Científicos: Exoneración, casualidad y reparación

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 981. Enero 26, 2023. Pág. 4)

 

Después de un año y medio de zozobra, tal parece que paulatinamente serán cerrados en definitiva los expedientes judiciales de los 36 científicos y exfuncionarios del Conacyt. Las recientes resoluciones no incluyen a todos los acusados, apenas va media docena, pero pronto podría concluir uno de los capítulos más lamentables y vergonzosos de la relación entre autoridad y comunidad científica. 

 

El desencuentro entre unos y otros lleva lo que va del actual periodo de gobierno y ha sido ampliamente documentado en los medios. Sin embargo, otra fue su escala cuando en agosto del año 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ordenes de aprehensión para 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt; el fundamento era su participación en cinco delitos y los de mayor gravedad fueron operar con recursos de procedencia ilicita y delincuencia organizada. 

 

Las acusaciones eran desporpocionadas porque ameritaban prisión preventiva oficiosa y el punto del conflicto era si el financiamiento que recibió en administraciones anteriores el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) había sido o no legal. Las autoridades del Conacyt, han sostenido que era ilegal, mientras que los acusados han dicho que la operación fue conforme el marco normativo vigente. 

 

Los científicos o exfuncionarios, como cualquier otro profesionista, persona o servidor público, no están o no deben estar exentos de la aplicación de la ley. Si actúan de forma indebida o cometen ilícitos deben responder por sus actos y ser llamados a cuentas. La titular del Conacyt, la doctora Álvarez Buylla, en su momento, dijo que ella había cumplido con presentar la denuncia, pero lo grave fue que las indagatorias de la FGR parecían revelar otras motivaciones.

 

En efecto, precisamente, poco antes de presentar los cargos en contra de científicos y exfuncionarios de administraciones previas, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, después de una década de tratar de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue admitido en la actual gestión. 

 

Una comisión especial designada por las autoridades del Conacyt resolvió que el fiscal “había recibido un daño reiterado y acumulado a lo largo de 10 años, por lo que éste debía ser reparado con la asignación del nivel 3” (Comunicado 12.06.2021). O sea, no solamente fue admitido, quedó en el nivel más alto del programa. La relativa coincidencia en el tiempo sobre el ingreso del fiscal general al SNI y el tipo de acusaciones en contra de exfuncionarios del Conacyt no pasó desapercibida, aunque no hizo variar el talante de las autoridades del sector y tampoco de la fiscalía. 

 

Incluso, en septiembre del año 2021, a pesar de que un juez había rechazado por segunda ocasión las órdenes de aprehensión, el fiscal general volvió a la carga, dijo que no aceptaba el criterio del juez y anunció que solicitaría de nueva cuenta las órdenes de aprehensión (Comunicado 377/21. 22.09.2021). Además, la fiscalía general dobló la apuesta: amplió sus indagaciones a otras instancias e incrementó el número de científicos y exfuncionarios investigados. Si al inicio eran 31 personas, luego añadió cinco más, para sumar en total 36. El temor de los acusados a la ira del fiscal no era para menos y la probabilidad de terminar en la cárcel se incrementó. 

 

Las indagatorias continuaron su curso, aunque no hubo mayor información en los medios. Sin embargo, recientemente hubo otra coincidencia relativa: precisamente cuando se ha especulado sobre la ausencia y el estado de salud del fiscal general Gertz Manero, han llegado las notificaciones de cancelación de expedientes judiciales de los científicos. 

 

La semana pasada, el portal de noticias Animal Político dio a conocer que un tribunal federal había ordenado desde el 13 de enero cancelar los cargos en contra de Julia Tagüeña Parga, José Franco, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León Zamora y Marcial Bonilla Marín. Los abogados encagados de la defensa, según la misma fuente, comunicaron que: “En otras palabras: finaliza de forma permanente para estos cinco científicos la persecución que existía en su contra” (21.01.2023). Unos días antes también se anunció la exoneración de tres personas más: Luis Mier y Terán, Regina María Alarcón Contreras e Inocencio Higuera Ciapara.

 

No deja de sorprender que sea la “casualidad” y el azar el principal factor para inculpar o exonerar. Sin embargo, no debiera ser motivo de sopresa, tendría que ser objeto de reclamo. Por una parte, las fallas y arbitrariedades del aparato de procuración de justicia son evidentes; aparecen una y otra vez. También resulta inquietante que el fiscal se puede ausentar sin ninguna comunicación pública y sin rendir cuentas. 

 

Por otro lado, cabe preguntarse qué procede en el caso de los científicos: una explicación pública detallada, un “ustedes disculparán” que nos equivocamos, una reparación del daño, el resarcimiento del esquema de financiamiento y del organismo motivo de la denuncia. Lo peor es que no pasará nada. 

 

Pie de página: El plagio académico será la piedra de toque en la relación de la UNAM con el gobierno federal. Pendientes.

Nuevo consenso para la ley

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 980. Enero 19, 2023)

 

 

Tal parece que una demora de tres años no ha sido suficiente para aprender las lecciones de cómo no proceder y qué sí hacer para diseñar una nueva ley para el sector. Los ánimos de los sectores interesados siguen encrespados, poca o ninguna variación se registra en las posiciones y los errores se vuelven a repetir. Estamos en el pemúltimo año del sexenio, el mes próximo iniciará el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y ya sería hora de contar con una ley.

 

La idea de un nuevo marco normativo para el sector comenzó con el actual periodo de gobierno y, luego, con la reforma aprobada del artículo 3ro constitucional de mayo de 2019, quedó establecida la necesidad de una nueva ley general de ciencia. El artículo sexto transitorio de aquella reforma expresamente señaló que se deberían promulgar, a más tardar en diciembre del 2020, dos leyes generales: una de Educación Superior y otra de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

Sin embargo, como lo hemos dicho una y otra vez, solamente quedó lista la Ley General de Educación Superior. Una ley que fue aprobada por consenso, tras un trabajo sistemático con las agrupaciones del sector, la discusión colectiva sobre el diseño técnico, el convencimiento de las autoridades sobre las orientaciones básicas, la inclusión de los rectores y la labor de los legisladores, entre otros ingredientes. El caso mostró que sí es posible el entendimiento y la negociación en la elaboración de una ley general.

 

El sector de la educación superior y el de la ciencia y la tecnología no son iguales, aunque comparten áreas de interés y tienen puntos de convergencia, difieren en propósitos, organización, dinámica y regulación. También es verdad que el trabajo para elaborar una nueva norma para la educación superior venía de tiempo atrás, porque la ley a sustituir tenía un rezago de cuatro décadas, lo cual aceitó los acuerdos y facilitó el diseño.

 

En cambio, la ley de ciencia no solamente experimentó una reforma mayor hace dos décadas y multiples modificaciones en los años siguientes sobre los que hay controversia, en este periodo se han acentuado las discrepancias entre la autoridad y comunidades del sector. Así que a la fecha todavía no hay una discusión en el Congreso y mucho menos un acuerdo sobre cómo debe ser esa ley.

 

El pasado 13 de diciembre el gobierno federal ingresó, por fin, su proyecto de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LHCTI) en la Cámara de Diputados. La iniciativa difiere, relativamente, de las versiones que se habían filtrado con anterioridad, pero conserva las bases y principios de lo que el gobierno ha expresado que busca para el sector.

 

La polémica y el desacuerdo con el proyecto de ley gubernamental ha sido visible en los medios. Las expresiones públicas de inconformidad de las comunidades y de diferentes academias y asociaciones han hecho patente que no cambió significativamente el contenido de ese proyecto, tampoco el procedimiento y los mecanismos de consulta de la autoridad. Imposible pensar que su aprobación es inminente.

 

La nueva ley debe regular las competencias y responsabilidades entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas porque es una ley general. También, entre otros aspectos, debe hacer efectivo lo que ahora dice el artículo 3ro constitucional sobre el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la tecnología; garantizar el acceso abierto a la información que se derive de la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica; y “proveer recursos y estímulos suficientes”.

 

A la fecha, junto con el proyecto de ley del gobierno federal, en el Congreso hay otros cuatro proyectos más, con diferencias sustantivas en la definición de competencias y responsabilidades entre la federación, los gobiernos estatales y las comunidades. También con otras bases de cómo integrar el sistema científico y tecnológico, quiénes y cómo deben participar en las decisiones del sector, así como cuánta inversión debe destinarse a la materia, entre muchos otros temas. Podrían incluirse aspectos relevantes de todas las iniciativas.

 

El próximo mes de febrero inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y seguramente será el turno de discutir la nueva ley general. Lo hemos dicho en estas mismas páginas: los legisladores podrían no moverle ni una coma a la ley del gobierno federal y aprobar la iniciativa así como está (Campus No. 978). El partido gobernante tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar cualquier ley secundaria.

 

Sin embargo, probablemente provocaría un encono mayor en el sector, con largas disputas a resolverse en los tribunales y casi nadie quedará conforme. No solamente. Lo más grave es que, nuevamente, diferiremos la oportunidad de conservar los avances que se han logrado en el sector y modificar lo que no ha funcionado. No será sencillo, pero todavía es posible construir un consenso para la nueva ley.

 

Pie de página: A pesar de que se han resuelto favorablemente cuatro de las 36 causas penales en contra de científicos y exfuncionarios del Conacyt, la mayoría de acusaciones sigue en pie.

Becas: números faltantes y reglas por confirmar

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 979. Enero 12, 2023. Pág. 4)

 

La controversia sobre las becas de posgrado se ha centrado en si hoy se otorga un mayor volumen o, por el contrario, más bien han disminuido. La cantidad es relevante y vale la pena tener certeza, pero también está en marcha una nueva forma de distribución que podría representar un cambio de mayores proporciones. 

 

Tal vez usted recuerde que hace poco más de un mes, en este mismo espacio, dijimos que no cuadraban las cifras de becas para estudiantes de posgrado y para investigadores (Campus No. 975). Una cosa era lo que decía el presidente de la República, otra la que reportaban los anexos estadísticos de los informes de gobierno y otra más la que indicaba el propio Conacyt, aunque todas ellas podían considerarse como fuentes oficiales. 

 

El ejecutivo federal anunció que en el año 2022 se habían entregado, en cifras redondas, 129 mil becas para posgrado e investigadores; alrededor de tres mil becas más respecto del año previo. El problema es que los datos del mismo anexo estadístico del informe de ese año, no respaldaban ese volumen de apoyos. 

 

A su vez, el Conacyt reiteró, especialmente a partir del comienzo del año 2022, que de ninguna manera se entregaban menos becas de posgrado, pero sí habría un cambio relevante en su otorgamiento: se harían llegar directamente a los beneficiarios; no habría más intermediarios. 

 

El mismo Conacyt anunció que sustituiría el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) por un Sistema Nacional de Posgrados, aunque no precisó cuáles serían sus características. Las coordinaciones de posgrado de las instituciones tampoco supieron bien a bien qué tanto debían intervenir con el cambio de reglas y en dónde terminaban sus responsabilidades. Eso ocurrió el año pasado y se supone que este año las cosas deben estar más claras. 

 

Veamos primero las cifras. Para efectos prácticos, la fuente con datos más desagregados y mayor exactitud debe ser el propio Conacyt, no solamente porque es el organismo rector de la política que concentra y distribuye los apoyos, principalmente porque, como lo dice la norma vigente, debe elaborar anualmente un informe general sobre el estado del sector.

 

El problema es que ese informe casi nunca está a tiempo. El mes pasado el Conacyt publicó el informe más reciente, aunque corresponde al año 2020 (Aquí lo puede ver: t.ly/nHLW). Ahí están los datos sobre las becas. Bueno, es un decir.

 

Porque algo sigue sin cuadrar con el número de becas: el informe reporta que los apoyos han disminuido por una estrategia deliberada (pág. 185), pero la información está incompleta. El apartado sobre becas del año 2020 muestra una clara disminución respecto del 2019, las becas al extranjero disminuyeron casi a la mitad (pasaron de 1,254 a 621) y muy ligera para las becas nacionales (de 22 mil 710 a 22 mil 481). 

 

El problema es que no está la serie histórica ni la desagregación de becas por tipo, nivel educativo (maestría y doctorado) ni entidad y país. La información debería estar en el anexo estadístico del informe general, aunque, si usted la busca, notará que las tablas correspondientes no están, la seriación de tablas simplemente se saltan esos números (tablas IV.6 y de la IV.9 a la IV.16). ¿El informe es una versión preliminar y luego será sustituirá o es un error deliberado? Mala señal. 

 

Sobre el cambio de reglas para el otorgamiento de becas, el mismo Conacyt ha expresado que el PNPC es un mecanismo que ha favorecido una distribución opaca de los apoyos y una privatización del posgrado. Así que, ha dicho, está en marcha un convenio de colaboración entre ese organismo y la Secretaría de Educación Pública para una transición hacia un nuevo Sistema Nacional de Posgrado.

 

Efectivamente, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), ese nuevo espacio de encuentro de titulares y representantes de la educación superior, en su sesión de septiembre del año pasado presentó una propuesta de política nacional de evaluación y acreditación para el nivel.

 

Una de las acciones fue la creación de un comité técnico del Sistema de Evaluación y Acreditación Nacional, instancia responsable de elaborar los lineamientos para la operación del sistema, una de cuyas tareas será la formulación de “orientaciones e indicadores para la acreditación de los posgrados por parte de la SEP”. 

 

El planteamiento de mejora, han establecido, incluye la simplificación de procesos, indicadores cualitativos y protocolos de ética. Además, proponen, consolidar “los procesos de transformación de los posgrados que incorporen formas de colaboración con los diferentes sectores de la sociedad, la pluralidad epistémica y el diálogo de saberes”.

 

Según las fechas previstas, la transición de un sistema a otro todavía se llevará este año, así que, propiamente, una evaluación y acreditación tal vez la veremos hasta el año próximo. El cambio es de proporciones mayores y la responsabilidad se traslada de entidad administrativa. No está nada mal que siga un proceso terso y gradual.

 

Sin embargo, la mesura no es suficiente, también se necesita información completa y precisa, tanto como una discusión pública amplia sobre nuevas reglas. No es mucho.

 

Pie de página: la agenda del sector para este año estará centrada en la promulgación de su nueva ley general. Atentos.