jueves, 27 de febrero de 2020

El funcionario Alfonso Romo y la anticipación presupuestal

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 839. Febrero 27, 2020. Pág. 4)

Todo muestra que Alfonso Romo, el jefe de la oficina presidencial, actualmente concentra mayores capacidades y atribuciones. La semana pasada, el jueves 20, en su intervención en el Foro de Fondos de Inversión 2020, claramente volvió a anunciar que por restricciones presupuestarias no habrá incremento en la inversión para investigación científica y desarrollo tecnológico.

La afirmación es notable por varias razones. El anuncio no fue realizado por el Conacyt, el organismo cabeza de sector que tiene la responsabilidad de promover las actividades correspondientes. Tampoco fue la Secretaría de Hacienda, cuyos proyectos de presupuesto limitan o desahogan al resto de dependencias. Así que queda claro quién toma o anuncia las decisiones.

Si lo dice el que será coordinador de un gabinete encargado del crecimiento economico, entonces la actual administración no espera ningún respaldo, contribución o vínculo con la actividad científica y el desarrollo tecnológico. Por lo menos no en el terreno económico.

También confirma la continuidad de un horizonte presupuestal restrictivo para el 2021, porque el de este año ya está más que claro y el del próximo está por elaborarse, lo cual significa que, cuando menos, las limitaciones alcanzaran la mitad del periodo de gobierno. Adicionalmente, exhibe que la planeación puede prescindir totalmente de las directrices de un Plan Nacional de Desarrollo y de un programa sectorial. Notable, por donde se le mire.

En agosto de 2018, antes del actual sexenio, Alfonso Romo ya era el hombre fuerte de los negocios de la actual administración gubernamental. Todavía no tomaba posesión como Jefe de Oficina de la Presidencia de la República, pero ya tenía su lugar en el virtual gabinete y conducía las reuniones con el sector empresarial.

Alfonso Romo lo anticipó claramente en una de las reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial: “La parte de incentivos fiscales no va a haber, por lo pronto vamos a ahorrar, vamos a crear condiciones de confianza para que la inversión venga” (Forbes México. 10.08.2018). Y añadió: tampoco habrá mayor inversión en ciencia y tecnología; lo que sí un plan de austeridad.

En el periodo de transición sonaba cada vez con mayor insistencia la idea de que vendrían restricciones presupuestarias fuertes, porque el presidente electo, López Obrador, ya había anunciado desde julio de 2018 los “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana en el gobierno”.

Sin embargo, tanto los lineamientos como el anuncio de Romo fueron tomados con distancia en el sector de ciencia y tecnología, después de todo había confianza en que ocuparía un lugar estratégico y central para impulsar el desarrollo nacional. Además, en la reunión que el presidente electo tuvo con integrantes de la comunidad académica y cientifica, en el mismo mes de agosto de 2018, prometió aumentar el presupuesto y que, en el peor de los casos, nunca habría “un presupuesto por abajo de la inflación”.

En el primer año de gobierno, respecto de 2018, el presupuesto para las actividades científicas y tecnológicas mostró que el monto global no estuvo por abajo de la inflación e incluso el gasto corriente de Conacyt disminuyó diez puntos porcentuales. De hecho, el presupuesto nominal del organismo en este año sigue abajo seis puntos porcentuales de lo que tenía en 2018.

Lo que anticipó Alfonso Romo, a pesar de múltiples declaraciones en sentido contrario, sí ocurrió. No hubo incentivos fiscales y tampoco mayor inversión en el sector científico. El capítulo IX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a las condiciones para el otorgamiento de estímulos, sigue vigente pero no se aplica. El último reporte de estímulos fiscales para investigación y desarrollo de tecnología correspondió al ejercicio fiscal 2018 y distribuyó poco más de 319 millones de pesos (DOF. 26.02.2019).

Ahora, el tema vuelve a cobrar relevancia porque Alfonso Romo no solamente es el Jefe de Oficina de la Presidencia, el presidente López Obrador también lo nombró como virtual coordinador de un “gabinete para el fomento de inversiones y crecimiento económico” (Comunicado. 29.01.2020).

La figura de coordinador de gabinete todavía no está definida en el reglamento de la Oficina de la Presidencia, tampoco está mencionada en ningún documento oficial. No obstante, coordinará y tomará decisiones sobre algunas actividades de las secretarías de Estado, cabría suponer que las más relacionadas con el fomento económico, aunque ya se ve que alcanzará a otras.

Si Alfonso Romo, antes de comenzar el ejercicio gubernamental, adelantó que no habría mayor inversión en ciencia y tecnología, ahora, en el papel de coordinador de gabinete, vuelve a anticipar que las restricciones en el sector continuarán. Sorpresa, lo que se llama sorpresa, no será el presupuesto para 2021.

Pie de página: El hilo sobre Héctor Alejandro Cabrera Fuentes se enreda, es el científico oaxaqueño, especializado en microbiología, detenido en Estados Unidos y acusado de espiar para el gobierno ruso.

jueves, 20 de febrero de 2020

Ciencia y Tecnología. Frágil e inestable normatividad

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
@canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 838. Febrero 20, 2020. Pág. 5)

La normatividad en el terreno científico y tecnológico es incierta y quebradiza. Tal vez todo se debe a una de dos posibilidades. Puede ser que la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación ya está lista y concluida, a pesar de que no ha ingresado en el Congreso, públicamente nadie la conoce y claramente no es vigente. O bien, puede ocurrir que la elaboración del actual marco normativo sigue bajo el esquema de ensayo y error. Ninguna de las dos posibilidades ofrece mayor certidumbre ni son el camino para sumar esfuerzos.

El pasado 11 de diciembre Conacyt publicó, en el Diario Oficial de la Federación, algunas modificaciones a su estatuto orgánico y parecía que los lineamientos quedaban firmes para la operación del organismo. En estas mismas páginas dimos cuenta de las modificaciones e implicaciones de esos cambios (Campus Milenio No. 831).

Ahora, dos meses después de aquellos cambios, de nueva cuenta, el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas presenta otra reforma más a esos mismos estatutos (DOF. 17.02.2020). Los ajustes no son nada menores y es muy poco tiempo para tanta inestabilidad reglamentaria. ¿Por qué?

En primer lugar, aunque los reglamentos y estatutos cambian continuamente, siempre lo hacen bajo el marco de la ley que los ampara y lo más frecuentemente es que las modificaciones respondan precisamente a cambios en esa norma; no a la inversa. También conviene tener presente que los reglamentos internos, los estatutos y acuerdos, están subordinados a leyes superiores, sean éstas de carácter federal, estatal o local; tampoco pueden contradecirlas. Un principio básico.

A raíz de la reforma del artículo 3º constitucional de mayo del año pasado, como se trata de la norma suprema, el Congreso mandató que a más tardar en este año se expidiera una nueva normatividad secundaria, como son las leyes generales para Educación Superior y para Ciencia, Tecnología e Innovación.

A la fecha, ninguna de ellas está aprobada y la de Ciencia, a diferencia de la de Educación Superior, ni siquiera el anteproyecto de ley se conoce públicamente. Cabría suponer que, siguiendo la jerarquía normativa, una vez que estén listas y aprobadas, vendrá la adecuación de toda la serie de normas que le dan cuerpo y sustento a esas leyes.

En segundo lugar, todo indica que en el ámbito científico y tecnológico estamos ante el camino inverso: primero se cambia y expide una norma inferior y luego se producirá el ajuste en la ley superior. Al menos eso es lo que ahora ocurre. No se trata de cualquier norma subordinada, es el estatuto del organismo cabeza del sector

Entonces: ¿quiere decir que un estatuto le indicará a la ley general cuáles serán las coordenadas de su diseño y orientación? Es relativamente asombroso, pero eso es lo que podría ocurrir. Desde luego, siempre y cuando el punto de partida fuera cero y el anteproyecto de ley estuviera por elaborarse.

Sin embargo, es probable que ya esté concluida una ley general por parte de las autoridades federales, la cual conduce los cambios en el estatuto orgánico del Conacyt, aunque la misma no sea del dominio público ni haya comenzado su proceso legislativo. Eso conservaría el principio de jerarquía normativa y explicaría la improvisación e inestabilidad de reformas. Lo contradictorio es que apenas la semana pasada, el Conacyt informaba que sesionaba por primera vez el Comité Intersectorial para revisar y proponer lineamientos que darán pie al anteproyecto de ley.

En tercer lugar, y este es el principal problema, las modificaciones realizadas al estatuto del Conacyt nos pueden parecer de lo mejor o de lo más lamentable (los examinaremos en una entrega posterior), lo que no debería ocurrir es su contraposición con la ley vigente. Esta última es la que se aprobó en 2002 y reformó por última vez en diciembre del 2015. Una idea de anteproyecto o un proyecto de norma ya elaborado o por hacerse, mientras no escalen a ley en vigor, no pueden ni deben regir las acciones presentes del organismo.

Las dificultades que ha experimentado Conacyt con la operación de diferentes programas, así como el largo conflicto que ha sostenido con diferentes organizaciones y especialmente con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, tienen su origen en la alteración de las reglas de juego sin aguardar el establecimiento de un nuevo marco normativo para el sector.

Lo mismo ha ocurrido con la reciente queja de los tres representantes de investigadores en el Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los cuales no han sido convocados a las reuniones correspondientes y, en consecuencia, no han participado de los acuerdos.

En fin, si todavía no hay ninguna ley, es igualmente grave la improvisación desmedida en la elaboración del nuevo marco normativo, espoleada por los conflictos.

Pie de página: Al igual que todos lo programas sectoriales, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación sigue sin aparecer. El retraso ya suma más de un mes

Educación superior y Ciencia. ¿Cuáles anteproyectos de ley?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter:
@canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 837. Febrero 13, 2020. Pág.5)

La reforma del artículo 3° constitucional de mayo del año pasado es el norte de la serie de cambios en marcha para el cuerpo normativo de la educación superior y de la actividad científica y tecnológica. Sin embargo, el punto no solamente es conjuntar y robustecer los esfuerzos de ambas áreas para cumplir lo que dice la ley, también importa sumar las diferentes perspectivas de los distintos actores que se desempeñan en cada ámbito y convencerlos. ¿Cómo se añaden?

Tal vez la negociación y la búsqueda de consensos no es el camino más corto para diseñar nuevas leyes, pero permiten que el rechazo no se incube desde su misma instauración. La experiencia ha mostrado que la imposición de una ley garantiza rapidez y efectividad, aunque generalmente queda condenada a una vida breve y azarosa.

El artículo sexto transitorio de la reforma constitucional del año pasado estableció que el Congreso de la Unión debe expedir las leyes generales de “Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020”. Han transcurrido nueve meses desde entonces y todavía resta un tanto similar para alcanzar el tiempo límite.

Pero ¿hasta ahora se han discutido y sumado diferentes perspectivas en cada uno de los anteproyectos de ley y de éstos entre sí? Demos por supuesto que una línea base de cada ley está fincado en los componentes que ahora prevé el 3º constitucional (los hemos reiterado en este mismo espacio).

Sin embargo, cada diseño de ley ha seguido una dinámica diferente. En el caso de la Ley General de Educación Superior, según informó la subsecretaría federal del sector, se realizaron 32 foros estatales de consulta del anteproyeto de ley. Un foro en cada entidad federativa y participaron 1 mil 633 de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas; sumaron casi 12 mil asistentes (Foros Estatales de Consulta del Anteproyeto de Ley General de Educación Superior. Diciembre, 2019).

Según advirieron las autoridades, la idea era asegurar que el proyecto de ley “incluya las aspiraciones, necesidades y propuestas de los actores involucrados en la educación superior”. Los temas sobresalientes de los foros fueron amplios y diversos (la perspectiva de género, el arte, el deporte, la gratuidad, la acreditación, la equidad laboral, las normales y muchos otros). Al parecer el anteproyecto ya está listo, faltaría averiguar cómo quedaron integrados.

Por su parte, el diseño de una nueva ley para el sector científico y tecnológico ha transcurrido por una vía diferente y relativamente accidentada. El ruido comenzó meses antes de la aprobación de la reforma del 3º constitucional. Seguramente usted recuerda el proyecto de ley que ingresó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera en febrero de 2019, denominado “Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías”, en el que resaltaba la incorporación de la “H” en la nomenclatura, la centralización de las decisiones en el Conacyt y la omisión de organismos como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

A pesar de que el proyecto de la senadora Rivera recuperaba algunos de los propósitos e ideas que flotaban en las discusiones, nadie lo apoyó públicamente, ni siquiera en su propia bancada. Más tarde, un mes después de aprobada la reforma del artículo 3º constitucional, un nuevo proyecto de ley apareció en las redes sociales (“Proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación”). Sin embargo, tampoco nadie lo respaldó y menos se responsabilizó del documento.

Después, el Conacyt informó de algunas reuniones, conversatorios, foros y convenios de colaboración con objetivos muy diversos, en los que también aparecía el propósito de elaborar una nueva ley. Nada de forma organizada ni sistemática.

Ahora, en esta semana, un comunicado del Conacyt informa que se reunieron por primera vez 13 integrantes, representantes de secretarías de Estado, en el Comité Intersectorial de CTI, con el fin de “analizar y realizar observaciones al proceso de elaboración del Anteproyecto de la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación” (Comunicado 138/20). Por cierto, el nombre de la ley difiere de lo que está indicado en la Constitución y es similar a la iniciativa de febrero de 2019.

El comunicado menciona que se propusieron y analizaron diversos ejes temáticos que darán pie al anteproyecto de ley. Sin embargo, los números de participación que precisa son simplemente sorprendentes. Por ejemplo, informa que los ejes propuestos son el resultado de 277 foros (multiplican por un factor de 8 a los de educación superior), en el que participaron más de 24 mil personas (duplican a las de educación superior) e incluyen 23 iniciativas de ley presentadas por diferentes partidos políticos en el Congreso.

Las cifras son una verdadera revelación. Lo notable es que, a diferencia de lo que ocurre en el terreno de la educación superior, en el campo científico y tecnológico, no está a la vista un anteproyecto, se han expresado posiciones encontradas y presentado diversas iniciativas. ¿Cómo se sumarán? Ese es el reto y no se puede soslayar. Además, faltan los puntos fuertes de articulación con la norma de educación superior y lo que digan los legisladores. Lo veremos.

viernes, 7 de febrero de 2020

Organismos especializados y el coronavirus

Alejandro Canales
UNAM-IISUE-PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 836. Febrero 6, 2020. Pág. 5)

A pesar de la naturalidad con la que ahora se pronuncian hechos alternativos, la subestimación que recibe la actividad científica o la facilidad para sacar a relucir otros datos, la situación de emergencia global provocada por el nuevo coronavirus (2019-nCoV), muestra la relevancia de los organismos especializados y el apocamiento de otros para intentar resolver los problemas. También destaca el imprescindible papel del conocimiento científico.

El nuevo virus aparecido en China ha puesto en alerta a todo el mundo y provocado diferentes reacciones. No es para menos. La experiencia a escala global con problemas similares en ocasiones anteriores, muestra que sin importar en qué lugar se origina la enfermedad, es un problema compartido en todo el planeta.

El temor global sobre el nuevo virus desató las más variadas especulaciones y la circulación de abundante información poco precisa. Sin embargo, fueron las cifras y la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ese organismo especializado de Naciones Unidas creado hace más de 70 años dedicado a la salud, las que han orientado la actuación de las diferentes naciones.

El 22 y 23 de enero, en la primera reunión del Comité de Emergencia de la OMS para determinar si declaraba una “emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)”, con base en la información que las autoridades chinas proporcionaron en el segundo de esos días, dictaminaron que no lo era. En ese entonces, la tasa de letalidad en los casos conocidos era de 4 por ciento (17 de 557).

A la vista de la propagación del virus, el Comité de Emergencia se reunió por segunda ocasión el 30 de enero. En China, para ese día, los casos confirmados ya sumaban 7 mil 711, de los cuales 1 mil 370 eran graves, el número de fallecimientos ascendía a 170, pero otros 124 se habían recuperado y fueron dados de alta; otros 12 mil 167 estaban bajo sospecha.

Además, para ese entonces, ya se habían notificado casos en cinco regiones de la OMS en un mes y había registro de casos fuera de Wuhan (la ciudad donde se originó el brote) y de China misma. Así que el Comité de Emergencia resolvió que el brote cumplía los criterios para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional. Aunque no hubo prohibición para viajar a China.

La misma OMS puntualizó que la declaración de ESPII debía entenderse como respaldo y agradecimiento a China, cuyas medidas habían sido transparentes. En particular, se referían que China identificó el virus rápidamente y, muy importante, compartió la secuencia genética del mismo, lo que facilita medios de diagnóstico para el resto de naciones, así como la adopción de enfoques integrales multisectoriales para impedir la propagación y medidas de salud pública (impresionó a todo mundo la construcción en diez días de un hospital en China con capacidad para atender a mil pacientes).

Después de la declaración de emergencia de la OMS, las acciones han corrido por cuenta de los países miembros. Algunas naciones decidieron evacuar a sus ciudadanos que permanecían en China, pero todos establecieron medidas preventivas.

¿Qué hizo el gobierno mexicano? En primer lugar, una campaña de información, encabezada por la Secretaría de Salud, sobre aspectos básicos del virus: síntomas, factores de riesgo, transmisión y formas de prevención. Luego, un reporte diario acerca del brote del virus en el mundo; le denominó “comunicado técnico”. Ni hechos alternativos ni otros datos; información dura.

Después, el pasado 1 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, con apoyo del gobierno francés, trasladó a diez personas mexicanas que se encontraban en la ciudad de Wuhan y solicitaron su traslado. No hubo mayores especificaciones.

Otra iniciativa importante fue una reunión del 2 de febrero para analizar la situación del coronavirus en Latinoamérica y el Caribe. Una reunión convocada por Esther Orozco Orozco, asesora científica de la SRE y presidida por el canciller Marcelo Ebrard, en la que participaron varios especialistas en virología de diferentes instituciones (Cinvestav, Instituto de Biotecnología de la UNAM, Sociedad Mexicana de Virología y ViroRed)

Lo sorprendente en esta coyuntura del brote epidémico es la relativa ausencia del Conacyt, precisamente el organismo nacional que concentra las capacidades científicas y tecnológicas. Solamente emitió un comunicado, a propósito de la primera reunión del comité de la OMS, pero públicamente no ha estado presente ni por la parte del conocimiento especializado y ni siquiera por la parte de becarios de posgrado en China (en 2017 sumaban 25 becarios; actualmente no se sabe cuántos son porque no existen cifras actualizadas). Notable.

Pie de página: El conflicto escala en la UNAM y su semestre escolar inicia en aguas turbulentas; la problemática demanda atención urgente. Los programas sectoriales son la guía de la Administración Pública Federal y, aunque debieron publicarse desde el pasado 13 de enero, siguen sin aparecer. ¿Ya no importan?

SNI: ¿vuelco entre lo público y privado?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 835. Enero 30, 2020. Pág. 5)

Tal vez fue, simplemente, una modificación menor en los cientos de miles de trámites administrativos que rigen la relación entre las oficinas gubernamentales y los gobernados. O tal vez no. Quizás es otra vuelta de tuerca a la coexistencia entre lo público y privado en el sector científico y tecnológico.

La semana pasada, a algunos investigadores de instituciones particulares, pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el gobierno federal les suspendió el incentivo mensual que recibían. Según trascendió en redes sociales, sin más ni más, académicos de la Universidad La Salle y de la Universidad Iberoamericana (plantel León) recibieron individualmente la notificación en su correo electrónico.

Lo sorprendente es que no hubo ninguna aclaración oficial del Conacyt; tampoco por parte del propio SNI. Después, en redes sociales y otros medios se aclaró que la suspensión se debió a que las instituciones no renovaron el correspondiente convenio de colaboración.

Si solamente se tratara de una omisión administrativa, la falla no tendría ninguna relevancia. Total, aunque alguien tendría que sufrir las consecuencias por su falta de cuidado, rápidamente se corrige el error y listo. Sin embargo, lo cierto es que el asunto podría reflejar motivaciones más hondas y amplias.

El SNI es ese programa de incentivos individual, previa evaluación del desempeño, dirigido a los investigadores. El año pasado cumplió 35 años de estar en operación; instaurado como remedio pasajero para amainar los efectos de la crisis económica de esos años en el salario de los académicos.

Si al comienzo parecía una iniciativa provisional, ahora queda claro que forma parte del inventario institucional, también de las percepciones salariales imprescindibles de los académicos y es una pieza clave del engranaje nacional de las actividades científicas y tecnológicas.

A pesar de que el SNI conserva el principio de evaluación del rendimiento individual, en las más de tres décadas de funcionamiento se ha transformado de forma importante. No solamente sus miembros han aumentado de forma notoria (pasaron de un millar y medio en su primer año a más 30 mil en el año pasado), sus áreas y comisiones dictaminadoras ahora son más amplias (de tres pasó a nueve) o afinado sus criterios de evaluación, también se abrió a la participación de investigadores de instituciones particulares.

En 1984, en su primera convocatoria, el SNI solamente fue para investigadores de instituciones públicas y de tiempo completo. En 1988, una reforma al decreto de creación del programa, abrió el sistema al sector privado. Aunque las instituciones particulares debían firmar un convenio con el SNI y, lo más importante, los incentivos otorgados serían con cargo a los fondos de las mismas instituciones acreditadas en el convenio.

Así que a partir de 1988 y durante las siguientes dos décadas, los aspirantes del sector privado aceptados en el SNI solamente recibieron el nombramiento distintivo de “investigadores nacionales”, pero no compartieron la misma fuente de recursos públicos para sus incentivos.

Sin embargo, desde 2008 el Conacyt aceptó contribuir con el 30 por ciento de los incentivos que recibían los investigadores de instituciones particulares. En ese entonces se dijo que con el fin de fomentar la participación de instituciones de educación superior del sector privado en actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

Después, en enero de 2014, el Conacyt anunció la firma de un nuevo convenio en el que quedaron incorporados científicos y tecnólogos de instituciones particulares. Es decir, aclaró el organismo, éste aportaría el 100 por ciento del monto del incentivo económico a los investigadores del sector privado pertenecientes al SNI.

A su vez, como parte del convenio, las IES particulares adquirieron “el compromiso de canalizar el equivalente de los recursos que el SNI destinará al incentivo de sus investigadores, al desarrollo de la investigación en sus instalaciones, así como al fomento de posgrados de excelencia”.

Ahora, la actual administración hizo un nuevo ajuste al formato de los convenios: las instituciones particulares deben canalizar a rubros específicos la inversión en ciencia y tecnología que realicen y entregar cuentas de los últimos tres años de ejercicio. Al parecer, algunas instituciones no cumplieron los requerimientos con oportunidad y a sus investigadores les suspendieron el incentivo.

¿La suspensión será momentánea? Podría ser. Sin embargo, desde el año anterior la actual administración cuestionó la transferencia de recursos públicos para innovación en empresas que ocurrió en el periodo anterior. Una crítica que ha puesto sobre la mesa la participación del sector privado en las actividades científicas y tecnológicas.

Si ahora se suma el ajuste en los convenios entre el SIN y las instituciones particulares, probablemente presenciamos el comienzo del camino inverso en el desplazamiento de lo público y privado en el campo científico y tecnológico. La inversión en el sector será una de las claves para comprender el asunto. Pronto veremos las cifras y otros factores.