Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 724. Septiembre 28, 2017. Pág. 5)
En Ciudad de México, poco a poco conocemos los estragos que
causó el sismo del pasado 19 de septiembre. Lo más lamentable es el
fallecimiento de casi dos centenares de personas, otro número indeterminado de desaparecidas
y la cantidad de seres que están lastimados, física o emocionalmente. El caso emblemático
de la tragedia es el colegio privado Enrique Rébsamen: la muerte de 32 niños y
cinco adultos, la atención mediática que ha tenido y, lo más importante, las
responsabilidades que están por determinarse.
Un tema muy conocido es que los desastres naturales, como
los daños provocados por huracanes o sismos, no son tan naturales como a
primera vista parecen. No lo son porque intervenimos para provocarlos o porque negamos
sus evidentes consecuencias. La asociación entre el calentamiento global y la
fabricación de huracanes devastadores es un ejemplo.
El caso de los sismos es otro ejemplo. A la fecha, todavía
no se ha desarrollado una técnica que permita predecir cuando ocurrirá un sismo.
Sin embargo, como ha dicho el Servicio Sismológico Nacional de México, lo que
sabemos con certeza es que habitamos un país en el que los temblores son
constantes, por lo que debemos estar preparados y la prevención “es lo único
que nos puede ayudar”.
A pesar de que hemos experimentado el peligro de habitar una
zona sísmica, insistimos en ignorar las lecciones. Sí, especialmente a partir
de 1985, cuando se contaron por miles los muertos y desaparecidos, comenzamos a
tomar un poco más en serio los temblores y hasta diseñamos una alarma sísmica
(NYT. Mexico Has Some Earthquake Lessons
for the United States. 09.22.2017)
Por cierto, no deja de ser una inquietante ironía que el
mismo día, 19 de septiembre, 32 años después y casi enseguida de un simulacro,
volviéramos a experimentar la réplica de un sismo de grandes proporciones. Una
lección de vida para aquellos que no han tomado con seriedad el protocolo de
evacuación.
En estas últimas tres décadas, como lo indica la edificación
del colegio Rébsamen y otros inmuebles seminuevos, lo más difícil ha sido
cumplir con las normas de construcción que se emitieron a partir del sismo de
1985. Y para aquellos inmuebles anteriores a esa fecha, lo complicado ha sido
reforzarlos de conformidad con esa regulación. Las causas pueden ser muy
variadas, aunque, generalmente, a la base se encuentra, inevitablemente, corrupción,
voracidad, indolencia y un laberinto normativo entre los diferentes niveles de
gobierno.
Al comienzo de esta semana, el gobierno capitalino dijo que,
según el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de
México, se habían revisado casi 11 mil inmuebles. De ese total, más de 9 mil
son seguros y 500 “son de alto riesgo”. Por lo que se deduce que, los restantes,
deben tener algún daño estructural y estos últimos suman más de un millar.
Las autoridades, ni locales ni federales, han dado a conocer
cuántas instituciones escolares tienen daño estructural. Sin embargo, ha sido
ilustrativo lo que ha ocurrido con los planteles de básica y media superior. En
el inicio de esta semana, cuando se reanudaron las actividades escolares,
solamente lo hicieron 82 escuelas de educación básica (56 públicas y 26
privadas) y 21 escuelas públicas de media superior. Poco más de un centenar;
muy pocos. Al día siguiente se sumaron otros 573 planteles y el volumen fue
incrementándose al paso de los días.
En la Ciudad de México, para darnos una idea, existen poco más
de 8 mil escuelas de educación básica (su matrícula es de más de 1.7 millones)
y casi 700 escuelas de media superior (cerca de medio millón de alumnos). Es
cierto que, de conformidad con el gobierno local, no se reiniciaron clases en
media docena de delegaciones políticas porque ahí seguían trabajando las
brigadas de ayuda.
Y de las delegaciones que sí reiniciaron, ¿por qué no
abrieron todas las escuelas? El secretario Aurelio Nuño dijo, correctamente,
que era porque debían recibir un dictamen especializado de que no tenían daño
estructural. Pero lo que llama la atención es la división de responsabilidades de
los diferentes niveles de gobierno (delegacional, local y federal) en materia
educativa.
La Ciudad de México, como se sabe, es la única entidad en la
que no se han descentralizado los servicios educativos, así que la provisión
del servicio está bajo la responsabilidad del gobierno federal y, por tanto, también
decidió, después de un peritaje, qué escuelas sí serían abiertas.
El problema, como lo muestra el Colegio Rébsamen y otras
muchas escuelas, es que se reconocen como autoridades en materia de
infraestructura educativa, tanto para planteles públicos como privados con
autorización, el gobierno de la delegación, el titular capitalino y el gobierno
federal (artículo 5 de la Ley general de la infraestructura física educativa).
Una peculiaridad normativa de la Ciudad de México.
