jueves, 29 de octubre de 2015

Conacyt: los años que de pronto son décadas
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
 
Desde ahora el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha comenzado los festejos por sus primeros 45 años de existencia. Una conferencia con George Fitzgerald Smoot, premio Nobel de física de 2006, fue la ocasión para dar inicio a la conmemoración.
 
La iniciativa de ley para la creación de Conacyt fue remitida por los diputados el 4 de diciembre de 1970, pero ésta se discutió en el pleno el 8 de diciembre del mismo año y se debatió en diferentes sesiones. Finalmente se aprobó el 21 de diciembre y el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de ese mismo año.
 
En esa época le correspondió al ingeniero veracruzano Eugenio Méndez Docurro encabezar su puesta en marcha. El ingeniero Méndez, fallecido apenas el pasado mes de agosto, previo a su responsabilidad como primer director de Conacyt, también había participado como vocal en el Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC), institución predecesora del actual Consejo. Aunque de esa fecha al día de hoy, las instituciones no son lo que eran ni el país tampoco.
 
Fuente:itculiacan.edu.mx
 
El INIC fue creado en 1950 y reorganizado en diciembre de 1961. El problema es que, en realidad, tuvo serias limitaciones para establecer una auténtica política científica. Tal vez por esa razón el gobierno echeverrista, los legisladores y la comunidad científica de entonces, consideraron que el INIC sería incapaz de asumir la responsabilidad de ser el órgano central de coordinación de esfuerzos en la materia y se propusieron reemplazarlo por el Conacyt.
 
Efectivamente, a partir de los años setenta se registra un esfuerzo más organizado y consistente para la formulación de una política científica y tecnológica. La normatividad para regular la existencia de CONACYT, en su parte sustantiva, argumentaba diferentes razones para ponerlo en marcha.
 
Una de los principales motivos se refería, claramente, al papel de la ciencia y la tecnología en el progreso del país. Se indicaba que sus resultados se deberían convertir en “poderoso instrumento del desarrollo general e integrado del país”, al mismo tiempo que deberían asegurar la independencia económica de la nación y su participación a nivel regional e internacional.
 
Aunque, seguramente como resultado de las características del discurso nacionalista y en contra del interés extranjero de entonces, también prevenía que no se trataba de “adoptar mecánicamente las numerosas técnicas modernas” y advertía la necesidad de complementarse con la “actividad general en cuanto a la aprovechamiento de recursos disponibles, al acervo de inventos e innovaciones, y a los procesos de industrialización y comercializaciones de productos”.
 
Sin embargo, tal vez el principal argumento para la creación de Conacyt fue admitir la dispersión de esfuerzos que comandaban al sector en esa época y la importancia de crear una infraestructura institucional de investigación, incrementar los recursos humanos en el área y, sobre todo, fortalecer e integrar los distintos recursos y actividades existentes para implementar una política científica y tecnológica.
 
La propuesta de ley de Conacyt de 1970 tenía una veintena de artículos, organizado en cuatro capítulos, en los que se precisaba su integración, organización, atribuciones y patrimonio. Desde el principio se le consideró como un “organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, asesor y auxiliar del Ejecutivo federal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología” (artículo 1). Por esta razón, Conacyt desempeña dos grandes conjuntos de funciones: las de asesoría al ejecutivo federal y las de ejecución de la política científica y tecnológica.
 
 
No obstante, uno de los grandes cambios de los inicios a la actualidad es la desectorización del organismo. En la ley de 1970 el organismo estaba sectorizado a la SEP, es decir era dependiente orgánica y presupuestalmente primero de esa secretaría, luego fue de otras. En la ley vigente se específica, también en el primer artículo, que es un organismo “no sectorizado”.
 
La reforma del 2002 a la normatividad científica y tecnológica, propuso, entre otras modificaciones, la desectorización de Conacyt. Un cambio que implicó no solamente la relativa independencia administrativa del organismo, sino también un incremento de sus capacidades y facultades de coordinación del sector y la creación del ramo 38 en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
 
Otro asunto son los nuevos programas que ha impulsado el organismo, los que han persistido en estas más de cuatro décadas y los resultados que se han obtenido. Por lo pronto, los primeros 45 años de vida expresan la madurez del organismo.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 630 Octubre 29, 2015, p.5)
 
Las comisiones legislativas y el trabajo en materia de ciencia y tecnología
 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
La norma del Congreso establece que, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, las comisiones deberán integrarse durante el primer mes e instalarse en los siguientes 15 días. Así fue. Al final de septiembre los diputados quedaron asignados a distintas comisiones y en los días siguientes comenzaron a trabajar.
 
 En cada inicio de legislatura, la titularidad de las comisiones casi siempre es motivo de tensas negociaciones, acuerdos e intercambios entre las fuerzas políticas. Presidir una comisión, aparte de algunos privilegios pecuniarios, implica encabezar la gestión de los asuntos turnados y también dirigir la elaboración de los dictámenes correspondientes.
 
Fuente: www.noticiasmvs.com
Además, lo que ocurre con las iniciativas en las comisiones, casi siempre anticipan lo que también seguirá en el pleno, porque las comisiones siguen el principio de proporcionalidad que tiene la Cámara. Es decir, dependiendo del número diputados de cada fuerza política, se asignan las presidencias de comisión; mientras más diputados concentre un partido, presidirá un mayor número de comisiones –las más codiciadas- y tendrá más votos en las mismas.
 
En la legislatura que inició funciones el mes anterior, tal parece que las negociaciones fueron tersas porque la distribución de comisiones no generó mayores inconformidades o al menos no trascendieron públicamente. También, la titularidad de comisiones conservó más o menos la misma distribución que la legislatura anterior. 
 
Según las cifras de la misma cámara de diputados, el total de legisladores se distribuyó entre los ocho partidos de la siguiente forma: PRI 203; PAN 108; PRD; 60; Verde Ecologista 46; Morena 35; Movimiento Ciudadano 25; Nueva Alianza 11; y Encuentro Social 8. Además, un diputado se declaró sin partido (Jesús Manuel Clouthier) y otra más independiente (Ariadna Montiel que renunció a su militancia perredista). Aunque debieran ser 500, en realidad la legislatura inició con 498, quedaron pendientes dos casos.
 
En la ley orgánica del Congreso se reconocen 52 comisiones ordinarias, pero desde la legislatura anterior le añadieron cuatro comisiones más: Distrito Federal; Economía; Jurisdiccional; y Régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias. Los diputados pueden crear tantas comisiones (ordinarias y especiales) como se les ocurra y a menudo ha sido la forma de alinear a representantes de partidos políticos o compensarlos.
 
El PRI presidirá 23 comisiones, entre ellas las de Gobernación, Justicia y Presupuesto y cuenta pública. El PAN tendrá a su cargo 12 comisiones, en las que se incluyen la de Fortalecimiento del federalismo, Seguridad pública y Hacienda y crédito público. Por su parte el PRD encabezará siete comisiones: Distrito Federal; Educación pública y servicios educativos; y Puntos constitucionales.
 
 
El Partido Verde será titular en seis comisiones, entre ellas, nada menos, la de Asuntos frontera sur –sureste, Medio ambiente y recursos naturales, así como la de Radio y televisión. El partido Morena, fuerza política representada por primera vez en el Congreso, presidirá cuatro comisiones, entre ellas la de Seguridad social y Transparencia y anticorrupción. Por último, Movimiento Ciudadano tiene 3 comisiones, Encuentro Social una y Nueva Alianza otra.
 
Precisamente, la comisión que preside el Partido Nueva Alianza es la de ciencia y tecnología; también la presidió en la legislatura anterior. El titular será el profesor José Bernardo Quezada Salas, tendrá siete secretarios y otros 14 integrantes (Diario de los debates. Anexo. 29.09.2015).
 
El profesor Quezada, hoy diputado, fue secretario general de la sección 60 del SNTE, la que agrupa a los trabajadores del IPN. Todavía hace más de un año estaba entregando el pliego petitorio a las autoridades del Poli.
 
La comisión de ciencia y tecnología quedó instalada el pasado 15 de octubre. En la reunión, el ahora presidente de la comisión, Bernardo Quezada, instó a todos los integrantes, como lo han hecho la mayoría de legisladores y funcionarios en la última década, “a formar un frente en pro del sector, para que en esta Legislatura se logre destinar el uno por ciento del PIB a esas actividades” (Boletín No. 0237).
 
Lo sorprendente es que el diputado Quezada anunció que se buscarán recursos por 90 mil millones de pesos para ciencia y tecnología para el ejercicio fiscal 2016. Tal vez no se ha enterado que el proyecto de paquete económico enviado por el gobierno federal, el que deberán dictaminar en breve, incluye una propuesta de gasto para el sector por 90 mil 923 millones de pesos. Claro, a no ser que la idea sea recortarlo.
 
Hace dos semanas nos interrogamos sobre la conveniencia de suministrar información especializada a los legisladores. En vista de los pendientes legislativos, quizás la idea debiera comenzar a tomar forma.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 629 Octubre 22, 2015, p.5)

jueves, 15 de octubre de 2015

La calidad educativa en la agenda 2030 mundial y en la norma nacional

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

En el ámbito nacional tuvo mayor resonancia lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto en su intervención en la 70a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 25 de septiembre en Nueva York, más que el plan de acción aprobado en esa reunión.
 
Fuente: www.horacero.com.mx
Aunque la referencia del presidente mexicano, una vez más y en un contexto internacional, a las amenazas de los “nuevos populismos de izquierda y de derecha” pudo tener mayor interés para la política nacional, lo cierto es que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible podría ser de suma relevancia.

En este año, con algunos pendientes localizados en las regiones y Estados con mayores carencias, concluirá el periodo que se fijó en el año 2000 para cumplir los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). ¿Los recuerda? Hace quince años, el primer objetivo era erradicar el hambre y la pobreza extrema en el mundo; el segundo,  lograr enseñanza primaria universal.

Fuente: www.taringa.net
Según el balance de la propia ONU, los ODM fueron un poderoso incentivo para poner en marcha acciones a favor de los grupos más desfavorecidos. Aprovechando la energía de diferentes naciones, la ONU desde el año anterior comenzó a trabajar en otra serie de objetivos, junto con los Estados miembros y grupos de la sociedad civil, en lo que ahora se denomina Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la idea de alcanzar lo que queda pendiente.


Los Estados miembros de Naciones Unidas, México entre ellos, aprobaron una Agenda mayor a cumplirse en los siguientes 15 años. Son 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que incluyen las esferas económica, social y ambiental. En conjunto, tienen un mayor grado de desagregación e indicadores que los ODM. Por ejemplo, nada menos, vuelve a colocar en primer lugar a la erradicación de la “pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”.


En el caso del tema educativo, el objetivo número cuatro señala: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (A/70/L.1). Es decir, se plantea un objetivo todavía más ambicioso, respecto del que se había propuesto en el año 2000, ahora también busca garantizar la equidad educativa, con calidad en todos los niveles y un aprendizaje permanente para todos.

Funte: www.paho.org 
El objetivo señalado incluye una decena de acciones, en las que se insiste sobre el asunto de la calidad. Por ejemplo, se anota que para el año 2030 debe asegurarse que “todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos” (4.1).

El acceso y la calidad no solamente en primaria y secundaria. También se amplía a la primera infancia y la educación preescolar, lo mismo que  “el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” (4.3).

Igualmente, añade acciones para reducir las disparidades de género en educación y para incrementar el número de jóvenes y adultos con las competencias necesarias para lograr empleos y trabajos decentes, entre otros.

El problema de la calidad no es ninguna novedad en el terreno educativo. No lo es en México y tampoco en el mundo. Al menos desde los años ochenta del siglo pasado se viene insistiendo en el tema. Sin embargo, por un lado, sorprende su persistencia, tanto como el de la equidad; por otro lado, es posible que el significado de la calidad sí haya variado, ahora parece estar más próximo a ese sentido de pertinencia y efectividad.

Fuente: revista.coomeva.com.co
En el caso de México, en la reforma educativa en curso, cuando se reformó el artículo tercero Constitucional en febrero del 2013, sorprendió la inclusión del párrafo en el que se anotó “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria...”. En el inciso “d” de la segunda fracción del mismo artículo se añadió que “Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”

En la ley general de educación se amplió todavía más el sentido, al indicar el derecho de todo individuo a recibir una educación de calidad y el deber del Estado a proporcionarla (artículos 2do y 3ro). Incluso, en la fracción IV del artículo 8, se precisó qué se entendería por calidad: “la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad”.

Entonces, la calidad ya se hizo un lugar en la Agenda mundial y en la norma nacional. Ya nada más falta llevarla a los salones de clase. Eso. 

(Publicado en Campus Milenio No. 628 Octubre 15, 2015, p.4)

sábado, 10 de octubre de 2015

¿Información especializada para legisladores?
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
Una oficina de información especializada y consulta experta para  legisladores podría ser una iniciativa deseable, aunque tendría que salvar múltiples escollos para ponerse en marcha y hacerse de un buen lugar frente a las múltiples instancias que ya existen en las Cámaras.
 
La propuesta de crear una Oficina de Ciencia y Tecnología al servicio de las Cámaras de Senadores y Diputados la formuló José Franco, el coordinador del  Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), en sesión de trabajo con la comisión de ciencia y tecnología del Senado.
 
www.foroconsultivo.org.mx
Según información del propio Foro (30.09.2015), los integrantes de la comisión avalaron la propuesta de crear la Oficina. La idea, como la expresó José Franco, es que alrededor de una docena de científicos trabajen de “tiempo completo para el legislativo de nuestro país y se encarguen de formar notas pertinentes, sintéticas y bien definidas dentro de cada uno de los temas que el legislativo va a estar atendiendo a lo largo del año”.
 
El modelo de referencia es la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tencología del Reino Unido (Parlamentary Office of Science and Technology, POST). Una instancia creada para asesorar científicamente y prestar diferentes servicios a la Cámara alta (Lores) y la Cámara baja (Comunes).
 
La oficina de referencia del Reino Unido es supervisada por 14 parlamentarios y cuatro representantes de la comunidad científica y tecnológica. Es relativamente chica, integrada por un director, ocho consejeros científicos y dos administrativos. Además, utiliza extensa e intensamente, por periodos cortos, a becarios doctorales y posdoctorales, respaldados por organizaciones y sociedades de investigación (www.parliament.uk).
 
El tipo de servicios que presta la POST al parlamento británico van desde asesorar, proporcionando evidencias de investigación sobre cuestiones críticas de política pública, hasta suministrar breves análisis imparciales para uso legislativo, validados científicamente. También celebra reuniones de parlamentarios y expertos o realiza búsquedas de tendencias que podrían tener implicaciones legislativas.
 
Al parecer, por las evaluaciones que se le han practicado, son apreciados los servicios de asesoría e información que presta la POST. En particular, los mismos parlamentarios destacan la importancia de los análisis imparciales, la calidad de la información y el hecho de que los reportes sean escritos especialmente para ellos.
 
En el caso de México, los legisladores se apoyan fundamentalmente en un heterogéneo y poco eficiente cuerpo de asesores, asignados conforme el tipo de comisión a la que pertenecen. De ahí se deriva la disputa y negociación por la titularidad de comisiones cada inicio de legislatura.
 
Fuente: contactohoy.com.mx
Además, cada una de las Cámaras tiene organismos especializados en diferentes materias, con distintas trayectorias y productividad variable. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene media docena de centros de estudio: Finanzas Públicas; Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Estudios Sociales y de Opinión Pública; para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; o el de Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
 
A su vez, el Senado de la República cuenta con el Instituto Belisario Domínguez, un órgano encargado precisamente de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional que respalden el trabajo de los legisladores y también que le sean útiles en los temas de su agenda. Tiene una treintena de investigadores y una cantidad más o menos equivalente de técnicos y personal de apoyo.
 
De hecho, el pasado mes de agosto, Conacyt y el titular del Instituto Belisario firmaron un convenio de cooperación para realizar actividades en materia legislativa y de investigación científica (Comunicado 70/15). Aunque, al parecer, lo más importante para el órgano del Senado es que su personal de investigación se pudiera incorporar al Sistema Nacional de Investigadores.
 
Adicional al Instituto Belisario, el Senado cuenta con el Centro de Estudios Internacionales para asesorarlo en materia de política exterior y con el Centro de Capacitación y Formación Permanente para cumplir con la profesionalización de su cuerpo de apoyo a través del servicio civil de carrera.
 
En fin, como se podrá advertir, son múltiples, variadas y desiguales las fuentes de asesoría legislativa. Añadir una instancia relativamente pequeña, altamente productiva y especializada puede hacer una diferencia. Sin embargo, no será nada sencillo tratar de ponerla en marcha, modificar rutinas y menos convencer a los legisladores de renunciar a privilegios para una cierta racionalización de funciones y gastos.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 627 Octubre 8, 2015, p.5)
Posgraduados a... la industria
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
En el más reciente informe de gobierno, las estimaciones para el ciclo escolar 2015-2016 dicen que están matriculados, en cifras redondas, en el sistema educativo mexicano: 33 mil doctores y 165 mil maestros. A la vez, cada año, la cifra de egreso de los primeros es de alrededor de 5 mil y de los segundos de aproximadamente 53 mil.
 
El número de egresados es una cifra potencial de buscadores de un sitio en el mercado laboral, pero no necesariamente son todos. Muchos de los egresados de licenciatura buscan cursar una maestría para afianzar su formación o, posteriormente, estar en mejores condiciones y tener mayores oportunidades de encontrar un empleo.
 
Fuente: es.estudie.org
También, los nuevos maestros buscan continuar en el sistema educativo y varios de ellos se inscriben a un doctorado. Igualmente, cada vez más, una porción importante de egresados del doctorado tienen la idea de cursar un posdoctorado. La mayoría de los que continúan en el sistema educativo intentan hacerlo con el respaldo de una beca. Aunque muy irregulares, el ritmo de las nuevas becas de Conacyt para posgrado ha sido creciente en la última década. En el 2005 se otorgaron poco más de 10 mil nuevas becas y en el 2013 alrededor de 28 mil (maestría y doctorado). Pero, no son todas ni son las únicas.
 
Los jóvenes han visto en la permanencia en el sistema educativo una estrategia defensiva, sobre todo ante la percepción generalizada de un mercado laboral refractario a los recién egresados. Tampoco es una novedad, desde los años setenta del siglo pasado, al aumentar la demanda educativa, incluso en épocas de crisis económicas, se advirtió que la permanencia en la escuela era un cálculo de los jóvenes y sus familias.
 
La situación es un tanto paradójica porque, por un lado, ante el bajo nivel de cobertura de los estudios superiores y el escaso número de investigadores per cápita, se insiste e impulsa la idea de incrementar el nivel escolar de la población, alentada por la ideología de sociedades basadas en el conocimiento que se recupera en los planes y programas gubernamentales.
 
Por otro lado, la dinámica de desarrollo de la economía nacional no es capaz de generar los lugares necesarios para el número de egresados con alto nivel de calificación, incluso en el nivel relativamente modesto en el que ahora se encuentran los estudios de maestría y doctorado.
 
Fuente: encuestam.info
Entonces, tenemos una presión creciente en el sistema educativo, un incremento cada vez mayor del nivel de escolaridad de los jóvenes, un aumento en el número de apoyos para retener a los jóvenes en la escuela y escasas oportunidades en el mercado laboral.
 
El programa Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores, del cual nos hemos ocupado en estas páginas, es una de las iniciativas más recientes que intenta resolver las dificultades de falta de opciones para los nuevos doctores. Sin embargo, como ya lo hemos hecho notar, su alcance es sumamente limitado y las oportunidades se concentran en el sector de la educación superior.
 
Al parecer, ahora se ensayará una modalidad más para ampliar las oportunidades de jóvenes posgraduados en la industria. La semana pasada Conacyt y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) firmaron un convenio para poner en marcha diferentes medidas.
 
Los detalles del convenio no se conocen, pero el presidente la Canacintra, Rodrigo Alpízar, dijo que: “habrá posgrados en el sector industrial y becas para trabajadores de empresas afiliadas a la Canacintra”. Al mismo tiempo, la directora de posgrados y becas de Conacyt, Dolores Sánchez, destacó “la incorporación de recursos humanos de alto nivel al sector industrial y el diseño de proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación” (Comunicado 87/15).
 
 
eleconomista.com.mx
No es la primera vez que se firman estos convenios. La más reciente fue en el 2012, cuando se puso en marcha un proyecto piloto mediante el cual se incorporaron medio centenar de maestros y doctores en el sector eléctrico nacional, con un esquema relativamente similar al que opera en el de formación dual.
 
En el proyecto del 2012, Conacyt aportó durante un año el 50 por ciento del salario a las personas con maestría (10 mil pesos) o doctorado (15 mil pesos) que se incorporaron a una de las empresas del sector. Los posgraduados eran de ingeniería, ciencias exactas y gestión de la innovación. La empresa aportó el otro 50 por ciento y se supone que después de un año asumiría el pago del salario completo.
 
No se sabe si el reciente convenio operará bajo el mismo esquema y cuál será su alcance. Lo que parece claro es que depende del dinamismo de la economía y será muy limitado. En próxima entrega revisaremos las cifras de distribución de recursos humanos conforme el sector en el que se desempeñan.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 626 Octubre 1, 2015, p.5)