto utilizar recursos provenientes de sanciones económicas, para cubrir su pasivo laboral. En la sesión del pasado 21 de enero de la junta general ejecutiva del organismo electoral se tomó tal acuerdo y así quedó asentado en actas.

La junta general es el principal órgano de las actividades técnicas y administrativas en el funcionamiento del IFE. En el organigrama está al nivel del consejero presidente y, de hecho, él la preside e integra a los titulares de las diferentes áreas administrativas del instituto. Es decir, tiene la responsabilidad de fijar los procedimientos normativos y poner en marcha los programas para el adecuado funcionamiento del organismo electoral.

En la sesión ordinaria de la junta del pasado mes de enero, el director ejecutivo de administración presentó un informe de las adecuaciones presupuestales, en la referente a las sanciones leyó: “El Instituto recibió en el período, producto de sanciones económicas 0.1 millones de pesos, que se destinarán a incrementar el fondo para atender el pasivo laboral”.

El mismo director de administración aclaró que lo más conveniente sería decir: “El Instituto recibió en el período, producto de sanciones económicas, impuestas a entes diferentes, a los partidos políticos y agrupaciones políticas…”. Esto es, precisó que el dinero provenía de sanciones pero no a los partidos políticos, como erróneamente lo habíamos supuesto. El informe se dio por presentado y así quedó registrado.

Los otros entes a los que se referían en el IFE, susceptibles de sanciones, eran las empresas de medios, tanto las televisoras como las estaciones de radio. La diferencia es importante porque, como ya lo hemos comentado en este espacio, desde el 2005 los diputados, al aprobar el presupuesto anual, acordaron que los ingresos derivados de sanciones a los partidos políticos serían canalizados directamente a Conacyt.

El decreto de presupuesto de egresos de la federación (PEF) de este año, pese a lo caótico de su negociación, también incluyó la norma correspondiente. El artículo 51 del PEF DEL 2010, en términos idénticos al año pasado, expresamente señala que: “Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Federal Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2010, serán reintegradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los Centros Públicos de Investigación, los cuales deberán destinarse a actividades sustantivas y proyectos científicos; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y deberá reportarse en los Informes Trimestrales sobre el ejercicio y destino de dichos recursos”. (DOF. 07/12/2009).

Entonces, al parecer, dado que el PEF no indicaba qué hacer con los recursos derivados de las sanciones a otro tipo de organismos, la junta general ejecutiva del IFE decidió que lo más conveniente era aplicarlos en atender su pasivo laboral.

Sin embargo, la medida adoptada por el IFE, como también lo advertimos aquí hace poco más de un mes, fue motivo de crítica y suscitó diferentes reacciones. Tal vez por esa razón el organismo electoral modificó parcialmente su decisión y canalizará a otro rubro los recursos. En la sesión ordinaria de la junta general ejecutiva del mes de abril, acordó que conservará para sí los recursos pero los aplicará en la mejora de infraestructura de sus módulos de atención ciudadana, no en su pasivo laboral (El Economista 30/04/2010).

Seguramente el asunto para este año seguirá el curso que ya acordó el IFE, pero en lo sucesivo habría que considerar al menos dos aspectos. Uno, ¿los diputados deberán modificar la redacción del artículo 51 del PEF del año próximo para especificar que se canalizaran a Conacyt todo tipo de recursos derivados de las sanciones a cualquier organismo? Todo parece indicar que sí, sobre todo desde el Conacyt, la parte beneficiada, aunque el IFE u otros sectores podrían no ser de la misma opinión. El otro aspecto es el margen de maniobra de las instituciones para tomar decisiones sobre recursos como los que están en juego (poco más de 200 millones de pesos). Tal parece que si el asunto no hubiera trascendido públicamente, no se hubiera modificado la aplicación de los recursos. Los legisladores tienen la palabra.

(Publicado en Campus Milenio No. 367. Mayo 6, 2010)