Posgrado: deseos y números a la deriva

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 942. Marzo 31, 2022)

 

Las severas apreciaciones del Conacyt sobre el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y las nuevas normas que regirán los estudios de alto nivel aparecen en el reglamento de becas recientemente publicado (DOF. 16.03.2022). La novedad es que, aparentemente, la autoridad girará la palanca de los recursos financieros, la disociará de la evaluación realizada a través del PNPC y todo mejorará sin más.

 

La nueva política para el posgrado no se notará de inmediato, pero sus efectos podrían ser de largo alcance. El mayor problema es que los cambios se sostienen, básicamente, en la enunciación de deseos y un reglamento, pero los componentes elementales de una reforma no se ven por ningún lado. A la fecha no hay, o no es público, un diagnóstico de ese nivel de estudio; tampoco un documento marco de lineamientos y ni siquiera cómo se integrará el novedoso Sistema Nacional de Posgrados o cuáles serán los “criterios cualitativos imbricados en una red sistémica”.

 

El Conacyt, como lo anotamos aquí mismo la semana pasada, dice que entregará directamente las becas de posgrado a los estudiantes. Su justificación es que la intermediación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) toleró simulaciones al acreditar programas profesionalizantes, especialmente de instituciones particulares, poco o nada vinculados a la investigación, motivó discrecionalidad y ‘mercados de favores’.

 

También, consideró el organismo, el PNPC fue incapaz de “evaluar cualitativamente el rigor epistemológico” de los programas de posgrado, priorizó la competencia, promovió prácticas privatizadoras y el lucro en instituciones públicas, así como la evaluación dispersa.

 

O sea, el Conacyt identifica que la mediación, el PNPC, las instituciones particulares, los programas profesionalizantes y la evaluación cuantitativa, son piedras en la travesía de lo que será un boyante posgado. Ojalá fuera tan sencillo como desbrozar un camino. Desde la semana pasada advertimos que únicamente la logística de atención, lo más básico, pondrá a prueba las capacidades técnico-administrativas del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas.

 

El Conacyt dice que fomentará sobre todo el posgrado público y buscará la universalización de las becas para ese nivel. Una buena decisión. Veamos. Las cifras para el posgrado público indican que cada año ingresan a ese nivel 41 mil estudiantes. Por cierto, el vecino de la columna de al lado me hizo notar que los números del posgrado que dije, los anotados aquí la semana pasada, no eran exactos.

 

Efectivamente. No aclaré que los números mencionados se referían solamente al posgrado del sistema escolarizado, porque el Conacyt expresa preferencia por los programas públicos y orientados a la investigación. Si añadimos la matrícula pública del sistema no escolarizado, el volumen es relativamente mayor (el primer ingreso sería de poco más de 51 mil alumnos y la matrícula total de 146 mil) y si añadimos el sistema privado escolarizado el volumen crece (240 mil) y todavía más si sumamos la no escolarizada de ambos regímenes (403 mil).

 

En fin, tomemos solamente el posgrado público escolarizado. El número de nuevas becas nacionales que el Conacyt entregó en 2019 fue 22 mil 710. O sea, apenas la mitad del total de estudiantes de primer ingreso al posgrado, si busca la universalización de los apoyos tendría que duplicar la cantidad.

 

El problema es que el organismo no tiene un mayor presupuesto, así que seguramente el aumento de apoyos correría a cargo de las propias instituciones, pero están bajo un régimen de austeridad, el subsidio no crece y sus arcas están en el límite. ¿Entonces? Lo más probable es que el incremento sea marginal, altamente retórico y sin el mecanismo de funcionamiento previo.

 

El Conacyt tampoco tiene interés en las instituciones particulares, ni en el PNPC y tampoco en los posgrados profesionalizantes. ¿De qué volumen estamos hablando? Las cifras dicen que en México existen alrededor de 11 mil programas de posgrado. De ese total, alrededor de 8 de cada diez son profesionalizantes y seis de cada diez corresponden a sostenimiento particular.

 

También, de los cerca de 11 mil programas, solamente 2 mil 395 pertenecen al PNPC (22%). Una diferenciación realizada a través de la evaluación de ese programa. A su vez, de los más de 2 mil programas del PNPC, tres cuartas partes están orientados a la investigación y la parte restante es profesionalizante. Además, nueve de cada diez programas del PNPC son públicos. Es decir, es un programa fundamentalmente público y de investigación, entonces la pregunta sería: ¿qué mecanismos utilizará la autoridad para integrar el Sistema Nacional de Posgrados?

 

Tal vez la primera confrontación entre la retórica, los deseos y la realidad la tendremos ahora que el Conacyt gestione alrededor de 40 mil nuevos expedientes, cada uno con su respectivo Curriculum Vitae Único (CVU), cruzado por tipo de programa e institución de adscripción. Recuérdese las complicaciones que ha tenido la plataforma para migrar el CVU de alrededor de 35 mil miembros del SNI, o bien, los retrasos en la evaluación anual de solamente 8 mil nuevos aspirantes y una cantidad similar de renovación. La complejidad es distinta, pero todo suma.

 

Pie de página: Un año después del plazo, senadores y diputados dicen que tendrán un proyecto único de Ley General de Ciencia y Tecnología, porque trabajarán en “conferencia” y será por consenso. Ya veremos.

Becas de posgrado: la entrega directa y la Conamer

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 941. Marzo 24, 2022. Pág. 4)

 

La variable de género no era ni es el cambio más amplio y profundo en el reglamento de becas de posgrado. El vuelco que ahora está en marcha con el nuevo reglamento, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación (16.03.2022), tendrá hondas repercusiones en la formación de los futuros científicos y lo más probable es que no sea para bien.

 

Al inicio de este año, el proyecto de nuevo reglamento de becas de posgrado, en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), recibió fuertes críticas porque incluía el retiro de apoyo a becarias embarazadas. La enredada redacción inicial fue modificada y ahora explícitamente indica que la suspensión de beca procederá: “Cuando la persona Becaria la solicite con motivo de alguna situación de caso fortuito, de fuerza mayor o cualquier otra situación que lo amerite, incluyendo enfermedad, embarazo, parto, puerperio o labores de crianza, entre otras” (DOF. 16.03.2022: 81).

 

Además, el nuevo reglamento, aparte de errores y prisas, tiene novedades que no estaban en la primera versión. Una de ellas es la serie de considerandos que fundan su modificación. Sobresalen acusaciones muy graves al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). ¿Usted recuerda esa iniciativa? Surgió al comienzo de los años noventa como Padrón de Excelencia y una década después su denominación cambió a PNPC y fue básicamente una medida para discriminar la calidad de los programas de posgrado que comenzaron a proliferar por aquellas fechas. La pertenencia al padrón aseguraba becas para los estudiantes matriculados, entre otras cosas.

 

Ahora, la nueva norma acusa que el PNPC: “toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer ‘clientes’ que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción, colegiaturas o análogos” (DOF. 16.03.2022: 72)

 

Añade que ese mismo padrón ha sido incapaz de evaluar cualitativamente “el rigor epistemológico” porque se limitó a dar “acreditaciones y sellos de distinción de algo que mal llamaron ‘calidad’, construida a partir de criterios de evaluación cuantitativos y tecnocráticos, con estándares ajenos a nuestra realidad y alejados de los intereses nacionales” Además, dice, promovió la privatización y el lucro en las instituciones públicas.

 

Todavía más relevante, señala que la intermediación en la selección de los becarios “promovió la formación de cotos de poder que pervirtieron los principios estrictamente académicos” e incluso motivaron “favoritismos, discrecionalidad y ‘mercados de favores’, así como terreno fértil para el acoso y abuso de toda índole en perjuicio de las y los estudiantes”. Grave, muy grave.

 

En consecuencia, dice el nuevo reglamento, la actual reforma, en el contexto de un nuevo Sistema Nacional de Posgrados (SNP), ya no concebirá  la evaluación de programas mediante “indicadores abstractos, cuantitativos y aislados”. Por el contrario, serán: “criterios cualitativos imbricados en una red sistémica que suma, integra y articula las capacidades nacionales para atender prioridades reales”.

 

El reglamento, dividido en ocho capítulos, desglosa 28 artículos y cuatro transitorios. Y ahora incluye un artículo (el número tres) que no estaba en la versión del pasado mes de enero y se refiere a los principios que regirán la asignación y administración de las becas. Ahí se enumeran, por ejemplo, el de “austeridad republicana”, el de “autonomía académica” de las instituciones para establecer sus mecanismos de admisión y operación de sus programa de posgrado, o bien, el de “acceso universal”, con la puntualización de que incluye la colaboración y corresponsabilidad de las instituciones de educación superior (IES).

 

Todavía hay dos principios aún más decisivos para la operación del programa de becas: el de “colaboración” y el de “no intermediación”. El primero anuncia que se integrarán las instituciones de educación superior para aprovechar de forma más eficiente las capacidades nacionales. El segundo, la no intermediación, anticipa que la entrega de las becas será directa “sin la intermediación de coordinaciones, asociaciones, fundaciones o instituciones académicas o de la sociedad civil de ningún tipo”. ¿Estos cambios no ameritaban un nuevo dictamen de la Conamer? Probablemente sí.

 

Los considerandos y los principios de la nueva norma plantean más interrogantes que seguridad en la operación de las becas. Porque, otra vez, estamos ante un ordenamiento que tiene adjetivos floridos para allanar su puesta en marcha y motivar los cambios, pero carece de un diagnóstico, serio, con datos y evidencias, para sostener sus afirmaciones y los cambios. ¿Cuántos programas fueron o son simulaciones? ¿Cómo opera ese “mercado de favores”? ¿Cómo funcionará la evaluación cualitativa para el nuevo SNP? ¿De verdad las becas serán universales?

 

Discutir el PNPC o el posgrado nacional es imprescindible, pero improvisar medidas llevará al caos y hará añicos los procesos de formación. Volveremos al tema con algunos datos. Pero, solamente en términos de logística, anticipemos: ¿se imaginan a los servidores y la página web del Conacyt atendiendo a casi 240 mil alumnos del posgrado nacional? Más fácil: ¿dando respuesta únicamente a los 122 mil alumnos del posgrado público? Ni eso, ¿registrando los datos de alrededor de 40 mil jóvenes de primer ingreso del sistema público que tocan la ventanilla cada año? Preocupante.

Pérdida de confianza en los organismos y el acuerdo ridículo sobre el fiscal

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 940. Marzo 17, 2022)

 

El acuerdo para desechar la acusación de plagio académico en contra del fiscal Gertz Manero y su polémico nombramiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), exhibe las dificultades en la dirección del sector y, algo que parece más grave, un resquebrajamiento sistemático de instancias colegiadas que compartían o comparten buena parte de las responsabilidades en el funcionamiento del sector.

 

Porque, otra vez, aparecen lo tropiezos con las palabras y las normas, pero cada vez más la credibilidad y honorabilidad de los organismos o personas involucradas queda resentida, cuando no en abierto cuestionamiento. Si usted pensaba que los errores y agravios de los primeros tres años en el sector quedaban atrás, todo indica que continuarán en esta segunda mitad.

 

Todavía la semana pasada, lo dijimos aquí mismo, ninguna respuesta oficial había sobre la carta abierta que enviaron miembros del SNI en octubre del año pasado, una solicitud dirigida a las autoridades del Conacyt y miembros de la Junta de Honor del SNI para que revisaran posibles faltas del fiscal Gertz Manero. En especial, llamaron la atención a una posible “falta de ética” del fiscal porque exhibió “como documentos probatorios de su trabajo académico al menos dos libros con abundantes plagios”. Las autoridades no se dieron por enteradas y en todos estos meses no hicieron ningún pronunciamiento.

 

Sin embargo, la misma semana pasada, circuló el oficio de respuesta a la solicitud, firmada por el maestro Andrés Triana Moreno, encargado de despacho de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt y también secretario ejecutivo del SNI, en la que hacía saber el acuerdo de la Junta de Honor.

 

¿Qué dice la notificación oficial?  Pues que una vez revisadas todas las pruebas y aplicada la normatividad correspondiente, la Junta de Honor “acuerda por unanimidad, desechar la queja presentada en contra del Dr. Alejandro Gertz Manero”.

 

¿Y cuál era la razón? El acuerdo simplemente enunció: “En virtud que, ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas, por lo que no hay interés directo en la verificación o rectificación de las obras señaladas”.

 

Además, como los acuerdos y recomendaciones de la Junta de Honor no son de aplicación directa, sino que deben turnarse al Consejo General del SNI para lo conducente, el mismo oficio informa que el Consejo resolvió adoptar el mismo acuerdo, punto por punto. Y fin de la polémica. No.

 

La discusión pública se ha centrado en lo descabellado que parece el acuerdo tomado por la Junta de Honor porque, como está redactado, ocurre que si no está presente el autor afectado o no se demuestra que se poseen los derechos de propiedad de una obra plagiada, entonces no se puede denunciar o demandar el esclarecimiento de un caso.

 

El acuerdo de la Junta de Honor ha sido calificado como una tragedia y, ante la gravedad del caso, una buena parte de investigadores han solicitado reponer el proceso y otros lo han ridiculizado. Porque si la Junta de Honor sólo le concede importancia a los derechos de propiedad y una acusación de plagio solamente procede con la presencia de los autores plagiados, entonces algunos académicos han dicho que se anotarán como creadores de obras clásicas de autores ya fallecidos y las presentarán como propias para promoverse.

 

Sin duda el tema del plagio académico es un problema creciente, tiene muchas aristas, amerita un debate amplio y medidas para contenerlo, lo mismo que el problema ético involucrado. Sin embargo, el acuerdo de la Junta de Honor pone en tela de juicio su propio papel, tanto como su ámbito de competencia, responsabilidad y honorabilidad de las personas que lo integran. Porque al menos una de sus integrantes ha dicho que no fue convocada a la reunión. La Junta falta a la verdad. No solamente.

 

El acuerdo de la Junta de Honor alcanza al Consejo General del SNI, este último es la máxima autoridad del SNI, instancia que también ratificó el acuerdo y estaría validando algo incorrecto. Añadamos que ese órgano anteriormente se denominaba Consejo de Aprobación, tenía el mismo número de integrantes, pero una composición distinta. Las últimas reformas añadieron un representante de la ANUIES y la elección de tres investigadores de forma directa. El problema es que cambió sin respetar la todavía vigente ley del sector y sin dar a conocer públicamente procedimientos y resultados.

 

Algo similar ocurrió con los cambios en el otro Consejo General, el correspondiente a todo el Conacyt, el que preside el ejecutivo federal y participan varios secretarios de Estado, cuya composición también se modificó sin más. Y otra tanto pasó con la modificación e integración de las comisiones dictaminadoras del SNI o de sus comisiones especiales. O bien, con el impugnado reglamento de becas o el estatuto académico para el personal ex cátedras Conacyt.

 

En fin, los cambios arbitrarios en las normas, tanto como su libre interpretación, están causando estragos en las distintas instancias que permiten el funcionamiento del sistema científico y tecnológico. La pérdida de credibilidad no solamente se refleja o reflejará en los diferentes órganos, también alcanza al organismo rector y a la reputación de las personas que participan en una u otra posición. Pronto habrá vacantes en diversos organismos que nadie desea ocupar.

 

Pie de página: El horno no está para bollos, pero el fiscal Gertz Manero adelantó que sí procederá de nueva cuenta en contra de los 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt. Al final de este mes vence el plazo para presentar la acusación. Atentos

Gertz, imperturbable fiscal

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en CampusMilenioNo. 939. Marzo 10, 2022. Pág. 4)

 

La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo y el fiscal Alejandro Gertz Manero ejerce sobradamente esa autonomía. Nada parece afectar su responsabilidad ni su posición. No importa lo que sea, el ámbito de interés público al que se refiera o la dimensión que alcance, él permanece inmutable.

 

Si la reciente filtración de la conversación telefónica entre el fiscal general y uno de sus subordinados, Juan Ramos López, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en la que parece configurarse un grave quebranto a la ley, tampoco lo obliga a rendir cuentas, ya se podrá entender por qué los asuntos en el terreno de la actividad científica y tecnológica ni siquiera han merecido una explicación o rectificación.

 

No lo fue su nombramiento como investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. A pesar de que tiempos, méritos y procedimientos fueron ampliamente cuestionados, la autoridad del Conacyt simplemente se limitó a indicar que el caso había sido valorado por una comisión especial –un procedimiento excepcional— para corregir evaluaciones previas que habían infligido daño al fiscal.

 

El Conacyt simplemente informó que, después de un análisis, la comisión determinó que “el agraviado, con tres doctorados en Derecho y autor de obras notables y con trascendencia significativa en el ámbito nacional e internacional, había recibido un daño reiterado y acumulado a lo largo de 10 años, por lo que éste debía ser reparado con la asignación del nivel SNI III” (Comunicado 12.06.2021).

 

Menos atención mereció la irregularidad de la obra académica presentada por el fiscal. Los méritos y libros de Gertz Manero, esos que le permitieron recibir la distinción de investigador nacional, fueron puestos en tela de juicio. Guillermo Sheridan documentó que el fiscal Gertz Manero había cometido plagio académico en dos de sus libros (El Universal 29.09.2021: 26). Un desapego a las normas éticas en la elaboración de textos que se considera una falta grave en la academia. Sin embargo, el nombramiento del fiscal siguió como si nada.

 

La autoridad del sector también ignoró la solicitud de centenares de miembros del SNI para revisar la presunta falta de ética del fiscal. La carta de octubre del año pasado, dirigida a las autoridades del Conacyt y a la presidenta de la Junta de Honor del SNI, no fue atendida, ni entonces ni ahora. Ni una palabra; la Junta no se dio por enterada.

 

El fiscal tampoco se inmutó cuando se desestimaron los cargos a una treintena de científicos y exfuncionarios del Conacyt. Seguramente usted recuerda que un juez de distrito le negó la orden de aprehensión solicitada porque consideró que no se configuraba un hecho delictivo. La fiscalía se limitó a advertir que volvería “a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan” (Comunicado FGR 377/21). Otra vez quedó impasible.

 

El cargo de fiscal general, según la ley correspondiente, tiene una duración de nueve años (artículo 8). La responsabilidad sobre su designación y separarlo de sus funciones es compartida por el ejecutivo federal y el Senado de la República. No obstante, el presidente es el único con capacidad para removerlo por causas graves, el Senado puede objetar la remoción en los siguientes diez días hábiles y restituirlo sus funciones, solamente si no se pronuncia al respecto el fiscal puede ser removido (fracción IV del 102 constitucional).

 

¿Qué piensa el ejecutivo federal del desempeño del fiscal y lo indebido, como parte interesada, de que tuviera en sus manos un proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia? Esa misma pregunta le hicieron al presidente López Obrador el lunes 7 de marzo y él se limitó a decir que el poder judicial resolverá el caso.

 

El presidente López Obrador añadió que si el fiscal hablaba mal de los ministros era su visión de las cosas y además dijo que  él tampoco les tiene confianza a los ministros ni a los jueces porque “no han demostrado actuar con rectitud y sobre todo no han entendido que deben hacer justicia pensando en todos”. Volvieron a insistirle si mantenía su confianza en el fiscal y el presidente respondió lacónicamente: “Sí, sí tengo confianza en el fiscal” (Versiónestenográfica 07.03.2022).

 

A propósito del episodio más reciente protagonizado por el fiscal general, han aparecido evidencias y recuentos sobre las presuntas y diversas irregularidades que ha cometido, cada vez más graves, pero nada parece perturbar su posición ni su cargo. El ejercicio de sus funciones tiene un blindaje de máximo nivel, no está nada mal la amplitud de facultades que tiene, su régimen de autonomía y el sobrado respaldo presidencial.

 

Seguramente por eso el fiscal no se inquieta y permanece imperturbable, todavía menos le perturban los mundanos asuntos del ámbito académico. Así continuará hasta que deje de estarlo.

 

Pie de página: El acuerdo secretarial 03/02/22 reagrupó a entidades paraestatales del sector educativo en unidades administrativas de la SEP. Por ejemplo, en la Subsecretaría de Educación Superior quedó el Cinvestav, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (POI) y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Pronto advertiremos los efectos de esta reagrupación.

La guerra y los daños colaterales

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 938. Marzo 3, 2022)

 

La información de estos días sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido abundante y diversa. Sin embargo, tal vez hasta que desaparezca el estruendo de las explosiones y la ruidosa marcha de los tanques de guerra, contaremos con datos más precisos y análisis mesurados sobre el origen y consecuencias de la batalla. No obstante, existen daños colaterales en el área académica que no son tan notorios, pero cuyos efectos podrían resentirse a lo largo del tiempo.

 

Por ahora, las imágenes de la destrucción, la ocupación, el desplazamiento, las personas heridas y las primeras cifras de bajas de los dos bandos son lamentables, tristes y conmovedoras. El problema tiene múltiples aristas y por la misma razón no ha sido nada fácil la toma de posición de las naciones frente al conflicto.

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de tres días de debate, emitió una resolución de 16 puntos. El pasado 1 de marzo la adoptó y como punto número dos quedó asentado que deploraba “en los términos más enérgicos la agresión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania” (https://undocs.org/es/A/ES-11/L.1). Además, planteó la exigencia de que Rusia pusiera fin de inmediato al uso de la fuerza y se abstuviera de “cualquier otra forma ilícita de amenaza, lo mismo que un retiro inmediato, “por completo y sin condiciones de todas sus fuerzas militares”.

 

La ONU agrupa a 193 naciones, la resolución fue respaldada por 141 naciones (México incluido), 35 se abstuvieron (Bolivia, China, Cuba, El Salvador y Nicaragua, entre ellos), 12 no participaron en la votación (algunos países africanos y Venezuela, entre otros) y cinco se pronunciaron en contra (Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria). A pesar de que las resoluciones de la Organización no son vinculantes, crean un cierto consenso y presión mundial en un cierto sentido.

 

Lo sorprendente es que científicos y periodistas científicos rusos, previo a la resolución de la ONU, emitieron una carta abierta con exigencias similares. Según algunos periódicos españoles (elDiario.es) fue Mikhail Gelfand, un bioinformático del Instituto Skolkovo de Moscú, el autor de la iniciativa y en unos cuantos días logró miles de adhesiones, casi cinco mil al final del mes pasado.

 

La carta aparece en un diario digital científico ruso y cuenta con traducción a varios idiomas, el español entre ellos (https://trv-science.ru/es/). El pronunciamiento es una protesta por las acciones militares emprendidas y claramente señala que “La responsabilidad de desatar una nueva guerra en Europa recae enteramente en Rusia”.

 

Porque, dice la carta: “Es obvio que Ucrania no representa una amenaza para la seguridad de nuestro país. La guerra contra ella es injusta y francamente inútil” y hace un llamado para resolver los problemas de forma pacífica. Pero uno de los aspectos más sobresalientes que se hace notar es la consecuencia que tendrán las acciones bélicas para el trabajo académico y científico.

 

Por ejemplo, se asienta en la carta: Al desatar la guerra, Rusia se condenó al aislamiento internacional, a la posición de un estado canalla. Esto significa que nosotros, los científicos, ahora no podremos hacer nuestro trabajo normalmente: después de todo, realizar investigaciones científicas es impensable sin la plena cooperación con colegas de otros países. El aislamiento de Rusia del mundo significa una mayor degradación cultural y tecnológica de nuestro país en ausencia total de perspectivas positivas. La guerra con Ucrania es un paso hacia la nada.

 

Según las mismas fuentes, la carta ha sido respaldada por científicos de múltiples especialidades y algunos de ellos pertenecientes a la Academia de Ciencias de Rusia, la organización de su tipo más importante en esa nación que aglutina a los institutos científicos y a  poco más de dos millares de miembros. Quizás por ahora, cuando el conflicto está en ascenso y la información está contaminada, resulta difícil precisar el respaldo de la carta.

 

Sin embargo, no hay duda de que los acontecimientos tendrán una repercusión, ya la tienen, en la cooperación y en el flujo de personas. El terreno económico es el más sensible a los conflictos entre las naciones, pero el ámbito académico y de investigación también registra con celeridad el cambio de señales, especialmente cuando están involucrados países de altas capacidades científicas y tecnológicas, con importantes niveles de migración o atracción de talentos, o bien, cuando unilateralmente se suspenden los convenios de colaboración en marcha y las respectivas fuentes de financiamiento.

 

Porque no solamente se trata de programas de formación fuera del país de origen y las restricciones o facilidades de tránsito que se puedan instaurar, también está el trabajo de investigación –y de sus resultados—que en buena medida es producto de la cooperación internacional, algunas veces formalizada en convenios y otras tantas, tal vez en su mayoría, a través de relaciones entre científicos que no transitan por instrumentos normativos.

 

Seguramente, los científicos rusos, ucranianos y toda el área del conflicto, están previendo el daño colateral que traerá esta guerra que pocos quieren pero que parece inevitable.

 

Pie de página: El tema de los ventiladores mecánicos apareció de nueva cuenta, la Auditoría Superior de la Federación observó que 650 de ellos no fueron entregados y en el INSABI “está pendiente la aclaración respecto de los pagos efectuados por 1,600.3 mdp para la compra de 2,250 ventiladores” (pág. 23).