Las instrucciones del presidente: la agenda e Innova Bienestar

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1018. Octubre 26, 2023. Pág. 4)

 

Las conferencias de prensa del presidente López Obrador sacuden a las dependencias de la administración y ponen en marcha iniciativas. En una de las recientes apareció el tema de la discapacidad, el asunto parece una casualidad, pero no lo es, exhibe más bien el estilo de gobierno y cómo se decide la agenda.

 

El joven Daniel Robles Haro asistió a la conferencia de prensa del pasado 19 de octubre, tiene parálisis cerebral severa, lo cual le impide la movilidad y el habla, pero eso no lo ha frenado para realizar una importante labor como activista y comunicador social. Unos dispositivos de voz sintetizada y tableros de Comunicación Aumentativa Alternativa le permiten comunicar sus ideas con solvencia a través del movimiento de sus ojos.

 

Daniel asistió por segunda ocasión a Palacio Nacional. La primera vez fue en marzo de este mismo año y fue a plantearle al presidente que se incluyera en los libros de texto los sistemas de comunicación alternativa para una educación incluyente y también que se diseñaran cambiadores universales en los baños para personas con discapacidad (aquí lo puede ver: t.ly/gRFxm).

 

El mismo Daniel informó, en su segunda visita a Palacio, que sus solicitudes anteriores ya se resolvieron. Le dijo al presidente: “a raíz de su instrucción fui recibido personalmente por la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y por la directora de Educación Especial, Nayely Caldera” (t.ly/EBXWF).

 

O sea, el micrófono de las conferencias logra que las intenciones se conviertan en hechos, una especie de performatividad. Desde luego, no todos los temas resuenan ahí, ni tampoco son sesiones de gabinete ni cualquiera puede ingresar a las conferencias, sea comunicador o no. Sin embargo, sea lo que sea, la decisión solamente la tiene el presidente y su círculo más próximo.

 

Y sí, no es una novedad, las conferencias matutinas son fuente inagotable de la agenda pública, lo saben los ciudadanos, los medios y todos los miembros del gabinete. A estos últimos, al inicio, no pocas veces los agarró descolocados con alguna encomienda de la que se enteraron hasta que fueron interrogados sobre cómo la llevarían a efecto.

 

En fin, el caso es que buena parte de la hechura de las políticas se hace en las conferencias del ejecutivo federal. Lo mostró Daniel con los resultados de su primera visita y la efectividad de sus propuestas de inclusividad; lo volvió a exhibir en se segunda visita.  

 

Ahora las peticiones de Daniel fueron otras dos: un proyecto de innovación para el diseño de sillas y asientos ergonómicos para personas con parálisis cerebral; y unas instalaciones, rentadas o prestadas, para estancias diurnas de personas con discapacidad y para capacitación de personal. Las propuestas argumentadas de manera sensata y puntual en un tiempo muy breve.

 

El presidente López Obrador lo escuchó y respondió: “le vamos a pedir a la directora del Conahcyt, a María Elena Álvarez-Buylla, que hoy mismo les atienda para hacer la investigación sobre cómo construir, elaborar la silla de rueda especial que se necesita” y “Lo segundo es que ya tienes la casa, ya está, porque hay un instituto, que se llama Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y ese instituto tiene ahora dos casas” (19.10.2023 t.ly/qrNQX). Añadió que le pediría al comité del Teletón ayuda para amueblar la casa y atención médica. Asunto resuelto.

 

Al día siguiente, otra vez en la conferencia, la directora del Conahcyt, dirigiéndose a López Obrador dijo: “En el contexto de la solicitud que nos hizo Daniel y que me indicó usted atender, le presentó que, gracias a la reconfiguración y transformación de Conahcyt a favor del bienestar y del desarrollo soberano, tenemos ahora ya esta posibilidad de tener una paraestatal, Innova Bienestar, con la posibilidad de generar estos desarrollos tecnológicos e innovaciones soberanas para el bienestar y el titular de la Fundación Teletón” (20.10.2023 t.ly/YeJVE).

 

Las instrucciones del presidente fueron precisas para atender el caso. Aunque no hay ninguna paraestatal registrada con ese nombre y hay encargos que todavía no se han logrado. ¿Eso está mal? No, en este caso, muy buena la aportación y logros de Daniel para voltear a ver las necesidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, la agenda para decidir qué problemas públicos merecen atención prioritaria no está ni surge en los diferentes niveles de gobierno, tampoco en los tres poderes de la República y ni siquiera en las dependencias especializadas de la administración pública federal. Parece un gobierno impermeable a otras perspectivas.

 

La agenda la concentra y se decide en ese espacio del ejecutivo federal, como ha ocurrido con muchas de las iniciativas del actual periodo. No parece tener cabida la información técnica relevante sobre el problema, tampoco las soluciones que se han ensayado en el pasado, los programas en marcha o las capacidades técnicas de otros participantes.

 

En el sector los resultados están a la vista y el año próximo será el corte de caja.

 

Pie de página: Permanece irresuelto el problema de las becas de posgrado y crece el malestar de los jóvenes. // El conflicto en la UAEH tampoco se resuelve, el rector se resiste a las mesas de diálogo.

La nueva Universidad de las Lenguas Indígenas de México, su implementación y el Coneval

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1017. Octubre 19, 2023)

 

El presidente López Obrador, cuando llevaba poco más de un año en funciones, en una visita a la alcaldía Milpa Alta, la segunda demarcación con mayor superficie territorial y con mayor presencia náhuatl, diagnosticó: “No hay una universidad que enseñe las lenguas originarias, la que más se habla en el país es el náhuatl y después el maya” (Comunicado 09.02.2020).

 

Así que el ejecutivo federal les dijo a las comunidades reunidas que lo escucharon: “Hago el compromiso, que se pongan de acuerdo aquí, en Milpa Alta, para ver en qué pueblo se pone la universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas de México.” Y ahí arrancó la idea del nombre y la instauración misma de una nueva universidad.

 

La responsabilidad no fue para la Subsecretaría de Educación Superior, tampoco formó parte del polémico proyecto de las Universidades Benito Juárez, cuyo organismo coordinador se había instaurado un año antes. De hecho, ninguna de las autoridades educativas estuvo presente en aquel acto. En cambio, sí estuvieron la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), Adelfo Regino.

 

El mandato para instaurar la nueva universidad fue para el Inpi. Seguramente usted recordará que hasta el 2003, en el periodo de Vicente Fox, estuvo en funciones el Instituto Nacional Indigenista, luego lo sustituyó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al inicio de este sexenio quedó instaurado el Inpi y abrogada la Comisión. O sea, 15 años después retornó la figura de instituto.

 

En fin, sin mayores explicaciones, el Inpi quedó como responsable de instaurar una nueva universidad. En febrero del 2022, dos años después del compromiso de López obrador, el director del Instituto informó que el nombre, como lo había sugerido el presidente, sería Universidad de las Lenguas Indígenas de México (Ulim) y el coordinador del proyecto sería Natalio Hernández. También dijo que la pandemia había retrasado los trabajos pero la institución comenzaría sus actividades el mismo 2022 con cuatro licenciaturas: Enseñanza de las Lenguas Indígenas; Interpretación y Traducción de las Lenguas Indígenas; Literatura en Lenguas Indígenas; y Comunicación Indígena Intercultural (Comunicado 08/22. 15.02.2022).

 

No fue el caso. Apenas, al final del 2022 el Inpi ingresó un primer proyecto de decreto de la nueva universidad en el portal electrónico de la Conamer, un mes después lo sustituyó por otro y solicitó exención de análisis de impacto regulatorio. El decreto estableció que la universidad estaría sectorizada a la SEP y sería un organismo público descentralizado. Aquí se puede ver el expediente completo: t.ly/cBDQ2. Sí recibió la exención pero hasta ahí llegaron los trámites. No se publicó ningún decreto en los meses siguientes y tampoco se consideraron recursos financieros para el proyecto.

 

Lo sorprendente es que en marzo de este año se publicó un acuerdo presidencial para instruir la realización de acciones para la creación y funcionamiento de la Ulim (DOF. 15.02.2023). O sea, un acuerdo para indicar que el Inpi primero debía crear la “Dirección de Implementación de la Universidad de las lenguas Indígenas de México”, pero sin incrementar plazas ni presupuesto. 

 

La citada Dirección, según el acuerdo, debe promover la “creación e implementación de educación superior para la formación de profesionistas en lenguas indígenas en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta y dual; realizar investigación, promoción y vinculación” (Artículo Tercero). Es decir, hará las veces de universidad hasta que se cree la institución. Así que el asunto va para largo.

 

Sin embargo, el director del Inpi anunció que la Ulim ya inició actividades este 12 de octubre. ¿En octubre? Seguramente tendrá su propio calendario escolar ¿Y tiene instalaciones la institución? No, pero el mismo titular dijo que, por lo pronto, estarán en el edificio del Coneval y ahí tienen comedor, aulas, cubículos y biblioteca, hasta que se construyan sus instalaciones definitivas en Milpa Alta. La primera generación es de 64 alumnos que estudiarán la licenciatura en “Enseñanza de las Lenguas Indígenas” y para el año próximo prevé poner en marcha las tres licenciaturas restantes.

 

Diferentes instituciones de nivel superior hoy muy reconocidas, en sus inicios, comenzaron a operar en instalaciones provisionales y luego se ampliaron o mudaron a las propias. Sin embargo, improvisar el proyecto educativo no conducirá a buenos resultados y si el proyecto se arma con una base sólida debe tener los recursos financieros necesarios. Ahí tenemos como contraejemplo el programa de las Universidades Benito Juárez.

 

Los primeros pasos de la Ulim no son firmes ni claros, ojalá el proyecto no naufrague. En próxima entrega retornaremos con algunas cifras sobre el presupuesto del Inpi y los poco más de 65 mil hablantes de lengua indígena en educación superior.

 

Pie de página: Los resultados de algunos aspirantes a ingresar o ratificar su pertenencia al SNI, tanto como el nivel de prelación y sus evaluadores, quedaron expuestos públicamente en la plataforma del Conahcyt, al parecer por un error y fue muy breve. Es que de verdad… // Argentina, sin mucho ruido ni anuncios fallidos, ya tiene lista y aprobada su vacuna contra el Covid, se llama “ARVAC Cecilia Grierson”. Patriencia, digo.

La Universidad Rosario Castellanos y su promesa

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1016. Octubre 12, 2023. Pág. 4)

Las autoridades seguían sin darse por enteradas del paro de labores de una de las carreras de la Universidad Rosario Castellanos, al menos dos días después de que inició. Tal parece que le restaron importancia. Sin embargo, las causas del malestar no son menores y pueden truncar el proyecto educativo.

 

Según comunicado público, se trata de los profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación y se declararon en paro de labores porque no recibieron el pago completo de sus salarios. (08.10.2023: t.ly/6g5o7). También dijeron que la Dirección de Administración y Finanzas de la institución no les explica las razones de la demora ni se conduce con transparencia.

 

La URC es una institución joven, su antecedente fue el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”. Este último creado por decreto el 23 de mayo del 2019 (t.ly/RbcdI) como un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, pero con

autonomía técnica, académica y de gestión.

 

El Instituto reportaba cifras importantes casi dos años después de su creación. De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno de la CDMX, hacia el final del primer semestre del año 2021, el Instituto ya contaba con unidades en las alcaldías de Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Atendía poco más de 17 mil alumnos y ofrecía 18 licenciaturas (pág.95).

 

En este año, cuando el Instituto apenas cumple su cuarto aniversario, a la par de las modificaciones a la Ley de educación de la Cdmx, fue renombrado como Universidad Rosario Castellanos. La personalidad jurídica cambió a organismo público descentralizado de la administración pública de la Cdmx, sectorizado a la Secretaría de Educación de la Ciudad y dotado de autonomía técnica y académica.

 

La autoridad emitió un nuevo decreto para establecer que la URC debe realizar las tres funciones sustantivas de toda universidad: investigación, docencia y difusión (GOCdmx. 15.06.2023). También conserva dos figuras de autoridad: dirección general --no rectoría-- para la titularidad de la institución; y un Consejo de Administración.

 

El Consejo de Administración es presidido por la persona titular de la secretaria de educación local y la dirección general funge como secretaria técnica. A diferencia de la Junta de Gobierno que estaba en operación cuando era Instituto, ahora el Consejo es más reducido e incluye solamente a funcionarios del gobierno local. En total, con derecho a voz y voto son las personas responsables de cinco secretarias: Educación, Gobierno, Administración, Trabajo y Economía.

 

Según el más reciente informe del gobierno local, la URC ya suma cinco unidades en igual número de alcaldías y otra unidad más de licenciaturas a distancia. En total, atiende a 38 mil 305 estudiantes; el 61 por ciento en la modalidad a distancia. La matrícula se distribuye en “14 licenciaturas en modalidad presencial-híbrida, tres más en modalidad a distancia-híbrida y cinco en ambas modalidades” (pág.91). 

 

Desde el año 2022, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum, anunció la creación de la nómina educativa para darle mayor seguridad y prestaciones laborales al personal académico en las instituciones del gobierno local. El más reciente informe señala que se benefició a alrededor de 1,000 plazas de la UCR (pág. 92), aunque no da más detalles.

 

Y sí, uno de los problemas de las instituciones educativas es la regularización de su personal. No es un asunto sencillo de resolver porque compromete recursos financieros y la proyección de un presupuesto creciente. Sin embargo, es casi imposible realizar un proyecto educativo exitoso, y cualquier otro proyecto, sin garantías para quienes tomaran la responsabilidad de llevarlo a efecto, en este caso la certeza laboral para su personal académico. El ejemplo de las Universidades Benito Juárez es elocuente.

 

Las estadísticas sobre la planta de profesores de la URC no están disponibles públicamente, menos cómo se distribuyen ni qué categorías tienen. Una tarjeta informativa de la autoridad de este lunes 9 de octubre solamente indicó que ya se habían pagado en su totalidad las quincenas correspondientes a 543 profesores de la modalidad presencial y a 571 de la modalidad virtual (09.10.2023).

 

No está claro si el problema de falta de pago ya está resuelto en definitiva y tampoco qué proporción del total representan estos 1,114 profesores a los que se les adeudaban salarios. Tampoco si todos fueron beneficiarios de la nómina educativa que se reporta en el informe del gobierno local.

 

Tiene muy poco que se formalizó como universidad la URC y es comprensible que esté en marcha un ajuste en la nómina. Sin embargo, sería lamentable que un proyecto prometedor como la URC naufragara por errores de gestión, o peor, por la limitación de recursos financieros.

 

Pie de página: La protesta de los jóvenes que se quedan sin beca de posgrado llegó a las puertas del Palacio Nacional este 10 de octubre. // No se puede ocultar el problema de las becas con una narrativa… O sí se puede, pero a la vista de todos no se corresponde con la realidad.

El Conahcyt, la intermediación y la entrega directa de becas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1015. Octubre 5, 2023)

 

Al inicio parecía una palanca inmejorable y sonaba contundente: el organismo rector de la política científica y tecnológica, siguiendo el principio del ejecutivo federal, establecería una relación directa con las comunidades del sector. Todas las iniciativas y todas las decisiones se localizarían únicamente en la ventanilla de la autoridad; una relación directa con los beneficiarios y usuarios.

 

Sin embargo, los conflictos se han desgranado un día sí y otro también, sea con investigadores, Centros Públicos de Investigación, Cátedras, proyectos, compromisos o el reciente episodio de los jóvenes aspirantes a becas de posgrado. Todos exhiben las dificultades de gestión en el organismo, los números opacos de sus programas y una batalla por la narrativa que se dirime en los medios.

 

El presidente López Obrador lo reiteró una y otra vez desde que comenzó su periodo: nada de intermediarios entre él y los gobernados. Incluso, en su conferencia de prensa del 29 de abril del 2021, habló de una reforma administrativa que buscaría “quitar todos esos organismos autónomos -entre comillas- independientes -entre comillas- que se fueron creando para simular que el gobierno estaba atendiendo al pueblo, cuando en realidad no era de esa manera, el gobierno protegía a las minorías, le daba la espalda al pueblo” (Aquí lo puede ver: t.ly/bQqVA).

 

En el terreno de la política científica y tecnológica, la medida de neutralización de organismos intermedios rápidamente fue puesta en práctica desde las primeras semanas del periodo, no con las mejores formas ni con los debidos procedimientos. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico era el organismo que más descollaba, su existencia estaba prevista en la ley sectorial anterior y esa misma ley establecía que debía recibir financiamiento público.

 

El desarrollo de los acontecimientos lo vimos en tiempo real y es conocido. La disputa entre la autoridad y el Foro llegó a los tribunales, apenas en mayo pasado quedaron canceladas las órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República en contra de una treintena de académicos y exfuncionarios del anterior Conacyt.

 

Sin embargo, el Foro no fue el único organismo intermedio en ser eliminado, la anterior arquitectura institucional del sector incluía Redes, distintas Academias de especialidades, el Consejo Consultivo de Ciencias, la Oficina de Ciencia de la Presidencia y la Conferencia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta última era la instancia de contacto entre el Conacyt y todos los titulares de los consejos y organismos de ciencia de las entidades federativas. El nuevo marco normativo prescindió del papel que tenían esos organismos. Ahora, como estaba anunciado, dice que el Conahcyt y su junta de gobierno concentrarán todas las decisiones.

 

Sin embargo, a pesar de que el sector es relativamente pequeño y con un presupuesto acotado, todo indica que el Conahcyt no ha logrado operar satisfactoriamente el conjunto de programas, procesos e iniciativas que transitaban a través de la arquitectura institucional anterior. Por un lado, están las limitadas capacidades de gestión del organismo mismo. Por el otro, los puentes de entendimiento en el sector quedaron rotos y no hay amortiguamiento entre la comunidad y la autoridad.

 

Las becas de posgrado ilustran el caso. Porque el sistema anterior de evaluación de los posgrados quedó derruido, también fue eliminada la mediación de las instituciones de educación superior y sus coordinaciones de posgrado para la entrega de las becas. El problema mayor es que ahora las decisiones de reclasificación de los posgrados y la distribución de apoyos quedó en manos de la junta de gobierno del organismo, pero no se conoce qué criterios utiliza, tampoco justifica sus decisiones y todavía menos explica sus rectificaciones.

 

El asunto es que muchos jóvenes no recibirán beca por la categoría asignada a su posgrado y, desde luego, expresan su malestar. Sobre todo porque la narrativa gubernamental insiste en la gratuidad de la educación y en que nadie se quedará sin beca. Pero en el contexto de una relación directa con la autoridad, sin intermediaciones, no debe sorprender que estalle el conflicto, porque se buscan respuestas y la exigencia de una solución se dirigen sin más a la cabeza del sector.

 

Por eso hemos presenciado manifestaciones públicas de rechazo, literalmente, a las puertas del organismo por la falta de becas. Las mismas protestas se replican en las redes sociales y en los medios directamente a la titular del Conahcyt. Las coordinaciones de los posgrados en las instituciones se han quedado sin saber bien a bien qué hacer o decirle a los aspirantes a una beca.

 

Desde el organismo se insiste en que el presupuesto para becas de posgrado sigue en aumento, ningún estudiante se quedará sin apoyo y que hoy entrega un mayor volumen de becas que en el pasado. Sin embargo, los hechos son tenaces, la realidad es refractaria a esa narrativa y ahí están los datos, a pesar de su opacidad.

 

Después de todo, el manejo de la relación directa con las comunidades precisa de algo más que la voluntad y las declaraciones.

 

Pie de página: El premio Nobel de medicina para Katalin Karikó y Drew Weissman por la vacuna contra el covid basada en ARN mensajero, muy merecido.