Ciencia y tecnología. Austeridad sin costo...

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 767. Agosto 23, 2018. Pág. 5)

El ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dos semanas después de su victoria, anunció medio centenar de lineamientos para lo que ha destacado como el centro de gravitación de su gobierno: “el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”. Una intención que hace sentido frente a la lista de agravios, ligereza y despilfarro que retrata a una parte importante de la clase política y de servidores públicos.

En los lineamientos quedaron anunciadas las modificaciones normativas para atemperar riquezas, costumbres y privilegios de los servidores públicos de alto y no tan alto nivel. No parece sencillo, nada sencillo, cambiar la regulación y las prácticas de esa extensa capa de funcionarios que ha crecido en el invernadero lujoso de la función pública. Pero sí, en algún momento debe comenzar y podría ser en el próximo periodo. No obstante, valdría la pena pensar si todas las medidas anunciadas se pueden y deben aplicarse sin más ni más.

El inventario de acciones incluye, entre otras: la reducción del sueldo del presidente de la República y de todos los altos funcionarios públicos que ganan más de un millón de pesos anuales; nada de bonos, vehículos nuevos, ni equipo informático; guardaespaldas solamente para encargados de seguridad; la eliminación de las pensiones para los expresidentes y los viajes al extranjero sin justificación. Un ajuste muy relevante a la estructura burocrática, si se llega a poner en marcha.

Pero también está la reducción, en un 70 por ciento, de toda la estructura de confianza y de su gasto de operación. Para este personal se propone que su jornada laboral sea de lunes a sábado y con al menos 8 horas diarias de trabajo. No es la primera vez que se propone recortar a este personal. Sin embargo, el asunto no solamente es si se puede prescindir de servicios especializados, la cosa es que muchos de esos servidores ahora forman parte del servicio profesional de carrera, lo que les otorga estabilidad y permanencia. Despedirlos es difícil y muy costoso, como también lo sería su descentralización. ¿Cueste lo que cueste se hará?

Todavía más, en el número 18, entre los muchos lineamientos también quedó incluido: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”. Una medida necesaria para terminar con la opacidad en el ejercicio de un monto creciente de recursos públicos. No obstante, lo que a primera vista parece justificado, generalizarlo podría provocar la cancelación de múltiples programas de la administración pública. En el sector de ciencia y tecnología, por ejemplo, quedarían en vilo los fondos institucionales, sectoriales y mixtos.

Es comprensible la idea de cancelar los fideicomisos. Al comienzo de los años noventa, un fondo fue la figura emblemática que permitió la operación del controvertido rescate bancario, en lo que se conoció como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y que al final de esa década se convirtió en Ipab. Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo, documentó el caso (Fobaproa, expediente abierto, Grijalbo. 1999).

Los fideicomisos públicos siempre han estado moviéndose en el filo de la regulación y la opacidad. A partir de los años 2000, en la ley de ingresos, quedó establecida la obligatoriedad de informar sobre los fondos y fideicomisos federales (CEFP. Fideicomisos públicos. Normatividad relacionada y situación a marzo de 2005). No obstante, con frecuencia, se ha omitido la regulación y múltiples fondos han crecido al amparo de la discrecionalidad, con un volumen de recursos que se incrementa año con año.

El principio fiduciario establece un acuerdo para delegar poder o bienes a un tercero para que lo administre a favor de un beneficiario. Los fideicomisos son un contrato, un instrumento financiero, mediante el cual una persona física o moral (fideicomitente, en este caso la administración pública) delega o destina determinado patrimonio a una institución fiduciaria (banca pública o privada) para la realización de objetivos o fines lícitos muy precisos para beneficiar a una tercera persona (fideicomisario) o para sí misma.

En mayo de este año, la organización Fundar, presentó su reporte: “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”. Los datos que ahí se presentan muestran las dimensiones del problema. Por ejemplo, dice que los fideicomisos a nivel federal son 374 y suman recursos por más de 835 mil millones de pesos. Nada para subestimar.

Uno de los mayores problemas es que, dice la investigación de Fundar, la mayor parte de los fideicomisos (9 de cada 10) y, por tanto la parte proporcional de recursos, son concentrados en entidades no paraestatales, es decir, funcionan sin mecanismos de control interno. Esto ha provocado que, por ejemplo, en 2016 ejercieran el triple del monto que se les había autorizado.

Sin embargo, tal vez, en lugar de prescindir el instrumento financiero, lo conveniente, sería someterlo a las mismas reglas de transparencia, publicidad y rendición de cuentas de todo recurso público. Actualmente, en el caso del sector científico y tecnológico, suman más de medio centenar de fondos (sectoriales y mixtos, principalmente) e involucran más de 26 mil millones de pesos. Es casi una tercera parte del gasto federal en el sector. ¿También debiera ser eliminado? Lo veremos en detalle en próxima entrega.

Conacyt. ¿mejor a Zapopan?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 766.  Agosto 16, 2018. Pág. 4)

En la primera hoja, en la esquina superior derecha, aparece la firma de recibido y la fecha del 7 de agosto de 2018. Se trata de un documento entregado por Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, Jalisco, en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador; ahí propone trasladar a Conacyt a su municipio. Sí, lo entregó en esa casa de la colonia Roma que alguna vez fue el Centro de Teatro Infantil; hoy, en el mismo lugar, se hacen otras representaciones: cientos de personas de diferentes lugares de la República se forman diariamente en busca de una solución a sus dificultades o de exponer el problema que piensan resolver.

El alcalde de Zapopan, como cualquier otro ciudadano, se desplazó a la casa de transición y ahí, en media docena de cuartillas, le propone al gobierno federal electo el proyecto para el que tiene la solución: “convertir a la ex Villa Panamericana en la nueva sede nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y en un centro para el desarrollo de la tecnología y la innovación”.

Pablo Lemus, dice de él mismo, es el primer alcalde reelecto en el municipio y los ciudadanos le volvieron a otorgar su confianza para seguir gobernando. La reforma electoral del 2014 ahora permite la reelección de legisladores, así como de munícipes. El edil reelecto también añade que su gobierno está comprometido con la transparencia y ha ocupado el primer lugar en las evaluaciones nacionales que han realizado organismos como el Cide o los institutos Mexicano para la Competitividad (Imco) y Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Muy convincente.

Los argumentos de Lemus no solamente se refieren a sus logros. El lugar que está ofreciendo parece inmejorable: son las instalaciones de lo que fue la Villa Panamericana en 2011, pero que hoy están abandonadas y en franco deterioro (Milenio 17.06.2018). Las razones son una mala planeación, el uso de suelo que no se corresponde y organizaciones que han impugnado su utilización. El terreno suma en total 17 hectáreas: 160 mil 269 metros construidos; 644 departamentos (los que alguna vez alojaron a los atletas de los Juegos Panamericanos); cuatro edificios y 2 mil 500 cajones de estacionamiento. Espacio y construcción es lo que sobra.

Además, dice Lemus, si se compara Zapopan, Jalisco, con la Paz, Baja California Sur, el primero sale favorecido. Recordemos que en el extenso documento “Proyecto de Nación 2018-2024”, elaborado antes de las elecciones pero que es la base de las líneas de acción del gobierno federal electo, se propone de forma preliminar la descentralización de las secretarías y que cada entidad federativa contará con una dependencia federal (p. 277). Los ejemplos que ahí se anuncian suman 27, no 32; y para el caso de Conacyt, como para todos, no se dice porqué, pero se sugiere trasladarlo a La Paz, BCS.

Las ventajas que presenta el presidente municipal de Zapopan, parecen contundentes: si se estiman 90 mil metros cuadrados para una dependencia federal, la Villa Panamericana potencialmente tiene casi el doble ya construido, en La Paz, BCS, no se tiene nada; la oferta de vivienda también es favorable (11 mil 436 frente a 2 mil 673); y también triplica la oferta de instituciones de educación técnica y superior. (33 frente a 9).

Entonces ¿no habría mucho qué pensarle para comenzar el traslado a Zapopan? Tal vez sí o tal vez no. Por un lado, todavía estamos en el periodo de transición, y como para casi la totalidad de acciones y programas anunciados por el gobierno federal electo, no se sabe cómo quedará el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación y si alcanzará para todo lo que se está proponiendo. Tampoco están las definiciones, la jerarquía ni el detalle de cómo se pondrán en marcha las diferentes iniciativas. Por ahora todo es relativamente incierto.

Por otro lado, María Elena Álvarez-Buylla, la persona nombrada por AMLO como la próxima directora de Conacyt, no ha dicho públicamente si le parece buena o mala idea el desplazamiento geográfico del Consejo o cómo ocurrirá. En contraste, Esteban Moctezuma Barragán, el siguiente secretario de Educación Pública, rápidamente dijo que, personalmente, se trasladará a Puebla para analizar y planificar el cambio desde esa entidad. Claro, en el caso de Educación, ninguna otra entidad o municipio, públicamente, ha levantado la mano para hacer otra propuesta de traslado.

El escollo mayor para optar por Zapopan, sin embargo, podría no ser el dinero, los detalles de la iniciativa o la disposición personal. El problema es que la Villa Panamericana está asegurada por la autoridad ministerial, tiene juicios en curso y, según el presidente de Conciencia Cívica, Salvador Cosío, el inmueble tiene complicados problemas legales por resolver (https://goo.gl/9DiYWd).

En definitiva, una descentralización no se puede improvisar ni producirse en el corto plazo, salvo que no esté pensada para llevarse realmente a efecto o en la escala prevista. Tal vez sería tiempo de plantearse hasta dónde deben llevarse las expectativas, planear mejor y, sobre todo, qué vale la pena cambiar y qué importa conservar.

Sistema de Innovación Mexiquense. ¿Iniciativas estables?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 765. Agosto 9, 2018. Pág. 5)

En agosto de 2010, hace casi una década, a través de la aprobación de un fondo multilateral de inversión, con aportación parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) buscaba incrementar la inversión en innovación por parte de las Pymes de la entidad “y fortalecer los vínculos colaborativos con centros tecnológicos, universidades y entidades públicas locales que conforman el sistema estatal de innovación (SEI)” (M1059). Ahí comenzaba la idea consolidar los sistemas regionales y especialmente aumentar la capacidad de innovación y competitividad empresarial en el Estado de México (Edo. Méx.).

El diagnóstico, similar para la mayor parte del país, era que las pequeñas y medianas empresas tenían, y siguen teniendo, dificultades para ingresar a los beneficios derivados de los programas de apoyo a la innovación. Por el contrario, para las grandes empresas, las estrategias de acercamiento a centros de investigación han sido relativamente exitosas. Así que el proyecto se proponía aproximar las Pymes a los agentes de innovación. El volumen de recursos para impulsar el proyecto fue de casi dos millones de dólares (47 por ciento BID; 46 por ciento Comecyt; y 7 por ciento Conacyt).

Los logros del proyecto fueron básicamente la realización de encuentros, foros, cursos de capacitación, diseño de materiales y, sobre todo, la elaboración de agendas sectoriales. El último reporte del proyecto, de junio de 2014, dice que los resultados alcanzados son satisfactorios. La evaluación parcial sostiene que se identificaron las necesidades y la problemática de sectores económicos específicos de la entidad, lo que ha permitido realizar una agenda estatal de innovación y también por sector. Además, añadió la evaluación, los concursos para identificar proyectos innovadores de Pymes se han financiado con recursos totalmente estatales y han generado un fuerte interés.

Ahora, el actual gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, recientemente anunció la puesta en marcha del Sistema Mexiquense de Innovación. Según indica el boletín correspondiente, el objetivo se vuelve a reiterar: integrantes de los sectores económico, académico y gubernamental, a partir de una Agenda Estatal de Innovación, “fortalecerán la colaboración y la vinculación intersectorial para ofrecer más oportunidades de negocios, mediante la promoción de inversión extranjera directa.” (01112/2018).

Tal parece que se trata de un segundo momento en la instauración del SEI en la entidad. Aunque, en sentido estricto, más allá de mencionar un vínculo, buscar una mayor inversión o enunciar algunos sectores (agroalimentario, automotriz, plástico, químico y salud) no aparece por ningún lado cuáles son los puntos de esa agenda estatal.

El curso que ha seguido la intención de poner en marcha un SEI no es reciente, como se puede advertir. Al menos, están involucradas las últimas tres administraciones en la entidad. Inició con el préstamo del BID, cuando el ejecutivo estatal era Peña Nieto, actual presidente de la República; el proyecto continuó y concluyó en la administración de Eruviel Ávila; y, al parecer, una nueva fase comienza en el periodo del actual gobernador. Los tres gobernantes del mismo partido político

Lo sorprendente es que ni en las ofertas políticas para las competencias electorales y casi que ni en los informes de gobierno quedó mencionada la idea de instauración o continuidad del SEI. En el 2011, Eruviel Ávila, como candidato, propuso incrementar becas y multiplicar por un factor de cinco el presupuesto para ciencia y tecnología, así como crear universidades digitales. Nada sobre el SEI. Talvez no era relevante para fines electorales, se dirá. No obstante, el heredado proyecto del BID sí tuvo continuidad. Sin embargo, en el 2017, los resultados no fueron registrados en el último informe de gobierno de Ávila. Ahí nada más se mencionó los más de 1 mil 400 millones de pesos de recursos federales entregados para 315 proyectos de empresas en la entidad (p. 180). Y no, al término del periodo, la inversión en el sector no se quintuplicó.

Por su parte, la coalición ganadora de las elecciones del año pasado en la entidad, en su plataforma electoral, sí recuperó la idea de innovación en sus propuestas. (Por cierto, se recordará que ahí el PRI fue en coalición con el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social). Luego, en este año, ya como gobernante, Del Mazo, en su Plan de Desarrollo 2017-2023, volvió a plantear la necesidad de realizar un diagnóstico para definir la agenda de innovación e implementar el Sistema Mexiquense de Innovación (p. 136).

En fin, todavía es incierto qué resultará de los propósitos anunciados, pero el caso muestra la dificultad de sostener las iniciativas a lo largo del tiempo, incluso cuando se trata de una secuencia de gobernantes del mismo partido –ya no digamos de partidos opositores-- y la importancia de establecer acuerdos intertemporales si se trata de resolver verdaderos problemas de interés público. Si ahora consideramos la escala nacional y el cúmulo de sectores e iniciativas en curso, tendremos una idea de la complejidad a la que estamos ingresando con el cambio de gobierno.

Cuarta transformación. ¿Dónde quedará la tercera función universitaria?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

En la región, la docencia, la investigación y la extensión han sido consideradas las funciones sustantivas de la universidad. Sin embargo, en las décadas recientes, la discusión pública y la formulación de propuestas se ha concentrado más bien en las dos primeras, soslayando o subestimando la tercera función. No siempre fue así y tal vez va siendo hora de volver a discutir el papel de la extensión.

Ciertamente, buena parte del interés público sobre la educación superior, en México y en América Latina, se dirige a tratar de buscar y ofrecer alternativas a los problemas de cobertura y calidad en este nivel. Y sí, no hay duda, ampliar las oportunidades educativas de calidad para un mayor número de jóvenes sigue siendo un asunto elemental. En la región, el promedio de cobertura para el grupo de edad es de alrededor del 45 por ciento. No obstante, hay varios países que están abajo de ese promedio (México, por ejemplo, tiene menos del 40 por ciento) y otros que lo superan claramente (Brasil o Argentina).

Otra parte del debate intenta dirimir cuál podría ser el modelo universitario a seguir: uno, centrado fundamentalmente en la educación profesionalizante; otro, orientado a la producción de conocimiento; o bien, otro que equilibre los dos anteriores, aunque sin mucha fortuna. Las opciones han dependido de la estructura de incentivos puestos por la política pública. Sin embargo, ha sido relativamente claro que solamente una parte muy reducida de instituciones pueden optar por un modelo orientado por la investigación.

En las propuestas que se formulan, sea para expandir la cobertura o para decidir sobre el modelo de referencia, pocas veces, muy pocas veces, figura la tercera función universitaria. Generalmente asociada a la extensión o difusión de la cultura, entendida como llevar el conocimiento o las actividades culturales a una población más amplia, particularmente la que no ha tenido oportunidad de ingresar a la educación superior. Pero, si es el caso, generalmente se reserva para unas cuantas instituciones, las más consolidadas del conjunto del sistema.

El origen de la extensión universitaria en la región, como lo dice Carlos Tunnermann, puede situarse en el movimiento reformista de Córdoba en 1918 –ese que en este año cumple un siglo--, porque ahí se realizó el primer cuestionamiento serio a la universidad latinoamericana tradicional y comenzó la preocupación por extender la acción universitaria más allá de los marcos institucionales (El nuevo concepto de extensión universitaria y difusión cultural y su relación con las políticas de desarrollo cultural en América Latina).

En el famoso y multicitado Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de junio de 1918 quedó anotado: “Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”.

No solamente las universidades buscaron salir de sus umbrales institucionales. El origen del Colegio Nacional en México, al comienzo de los años cuarenta, también tuvo un propósito fundamentalmente de divulgación. Según su decreto de creación, personalidades de la filosofía, las ciencias y las artes debían estar en contacto con “aquellos hombres que en virtud de las actividades a que fundamentalmente dedican su existencia,

quedan impedidos de concurrir a los centros escolares en que normalmente se imparten estas enseñanzas, o bien con quienes, ya iniciados en ciertas disciplinas buscan su perfeccionamiento” (Diario Oficial de la Federación  13.05.1943: 7).

El tiempo ha pasado desde el movimiento reformista de Córdoba y la creación del Colegio Nacional. Entre otros muchos cambios: las instituciones educativas se han multiplicado, pero han perdido su lugar privilegiado como fuente de conocimiento; la cobertura de la educación superior se ha ampliado, aunque de forma desigual; la formación definitiva ha dado paso a la educación a lo largo de la vida; la estructura de incentivos para las instituciones se ha modificado; la información y el conocimiento se han acumulado exponencialmente; y una revolución informática y dispositivos tecnológicos también han ingresado en las aulas. ¿La extensión universitaria tendría que volver a replantearse? Probablemente.

La Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, en febrero de este año y en anticipación a la conmemoración del movimiento reformista de Córdoba, declaró que: “Es la hora de seguir consolidando la Extensión como una forma de aprender, enseñar, investigar y producir conocimiento. Es la hora de vincular profundamente a estudiantes y docentes y a nuestras universidades como un todo, con los procesos de transformación democrática y solidaria de nuestras sociedades latinoamericanas” (uleu.org).

Si en México habrá una cuarta transformación, esa tercera función de la universidad también debiera discutirse.