viernes, 28 de julio de 2017

Evaluación científica: la vida académica en un formato


Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
(Publicado en Campus Milenio. No. 715. Julio 27, 2017. Pág. 5)

Investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), uno de los centros públicos de investigación del área del área de las ciencias sociales y las humanidades, encabezan una protesta pública por la manera en la que se quiere evaluar su trabajo. Dicen que es una “forma rígida y excluyente a la que nos quieren obligar a presentar la información sobre nuestras actividades académicas”.

En una carta dirigida a Enrique Cabrero, titular del Conacyt, y a Víctor Gerardo Carreón, director de planeación y evaluación del mismo organismo, casi un centenar de investigadores del CIESAS, se inconforman por el reciente cambio en la plataforma digital del Conacyt. El rechazo no es a la modificación informática es, más bien, al formato en el que deben “capturar” la información relevante de su trayectoria académica: el Currículum Vitae Único (CVU).

El CVU es la fuente de información primaria para todo trámite académico ante el Conacyt. Ahí quedan trazadas las coordenadas de la vida académica del investigador, el becario o el aspirante a serlo; sirve tanto para valorar la permanencia, ascenso o salida como investigador, como la asignación de financiamiento para un proyecto o el merecimiento de una beca de posgrado.

La importancia del CVU ha sido paulatina y es relativamente reciente su formato completamente digitalizado. Hasta hace muy poco los investigadores llegaban a las puertas del Conacyt con cajas de cartón apiladas con toda la documentación probatoria para su evaluación; incluso las instituciones contrataban transporte de carga. A la par, a mediados de los años 2000, el Conacyt comenzó a tratar de homogeneizar la información de todos sus investigadores.

También, a medida que los trámites gubernamentales (y de todo tipo) se extendieron electrónicamente a diferentes áreas, la digitalización de la información y el servicio “en línea” se han convertido en la forma más fácil de atención a las demandas. El Conacyt, sin embargo, apenas hace un par de años inició con su modernización tecnológica y a prescindir de la documentación física.

Ahora, el paso más reciente ha sido la actualización de su portal electrónico y la utilización de diferentes plataformas para los distintos servicios que brinda el organismo. Una de ellas es la del CVU, en la cual aparece el nuevo formato de captura y ahí, todos los usuarios, deben migrar sus datos curriculares de su CVU anterior. Eso también esa es parte de la queja.

El asunto del CVU no solamente tiene una dificultad técnica, especialmente para los investigadores de muy bajo perfil tecnológico, pero de alta categoría en el Sistema, que han tenido que aprender a utilizar las herramientas informáticas o buscar apoyo para esas tareas. Lo más importante es que, ahora, el nuevo formato de CVU será el principal instrumento para evaluar el desempeño individual.  El problema, señalan los investigadores del CIESAS, es que el formato “deja fuera actividades sustantivas de nuestro quehacer como científicos sociales”.

Por ejemplo, dicen en su carta los investigadores, excluye actividades realizadas en importantes universidades, lo mismo que publicaciones de determinadas editoriales y revistas. También se inconforman con la solicitud de incluir los códigos numéricos internacionales de las publicaciones (ISBN o ISSN), el registro de inscripción en los posgrados o la presentación de la cédula profesional.

La carta de los 100 investigadores del CIESAS fue acompañada de otras 174 firmas de académicos procedentes de casi medio centenar de instituciones y publicada el pasado 15 de julio en la plataforma “Change.org”. Esta última es un sitio electrónico para movilizar el respaldo a una causa y la lista de firmantes alcanzó más de dos mil adhesiones en los días siguientes (No-a-un-cvu-cerrado).

La inconformidad con las formas y tiempos de la evaluación del desempeño individual ha sido permanente. El SNI, a mediados de los años ochenta, fue uno de los precursores de la política que se extendió en la vida académica. Sin embargo, en estas más de tres décadas, a pesar de que se han modificado componentes, herramientas y mecanismos de evaluación, persiste la idea de que han sido mayores su efectos negativos (distorsión, parcialidad, cantidad sin calidad) que el mejoramiento de la actividad.

Al inicio de este mes, casi una decena de académicos de la UNAM y la UAM, publicaron un documento en el “Blog de educación de Nexos” para invitar a debatir ampliamente el problema de la evaluación académica y presentan una propuesta de evaluación diagnóstica y formativa (“Queríamos evaluar y terminamos contando: alternativas para la evaluación del trabajo académico”). Afirman que las actuales evaluaciones del desempeño individual no cumplen con los requisitos académicos elementales: promover el desarrollo y no castigar; recibir recomendaciones para mejorar; criterios de evaluación justos; reglas claras y transparentes
 
La incógnita es si estamos llegando a un punto de inflexión en la sostenida política de evaluación del desempeño individual o, una vez más, ésta conservará sus principios y se reinventará bajo nuevos mecanismos

jueves, 20 de julio de 2017

Ciencia y tecnología. Conversemos sobre lo que tienen que decir

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES

(Publicado en Campus Milenio No. 714. Julio 20, 2017. Pág. 5)

Lo denominaron “Primer conversatorio. El otro lado de la moneda: desafíos del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación desde la mirada de los estudiantes de posgrado” y fue realizado en las instalaciones del Senado de la República. La iniciativa, apoyada por la Cámara alta, fue de los jóvenes y sí, fue un encuentro entre hacedores de políticas y los destinatarios de esas mismas políticas.

El encuentro es uno de los primeros intentos por zanjar el conflicto que se suscitó desde el primer trimestre de este año. Usted lo debe recordar, cuando varios estudiantes de posgrado, y muchos otros, no habían tomado nota de que en este año entraría en vigor una nueva unidad de referencia (la UMA) para todas las normas que tenían el salario mínimo como base de cálculo para otorgar incentivos. Una medida positiva que permitirá mejorar el salario sin implicar el cúmulo de leyes que estaban atadas, pero que los estudiantes piensan no les favorece. Las autoridades tampoco se ocuparon de explicarlo.

Después, el problema mayor fue que los jóvenes, cuando se inscribieron a un programa de posgrado, estaban en el supuesto de que recibirían una beca. Resultó que no, no habría becas para todos. Así que ni UMA ni nada.  Las autoridades de Conacyt dijeron que les comunicaron con anticipación a los coordinadores de los programas que no habría beca para todos los estudiantes; los coordinadores lo negaron. Ahí se agravaron las dificultades.

En realidad, como había ocurrido en los años previos, la mayoría de los estudiantes que eran admitidos en programas de posgrado pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) podían contar con una beca. Claro, los números finales estaban un tanto en función de los perfiles académicos y socioeconómicos de los jóvenes, otro tanto dependientes del número de becas recibido en cada institución el año anterior y, lo más importante, en virtud del presupuesto anual de Conacyt.

Las instituciones aceptaron, respecto del año anterior, a un mayor número de estudiantes y resultó que no todos alcanzaban una beca. Aquí lo comentamos en su oportunidad: en este año, un recorte de seis mil millones de pesos en el presupuesto que ejerce centralmente Conacyt tendría consecuencias.

El asunto es que lo estudiantes se inconformaron con el recorte de becas y con la nueva base de cálculo, Conacyt permaneció impasible y solamente intervino hasta que las protestas se hicieron públicas y crecientes.

No se modificó la unidad de medida pero sí se otorgó un mayor número de becas y al parecer hasta ahí había quedado el asunto. Pero no, un grupo de jóvenes persistieron en una incipiente organización, en su demanda de mayor presupuesto para el sector y en lograr becas para todos los estudiantes de posgrado.

El martes de la semana pasada tuvo lugar el conversatorio que organizaron los estudiantes. Los temas a conversar: la incertidumbre presupuestaria del sector; las vicisitudes de ser un estudiante de posgrado en México; infraestructura científica y tecnológica; la mancuerna academia – sector productivo – gobierno; y la participación de las y los estudiantes de posgrado en la planeación de la política científica, tecnológica y de innovación.

Desafortunadamente no pude atender la amable invitación para participar, pero en cada tema estuvieron estudiantes, autoridades del sector, legisladores y especialistas. Y como lo celebró el senador Juan Carlos Romero Hicks, fue muy importante que las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología de las Cámaras, “hayan logrado el propósito de hacer visible a los alumnos provenientes de 30 instituciones y 13 casas de estudios, dedicadas a las artes, humanidades, ciencias exactas y naturales, con lo cual se logró pasar de las quejas a propuestas claras” (Boletín 1681).

El conversatorio es un formato que ha impulsado Naciones Unidas con el fin acercar a ciudadanos, especialistas y autoridades en discusiones que permitan registrar aportes y construir agendas nacionales en temas muy variados. Lo característico es que son participaciones informadas pero que son relativamente informales, relajadas y que no requieren de mucha preparación.

El formato no es desconocido para Conacyt ni tampoco para el Senado, aunque sí es relativamente reciente y sí lo es para acercar posiciones encontradas. Conacyt apenas lo utilizó el mes pasado para exponer diferentes puntos de vista sobre las evaluaciones de la política científica y tecnológica que realiza, pero todas las participaciones fueron de especialistas. El Senado lo ha utilizado desde hace un par de años, con diferentes propósitos, para ventilar o intercambiar información, entre ellas la concerniente a Naciones Unidas.

Lo positivo del reciente conversatorio es que quedó instalada la posición de los jóvenes sobre la política científica y tecnológica nacional. Todavía más porque ahora, con el inicio de los cursos universitarios, regresará el tema de las becas. Lo difícil de un conversatorio, sin embargo, es llegar a un consenso y conclusiones compartidas con efectos prácticos. El otro asunto que vale la pena tener presente es qué papel desempeñan los organismos intermedios del sector. 

Educación superior. Reconocimiento mundial de cualificaciones

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 713. Julio 13, 2017. Pág. 5)

Un convenio mundial de reconocimiento de títulos, grados y diplomas de la educación superior todavía no es una realidad. Sin embargo, es posible que para el final de este año o el siguiente lo sea. No será fácil. El comité encargado de la redacción de un posible convenio, después de más de un año de trabajo, celebró su última sesión al final del mes pasado y ha dicho que ya está el anteproyecto, el cual será presentado al comité ejecutivo de Unesco el próximo mes de noviembre (unesco.org 05.07.2017).

La elaboración de un documento marco en la materia se ha vuelto cada vez más apremiante y es, quizás, la expresión inequívoca de que hoy estamos ante un notable incremento en el flujo internacional de personas con altos niveles de calificación. Por ejemplo, de 1990 a 2010, en los países de la OCDE, el número de migrantes altamente calificados (al menos con un grado de estudios superiores) se incrementó 130 por ciento, mientras que los de baja calificación (educación primaria) solamente creció en 40 por ciento (Kerr, S. P. et al. 2016. “Global Talent Flows”. Journal of Economic Perspectives, 30(4), 83–106).

En el caso de los Estados Unidos, según las cifras de su censo, reveló que casi la mitad de los inmigrantes que llegaron a ese país entre 2011 y 2015 eran personas con estudios superiores, mientras que entre 1985 y 1990 representaron solamente el 27 por ciento. A pesar de que las personas provenientes de Asia han contribuido de forma significativa a elevar ese porcentaje de alta calificación, los que llegan de América Latina representan alrededor de una cuarta parte (Batalova, J., & Fix, M. 2017. New Brain Gain: Rising Human Capital among Recent Immigrants to the United States. Washington, D.C.).

Una movilidad que seguramente continuará en ascenso con nuevos desafíos por delante pero que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy sigue rutas muy variadas. Ya no es solamente desde un punto, en una sola dirección o concentrada en una región. Ciertamente, la búsqueda de acuerdos internacionales sobre niveles de calificación no es un asunto reciente. De hecho, como lo dice la propia Unesco (2015), desde mediados del siglo pasado se ha discutido el tema y en los años setenta e inicios de los ochenta se produjo una primera generación de convenios regionales.

Uno de los primeros acuerdos en ratificarse fue el “Convenio regional de convalidación de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe”. Por cierto, el convenio fue firmado en México en julio de 1974, hace casi medio siglo. Ahí, en una veintena de artículos, quedaron las definiciones, los objetivos, los compromisos y las condiciones del reconocimiento de estudios.

Por ejemplo, quedó establecido que se entendería por reconocimiento de un diploma, título o grado extranjero, “su aceptación por las autoridades competentes de un Estado contratante y el otorgamiento a los titulares de dichos diplomas, títulos o grados de derechos concedidos a quienes posean” uno nacional similar.

Tales derechos serían válidos tanto para continuar estudios como para el ejercicio de una profesión. En el primer caso suponía establecer requisitos relativamente equivalentes de admisión y de evaluación en las instituciones de la región; en el segundo, aceptar la capacidad técnica del profesionista sin eximirlo de la regulación normativa nacional del ejercicio de la profesión.

Convenios similares se establecieron para las diferentes regiones del mundo: Mediterráneo (1976); Estados Árabes (1978); Europa (1979); África (1981); y Asia y el Pacífico (1983). Sin embargo, estos convenios se perfilaron y respondieron para un mundo que no es el de hoy. Así que, como dice Unesco, vino una segunda generación de convenios al final de los años noventa, espoleados por nuevas alianzas regionales, como el de la Unión Europea y su estrategia de Lisboa, la de América del Norte o la de Asia – Pacífico.

Según la Unesco, actualmente sería posible un convenio global, derivado de las tendencias regionales y globales de la educación superior. Tendencias que se podrían sintetizar en la palabra “diversificación”, tanto de proveedores como de suministros, alumnos, orientación institucional, etcétera. Una diversificación animada por la masificación de la educación superior y las tecnologías que la han hecho posible.

El asunto es que el volumen de la movilidad académica también se ha incrementado de forma importante. En los últimos 15 años el número de estudiantes móviles se duplicó y se estima que se volverá a duplicar para el final de la década actual. Entonces, el tema del reconocimiento de títulos y diplomas se volverá más relevante.

La Unesco ha dicho que el futuro Convenio no implicará un reconocimiento automático o mutuo de títulos y diplomas por sus Estados Partes. Más bien será un instrumento normativo que permita elaborar un marco internacional “para armonizar los procesos de reconocimiento de cualificaciones relativas a la enseñanza superior emitidas en todas las regiones del mundo”.

No, no será nada fácil lograr un acuerdo. No lo es a nivel nacional, como lo documenta Roberto Rodríguez en la columna vecina, y menos a nivel internacional. Todavía menos si se consideran los ajustes recientes en la geopolítica. Tampoco será imposible.