jueves, 27 de agosto de 2015

Educación superior: ¿nueva planeación con fondos decrecientes?
 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99


Las actuales condiciones, ni de lejos, sean internas o externas, se asemejan a las de aquellos prometedores días de diciembre de 2012. La próxima semana el gobierno federal presentará su tercer informe de gobierno; terminó la primera mitad de su periodo, la del aprendizaje, los compromisos bajo firma y los anuncios de las grandes reformas. Inicia la menguante segunda mitad, con un entorno financiero altamente inestable, una credibilidad gravemente deteriorada, recursos escasos y la presión para entregar resultados que no están.
 

Fuente: definición.mx
Sin embargo, tal parece que en el campo de la educación superior la primera mitad del periodo de gobierno pasó de largo y las cosas apenas están por comenzar. La semana pasada se realizó en Guanajuato la segunda reunión nacional de “Planeación Integral de la Educación Superior”, organizada por la subsecretaría federal correspondiente y con la idea de realizar un ejercicio para orientar un nuevo desarrollo para ese nivel educativo.
 
 
 
Aunque la demora para perfilar un nuevo derrotero para la educación superior podría deberse al ajuste que hubo en la subsecretaría de educación superior a finales de diciembre del año pasado, tal vez no sea la única razón. Efectivamente, estimado lector, recordará que en esa fecha, Efrén Rojas Dávila, entonces asesor de proyectos especiales del secretario de Educación Pública, asumió la titularidad de la subsecretaría y se supondría que para este año el nuevo equipo apenas estaría en condiciones de poner en marcha sus planes para el subsistema.
 
 
Pero, además, al comienzo de este año fue cuando el secretario de Hacienda anunció que el presupuesto para el año próximo sería de “base cero”, con lo que dio lugar a variadas especulaciones sobre lo que ocurriría con los programas de las diferentes dependencias. Es posible que el ejercicio de planeación que ahora se está intentando para la educación superior busque adecuarse a los imperativos del nuevo esquema de programas presupuestarios que se pondrán en operación para el año próximo o tal vez para el 2017.
 
 
Hace dos meses, también en Guanajuato, se realizó la primera reunión de “Planeación Integral de la Educación Superior”. Ahí se dijo que se trataba de la primera etapa del proyecto e incluyó una decena de estados: Chiapas, Colima, México, Morelos, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
 
 
 
Básicamente, los participantes en la reunión analizaron cinco temas: cobertura, aprendizaje; pertinencia; calidad; y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Elaboraron documentos con estrategias y proyectos que les permitieran alcanzar tales objetivos en cada entidad y se plantearon acciones y metas a cinco años.  
 
En la segunda reunión, la efectuada la semana pasada, con los mismos principios y finalidades, participaron otra decena de entidades federativas, ahora tocó el turno a: Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
 
Al parecer el plan es realizar una tercera reunión con las entidades restantes y posteriormente integrar un documento con todas las aportaciones. Según lo anunciado por Salvador Malo Álvarez, director general de educación superior universitaria de la SEP, la siguiente reunión se realizará el 5 de septiembre y para el final del mismo mes se conocerá el documento con los resultados (La Jornada 24.08.2015).
 
Fuente:www.uv.mx
Todavía es pronto para saber si se trata de un ejercicio más de los muchos que se practican pero que son irrelevantes. O bien, si profundizará el modelo de planeación vigente o, por el contrario, servirá para sentar nuevas bases de uno distinto. ¿Será el inicio de otro esquema de programación y presupuestación para el nivel?
 
 
 
 
En el campo de la educación superior, desde el 2001, el trabajo de planeación ha tenido como pilar a los programas integrales de fortalecimiento institucional (Pifi). Esos programas enraizados, con sus recurrentes actualizaciones y su proyección de objetivos y metas que también dicen conjuntar las necesidades nacionales, regionales y estatales, pero que han generado reacciones más bien controvertidas en los rectores.


Lo inquietante del caso es que el anuncio de un posible cambio en el proceso de planeación se da precisamente en un contexto de incertidumbre presupuestal. El diario Reforma (22.08.2015), citando el documento “Techos del proyecto de presupuesto de egresos 2016” de la Secretaría de Hacienda, destacó que se preparan recortes para las principales universidades del país. Entonces: ¿nos olvidamos o nos preocupamos de las intenciones?
 
(Publicado en Campus Milenio No. 621. Agosto 27, 2015, p.5)



viernes, 21 de agosto de 2015

Conacyt se reajusta: planeación y cooperación internacional
 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
El Conacyt realizó una modificación más a su estructura interna: dividió una de sus direcciones adjuntas y cambió de posición otra. Es una transformación que pareciera relativamente insignificante en el intrincado mundo de las reglas y cadenas de mando del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas. No lo es.
Fuente:itculiacan.edu.mx

Generalmente, las modificaciones del organismo encargado de la ejecución de las políticas están asociadas a lo que establece el marco normativo principal, como el Plan Nacional de Desarrollo o la ley sectorial. Si el Plan o la Ley cambian el modelo de desarrollo o se introduce un nuevo componente (ocurrió con el modelo lineal o el tema de la innovación) le sigue una modificación al organismo.
 
 
Igualmente puede ocurrir, y no ha sido infrecuente, que se modifiquen las prioridades en el sector (p.e. el sistema de investigadores o los fondos competitivos) y el organismo abre una nueva ventanilla de atención, a lo que le sigue una cauda de oficinas y reglamentos.
 
También ha sido el caso que la estructura organizativa del organismo, con la expansión del sector, vaya simétrica o muy por delante en lo que se refiere a crecimiento. Después de todo, no es lo mismo administrar y atender un sistema pequeño, en lugar de uno amplio y diversificado.
 
La modificación anterior de la estructura orgánica de Conacyt ocurrió a mediados del 2010. En esa fecha se redistribuyeron algunas funciones de sus ocho direcciones adjuntas, como una que se encargaba del manejo de la información y de las bases de datos (desde entonces se denominó dirección adjunta de “planeación y cooperación internacional”) y otra sobre formación; dos cambiaron de nombre y las otras fueron renombradas.
 
Fuente: otech.uaeh.edu.mx
Actualmente, en la modificación más reciente, decretada al final de mes anterior (Diario Oficial de la Federación 22.07.2015), se siguen conservando las mismas ocho direcciones adjuntas, pero precisamente la que hace cinco años se cambió (“planeación y cooperación internacional”) hoy se divide y en adelante solamente se llamará de “planeación y evaluación”. Es decir, ya no se encargará de los asuntos de cooperación internacional. A su vez, se crea otra dirección (pero no adjunta) para esos asuntos, directamente subordinada a la dirección general.
 
En el anterior estatuto orgánico de Conacyt, la entonces dirección de planeación y cooperación internacional tenía asignadas una docena de funciones. Unas se referían a su responsabilidad en la integración del programa sectorial, la elaboración de informes (incluyendo el apartado correspondiente en los informes de gobierno), así como el manejo de las estadísticas y el sistema de información. Otras funciones, las menos, estaban asociadas a la vigilancia, seguimiento y participación en las políticas y acciones de cooperación internacional.
 
Ahora, en el actual decreto, suman 41 funciones asignadas a la dirección adjunta de “planeación y evaluación; casi se cuadruplicaron, respecto de las que tenía anteriormente. En buena medida, se desagregaron sus anteriores responsabilidades, pero también incluye funciones nuevas como: asesoría en materia contable a los consejos estatales, la administración del CVU –y su anacrónico y complicado software— o la normatividad y coordinación del esperado repositorio nacional. No son funciones menores.
 
A su vez, la nueva dirección de cooperación internacional tiene asignadas once funciones, todas ellas vinculadas a lo que le da nombre. Unas para diseñar y coordinar acciones en la materia, otras para negociar y redactar los instrumentos de cooperación, unas más para encargarse de la administración de los fondos asignados y también para representar al organismo en las instancias correspondientes. Tampoco son funciones insignificantes.
 
Quizás desde el 2010, cuando se reformó el estatuto orgánico de Conacyt, el manejo de la información y los asuntos de cooperación internacional no debieron ser incluidos en la misma ventanilla de la planeación. Sin embargo, también es posible que en esa fecha a tales asuntos no se les concedía mayor relevancia como área de políticas.
 
El director de Conacyt, Enrique Cabrero, ya no lo volvió a mencionar, pero cuando todavía no aparecía el programa sectorial, tenía la idea de crear una decena de representaciones (una especie de consejerías, les llamó) en algunas embajadas de México en el mundo. ¿Se quedará en idea? Muy seguramente. La intención se quedó en la creación de una dirección en la estructura interna.
Por lo pronto, los cambios en el estatuto todavía ni siquiera se materializan en el propio organismo (Conacty sigue manejando el mismo organigrama), así que todavía falta para advertir algunos resultados y la conveniencia de las modificaciones.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 620. Agosto 20, 2015, p.5)

jueves, 13 de agosto de 2015

SNI: la regulación de la evaluación
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

Fuente: sagitario.itmorelia.edu.mx
 
A raíz de los multicitados casos de dos profesores que incurrieron en plagios académicos, uno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y otro del Colegio de San Luis, Conacyt emitió un comunicado para recordar que cuenta con normas para atender ese tipo de irregularidades y advertir que “no tolera faltas éticas que ponen en duda la integridad del Sistema Nacional de Investigadores” (Comunicado 66/15).
 

Los casos han sido profusamente documentados en los medios y no tiene sentido insistir en los hechos particulares. Sin embargo, sí vale la pena destacar las reacciones que se han producido al respecto y algunas de las acciones que se sugieren, porque tal vez podrían ser contraproducentes y profundizar el ya de por sí complejo sistema normativo.
 
Fuente: www. cie.umich.mx
En primer lugar, salvo una inexplicable carta pública en defensa de uno de los inculpados –por cierto, finalmente él acepto su responsabilidad—, las expresiones públicas sobre los acontecimientos fueron de franca reprobación y condena unánime al plagio académico. Al menos podemos tomarlo como un aliciente, porque nos muestra que no hemos llegado al extremo del cinismo, no todavía, como para justificar lo injustificable.
 
 

En segundo lugar, parece claro que los dos casos de referencia no son hechos excepcionales. Según algunos testimonios que se dieron a conocer en los medios y otras experiencias, lo que conocemos, el plagio académico es una práctica recurrente y tiene lugar en múltiples instituciones, tanto por alumnos como por profesores e investigadores.
 
Fuente: www.dgcs.unam.mx
Incluso, en el mismo Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de acuerdo a lo que señaló la directora de desarrollo científico del Conacyt, Julia Tagüeña, en la última década se han sancionado seis expedientes más por plagio académico (La Jornada 06.08.2015). Esos casos no alcanzaron una alta visibilidad pública, pero fueron igualmente graves, sólo que las redes sociales no potenciaron su efecto en los medios.
 
 
Ciertamente, el plagio y el fraude académico no son privativos del ámbito nacional. En la mayoría de regiones y en variadas instituciones se han registrado y reportan casos; son más notorios cuando se refieren a personajes de la vida pública o académicos consagrados. Por ejemplo, el prestigiado investigador coreano que manipuló imágenes para validar su experimento, un funcionario público alemán con título apócrifo, un célebre escritor peruano acusado de plagiar escritos periodísticos, entre muchos otros.
 
Sin embargo, lo que no se sabe es qué tan acotado o extendido está el problema y tampoco qué lo está provocando. Sobre lo primero existen meras impresiones o experiencias que se globalizan para calificar, pero ninguna aproximación a una medida. Es más, ni siquiera existe la certeza de qué y cuándo puede ser considerado como plagio.  

En cuanto a los motivos para el plagio, las posiciones se han dividido: unos señalan que se debe a la presión para mantener o incrementar la productividad que impone el mismo sistema de evaluación, con lo cual aligeran la responsabilidad de los acusados; otros, por el contrario, enfatizan el papel individual e indican que el plagio deriva de la constitución moral del académico del que se trata y su consecuente propensión a cometer el ilícito; otros más, observan que es un relajamiento o una auténtica falla de los evaluadores, los que juzgan el trabajo (sea el tutor, los pares, las comisiones, los instrumentos o el sistema); y unos más, advierten que el plagio se debe a la ausencia de una normatividad para prevenirlo.
 
En general, como casi siempre ocurre, es posible que las causas se localicen en más de un factor. No obstante, la respuesta no puede ser, una vez más, mirar para otro lado y continuar con una ausencia completa de normas que permitan la apropiación indebida de los productos e ideas de otros.
 
La opción tampoco puede ser una sobre regulación para prevenir el plagio, como la que actualmente dedica un volumen incuantificable de horas, materiales probatorios, así como recursos humanos y financieros, a la tarea de evaluar la productividad. Y en no pocas ocasiones con indicadores absurdos como los que hemos comentado en este mismo espacio.
 
En los últimos 25 años hemos creado un intrincado y burocrático sistema de evaluación del rendimiento individual, valorándonos incesantemente unos a otros, pletórico de comisiones, reglamentos y sumamente costoso. Parece indudable que sí ha logrado incrementar la productividad pero no, como tenemos constancia, lo más esencial: mejorar la actividad.
 
La respuesta no debieran ser más normas, si no repensar seriamente el sistema de evaluación, reducir su variabilidad y su peso salarial. Sobre todo, tendría que garantizar una rendición de cuentas y haber una clara diferencia entre cumplir con las responsabilidades y no hacerlo.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 619. Agosto 13, 2015, p.5)

lunes, 10 de agosto de 2015

CyT: ¿Base cero para el 2016?
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
Todavía no hay cifras del volumen de gasto. Pero, por lo pronto, para el año próximo, el número de programas presupuestarios del Conacyt pasan de 19 a 13. Seguramente su presupuesto no se reducirá en la misma proporción, aunque es indudable que tendrá un efecto en los recursos para el 2016.
 
Fuente: mundoejecutivoexpress.mx
Seguramente, estimado lector, lectora, recordará que en enero de este año, cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un recorte al gasto público, también dijo que habría una revisión general para diseñar el presupuesto para el 2016: se haría bajo un esquema de base cero. Uno en el que se evitarían duplicidades y eliminarían los programas que no cumplían sus propósitos o los de escasa rentabilidad social.
 
En las diferentes áreas de la administración pública, después del desconcierto provocado por el anuncio y con la idea de que eso no podía significar más que menores recursos para el año próximo, comenzaron a revisar sus respectivas estructuras programáticas de gasto para ver qué podían sacrificar.
 
La Secretaría de Hacienda emitió unos lineamientos para especificar cómo se debía estructurar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PPEF). Ahí, el pasado mes de junio, aclaró que serían cuatro los ejes que orientarían la revisión y estructura: servicios personales; gastos de operación; programas presupuestarios; y programas y proyectos de inversión (Oficio No. 37-A 2292).
 
Las entidades de la administración pública le canalizaron sus respectivas propuestas y Hacienda integró el documento “Estructura programática a emplear en el PPEF 2016”, mismo que ya entregó a los diputados el último día del mes de junio. En ese documento se precisa que en este año existen 1,097 programas presupuestarios y para el año próximo habrá 851; una disminución de 22.4 por ciento. Es decir, en total se fusionaron, re-sectorizaron o eliminaron 247 programas.
 
Fuente: www.mora.edu.mx
En la jerga administrativa, los programas presupuestarios (Pp, como los abrevia Hacienda) es una categoría programática que agrupa las asignaciones presupuestarias que reciben las entidades --como Educación, Conacyt o el INE— para un cierto propósito y el logro de resultados. Porque, a diferencia de los años setenta en que la planeación se regía por el “presupuesto por programas”, desde fines de los años noventa se supone que está orientada a resultados.
 


No es la primera vez que se modifican o reducen los Pp. De hecho, cada que se fusiona o desaparece una entidad administrativa o se crea un ramo de gasto, se modifica su número. En la última década más bien han disminuido, aunque no necesariamente los recursos. Pero tal vez para el año próximo, con 247 Pp menos, sea la reducción más rápida y significativa.
 
Fuente: www.educablog.es
En el caso de Conacyt, según el documento entregado a los diputados, en el rubro de apoyo institucional se planteó un solo Pp: “Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación” y se eliminaron tres existentes que, dice Conacyt, tenían objetivos convergentes. El mismo caso fue en fondos mixtos, ahí quedó el Pp “Fomento regional de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación” y se eliminaron el de “Fomento regional” y el de “Fortalecimiento de entidades federativas” (en el que se incluye el Fordecyt).
 
En el caso de posgrado, los programas de apoyo a la consolidación institucional y de becas de posgrado, los fusionaron y se nombró al Pp “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”.  Por último, para los Centros Públicos de Investigación, los tres programas de gasto que tenían (uno para los de investigación, otro para desarrollo tecnológico y uno más para publicaciones) quedaron englobados en uno solo.
 
Lo que se puede advertir es que los nuevos rubros de gasto no solamente tendrán implicaciones administrativas, también orientan y centralizan las acciones. No está mal un poco de racionalidad en el abigarrado y oscuro mundo del gasto público. El problema es que eso casi siempre significa reducción de recursos y, lo peor, aplicados discrecionalmente.
 
Un tipo de asignación presupuestal, todavía sin aclarar, lo tenemos en lo reportado por la revista Nexos el mes anterior, en donde se detalla la asignación de más de mil 700 millones de pesos a Proacceso ECO, A.C. y a Enova, a través del Comeyt, Conacyt y Conaculta.
 
Hacienda, antes de elaborar los nuevos Pp, en los pre-criterios de política entregados a los legisladores en marzo pasado (029/2015), adelantó que se prevé un recorte al gasto de 135 mil millones de pesos para el presupuesto del año próximo. Seguramente, los recursos para Conacyt no disminuirán en una tercera parte, pero el ajuste es inminente. Lo veremos el 8 de septiembre o un poco antes y más claramente en el 2016.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 618. Agosto 6, 2015, p.5)