CyT: ¿Nos olvidamos de la meta del uno por ciento?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

El jueves 10 de diciembre Conacyt realizó su ceremonia principal de aniversario número 45, con violines y entrega de reconocimientos incluidos. Fue la culminación de algunos festejos que comenzaron el pasado mes de octubre. Aunque también la constatación anticipada de que no cumplirá con el compromiso y meta de nivel de gasto destinado a ciencia y tecnología.

Si nos atenemos al rigor de las fechas, en estricto sentido, los legisladores aprobaron la creación del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas el 21 de diciembre de 1970. Aunque el decreto se publicó el 29 de diciembre del mismo año, ocho días después, en el Diario Oficial de la Federación para su plena entrada en vigor.

Así que el 29 de diciembre sería la fecha emblemática para celebrar un aniversario de Conacyt. Pero, en realidad, fue todo el mes de diciembre y prácticamente todo aquel año de 1970, el que se puede tomar como referencia para celebrar la existencia y ahora plena madurez del organismo.  

Lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones: Conacyt ha tenido altibajos y diferentes inconsistencias en el impulso a las políticas sectoriales –cuyo acento lo hemos hecho notar—, pero el trabajo que ha desarrollado en estos años ha sido invaluable para la formación de recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico del país.

En la ceremonia de aniversario el titular del organismo, Enrique Cabrero, dijo que “el fuerte impulso que ha recibido el sector durante los primeros tres años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, nos coloca frente a una gran oportunidad para dar el salto hacia una sociedad del conocimiento. Debemos seguir invirtiendo en la creación y mejoramiento de la infraestructura, así como en el desarrollo de capital humano especializado”.

 

Todavía no aparece la publicación del 2014 –menos la del 2015— con las estadísticas oficiales del sector (Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación), en donde se podría constatar con mayor precisión el volumen de gasto para el sector.

No obstante, los anexos estadísticos del informe de gobierno de esta administración indican que el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como proporción del PIB, como lo refirió el titular de Conacyt, pasó de 0.43 por ciento en el 2012 a 0.56 por ciento en este año.

Un incremento importante en el gasto sectorial, como proporción del PIB, en esta administración. Pero vale la pena notar dos cosas. Por una parte, precisamente a partir del 2012, el año de inicio de referencia para este periodo, son datos estimados, dado que la encuesta con la que se calcula el nivel de GIDE se realiza más o menos cada dos años y todavía no se realiza la más actual, así que por ahora se trata de estimaciones que habrá que confirmar.

Por otra parte, uno de los compromisos del Pacto por México, aquel que ahora se ve tan lejano pero que es de diciembre del 2012, planteó que “Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB (Compromiso No 46).

El compromiso, como todos los que formularon entonces, se recogió en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa sectorial: quedó como meta que en materia de GIDE se alcanzaría el uno por ciento como proporción del PIB para el 2018.

Sin embargo, previo a la reciente ceremonia de aniversario, el titular de Conacyt dijo que: “al concluir este sexenio la inversión que se destinará a ciencia, tecnología e innovación podría alcanzar 0.8 por ciento del PIB (La Jornada 11.12.2015). Y añadió que la meta de alcanzar el uno por ciento era compartida entre el gobierno federal y los empresarios. En su opinión, el primero había hecho su parte, al incrementar los recursos en alrededor de 30 por ciento, mientras que los segundos no habían hecho lo correspondiente.

Entonces, las declaraciones del director de Conacyt vienen a constatar lo que ya se advertía desde que se aprobó el presupuesto de este año, no digamos el de 2016: el incremento del gasto para el sector perdió impulso a medio camino y no alcanzará la meta comprometida. Quedará para mejor ocasión cumplir con la ley y la palabra.

El otro factor que vale la pena tener en cuenta es la siguiente versión de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET), porque es la base de cálculo del nivel de inversión del sector privado y la actualización de las estimaciones de los niveles de gasto. Muy pendientes.

(Publicado en Campus Milenio No. 636 Diciembre 17, 2015, p.5)

La norma para la vinculación y transferencia de conocimientos

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

Los legisladores aprobaron la iniciativa hace dos semanas, el ejecutivo federal firmó el decreto de ley la semana anterior, pero apenas este martes 8 de diciembre apareció el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Todo indica que una edición del DOF no es suficiente para el alud de decretos que cotidianamente se publican. Bueno, al menos tenemos normas.

 

Es una reforma a los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).  Una iniciativa para establecer instancias de gestión de transferencia tecnológica y de vinculación en cualquier  entidad que realice actividades de investigación y desarrollo experimental, así como eliminar cualquier obstáculo que impida a los investigadores participar en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros.

La norma no es nueva. De hecho, sería la culminación de un ajuste que comenzó hace poco más de 15 años. Inició con la reforma de 1999, una de las más importantes al marco normativo de las actividades científicas y tecnológicas, en donde quedó incluido, por primera vez, un cauto capítulo sobre la “vinculación con el sector productivo, innovación y desarrollo tecnológico” (capítulo VI). Uno que sustituyó al todavía más críptico capítulo “De la concertación con los sectores social y privado” de la ley de 1984.

Luego, en la reforma de junio del 2009, en el mismo capítulo de vinculación se incluyó el artículo 40 Bis –el mismo que ahora se modifica— en el que se facultaba a las universidades e instituciones públicas de educación superior, así como a los Centros Públicos de Investigación, para “crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento”.

En el mismo artículo 40 Bis se especificó que cada institución podía seleccionar la figura jurídica que considerara más apropiada para esas unidades de vinculación, pero no constituirse como entidades paraestatal ni tampoco financiar su operación con recursos públicos. Además, se dijo que las instituciones podían contratar a personal por proyecto para los fines de las unidades.

Aunque varias instituciones crearon unidades de vinculación y otras desempolvaron oficinas preexistentes, pocas se aventuraron a adoptar figuras jurídicas novedosas y todavía menos a celebrar grandes contratos o convenios con el sector productivo. Una de las razones era que no estaba claro cómo proceder con las ganancias derivadas de la actividad desarrollada. 

Entonces, como lo hemos comentado en estas páginas, vino una nueva propuesta de los diputados de la fracción parlamentaria del PRI en septiembre del año pasado para modificar el mismo capítulo de vinculación y particularmente su artículo 40 Bis (Campus Milenio No. 590).

 

La propuesta consistía en incluir no solamente a instituciones públicas de nivel superior, como instancias que podían crear unidades de vinculación, sino también a entidades de la administración pública federal que realizan actividades científicas y tecnológicas, como los institutos dependientes de algunas secretarías de Estado (como los del sector salud) y algunas entidades paraestatales.

Todavía más importante, en el mismo paquete de reforma, los diputados propusieron modificar el artículo 8 de la LFRASP, con el fin de precisar que los servidores públicos de cualquiera de las entidades incluidas (IES, CPI y entidades de la administración pública federal) podían “realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios”.

Sin embargo, en abril de este año, cuando tocó el turno de los Senadores para ratificar o rectificar la propuesta, opinaron que era relativamente restringida, porque solamente hablaba de instituciones de educación superior y la vinculación podía darse en cualquier institución o modalidad educativa (Campus Milenio No. 604).

 

Igualmente, los Senadores opinaron que la modificación al artículo 8 de la LFRASP debía tener menos ataduras y especificar que los servidores públicos solamente “incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables a la Institución”.

Aunque las modificaciones de los Senadores fueron realmente un asunto menor, por procedimiento el dictamen debía regresar a la cámara de origen, así que no fue aprobado en la anterior legislatura. 

Ahora, ya con los cambios que propusieron los Senadores, la iniciativa fue aprobada el pasado 24 de noviembre por 438 votos a favor y cero en contra. Un cambio profundo de la norma, cuyos efectos apreciaremos rápidamente.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 635 Diciembre 10, 2015, p.5)

¿Laboratorio Nacional de Políticas Públicas?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

 

En abril de este año, con el anuncio del recorte presupuestal de 900 millones de pesos a Conacyt, parecía que los proyectos de infraestructura en el sector no tendrían lugar o se postergarían, por lo menos así lo dijo en su momento Enrique Cabrero, el titular del organismo. Sin embargo, no todos los proyectos corrieron la misma suerte.

La semana pasada se inauguró el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) ubicado en el Centro de investigación y Docencia Económicas (CIDE). El Laboratorio se presenta como un proyecto novedoso para la atención de problemas considerados de interés público y se localiza en uno de los centros públicos de investigación de creciente influencia en el diseño y evaluación de programas gubernamentales.

 

Según el director de Conacyt, el LNPP será un sitio en el que se ensayarán intervenciones gubernamentales: “ es el primero en su tipo en México, tendrá una visión transdisciplinaria y a través del uso de datos, propondrá soluciones a problemas de carácter público” (Comunicado 114/15).

 

No es gratuito que en la inauguración del Laboratorio estuviera Francisco Guzmán Ortiz, el jefe de la oficina de la presidencia de la República. Por dos razones: una, el funcionario público es egresado de la carrera de economía del mismo CIDE y, dos, tal vez más importante, la oficina que dirige tiene, entre otras responsabilidades, el seguimiento de las políticas públicas y su evaluación para la toma de decisiones.

Fue en el periodo de Vicente Fox cuando se creó la oficina presidencial de coordinación de políticas públicas, precisamente con Eduardo Sojo como primer titular, el ahora director del INEGI y cuyo cargo vence precisamente en este mes. La oficina adquirió notoriedad por el cambio que significó en el diseño de la administración pública, así como por el reconocimiento a las políticas públicas y a su diseño.

Actualmente, la oficina de la presidencia tiene media docena de unidades técnicas con sus respectivos titulares. Algunas de ellas son la coordinaciones generales de Política y gobierno, la de Marca país y medios internacionales, la de Crónica presidencial, así como la Secretaría técnica.

 

En esta administración, el ahora secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue el primer titular de la oficina de la presidencia. En esa misma oficina quedó adscrita la coordinación de ciencia, tecnología e innovación. ¿La recuerda? Esa instancia que se creó al comienzo de esta administración en lugar de una secretaría de Estado para el sector y cuyo titular fue Francisco Bolivar Zapata, cargo del que se separó el pasado mes de septiembre para contender por la rectoría de la UNAM. Pero esa es otra historia.

El actual director de Conacyt también es egresado del CIDE, de su maestría en administración pública, institución a la que se incorporó como profesor al poco tiempo y luego dirigió durante ocho años, del 2004 al 2012. En este último año se separó para asumir la dirección del organismo rector de la política científica y tecnológica.

 

En abril de este año, ante el recorte gubernamental de 900 millones de pesos al presupuesto de Conacyt, Enrique Cabrero declaró que se sacrificaría la infraestructura en aras de sostener el programa de cátedras y el programa de becas. En particular, dijo que se detendría “el crecimiento de algunas instalaciones científicas para dentro de uno o dos años, algunos centros públicos de investigación que teníamos pensando impulsar en 2015" (Reforma 13.04.2015).

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año, en el rubro de programas de inversión, aprobado en el 2014 y, desde luego, antes del anunció del recorte, tenía considerado como programa de inversión para el CIDE la “construcción del edificio para actividades docentes y laboratorio de políticas públicas”. Aunque ni en el PEF del 2013 ni en el 2014 apareció la idea de crear tal laboratorio, pero sí la construcción de un edificio.

En el proyecto de inversión de este año, el monto previsto para el edificio del Laboratorio es de poco más 72 millones de pesos, pero con 66 millones en el año previo y otros 79 para el próximo, los cuales sí están programados en el PEF 2016. Es decir, el costo total del Laboratorio estará entre 217 y 224 millones de pesos (según el más reciente programa de inversión del PEF).

Aunque, ahora que se presentó el LNPP se indicó que la inversión conjunta de Conacyt y el CIDE fue de poco más de 100 millones de pesos, cifra que no cuadra demasiado con el monto arriba indicado, incluso descontando la inversión del año próximo que todavía no tiene lugar.

En fin, quedan por resolver algunas interrogantes sobre la operación del Laboratorio, la relación con otros centros e instituciones, así como sobre su financiamiento. Por lo pronto, la inversión en infraestructura se sumará a la meta del uno por ciento del PIB.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 634 Diciembre 3, 2015, p.5)

Posgrado: un aniversario más del Padrón de Calidad

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

 

Está por cumplirse el XV aniversario de la puesta en marcha del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y sumarían 23 años si se considera su antecesor el Padrón de Programas de Posgrados de Excelencia.

 

La creación del Padrón de Excelencia se verificó en 1991, precisamente en el periodo que comenzó el auge de la evaluación en sus distintas modalidades. Un furor que permanece hasta el día de hoy.

La principal finalidad de la iniciativa, se dijo en su momento, fue crear un sistema de acreditación de los programas de maestría y doctorado, con base en una valoración de distintos indicadores, como el personal académico a cargo del servicio (tiempo de dedicación, formación, pertenencia al SNI, productividad), desempeño del programa (avance de los alumnos, eficiencia terminal) y condiciones (infraestructura).

 

Los programas valorados, dependiendo de las cifras de sus indicadores, se clasificaban como rechazados, aprobados, condicionados o emergentes. El mayor incentivo para participar en la evaluación era que los programas aceptados obtenían un importante respaldo gubernamental, tanto en la forma de becas para los alumnos como de apoyo financiero para infraestructura. 

Ahí comenzó la diferenciación de los programas de posgrado que por aquellos años comenzaron a crecer de forma notable. Aunque por sus características la iniciativa más bien se convirtió en un mecanismo de acreditación de programas. También permitió sentar las bases de impulso del posgrado nacional, crear un sistema efectivo para otorgar las becas de posgrado de Conacyt y evitar las inconformidades en la distribución de los apoyos.

 

 

Desde el punto de vista de las autoridades del sector y de los programas acreditados, el Padrón de Excelencia parecía la solución perfecta. Sin embargo, el funcionamiento sin mayores complicaciones llegó hasta el final de los años noventa, porque ahí comenzó la rebelión de un buen número de programas de posgrado que se quedaban fuera de ese Padrón.

 

Los programas excluidos argumentaron que el Padrón se concentraba en indicadores que coincidían con posgrados orientados a la investigación y no había ninguno para los posgrados profesionalizantes. En el año 2000 se integró una comisión para analizar el problema, la cual reconoció que, efectivamente, ese era el principal obstáculo y sugirió crear el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

 

Desde entonces, el PNPC opera de forma similar a su antecesor: discriminado la calidad de los programas, clasificándolos según sus niveles de consolidación y como un mecanismo para distribuir becas para estudios de posgrado.

 

En el esquema vigente del Padrón de Conacyt se reconocen cuatro categorías de programas: competente internacionalmente; consolidado; en desarrollo; y de reciente creación. Las ubicaciones se refieren a la fortaleza de los programas. Por ejemplo, los niveles más altos son los dos primeros: uno de competencia internacional, además de estar consolidado, tiene convenios de colaboración con el exterior para la movilidad de estudiantes e intercambio académico; mientras que uno consolidado solamente tiene reconocimiento a nivel nacional.

 

Los programas “en desarrollo” y de “reciente creación”, forman lo que Conacyt denomina el Programa de Fomento a la Calidad del Posgrado (PFCP). Los primeros, según la evaluación del organismo, tienen una “prospección académica positiva”, en tanto que los de reciente creación, como el nombre lo indica, son programas relativamente nuevos que satisfacen criterios básicos.

¿Ha sido útil el Padrón? Desde la iniciativa de 1991 no hay duda de que ha logrado establecer un mecanismo de discriminación en la amplia oferta del mercado de estudios de posgrado. En general, la tasa de aceptación ha oscilado entre el 15 y el 25 por ciento del total de programas existentes, con sus variaciones conforme nivel, entidades e instituciones.

 

Las cifras más recientes indican que existen 8 mil 500 programas de posgrado y de ese total solamente el 23 por ciento está incluido en el PNPC (1,943). Incluso, del conjunto de programas reconocidos solamente 175 (9 por ciento) se clasifican en el nivel más alto.

 

Sin embargo, tal parece que ha profundizado las diferencias entre los programas con mayores y mejores condiciones; incluso en algún momento intentó diferenciar el monto de becas conforme su clasificación. Además, aunque ha disminuido relativamente, persiste una concentración regional e institucional de programas y la diferencia entre posgrados orientados a la investigación y profesionalizantes ha quedado relativamente incierta.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 633 Noviembre 26, 2015, p.5)

CyT: Modificaciones al PEF con enfoque base cero

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Fuente: diarioabc.mx

Finalmente, tras una larga jornada, el viernes de la semana pasada por la mañana, los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año próximo.  Añadieron casi 17 mil millones de pesos (mmdp) a la propuesta que les había remitido el gobierno federal; un incremento de poco más del 2 por ciento respecto al proyecto original.

 

 

El volumen total de gasto para el 2016, ya contabilizado el incremento que realizaron los diputados, será de 4 billones 764 mmdp. En esas cantidades el aumento de los diputados no parece muy significativo, lo es un poco más el reordenamiento y ampliaciones que realizaron por 71 mmdp.

 

Tal vez la modificación del presupuesto es relevante por la idea que desde el inicio planteó el gobierno federal de diseñar un “presupuesto base cero” y que luego modificó por la idea de un “presupuesto con enfoque base cero”. Pero también tiene importancia por los rubros en donde se aplica el incremento.

 

Fuente: www.mexicocomovamos.mx

Quizás la aprobación del PEF es una de las mayores responsabilidades de los diputados y de las tareas que les demanda sesiones de trabajo más largas, la excepción son algunos asuntos coyunturales o de interés para algunas de las fracciones mayoritarias que prolongan su jornada. Alguna vez lo fue también la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, cuando el ejecutivo federal todavía acudía al Congreso a presentar su informe de gobierno. Ya no.

 

En esta ocasión, para la aprobación del PEF, según lo reporto el presidente en turno de la Cámara, ocuparon casi 12 horas, de las cuales poco más de 2 horas fueron para la discusión en lo general y otras 9 horas de debate para reservas y presentación casi tres centenares de propuestas (casi todas desechadas).

 

Fuente: ventana.mx



En el caso del presupuesto para ciencia y tecnología, el proyecto original que envió el ejecutivo federal el pasado mes de septiembre consideraba un monto total de 90,923 mdp. En esa cantidad se incluye el gasto de Conacyt (37,930 mdp) y el de 14 secretarías que destinan gasto a ese rubro, destacadamente Educación (22,682 mdp) que ocupa el segundo lugar en volumen de gasto para el mismo propósito.

 

El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de los diputados aprobó un monto total de 91,650 mdp. Es decir, los diputados añadieron alrededor de 727 millones de pesos más a la propuesta del gobierno federal de gasto para el sector de ciencia y tecnología. Se trata de un incremento relativamente insignificante, pero es más sobresaliente en dónde se aplicó.

 

Solamente dos secretarías tuvieron un incremento en su gasto para ciencia y tecnología: a SAGARPA le añadieron 477 millones de pesos y a SEP otros 250 millones de pesos. El dictamen de la Comisión solamente especifica que recibió poco más de 48 mil solicitudes de recursos federales (Anexo A p. VIII), así como muchas otras peticiones de diferentes sectores y de los propios legisladores, y en la segunda parte del dictamen a nota a pie de página dice: “se adicionan 250 millones de pesos para el equipamiento del Instituto Politécnico Nacional” (Anexo B, anexo 12).

 

Luego, la Secretaría de Hacienda informó que el presupuesto aprobado por los diputados había privilegiado, nada menos que “al Campo mexicano, destinando una ampliación superior a los 21 mil millones al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable” (Comunicado 130/2015). Es posible que esa cantidad esté relacionada con el modesto incremento en el sector científico y tecnológico para la SAGARPA.

 

 

En el caso de SEP, salvo la nota a pie de página no se aclara más, pero seguramente el monto para equipamiento está relacionado con el intenso y prolongado conflicto que vivió el IPN, las demandas de los estudiantes y principalmente con la realización del Congreso que sigue pendiente.

 

 

En resumidas cuentas, al menos para el caso del ramo 38, referente al gasto en ciencia y tecnología, los diputados incrementaron muy ligeramente el presupuesto para el sector. Pero, además, el aumento no fue dirigido al gasto sustantivo, central, ejercido por Conacyt, el organismo rector de la política científica y tecnológica, el cual se supone buscaría ubicarlo en indicadores para alcanzar las metas de esta administración. Fueron otros los criterios de decisión y otros los rubros de aplicación.

 

Entonces, en el volumen final del PEF para el año próximo, el gobierno federal logró contener el crecimiento del gasto y conservar la idea de presupuesto con enfoque base cero. Lo que todavía está por conocerse es la reordenación y ampliación de los más de 70 mmdp que hicieron los diputados.

 

Publicado en Campus Milenio No. 633 Noviembre 19, 2015, p.5)

La gratuidad de la educación superior... en Argentina

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

 

La semana anterior el Senado argentino aprobó una modificación a su Ley de Educación Superior (LES 24.521). Algunos observadores nacionales han visto los cambios como un avance importante en la garantía de oportunidades de acceso a la educación superior; otros los han ubicado como una forma de influir en la disputa electoral que ahora se desarrolla y cuya segunda vuelta tendrá lugar el próximo 22 de noviembre.

Fuente: kika.mx

 

El asunto es que, con independencia de la coyuntura electoral y las posiciones actuales de las fuerzas políticas en pugna, la reforma a la ley ilustra los retos de los Estados-nación en materia de educación superior y el tipo de relación entre el Estado y las instituciones educativas.

La LES, antes de las modificaciones, en sus 73 artículos incluía todo el conjunto de disposiciones para normar el sistema educativo nacional de nivel superior (instituciones universitarias, no universitarias, públicas, particulares, nacionales, municipales, provinciales, etc.).

 

 En particular, el artículo 2º establecía que: “El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas”.

 

Fuente: www.emprendices.co

A la vez, el artículo 7º precisaba como único requisito para ingresar como alumno a nivel superior, la aprobación del nivel previo y para aquellos que habían rebasado los 25 años sin haberlo cubierto, podían ingresar, excepcionalmente, a través de evaluaciones que mostraran que tenían “preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar”.

 

 

 

Además, en el artículo 58 se estipulaba que el Estado debía “asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales” para garantizar su normal funcionamiento y no se podían disminuir tales aportaciones aunque las instituciones obtuvieran recursos autogenerados.

 

Por otra parte, la primera ocasión que se planteó modificar la ley en los artículos anteriores fue el 5 de junio de 2013 y el origen estuvo en la Cámara de Diputados, con el proyecto de la diputada Adriana Puiggrós. La versión estenográfica de la sesión solamente registra las posiciones de dos opositores al proyecto (http://www.diputados.gov.ar/secparl/dtaqui/versiones/index.html). En esa ocasión, la propuesta de ley quedó aprobada por 149 votos a favor y 12 en contra.

 

El proyecto de ley pasó al Senado en el mismo mes de junio del 2103, pero no se volvió a tocar el asunto hasta el pasado 28 de octubre de este año, fecha en la que quedó aprobado. Las modificaciones incluyen varias precisiones, desagregan algunos componentes y garantizan otros.

 

Fuente: www.adrianapuigros.com.ar

Por ejemplo, al artículo 1º, le añade un segundo párrafo para incluir el principio de que la “educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social”, en correspondencia con lo dice otra de sus normas y también con lo que han establecido algunos organismos internacionales.

 

Ahora, el artículo 2º no solamente precisa que el Estado nacional es responsable de proveer el financiamiento, también incluye siete incisos de lo que implica, como es la garantía de igualdad de oportunidades y condiciones para el acceso, permanencia y egreso para todas las personas que lo requieran y reúnan las condiciones legales, o bien, la promoción de políticas de inclusión.

 

Además, en un artículo 2º Bis, decreta que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

 

En lo que concierne a los requisitos de ingreso, conserva lo que ya indicaba el artículo 7º anterior, pero adicionalmente precisó que “debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador”.

 

Por último, también precisa las obligaciones del Estado en materia de financiamiento que ya se habían previsto en la ley anterior, desagrega las responsabilidades de las instituciones en la misma materia y la responsabilidad de la Auditoria General de la Nación en el control administrativo de todas las instituciones de gestión estatal.

 

En fin, la norma es un paso, pero como la experiencia lo muestra, queda por resolver el complicado tema de la implementación y ahí tiene lugar el asunto de la autonomía institucional, los cursos de nivelación, la diversificación institucional, entre otros. Quedamos pendientes.

 

Publicado en Campus Milenio No. 632 Noviembre 12, 2015, p.5)

La reforma sin modelo educativo

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

 

 

En la reforma educativa en marcha, el asunto del modelo educativo es el que menos preocupación y atención pública ha recibido. Todo se concentró en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, en la creación del sistema nacional de evaluación, en los concursos de profesores, los conflictos, en el sistema nacional de información y gestión. Pero no, todavía nada, en lo que debiera ser la parte medular de la reforma: el modelo educativo.

 

Fuente:www.excelsior.com.mx

A partir de que se decretaron las leyes secundarias de la reforma en curso, en septiembre de 2013, se anunció la revisión del modelo educativo y luego, hace unos meses, la conclusión de ese trabajo. Sin embargo, a la fecha no lo conocemos y el tema no parece tener importancia.

 

Al inicio de la actual administración, en las acciones anunciadas en el Pacto por México, quedó registrada la búsqueda de la calidad en la educación básica, el incremento de la matrícula en todo el sistema y la recuperación de la “rectoría del sistema educativo nacional”. Pero el problema del modelo educativo no figuró en esa agenda. Fue hasta que se emitieron las leyes secundarias cuando la autoridad educativa se refirió, por primera vez, al tema del modelo.

 

En el artículo décimo segundo transitorio del decreto de modificación de la ley general de educación, hace dos años, se anotó: “A efecto de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la calidad en la educación, las autoridades educativas deberán proveer lo necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y métodos educativos” (DOF. 11.09.2013).

 

Fuente: amerika21.de

También en el vigésimo segundo transitorio de la ley del Servicio Profesional Docente, se anotó que: “La Secretaría formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales, a nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas a efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional”. (DOF. 11.09.2013).

 

Después, el 15 de enero del 2014, la SEP publicó una convocatoria para la realización de los “foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo”. En un formato de consulta ciudadana, relativamente similar al mecanismo que se utiliza para la integración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, la convocatoria especificó que se llevarían a cabo foros para educación básica, media superior y educación normal. La celebración de cada uno de los foros incluyó cinco temáticas, un comité técnico y un consejo asesor de cinco expertos por nivel.

 

Fuente: www.yucatan.gob.mx

 En total, se realizaron18 foros regionales (la 32 entidades agrupadas en seis regiones) y tres foros nacionales (norte, centro y sur). Existen relatorías de cada uno de los foros y algunas conclusiones provisionales, cuando el subgrupo de expertos se puso de acuerdo en un documento conjunto.

 

En el segundo informe de gobierno, el del 2014, se anotó que: “...se registraron 28,276 participantes y se recibieron 14,681 documentos con planteamientos y propuestas. Toda la información fue procesada y analizada por un grupo de especialistas y expertos en temas educativos. La información obtenida constituye la base del marco normativo y curricular del nuevo modelo educativo en los niveles básico, medio superior y de la formación de los profesionales de la educación...” (p. 208). No se volvió a hablar del modelo educativo.

 

Luego, el pasado 24 de agosto, el todavía titular de la SEP, Emilio Chuayffet, en el inicio del ciclo escolar, anunció que estaba listo el nuevo modelo educativo” (Comunicado 248 de la SEP. 24.08.2015). Pero no dijo nada más. A los tres días, vino el cambio de secretario y el nuevo titular solamente anunció que la reforma educativa seguía adelante: viene el reto de implementar lo que el anterior secretario inició, dijo a modo de explicación.

Fuente: www.ejecentral.com.mx

 

Después, el 4 de octubre, realizó el mayor ajuste al equipo de subsecretarios y la enumeración de las siete prioridades en las que se concentraría su equipo. Ahí quedó como especificada como cuarta prioridad: “iniciaremos o continuaremos la revisión que se ha hecho tanto del modelo educativo, como de los planes y los programas de estudio”. Una versión más elaborada de las siete prioridades las publicó en las páginas de este mismo diario el mes anterior (Milenio 12.10.2015). Así que, más o menos, desde hace casi un año la idea se ha reiterado.

 

¿Un modelo nacional?

Lo cierto es que si el modelo educativo ya está listo, públicamente todavía no se conoce y si todavía no lo está, no se sabe qué le falta. En el tercer informe de gobierno, el que se presentó el pasado dos septiembre, se anotan algunos avances. Por ejemplo, para educación básica se  destaca que: “...se realizó la revisión del plan y los programas de estudio para contar con una propuesta curricular actualizada y pertinente. Se actualizó el mapa curricular y la definición del perfil de egreso del nivel educativo...”.

 

En educación media superior, se dice que ya se tiene “una propuesta de cambio al modelo educativo”, la cual desarrolla once elementos. En el caso de educación superior, al parecer, ya se tiene la estrategia para elaborar el Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales.

No obstante, el asunto del modelo se ha circunscrito, básicamente, al espacio de los foros, a la letra y a la voz de sus participantes directos. En un intercambio que parece más propenso y reservado a la argumentación, con interlocutores interesados.

 

Un modelo es un “arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo” (RAE). Entonces, a escala y en el sector, representaría las características ejemplares a las que debiera orientarse explícita y claramente el sistema educativo. Una serie de principios generales para dirigir y ordenar coherentemente a la educación. No se trata solamente de un modelo pedagógico, de evaluación o de organización; incluye todo, metodologías, principios, bases, formas de gestión, etcétera. Si es el caso, entonces, se supone que la iniciativa instauraría una especie de modelo educativo nacional, uno que alcanzará la prometida calidad que quedó en la norma constitucional.

 

¿Ha sido correcta la forma en que procedieron las autoridades educativas? En términos operativos, el mecanismo de consulta amplia, organizada en foros masivos y la recepción de miles de propuestas, puede no ser la mejor forma para una tarea fina y especializada de diseño de un modelo educativo. Pueden asistir cientos o miles de personas, pero es relativamente intrascendente si poco o nada aportan a la tarea de diseño. No obstante, la combinación de personas interesadas en los foros y selectos grupos de expertos por cada nivel educativo, con saberes, trayectorias y responsabilidades claramente identificadas, sin duda le otorgó cierta legitimidad que difícilmente se puede ignorar o desconocer.

 

Fuente: fuerza.com.mx

Algunos colegas, aunque en sentidos opuestos, han hecho notar que la actual reforma educativa procedió por el camino inverso: primero por los medios y luego por los fines. Es decir, comenzó por el diseño y aplicación de instrumentos, como el servicio profesional docente o los exámenes estandarizados a gran escala y luego, si es que se elabora, por lo más importante, el diseño de modelo educativo. A algunos les parece una forma completamente equivocada de modificar el sistema educativo; otros, por el contrario, piensan que es el camino correcto, sostienen que no tenía sentido esperar resultados diferentes si se volvía a insistir en el camino de siempre.

 

En principio, comenzar por los medios e instrumentos no es lo más apropiado. Es como lanzarse a las aguas profundas del mar sin saber exactamente a dónde dirigirse primero ni cuál será el punto de llegada. La experiencia nacional, y especialmente en materia de evaluación, ha sido amplia y muy ilustrativa de cómo los medios se convierten en un fin en sí mismo. Si la estrategia fue exitosa, pronto lo veremos, desafortunadamente los resultados de las reformas educativas no son inmediatos, tardan una o dos generaciones en apreciarse sus resultados.

Ciertamente, la reforma, sin modelo educativo, hasta ahora se sostiene; está en la Constitución, en los documentos normativos y en dispositivos institucionales que se abren paso en el mundo de la gestión escolar. El proceso de implementación con sus complicaciones y resistencias sigue su marcha, promete un horizonte de calidad, pero todavía no conocemos lo más importante, su punto de llegada.

 

Lo sorprendente es que en la reforma educativa actual, la más importante de las 13 reformas estructurales que se han emprendido en esta administración –según lo han dicho el presidente de la República y el secretario de Educación Pública—, no pareciera importar el tiempo transcurrido sin saber nada del modelo. No lo ha sido para la instauración del servicio profesional docente, tampoco para “colocar a la escuela en el centro de la acción educativa”, ni para la definición de el sistema nacional de evaluación, mucho menos para el sistema de información y gestión educativa. Bueno. ¿Debemos esperar a la próxima generación, sea la que sea? No.

 

Publicado en Campus Milenio No. 631 Noviembre 5, 2015, p.28 y 29)

 

Conacyt: los años que de pronto son décadas

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

 

 

Fuente: www.fisicanet.com.ar

Desde ahora el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha comenzado los festejos por sus primeros 45 años de existencia. Una conferencia con George Fitzgerald Smoot, premio Nobel de física de 2006, fue la ocasión para dar inicio a la conmemoración.

 

La iniciativa de ley para la creación de Conacyt fue remitida por los diputados el 4 de diciembre de 1970, pero ésta se discutió en el pleno el 8 de diciembre del mismo año y se debatió en diferentes sesiones. Finalmente se aprobó el 21 de diciembre y el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de ese mismo año.

 

En esa época le correspondió al ingeniero veracruzano Eugenio Méndez Docurro encabezar su puesta en marcha. El ingeniero Méndez, fallecido apenas el pasado mes de agosto, previo a su responsabilidad como primer director de Conacyt, también había participado como vocal en el Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC), institución predecesora del actual Consejo. Aunque de esa fecha al día de hoy, las instituciones no son lo que eran ni el país tampoco.

 

Fuente:itculiacan.edu.mx

 

El INIC fue creado en 1950 y reorganizado en diciembre de 1961. El problema es que, en realidad, tuvo serias limitaciones para establecer una auténtica política científica. Tal vez por esa razón el gobierno echeverrista, los legisladores y la comunidad científica de entonces, consideraron que el INIC sería incapaz de asumir la responsabilidad de ser el órgano central de coordinación de esfuerzos en la materia y se propusieron reemplazarlo por el Conacyt.

 

Efectivamente, a partir de los años setenta se registra un esfuerzo más organizado y consistente para la formulación de una política científica y tecnológica. La normatividad para regular la existencia de CONACYT, en su parte sustantiva, argumentaba diferentes razones para ponerlo en marcha.

 

Una de los principales motivos se refería, claramente, al papel de la ciencia y la tecnología en el progreso del país. Se indicaba que sus resultados se deberían convertir en “poderoso instrumento del desarrollo general e integrado del país”, al mismo tiempo que deberían asegurar la independencia económica de la nación y su participación a nivel regional e internacional.

 

Aunque, seguramente como resultado de las características del discurso nacionalista y en contra del interés extranjero de entonces, también prevenía que no se trataba de “adoptar mecánicamente las numerosas técnicas modernas” y advertía la necesidad de complementarse con la “actividad general en cuanto a la aprovechamiento de recursos disponibles, al acervo de inventos e innovaciones, y a los procesos de industrialización y comercializaciones de productos”.

 

Fuente: www.miambiente.com.mx

Sin embargo, tal vez el principal argumento para la creación de Conacyt fue admitir la dispersión de esfuerzos que comandaban al sector en esa época y la importancia de crear una infraestructura institucional de investigación, incrementar los recursos humanos en el área y, sobre todo, fortalecer e integrar los distintos recursos y actividades existentes para implementar una política científica y tecnológica.

 

La propuesta de ley de Conacyt de 1970 tenía una veintena de artículos, organizado en cuatro capítulos, en los que se precisaba su integración, organización, atribuciones y patrimonio. Desde el principio se le consideró como un “organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, asesor y auxiliar del Ejecutivo federal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología” (artículo 1). Por esta razón, Conacyt desempeña dos grandes conjuntos de funciones: las de asesoría al ejecutivo federal y las de ejecución de la política científica y tecnológica.

 

 

No obstante, uno de los grandes cambios de los inicios a la actualidad es la desectorización del organismo. En la ley de 1970 el organismo estaba sectorizado a la SEP, es decir era dependiente orgánica y presupuestalmente primero de esa secretaría, luego fue de otras. En la ley vigente se específica, también en el primer artículo, que es un organismo “no sectorizado”.

 

La reforma del 2002 a la normatividad científica y tecnológica, propuso, entre otras modificaciones, la desectorización de Conacyt. Un cambio que implicó no solamente la relativa independencia administrativa del organismo, sino también un incremento de sus capacidades y facultades de coordinación del sector y la creación del ramo 38 en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

 

Otro asunto son los nuevos programas que ha impulsado el organismo, los que han persistido en estas más de cuatro décadas y los resultados que se han obtenido. Por lo pronto, los primeros 45 años de vida expresan la madurez del organismo.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 630 Octubre 29, 2015, p.5)