Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter:  @canalesa99

En las últimas tres décadas, conforme se transformaron los sectores económicos en México y el de servicios adquirió mayor relevancia, la matrícula en educación superior en el área de ciencias agropecuarias disminuyó paulatina y constantemente hasta representar una de las áreas de menor volumen en la actualidad (2.3 por ciento).

Sin embargo, la semana anterior, el procurador agrario, Cruz López Aguilar, publicó el acuerdo de creación de la Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario (ENEDA), para los servicios educativos de la propia procuraduría. El acuerdo tiene omisiones y errores, aunque la normatividad estará por determinarse en los próximos meses.

La procuraduría agraria (PA) es esa figura que se creó a raíz de la reforma del artículo 27 constitucional en el periodo de Salinas de Gortari, cuando se puso fin al reparto agrario, se modificó el régimen de tenencia de la tierra y se  promulgó  la Ley Agraria en 1992. Dicha ley estableció a la PA como un organismo descentralizado de la administración pública federal y sectorizado a la Secretaría de la Reforma Agraria (artículo 134), la hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Según la ley, el procurador agrario tiene funciones de servicio social y se encarga fundamentalmente de defender los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios y pequeños propietarios, entre otros. La misma ley prevé que el procurador agrario, como representante legal y en atención a sus tareas y responsabilidades, puede crear “unidades técnicas y administrativas”.

En consecuencia, el procurador consideró que es necesario “profesionalizar y actualizar al personal de la institución e incorporar en dichos procesos a las organizaciones campesinas que integran el Comité Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria” (Diario Oficial de la Federación 10.12.2014).

La mejor forma de lograrlo sería con la creación de la ENEDA, la cual estará encargada de capacitar y actualizar a los servidores públicos de la procuraduría agraria, así como a los sujetos del derecho agrario, a los integrantes de organizaciones campesinas del Comité Permanente y a cualquier interesado.

Es decir, la nueva institución estará concentrada fundamentalmente en ofrecer servicios educativos para los integrantes de la PA. ¿Será que ninguna de las instituciones de educación superior existentes, sean o no del sector agropecuario, pueden satisfacer las exigencias que demanda la procuraduría agraria? ¿O más bien se confirma que resulta más fácil crear una nueva institución educativa, en lugar de ajustar o reorientar una que ya está en funciones?

El acuerdo de creación de la EDENA precisa que podrá poner en marcha programas de formación tanto a nivel técnico como de licenciatura y posgrado. No solamente. También realizar “investigación científica, jurídica, social, política y tecnológica, ligada a la formulación, implementación y evaluación de políticas y programas”. Es decir, es una IES en forma.

Lo sorprendente es que entre la decena de funciones asignadas a la EDENA no se especifica que impartirá directamente educación agropecuaria. En cambio, menciona que habrá de: elaborar y vigilar la ejecución de los programas de formación; coordinar y supervisar el diseño y desarrollo de los planes de estudio; prestar asesoría técnica y de servicio social, entre otras.

Sí aclara que expedirá certificados de estudio, diplomas, títulos profesionales y grados académicos, así como revalidará y hará equivalencia de estudios. También específica que realizará estudios jurídicos, políticos y sociales sobre el tema agrario, tanto como la difusión de sus investigaciones.

El acuerdo también indica que la EDENA contará con un consejo académico, el cual tomará las decisiones más relevantes, como los relativos a la normatividad, aprobación de planes y programas, establecimiento de políticas de ingreso y permanencia de los alumnos y creación de las unidades académicas que sean necesarias.

El consejo académico será presidido por el procurador agrario, pero no se aclara quiénes o cuántos lo integrarán. Sin embargo, no deja de llamar la atención que el acuerdo mencione que las políticas de ingreso de estudiantes será conforme al artículo tercero de la Constitución y quinto de la Ley Federal de Educación (sic, es Ley General de Educación).

Tal vez omitir que la EDENA impartirá directamente educación o mencionar una ley inexistente, son errores menores, pero revelan cierto grado de improvisación que debiera preocupar.

(Publicado en Campus Milenio No. 589. Diciembre 18, 2014, p.5)

La regulación del Acceso Abierto

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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La idea oficial de poner a disposición pública el cúmulo de información científica y tecnológica comenzó hace casi dos años, cuando se habló de poner en la ley el mandato de Acceso Abierto (AA) al conocimiento científico.

En este año se incluyeron las modificaciones en la ley de ciencia y tecnología (Diario Oficial de la Federación 20.05.2014). Ahora están en marcha los ordenamientos secundarios y algunos ajustes; tal vez en 2015 podríamos ver algunos efectos.

A la ley de ciencia y tecnología se le añadió el capítulo X: “Del Acceso Abierto, Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación del Repositorio Nacional”. Un capítulo para precisar conceptos y establecer las responsabilidades del caso.

Por ejemplo, el primer artículo del capítulo X responsabiliza a Conacyt del diseño de la estrategia nacional para democratizar la información científica y tecnológica, mediante la cual se ampliará, consolidará o facilitará el acceso a la información, a texto completo, en formatos digitales.

También precisa que el AA se dará a través de una plataforma digital “y sin requerimientos de suscripción, registro o pago”, siempre y cuando se trate de información, investigaciones o materiales financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización.

No solamente se trata de acceso a los resultados de las investigaciones, aquellos que generalmente se comunican a través de las revistas y los libros, también se incluyen las bases de datos, tesis, protocolos, memorias, patentes y cualquier otro producto que haya sido financiado con recursos públicos.

Seguramente, si se concentra ese cúmulo de conocimiento e información será de un volumen extraordinario. Tal vez, por la misma razón, en la ley se especificó que las instituciones pueden crear repositorios institucionales, por disciplina, redes o región, pero en cualquiera de los casos siguiendo los lineamientos elaborados Conacyt.

En la ley se especifica que un repositorio  es una “plataforma digital centralizada que siguiendo estándares internacionales, almacena, mantiene y preserva la información científica, tecnológica y de innovación, la cual se deriva de las investigaciones, productos educativos y académicos” Además, establece que habrá un ‘repositorio nacional’, el cual contará con recursos de calidad e interés social y cultural. Algo así como un repositorio de repositorios.

Actualmente, la mayor parte de instituciones educativas, públicas pero también particulares, ya cuentan con respositorios y recursos tecnológicos de información de los más diversos tipos. Por ejemplo, la Universidad Nacional desde el 2011 puso en marcha su programa “Toda la UNAM en Línea”, un programa de acceso abierto a todo lo que produce la institución; en este año comenzó una segunda fase del programa. Al mismo tiempo, en la propia UNAM, la mayor parte de sus entidades académicas tienen sus propios recursos tecnológicos para dar acceso a su produccion.

Sin embargo, uno de los mayores retos actuales es cómo evitar el naufragio en el mar de las páginas electrónicas y, al mismo tiempo, homogeneizar los diferentes sitios electrónicos ya existentes, sus contenidos, formas de operación y acceso para que cumplan el propósito explícito de democratizar la información científica y tecnológica. Sobre todo considerando el variado conjunto de áreas de conocimiento, universidades, centros de investigación, organismos autónomos y otras instituciones.

Hace un par de semanas, la junta de gobierno de Conacyt aprobó los “Lineamientos generales para el repositorio nacional y los respositorios institucionales”, una encomienda que tenía el organismo desde que se reformó la ley. El breve documento tiene definiciones importantes, como la interoperabilidad entre el repositorio nacional y los repositorios institucionales o las rutas de acceso a la información (la verde y dorada que UNESCO ya había hecho notar), pero tal vez lo más relevante es que crea un comité, como máximo decisor en la materia, presidido por el director de Conacyt y los titulares de las direcciones adjuntas.

Las bondades del AA para la comunicabilidad, habilitación y fortalecimiento de la investigación científica son indudables. No obstante, también son insoslayables los problemas que vienen aparejados, como los derechos de autor (libre no es lo mismo que gratuito), nuevos modelos de negocio de acceso a la información y la asimetría de México respecto de naciones productoras de conocimiento. ¿Volveremos a simular o tomaremos el reto?

(Publicado en Campus Milenio No. 588. Diciembre 11, 2014, p.5)

¿El SNI se amplía o se descuadra con las Cátedras?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Un componente más se agrega al Sistema Nacional de Investigadores (SNI): las Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores. Al más antiguo y complejo esquema nacional de evaluación del rendimiento individual se le añade ahora el programa más nuevo de esta administración. ¿Es “otro ladrillo más en la pared” –como dice la sonada canción de Pink Floyd— de una rocambolesca edificación o una lápida a punto de fragmentarse?

En este año se cumplieron 30 años de la creación del SNI. Un aniversario que no fue la ocasión para una reflexión profunda de las ventajas e inconvenientes que ha traído el Sistema, ni para explorar las rutas de un posible cambio. Si al caso, como lo han indicado las autoridades del sector, habrá cambios menores. Por lo pronto seguirá como hasta ahora y con algunos añadidos.

El SNI sumaba 10 mil 189 integrantes en el 2004; la estimación para este año es que serán 21 mil 358. Esto es, cada año, en la última década, se agregaron alrededor de un millar de nuevos miembros. Es posible que ahora el volumen pueda ser mayor porque podrán aspirar a integrarse los jóvenes de las cátedras.

En diferentes oportunidades hemos registrado aquí mismo el curso del reciente programa de Cátedras Conacyt. Básicamente, según destacan los lineamientos y bases de la iniciativa, se trata de plazas académicas comisionadas a instituciones públicas de investigación, bajo el régimen de nombramientos de confianza, donde el propio organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas es el que funge como patrón.

Se supone que desde el pasado mes de septiembre los 574 jóvenes que fueron seleccionados para ocupar esas nuevas plazas ya están comisionados en determinadas instituciones. Aunque, como también lo hemos hecho notar, todavía no conocemos la tasa de rechazo que se produjo, las instituciones específicas a las que fueron asignados y cómo está operando el programa.

El asunto es que si se trata de jóvenes dedicados a la investigación en instituciones académicas, parece derivarse lógicamente que deben tener oportunidad de pertenecer al SNI, el sistema más prestigioso y reconocido de pago por mérito. Un tema que Conacyt seguramente tenía previsto desde el comienzo.

De hecho, Conacyt debió modificar su estatuto orgánico y su manual de organización para dar cabida a la nueva figura de Cátedras Conacyt. Sin embargo, faltaba lo más importante: modificar el reglamento del SNI.

El pasado 14 de noviembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 33, 67 y 93 del reglamento. Los cambios delimitan los ámbitos de competencia y responsabilidad tanto de las instituciones receptoras como del propio organismo y de los investigadores.

Por ejemplo, en el artículo 33 se indica que: “para los fines de la solicitud de ingreso y reingreso de los investigadores que ocupen las Cátedras Conacyt, se entenderá que desempeñan sus actividades de investigación científica o tecnológica en la Institución beneficiada a la cual fueron comisionados en los términos establecidos por la normatividad aplicable” (DOF 14.11.14).

A su vez, el artículo 67 dedicado a precisar los requisitos que deben cumplir los investigadores para recibir el incentivo económico, como es contar con un contrato institucional con por lo menos 20 horas de dedicación a la semana y presentar una constancia de adscripción, resulta curioso que el mismo organismo se dice a sí mismo: los jóvenes investigadores “deberán presentar constancia de adscripción emitida por el mismo Conacyt”.

Seguramente, todos o la mayoría de jóvenes que ocupan las nuevas plazas buscarán  ingresar al SNI, es un asunto de distinción pero también de recursos financieros adicionales. Si se sostiene la idea de un salario base de 37 mil pesos mensuales para las Cátedras, la pertenencia al SNI podría añadir alrededor de 800 a 1,000 dólares más.

Si consideramos el recorte de un mayor número de Cátedras para el año próximo y que los diputados dejaron casi intacta la propuesta de gasto del gobierno federal en materia de ciencia y tecnología, tal vez el crecimiento del SNI no será mayúsculo. Sin embargo, lo indudable es un añadido más a un ya complicado, oneroso y rocambolesco sistema de evaluación individual. ¿Tiene un punto de inflexión? Sí, aunque tal vez no lo veremos en el corto plazo.

(Publicado en Campus Milenio No. 588. Diciembre 5, 2014, p.5)

¿Evaluación sofisticada de las revistas científicas?

 

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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En los años noventa comenzó el desatado delirio por la evaluación como instrumento principal de la política pública. Hoy, casi un cuarto de siglo después, persiste y cada vez alcanza mayores proporciones. Las revistas científicas nacionales no han escapado a las medidas de regulación.

 

 

Sin embargo, a diferencia del despliegue público sobre la evaluación del desempeño individual, el de programas o el institucional, los cuales desde un inicio suscitaron, y siguen generando, reacciones encontradas, la evaluación de las revistas transita por un circuito más pequeño y acotado, pero con gran efecto sobre el conjunto del sistema científico y tecnológico. Ahora, como ocurre en otros terrenos de la evaluación, comienza a mostrar su agotamiento.

 

 

En el periodo de Fausto Alzati (1991-1994) se publicó la primera convocatoria para integrar el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica (IREMICYT), aunque el entonces titular de Conacyt es mayormente recordado por sus incidentes mediáticos.

 

 

Un índice se elabora agregando diferentes variables que supone son parte de un mismo fenómeno y, al añadirlas, se les otorga un peso relativo, respecto de las demás, para sumar todos los efectos. No obstante, como el mismo Conacyt reconoció desde el comienzo, no intentaba crear un índice propiamente, como el Science Citation Index, ni hacerle frente a ese u otros similares; más bien intentaba diferenciar y seleccionar algunas revistas del conjunto existente en el país.

 

 

Según los principios que se enumeraron, la creación del IREMICYT buscaba: determinar cuáles revistas podían ser financiadas con base en criterios académicos; una jerarquización para el otorgamiento de los recursos financieros; constituir una referencia cualitativa para que los investigadores supieran donde publicar sus trabajos; y una forma objetiva de facilitar la evaluación de los patrones de publicación del personal académico.

 

 

El caso es que el IREMICYT, al comienzo, solamente utilizó dos grandes componentes para valorar la inclusión o no de las revistas: la calidad de su contenido, así como el formato y características de la revista. El primero centrado en verificar si los artículos publicados eran resultados de investigación y si la publicación estaba respaldada por un consejo editorial. A su vez este último debía estar integrado por investigadores reconocidos, de diferentes instituciones y, sobre todo, evitar que el director de la institución patrocinadora fuera ex oficio el director de la revista.

 

 

Los aspectos relacionados con el formato debían observar diferentes principios. Por ejemplo, contar con una antigüedad de por lo menos tres años, una periodicidad semestral mínima, los artículos con fechas claras de recepción y aceptación, datos de identificación institucional de los autores, entre otros.

 

 

Los datos se mueven continuamente pero se supone que existen en México cerca de dos millares de revistas y desde la primera convocatoria se presentan más de un centenar. Del total de solicitudes,  poco más de la mitad son aceptadas y sistemáticamente, cada convocatoria, el número disminuía. En el año más reciente suman 120 revistas aceptadas; más de la mitad son de humanidades y de ciencias sociales, lo cual se considera que no necesariamente es positivo.

 

 

Al comienzo, el Índice mostró cierta efectividad para regular y discriminar el panorama de las revistas. Pero, como también ocurrió en otros ámbitos, los mecanismos de evaluación paulatinamente se extraviaron, al añadir más y más elementos de evaluación, integrando un sistema minucioso y sofisticado, pero demencial y poco útil.

 

 

Por ejemplo, los criterios generales de evaluación de la convocatoria más reciente, solicita: “Entregar lista de árbitros activos durante el periodo de evaluación de la revista, incluyendo las tres últimas citas de los trabajos publicados por cada árbitro”. Una barbaridad que solamente puede imaginar alguien que desconozca el volumen y flujo de árbitros, dictámenes y artículos que circulan en una revista, tanto como el tiempo que se debe invertir para encontrar las citas de una sola persona.

 

 

En el transcurso de las últimas dos décadas hemos edificado un complejo, variable, sofisticado y costosísimo sistema de evaluación de actividades y personas. Desmontarlo es muy complicado, pero será peor persistir. Llegó el punto de retorno: conservar la rendición de cuentas y volver a un sistema más sencillo, basado en la confianza y la mejora.

 

 

(Publicado en Campus Milenio No. 586. Noviembre 27, 2014, p.5)

 

CMI: La distribución de oportunidades educativas en un país desigual

 

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Mery Hamui

UAM-A / Sociología de las Universidades

mhs@correo.azc.uam.mx
 

Don Carlos Muñoz Izquierdo, tras una larga batalla contra una dura enfermedad, falleció al comienzo de la semana anterior. Un ser entrañable en el ámbito de la educación, formador de múltiples generaciones, pionero de la investigación educativa, particularmente de los estudios sobre financiamiento educativo, y ante todo una persona gentil, respetuosa y ampliamente respetada. La ausencia de Muñoz Izquierdo deja un vacío en la investigación educativa, pero también una obra cuantiosa y variadas enseñanzas.

Desde mediados de los años sesenta, hace casi medio siglo, comenzó el interés de Muñoz Izquierdo por los temas de la economía y el financiamiento de la educación, con sus textos señeros sobre La inversión en el sistema educativo nacional hasta 1970 y sus fuentes de financiamiento; La educación en el desarrollo económico nacional (en coautoría); Una exploración de los factores determinantes del aprovechamiento escolar en la educación primaria; o La enseñanza técnica en México, a los cuales se fueron sumando muchos otros, más o menos sobre la misma temática en las décadas siguientes, hasta alcanzar una vasta producción.

Los textos de don Carlos Muñoz circularon profusamente en las aulas universitarias –y no universitarias--, para nosotros, al igual que para muchos otros, fueron parte de los materiales obligados de formación. En sus manuscritos desmitificó el valor asignado a la educación, porque mostró en buena medida la invalidez de los supuestos expansionistas que orientaron las acciones educativas del Estado desde 1921 y que no habían alcanzado una justa distribución de las oportunidades educativas que permitieran el desarrollo de una fuerza de trabajo más productiva y, todavía menos, favorecer un mayor acceso de los sectores más desprotegidos. Además, en la etapa que comenzaba a ponerse en tela de juicio la función social de la escuela, evidenció algunos de sus efectos negativos al descubrir el modo en que contribuía en la reproducción de las desigualdades sociales y puso en cuestión los límites de la educación para la movilidad social.

Al inicio, conforme el desarrollo de la disciplina y las circunstancias generacionales lo permitieron, sus explicaciones se basaron en un paradigma funcional con énfasis en la dimensión económica. Una de sus primeras hipótesis desarrolladas era que “Las desigualdades educativas son originadas por un conjunto de factores externos a los sistemas educativos, por lo que tales desigualdades derivaban de las que ya existen entre los distintos estratos integrantes de la formación social en la que los sistemas educativos están inmersos” (Muñoz Izquierdo, 1996).

Esta hipótesis colocaba en el centro del análisis a las variables sociales y económicas como factores determinantes de las desigualdades educativas e identificaba en los antecedentes familiares y culturales del alumno las causas fundamentales del fracaso escolar. Esta explicación fue objeto de fuertes críticas, debido a que reducía el análisis de los resultados escolares al impacto de los factores extraescolares. Surgió así la necesidad de identificar los factores endógenos y los procesos educativos que contribuyen desde las aulas al fracaso del sistema escolar.

Don Carlos, entonces, analizó el funcionamiento al interior de la escuela, esto es, los insumos, los procesos educativos y cómo éstos influyen en los resultados escolares. Encontró que la oportunidad educativa pensada en términos de permanencia y logro escolar está determinada, en efecto, por un conjunto de factores exógenos al sistema educativo así como por los insumos y los procesos que se desarrollan dentro del mismo sistema escolar.

Don Carlos buscaba soluciones mediante programas en el sector laboral y en la educación superior, para que éstas últimas desempeñaran un papel proactivo en las futuras ocupaciones de los egresados. Cabe señalar que las propuestas sugeridas fueron en torno a lograr equidad y relevancia de la educación superior y se referían a los diseños curriculares y a la formación del personal docente requerido para impartirla. Estas sugerencias apuntaban hacia la necesidad de generar una educación más crítica, creativa, reflexiva y adaptada a las características de diversos demandantes. En su texto Mitos y Realidades de la Relación Universidad –Sociedad, Muñoz Izquierdo ponía sobre la mesa la cuestión de la pertinencia de la curricula y expresó sus dudas sobre la vinculación entre investigación y docencia en la licenciatura.

El cuestionamiento continuo sobre la función social de la educación en los textos de Muñoz izquierdo ha dejado huella no sólo en los autores de estas líneas, también ha sido parte fundamental de las preocupaciones de los sociólogos de la educación y de los tomadores de decisión. Imposible soslayar las preguntas que recurrentemente formuló: ¿Qué función deben desempeñar las instituciones de educación superior (IES) para impulsar -junto con otras instituciones y dependencias del Estado- la movilidad social intergeneracional en sentido ascendente? ¿Cómo deben contribuir  dichas instituciones en el desarrollo científico y tecnológico del país? ¿Cómo lograr la vinculación de los egresados de las IES y el empleo y, más aún, la creación de “empleos decentes”? ¿Cuál es el impacto que generan las IES en la productividad de los recursos  humanos?

Muñoz Izquierdo ensayó diferentes metodologías para aventurar posibles respuestas y entre ellas destacaron sus ejercicios de prospectiva, los cuales incluyeron la construcción de diversos escenarios y una reflexión sobre sus implicaciones. Don Carlos también propuso medidas que bien podrían ser consideradas en el planteamiento de algunos problemas, lo mismo que para atisbar acciones en busca de soluciones.

Por ejemplo, el sistema productivo muestra una insuficiente absorción de los egresados de la enseñanza superior y/o algunos egresados aceptan ocupaciones menos productivas que aquéllas a las que se orientaron en sus carreras. La situación parte del siguiente hecho social: en la presente década, el sector formal solamente ha creado alrededor de un 40 por ciento del total de empleos que hubieran sido necesarios –ya no digamos para eliminar el desequilibrio descrito- sino  para evitar, apenas, que la magnitud del mismo siguiera aumentando.

En virtud de lo anterior, con frecuencia se ha afirmado que en México existe una “sobreoferta” de profesionales. Sin embargo, Don Carlos consideraba que lo registrado en México es, en todo caso, un “déficit de demanda”. Es decir, una incapacidad estructural de la economía para absorber en condiciones aceptables a los egresados de la educación superior.  La causa principal de este problema se encuentra en las condiciones en que se ha venido desarrollando la economía durante las últimas décadas. El desequilibrio también es atribuible a la forma en que está concentrado el ingreso nacional, ya que no estamos generando suficiente demanda por servicios profesionales, debido a que el gobierno no está recaudando los impuestos que serían necesarios para crear esa demanda en el sector público y también porque los estratos sociales de la mayor parte de las familias mexicanas no tienen el poder de compra que sería necesario para poder emplear a los egresados.

Una visión prospectiva también sugería no olvidar que se intensificará la integración de bloques económicos y que la economía nacional estará cada vez más expuesta a las fluctuaciones que se registren en los países económicamente más desarrollados del mundo. Los efectos que esta dinámica genere en nuestro país dependerán del grado en el cual considerables cantidades de empresas pequeñas y medianas (pymes) logren –o no- incorporarse como proveedoras a las cadenas productivas que están destinadas a producir bienes y servicios exportables. Algunas de esas pymes podrán permanecer al margen de dichas cadenas -lo que les permitirá gozar de cierta autonomía con respecto a las fluctuaciones del comercio exterior-, sin embargo, hay indicios de que esa estrategia difícilmente les asegurará su supervivencia a largo plazo, con excepción de aquellas que ocupan los escasos “nichos de mercado” que no son interesantes para las empresas ubicadas en el exterior.

La pregunta que surge entonces es ¿hacia dónde van las profesiones y cuáles podrían tener mayor demanda? De acuerdo con Muñoz Izquierdo, era indudable que el comportamiento de la demanda de profesionales dependía -cada vez en mayor grado- de que las actividades productivas adoptaran las nuevas tecnologías relacionadas con la comunicación y la informática (conocidas como TIC). De hecho, don Carlos elaboró un esquema analítico alejado del que tradicionalmente había sido utilizado para examinar las relaciones existentes entre la escolaridad y el sistema productivo.

En el esquema que propuso Muñoz Izquierdo, relaciona las diferentes funciones que son desarrolladas por los profesionistas y técnicos, con los ámbitos del sistema productivo en los que esas funciones son desempeñadas; lo que supone observar el destino (y no el origen) de los bienes y servicios producidos, en ello se puede esperar un incremento importante en la demanda correspondiente a los programas de posgrado.

En síntesis, Muñoz Izquierdo propuso cuatro escenarios alternativos a esta problemática en la que sugirió que en el diseño e instrumentación de los programas hubiera un replanteamiento estructural de los contenidos, métodos y técnicas de la educación, la investigación, la difusión y los servicios universitarios. Por supuesto, también exige reorientar las profesiones, revisar la producción y distribución de los conocimientos y su organización disciplinaria, así como las relaciones de las IES con la sociedad más amplia. Los cursos de acción, ciertamente, demandan realizar esfuerzos de enorme envergadura, pero si esos esfuerzos son llevados a cabo exitosamente, las instituciones de educación superior habrán contribuido a construir una sociedad más productiva, justa y solidaria.

Las preocupaciones de Muñoz Izquierdo no se circunscribieron al terreno de la investigación educativa o a la extensa e intensa labor docente que desarrolló durante su carrera, también participó en iniciativas sociales: fue miembro fundador y participante activo en el Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE). Un organismo de vigilancia social en el terreno educativo, el primero en crearse a nivel nacional en 1998 y dedicado a analizar crítica y propositivamente las políticas educativas. En ese espacio, hoy tan ausente como necesario, coincidimos y colaboramos sistemática y periódicamente en auténtico trabajo colectivo, un grupo personas interesadas en los problemas del sector. Desde luego, don Carlos, siempre mantuvo su disposición a colaborar, no solamente con su habitual gentileza sino con su proverbial eficiencia y particular sentido del humor.

La obra de Muñoz Izquierdo suscita sentimientos de admiración, gratitud y satisfacción intensos, pero sobre todo nuevas preguntas para la reflexión y opinión. Sin duda lo extrañáremos. Don Carlos, adiós.

(Publicado en Campus Milenio No. 585. Noviembre 20, 2014, p.6 y 7)

 

 

 

Las plazas un año después: ¿una novedad efímera para los jóvenes doctores?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Lo novedoso de esta administración no fue la propuesta de alcanzar el uno por ciento respecto al PIB en investigación y desarrollo experimental. Tampoco plantear el impulso a la productividad y competitividad o la idea de crear nuevas instituciones de investigación; ni siquiera el establecimiento de temas y proyectos prioritarios en el sector. Estas medidas, más o menos, se ensayaron en el pasado.

 

La auténtica novedad fue la iniciativa de crear plazas para los jóvenes doctores, aunque hoy es incierto su alcance y continuidad. La propuesta se perfiló en noviembre de 2013, precisamente en el marco de las negociaciones y diseño del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este año, ahí se reservaron los 550 millones de pesos que ahora se ejercen.

El programa se denominó “Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores” y adquirió mayor precisión en febrero de este año, cuando se publicó la convocatoria correspondiente con requisitos y lineamientos a observar. En su momento dijimos que probablemente estábamos ante el inicio de un cambio profundo en el tipo de relación laboral de los académicos (Campus Milenio No. 548).

Sí, por primera vez, el gobierno federal experimenta con una nueva figura laboral en el mercado académico: nombramientos de confianza expedidos por Conacyt a jóvenes investigadores y tecnólogos que se presentaron a la convocatoria de las cátedras. Una política similar a la aplicada por Argentina a través de su Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Según los lineamientos de las cátedras mexicanas, los jóvenes seleccionados son comisionados a instituciones públicas de investigación, pero son reconocidos como personal académico del organismo. Esto es, Conacyt funge como el patrón, no las instituciones receptoras. Incluso, para efectos legales, el lugar en el que están adscritos, no se considera un patrón sustituto, beneficiario final o solidario.

De hecho, en las normas expedidas claramente se indica que: La institución de adscripción no tendrá ninguna relación de carácter laboral con el personal académico comisionado, ni este estará subordinado a la institución de adscripción, por lo que no asumirá responsabilidad alguna en materia laboral y de seguridad social, las cuales correrán a cargo del Conacyt (artículo 8 de los lineamientos).

Por supuesto, la institución de adscripción tiene derechos y obligaciones, pero se especifican en los convenios de asignación de recursos humanos que firma con Conacyt. Por ejemplo, algunas de las obligaciones de la institución son proporcionar a los jóvenes investigadores un espacio físico y servicios de apoyo como lo hace con el resto de su personal, lo mismo que hacerse cargo de los viáticos para su participación en seminarios, congresos y proyectos.  

Uno de los aspectos más complicados es el de los derechos de propiedad y de autor que se generan por parte de los comisionados. Al respecto, en el convenio se establece que Conacyt no tiene interés jurídico en esos derechos, sino que serán de la persona física o moral, a quien conforme a derecho le correspondan, pero que la “institución de adscripción  se obliga a compensar o estimular o participar” a los comisionados, en los mismos términos en que lo hace con su personal. Un probable punto de tensión.

Conacyt, como patrón, se hace cargo del salario y de las prestaciones laborales que establece la Secretaría de Hacienda. Desde el comienzo se anunció que seguramente el sueldo mensual para los comisionados sería de 37 mil pesos y un apoyo inicial, por única vez, de 500 mil pesos. La comisión sería por diez años y puede ser renovada tantas veces como sean necesarias, siempre con evaluaciones de por medio.

Los resultados de la convocatoria de la cátedras comenzaron a conocerse el pasado mes de agosto y poco a poco se está completando la información, aunque todavía es necesario desagregar más datos y conocer la recepción que tienen los jóvenes aceptados. Actualmente, tal parece que ya fueron asignadas las 574 plazas y un primer dato que muestra la importancia del tema es que alcanzaron lugar dos de cada diez, puesto que, según el diputado Rubén Benjamín Félix, presidente de la comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados, se presentaron alrededor de 3 mil aspirantes.

En la convocatoria se especificaron siete temáticas que agrupaban una treintena de retos. Las instituciones interesadas debieron presentar un proyecto grupal (incluir entre tres y cinco jóvenes investigadores) y/o individual (solamente un investigador). A su vez, los aspirantes a las cátedras tenían que inscribirse en el Padrón de Jóvenes Investigadores del Conacyt, puesto que de ese listado serían seleccionados. Los temas fueron: a) ambiente; b) conocimiento del universo; c) desarrollo sustentable; d) desarrollo tecnológico; e) energía; f) salud y g) sociedad.

En total, Conacyt reporta que el programa de cátedras suma 333 proyectos (105 grupales y 228 individuales). En la distribución de proyectos por tema: desarrollo tecnológico: 93 (21 de grupo y 72 individuales); salud: 56 (18 y 38, respectivamente); ambiente 42 (13 y 29); desarrollo sustentable 42 (20 y 22); energía 38 (9 y 29); conocimiento del universo: 35 (9 y 26); y sociedad 27 (15 y 12).

Según las cifras, en un extremo está el tema de desarrollo tecnológico con el mayor número de proyectos y en otro el de sociedad. El primero concentró más de una tercera parte de las 574 nuevas plazas. El Distrito Federal también concentró el mayor número de plazas asignadas: 89; le siguió Oaxaca con 35; luego Michoacán con 33; y al final Tabasco con 3 plazas.

Las universidades públicas, los centros públicos de investigación Conacyt y las instituciones de educación superior federales, como era de esperarse, concentraron el mayor volumen: 176, 151 y 121 plazas, respectivamente. Números más modestos, de 30 a 40 plazas, fueron para otros centros públicos de investigación, instituciones tecnológicas y de salud.

El total de 574 nuevas plazas es relativamente pequeño, comparado con los 3 mil nuevos doctores que egresan cada año en México y sobre todo frente a la demanda acumulada de la última década o quinquenio. Sin embargo, se trata de ese tipo de iniciativas estratégicas, muy localizadas y de gran efecto mediático, que pueden modificar al sistema en su conjunto, especialmente si se sostienen a lo largo del tiempo.

El asunto es que necesitamos una mayor desagregación de la información del programa, también requerimos saber cómo fue y qué resultará de la peculiar inserción de los comisionados, e incluso si tendrá continuidad el programa. Por lo pronto Conacyt, en el proyecto del PEF para el año próximo, en lugar de preveer un  aumento de nuevas plazas-cátedra, respecto a las que se crearon en este año, las redujo a 225 (estrategia programática del PPEF 2015).

Es posible que, como dijo el presidente de la comisión de ciencia de la Cámara, Félix Hays, los diputados incrementen los recursos del PEF para crear 700 nuevas plazas-cátedra. O tal vez no. A más tardar este 15 de noviembre estaremos enterados. El caso es que está en suspenso la viabilidad y alcance de las cátedras; el Peciti ni las menciona. Lo cierto es que el tema de las finanzas públicas no pinta nada bien, el panorama político menos y el desánimo se acumula en miles de jóvenes. 

(Publicado en Campus Milenio No. 584. Noviembre 13, 2014, p.28)

Los ritmos de la formación de alto nivel

Alejandro Canales

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En entrega anterior comentamos que la preocupación por los estudios de posgrado, particularmente del doctorado, comenzaron tardíamente en México. Asimismo, advertimos que la misma situación se podría repetir en el caso de las estancias de investigación y los posdoctorados.

No solamente es el efecto de un incremento sucesivo de los grados escolares que presionan por elevar el nivel educativo. Una especie de reacción en cadena de los flujos escolares: un mayor número de egresados de un nivel tiene un impacto en el siguiente, éste en el subsecuente y así hasta llegar al más alto nivel.

Aunque ha crecido la cobertura del sistema educativo en todos los niveles (alcanzando la universalización de la educación primaria) e incrementado el promedio de escolaridad de la población, todavía quedan grandes pendientes en la retención en la media superior y el cumplimiento de su obligatoriedad, lo cual deberá hacerse realidad en el 2021. Ni se diga en materia de cobertura en educación superior que hoy solamente alcanza a tres de cada diez jóvenes del grupo de edad.

Entonces, por un lado, todavía hay espacio para la expansión del sistema educativo y la presión en su cúspide será mayor en el futuro cercano. Por otro lado, a pesar de la baja cobertura de educación superior, se registró un crecimiento importante en la oferta de estudios de posgrado, lo cual implicó la necesidad de instaurar un padrón de programas, como un mecanismo para regular y diferenciar su calidad. Un padrón que crece y persiste hasta hoy.

El asunto es que incluso con un volumen relativamente reducido de recursos humanos a nivel profesional y de posgrado, ha sido evidente la dificultad para ofrecerles espacios laborales acordes a su formación y expectativas. Lo sorprendente es que en esta situación, no solamente no disminuye la demanda educativa, al contrario, aumenta y especialmente en el nivel más alto.

Desde mediados de los años setenta, ante el desempleo y subempleo de profesionistas, cuando se puso en cuestión la idea del pleno empleo sostenida por la teoría del capital humano, se advirtió el fenómeno de la sobreeducación. Lester Thurow planteó que invertir en un mayor nivel educativo y/o esperar en la fila de los mejores empleos, era una “estrategia defensiva” preferible, en lugar de tomar cualquier puesto, lo cual explicaba el aumento de la educación incluso en tiempos de crisis.

Ahora, en un escenario nacional --y también internacional-- de escasas oportunidades en el mercado de trabajo y una benevolente política de apoyo para cursar estudios superiores, un sector de jóvenes opta por incrementar sus calificaciones escolares. El volumen es reducido, pero poco a poco la presión se ha desplazado de la maestría al doctorado y de éste al posdoctorado. El acomodo de los egresados no es sencillo.

Si el crecimiento del doctorado ha sido relativamente tardío aunque intenso en las últimas dos décadas, el del posdoctorado es todavía más reciente. En 1990, las estadísticas oficiales, con inexactitudes y variantes, hablaban de 17 posdoctorantes en el extranjero. Todavía en el año 2001, la cifra oscilaba entre 120 y 210 personas; en 2010 se dijo que se apoyaron a 74.

En el reglamento de becas de Conacyt del 2004, el penúltimo reglamento, ni siquiera mencionaba a los posdoctorados; apenas en el ordenamiento del 2008 se les incluye. En la definición que establece señala que la estancia posdoctoral está “dirigida a recursos humanos con grado de doctor para realizar estudios, desarrollar proyectos científicos o tecnológicos o para fortalecer programas de posgrado en los términos que al efecto se establezcan en la convocatoria o convenio correspondiente”.

El reglamento, también por primera vez, incluye a los posdoctorados –junto con el sabático— en la modalidad de beca de vinculación, no de formación de posgrado o de otro tipo. Más recientemente se ha impulsado con mayor vigor la idea de estancias posdoctorales nacionales vinculadas con el Padrón Nacional de posgrados de Calidad.

Seguramente, como también ocurrió con las becas de formación posgrado, el crecimiento de las estancias posdoctorales se incrementará en su vertiente nacional y en el extranjero conservará un volumen reducido.

Sea en uno o en otro lado, el asunto es si se trata de un cálculo meditado de formación de recursos humanos o de dilatar su ingreso a un mercado laboral refractario. Seguimos.

(Publicado en Campus Milenio No. 583. Noviembre 6, 2014, p.5)

La formación de recursos y sus variantes

 

Alejandro Canales

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Desde la publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de esta administración se planteó que uno de sus objetivos sería la formación de recursos humanos de alto nivel. En el eje “México con educación de calidad” quedó incluida la estrategia de contribuir a la formación y fortalecimiento de los recursos humanos con media docena de líneas de acción, entre las que se encontraba “incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el gobierno federal”.

 

Nada para sorprenderse, el impulso a la formación de recursos es una línea de política pública que se ha reiterado consistentemente, sexenio tras sexenio, desde la creación misma de Conacyt hace más de cuarenta años, aunque con las vacilaciones y cambios frecuentes en el reglamento de su programa de becas de posgrado.

 

Ciertamente, como lo hemos comentado aquí, los estudios de posgrado han tenido un crecimiento exponencial en todo el mundo en las últimas dos o tres décadas, particularmente a nivel de doctorado. México no ha sido la excepción, aunque en el caso nacional, como también lo hemos apuntado, la base de la que partió era sumamente reducida (en 1990 la matrícula del doctorado era de poco más de mil alumnos, la estimación para el ciclo escolar más reciente es de 31 mil).

 

No obstante, lo que sí llamó la atención, con las reservas del caso, fue que a los pocos días de presentado el PND en el 2013 y a raíz de la visita a México del presidente estadounidense Barack Obama, se estableció lo que se denominó “Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación” (Fobesii).

 

El Foro, en principio y como lo comentamos en su oportunidad, desarrollaría iniciativas para una cooperación educativa entre ambas naciones para darle cauce al programa estadounidense que desde el 2012 intenta llevar a 100 mil jóvenes latinoamericanos a formarse en las aulas de los Estados Unidos y que otros tantos jóvenes norteamericanos se formen en los recintos universitarios de América Latina.

 

Sin embargo, posteriormente, por la parte mexicana, pero en el marco del mismo Fobesii, se planteó la idea de que más bien deberían ser 100 mil mexicanos estudiando en Estados Unidos y que alrededor de 50 mil norteamericanos acudieran a las aulas en México (Proyecta 100,000 Hacia una región del conocimiento). Una propuesta que incluía estancias cortas y no solamente para estudios de posgrado; algo relativamente similar a lo emprendido por otras naciones.

 

No obstante, en julio de este año, cuando finalmente se conoció el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (Peciti), el que establece las acciones a poner en marcha en el periodo, no hizo mención alguna a la propuesta del Fobesii ni incluyó ningún indicador al respecto. Aunque conservó el enunciado de incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el Gobierno Federal.

 

En el lapso de cuatro años, lo que le resta a las actuales administraciones de México y Estados Unidos, muy difícilmente se podría alcanzar un número cercano a los 100 mil que se han mencionado como meta en el Fobesii. Implicaría, en el caso nacional, nada menos, añadir alrededor de 20 mil nuevos estudiantes mexicanos en el vecino país del norte cada año durante los siguientes cuatro años (actualmente suman alrededor de un mil nuevas becas anuales).

 

Seguramente, debido al trabajo de cooperación entre ambas naciones, la desagregación en diferentes modalidades y la presión por los resultados, se podrá avanzar de forma importante en los números de la formación de recursos humanos de alto nivel, aunque, desde luego, sin llegar al volumen proyectado.

 

Pero hay otros asuntos que deben advertirse en el mismo horizonte de los grados escolares. Por un lado, la preocupación por incrementar las altas calificaciones de los jóvenes en el posgrado parece ser un objetivo en sí mismo, con escasa relación con lo que ocurre en el nivel de licenciatura y también con escasa correspondencia con lo que les espera una vez que concluyan sus estudios de alto nivel. Una debilidad y escasa coherencia longitudinal e intersectorial.

 

Por otro lado, así como llegó tardíamente la preocupación y regulación para los estudios de posgrado, tal parece que el procedimiento se repetirá ahora en el eslabón siguiente: las estancias y los posdoctorados. Volveremos al tema.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 582. Octubre 30, 2014, p.5)

Ayotzinapa: punto de inflexión

Alejandro Canales

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Lo ocurrido con los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa muestra claramente el momento de crisis en el que nos encontramos. No sólo es un hecho sumamente lamentable o la situación crítica de la entidad federativa, la institución educativa o incluso la insostenible ausencia de seguridad pública, es el panóptico por el que vemos la cara de la desigualdad social en el país, la indolencia, la impunidad y la ausencia de responsabilidad pública.

 

Un mes después no se conocen los detalles de lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, lo que existe son fragmentos de testimonios, algunas hipótesis sobre lo que realmente ocurrió y múltiples conjeturas. Sin embargo, lo cierto es que no sabemos en dónde están los 43 estudiantes de la Escuela Normal que desaparecieron en esa fecha y menos la autoridad local encargada de la seguridad pública.

 

Hoy nos enteramos que el presidente municipal, el encargado del interés público en la localidad, y su cuerpo de seguridad, eran parte de la misma delincuencia más que del servicio y gobierno. Una confusión entre autoridades y delincuentes que no se sabe bien a bien quién es quién.

 

Tal vez ese es uno de los principales problemas: los servidores públicos no son tales, aunque con sus excepciones, prácticamente en todos los niveles y en múltiples ámbitos los funcionarios son unos depredadores. La Constitución de 1917, en su título cuarto, estableció claramente las responsabilidades de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, pero hoy, casi un siglo después, los servidores públicos lejos de apegarse a los preceptos constitucionales, han abdicado de lo que constituye su razón de ser.

 

En la Constitución actual, en el mismo título cuarto, con las reformas de 1982, en el artículo 108 quedó establecido que serian considerados como servidores públicos todos los representantes de elección popular, lo mismo que los miembros del poder judicial federal, del poder judicial del Distrito Federal, los del Congreso de la Unión, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la administración pública federal. Una responsabilidad por “los actos u omisiones que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

 

La reforma constitucional de diciembre de 1982 se dio a los pocos días de que asumió el cargo como presidente Miguel de la Madrid Hurtado, precisamente después de los escándalos por los inocultables y fastuosos gustos y bienes del entonces jefe de la policía capitalina, la crisis de seguridad pública que provocó, las especulaciones por los nexos con la delincuencia y su relación con el ex presidente José López Portillo.

 

No obstante, la “renovación moral” de los servidores públicos duró lo que dura el invierno. Una vez que se apaciguaron las conciencias, disminuyeron las críticas, se confiscaron los bienes mal habidos y la tinta de la reforma constitucional se secó, los funcionarios volvieron a lo que mejor sabían hacer. No, la corrupción no es patrimonio nacional ni un asunto cultural, es un tema de impunidad y de instituciones.

 

Mientras las tropelías de los servidores públicos queden impunes, como hemos presenciado una y otra vez, en un escala y en otra, en cualquier entidad federativa y bajo las diferentes fuerzas políticas, muy difícilmente tendremos resultados diferentes. También mientras persista la confusión entre delincuentes y funcionarios públicos o si el cálculo es que las posibilidades de ser sancionados es mínima o remota.

 

El otro tema es el propiamente educativo. Es paradójico que cuando la gran reforma educativa quedó aprobada, la de los acuerdos, las negociaciones y la persuasión en las élites, la que solamente espera desdoblarse en el complejo sistema educativo, ahora resulta que su base comienza a mostrar fisuras, no toca a los últimos eslabones de la cadena y sus supuestos beneficiarios no se sienten como tales.

 

Es Guerrero con sus indicadores de rezago y son las normales rurales olvidadas, pero podría ser y son otras entidades, otros niveles educativos y otros temas, porque lo que está en el fondo es la persistente desigualdad social y la impunidad. Es un Estado que ha fallado en su responsabilidad elemental de seguridad pública y bienestar social.

 

Ojalá que el caso de Ayotzinapa sea el punto de inflexión para revertir la impunidad y atender los graves rezagos sociales.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 581. Octubre 23, 2014, p.5)

¿Quién se responsabiliza de la Refinería Bicentenario?

Alejandro Canales

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Hace cinco años, el entonces director de PEMEX, Jesús Reyes Heroles, dijo que la refinería Bicentenario era una de las obras más importante, necesaria y técnicamente fundada. Hoy, miles de millones de pesos después, múltiples esfuerzos y un tiempo perdido, el proyecto simplemente ya no existe.
 

En agosto de 2009, el titular de PEMEX, al anunciar públicamente a Hidalgo como sede de la nueva refinería, aseguró que: “En el proceso de elaboración del proyecto el gobierno federal ha puesto todo su empeño para asegurar que se tome la mejor decisión en términos de las consideraciones técnico-económicas que deben regir un proyecto de esta envergadura, así como de la certidumbre jurídica necesaria para su éxito” (versión estenográfica 12.08.2009).
 

Hoy suenan a ironía las palabras que pronunció Reyes Heroles: “La decisión de hoy es testimonio de la capacidad de los mexicanos y de su gobierno para avanzar en la construcción de una economía más moderna, para llevar a cabo proyectos complejos y de largo plazo, que redunden en beneficio de las condiciones de vida de los mexicanos”.

 

Por una u otra razón, lo que se ha mostrado más bien es una perenne incapacidad gubernamental para realizar proyectos, sean simples o complejos, de corto o largo plazo. Ni siquiera los ornamentales. Ni hablar de un desarrollo nacional sostenido o una economía sólida y pujante.
 

En el 2008, en el aniversario número 70 de la expropiación petrolera, cuando estaba el debate sobre la reforma energética de entonces y especialmente sobre la exploración de hidrocarburos en aguas profundas, también comenzó el estudio de factibilidad de construcción de una nueva refinería en territorio nacional.

  

Según reportó el director de PEMEX, la instrucción para realizar el estudio de factibilidad la dio el entonces presidente Felipe Calderón. Y, por supuesto, en el 2009 el estudio dio como resultado que la mejor medida para avanzar en el Sistema Nacional de Refinación era construir una nueva refinería, a pesar de que desde entonces estaba en marcha la reconfiguración en dos de las seis existentes.
 

También el estudio arrojó que Tula, Hidalgo, era el mejor lugar para instalar la nueva refinería. Por cierto, el actual secretario de Gobernación era el mandatario estatal en ese periodo. Tula era una mejor opción por su localización en la región centro, el lugar de mayor demanda, también por la certeza jurídica que ofrecía, así como por los costos de inversión y operación. Al inicio se calculaba que el costo total de la obra sería de alrededor de 10 mil  millones de dólares.

 

Sin embargo, casi un mes después de anunciada la obra, Reyes Heroles fue sustituido por Juan José Suárez Coppel. Los trámites siguieron su curso, las adjudicaciones, los planes, pero también comenzó a alargarse el proceso de construcción propiamente.
 

Después vinieron las elecciones, el cambio de gobierno y el ajuste en los equipos técnicos; el proyecto parecía sostenerse pero había perdido ímpetu. La decisión de detener la construcción de la nueva refinería Bicentenario de Tula no apareció explícitamente en el programa sectorial de energía de esta administración.

 

Sin embargo, el primer síntoma de que tal vez las prioridades o la viabilidad del proyecto ya no eran las mismas, apareció al final del 2013, cuando se presentó el “Plan de negocios de PEMEX y sus organismo subsidiarios 20014-2018”, el documento rector de las acciones a desarrollar por el organismo, y no estaba incluida la nueva refinería.
 

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ante las críticas de ese momento, dijo que la construcción de la nueva refinería dependería de la aprobación de la reforma energética. La reforma se aprobó, pero la refinería quedó en suspenso. Por lo menos la cancelación no se hizo explícita en los meses siguientes, tampoco en la comparecencia del secretario el pasado 19 de septiembre.
 

Fue precisamente en Guanajuato, en el Centro Fox, de manera improvisada, donde el secretario anunció que se cancelaba la obra. Ningún documento de por medio. Tal vez desde el comienzo fue un empecinamiento en una obra monumental de escasa pertinencia y probablemente sea más costosa edificarla que perder lo que ya se invirtió (alrededor de una tercera parte de su valor total)

 

Lo inquietante es la facilidad con la que se cambian las decisiones sin mayor explicación, el derroche de recursos y la ausencia de responsabilidad pública. Eso también es impunidad.

(Publicado en Campus Milenio No. 580. Octubre 16, 2014, p.5)

¿Y los diputados de la Comisión Especial de Fortalecimiento a la Educación Superior?

Alejandro Canales

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 “Derogación de los planes de estudio que tecnifiquen la educación superior”, demandaron como segundo punto los estudiantes del politécnico. El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por escrito les respondió: “Respecto el número 2, no puede ni debe tecnificarse la educación superior, reduciendo con esto la excelencia educativa de las escuelas de nivel medio superior y superior, por lo que la SEP anuncia que se cancelan los planes y programas que han solicitado en su pliego”.

Todavía no sabemos si la “tecnificación” de planes y programas de estudio realmente estará a debate y qué curso de acción podría tomar en el actual movimiento estudiantil. Por lo pronto, el tema quedó planteado, un tanto de forma ambigua, como que los jóvenes se resisten a recibir una formación de nivel técnico.

El asunto tiene que ver con la orientación que debieran seguir los subsistemas de educación superior, las preferencias vocacionales de los jóvenes y su vínculo con la sociedad. Es decir, el punto no solamente le atañe al IPN, como una de las principales instituciones de educación tecnológica desde hace casi ochenta años, ni únicamente al conjunto de entidades de formación tecnológica o al subsistema de universidades. Es el sistema en su conjunto.

Los diputados, por cierto, se anticiparon con singular oportunidad sobre el tema en cuestión. En abril del 2013, cuando todavía sonaban las inconformidades por la integración y asignación de responsabilidades en comisiones en la cámara de diputados, la junta de coordinación política propuso la integración de una comisión especial.

Fue nombrada como “Comisión Especial de Fortalecimiento a la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la Competitividad”. En estas mismas páginas Carlos Reyes dio cuenta de la integración, responsables y funciones que se le atribuyeron (Campus Milenio No. 514).

Según el punto de acuerdo que argumentó la necesidad  de crear la comisión especial, elaborado por la diputada Laura Ximena Martel Cantú del Partido Verde (PVEM), era “menester impulsar la estrategia pública que permita vincular a las instituciones de educación superior con las necesidades del mercado laboral, así como la instrumentación de programas de capacitación permanente en las diferentes esferas directivas y para los diferentes escalafones laborales”.

La cámara de diputados cuenta con 52 comisiones ordinarias, 35 especiales y otras más; la norma le permite crear tantas como requiera o estime necesario. El número de comisiones se ha incrementado notablemente en cada legislatura, por la distribución de equilibrios entre las fuerzas parlamentarias y por los privilegios que tiene presidirlas, aunque el número de diputados por comisión se ha reducido.

La comisión especial que estamos comentando la preside la diputada Martel, la que elaboró el punto de acuerdo, tiene 14 integrantes y su objeto es el fortalecimiento de la educación superior. Tal actividad la realizará, se fijó, adecuando el marco jurídico, con las gestiones pertinentes en su ámbito de su competencia, así como con la vigilancia en la aplicación de recursos públicos e impulso de las “políticas públicas que garanticen el fortalecimiento de la educación superior y la capacitación para su debida vinculación con el aparato productivo y otorgar impulso a la competitividad”. Nada mejor para el tema vigente.

La comisión celebró dos reuniones ordinarias el año pasado, en la segunda de ellas, el pasado 18 de septiembre, los integrantes quedaron distribuidos en cinco grupos de trabajo: capacitación; competitividad; giras, foros y eventos relevantes; comunicación social y divulgación; y asuntos editoriales. Cada uno encargado de los temas de referencia y con resultados esperados.

Lo inquietante es que la comisión no se ha pronunciado públicamente sobre las iniciativas más importantes al respecto. Por ejemplo, el decreto de creación del Tecnológico Nacional de México, la iniciativa de formación de recursos en materia de hidrocarburos y, desde luego, el debate planteado por los estudiantes del IPN.

La comisión tiene vigencia hasta el 31 de agosto del 2015. ¿Esperamos resultados?

(Publicado en Campus Milenio No. 579. Octubre 9, 2014, p.5)