miércoles, 25 de mayo de 2011

CHIHUAHUA: CONFERENCIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT) del pasado 19 de mayo, realizada en Chihuahua, el director del Conacyt, Enrique Villa Rivero, dijo que esperaba que esa instancia asumiera una posición mucho más estratégica en el impulso descentralizador e indicó que esa era la nueva política del organismo rector de las políticas sectoriales. Es el primer encuentro entre el ahora titular de Conacyt y los directores generales de los consejos estatales de ciencia y tecnología, pero ya es tarde para relanzar un nuevo tipo de relación con las entidades federativas.

La Conferencia no es, como usualmente se piensa, un encuentro para exponer o discutir algún asunto de interés estrictamente académico. En este caso se trata de una instancia de coordinación permanente entre Conacyt y las entidades federativas, creada por la reforma a la ley de ciencia y tecnología del 2002.

Según la ley, la CNCyT está integrada por el director general de Conacyt y los titulares de los consejos estatales de todas las entidades federativas que acepten formar parte de la Conferencia. Actualmente, todos los estados cuentan con una dependencia o entidad responsable de las políticas científicas y todos han aceptado la invitación a integrarse al órgano de contacto.

Las funciones reservadas a la CNCyT no son insignificantes. Por ejemplo, puede y debe opinar sobre la “formulación de las políticas generales de apoyo a la investigación científica y desarrollo tecnológico”, así como participar en la elaboración del programa especial de ciencia y tecnología, este último, como se sabe, lo debe presentar cada una de las administraciones al iniciar su gestión. No obstante, quizás la función más importante que debe desempeñar la Conferencia es el apoyo a la descentralización territorial de las actividades científicas y tecnológicas, tanto en lo que se refiere a diseñar y proponer instrumentos de apoyo como a sugerir cambios en la normatividad.

El año próximo se supone que la Conferencia cumplirá una década de estar vigente, al menos en la ley, pero lo cierto es que su operación, la emisión de sus bases de operación y sus sesiones periódicas han sido más bien relativamente irregulares. Quedó instalada en el 2002; según la ley debe sesionar ordinariamente al menos dos veces al año y de forma extraordinaria las veces que sea necesario. Esto es, a la fecha, cuando menos tendría que haber celebrado16 sesiones ordinarias. Sin embargo, no ha sido el caso.

La CNCyT tuvo su sesión inaugural en noviembre del 2002, en la administración de Vicente Fox, y durante el periodo sexenal celebró tres o cuatro sesiones más. En esa época no todas las entidades federativas contaban con su respectivo consejo estatal de ciencia y tecnología, así que la Conferencia no podía funcionar con el total de entidades federativas y, por tanto, una de sus primeras tareas fue impulsar la creación de consejos en donde no había tales figuras jurídicas.

Tal vez entre los mayores logros de la Conferencia se puede contar la instalación de consejos o entidades responsables de las políticas científicas y tecnológicas en todos los estados de la República. Un logro que se completó apenas hace un par de años. También se puede contabilizar el diseño de un modelo de ley de referencia sectorial para el conjunto de entidades, lo que ha permitido homogeneizar el marco normativo del sistema, aunque también repetir algunas de sus dificultades e inconsistencias, como concentrar la toma de decisiones y funcionamiento en las figuras de mayor jerarquía.

Otro acierto relativo de la CNCyT fue lograr que se estableciera una comisión especial en la materia en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en julio de 2004 (Una Conferencia chiquita en una Conferencia grande). Aunque el primer coordinador de la comisión duró cinco años (Natividad González Parás, exgobernador de Nuevo León de 2004-2009) la relación y beneficio fue efímero. Hoy coordina la comisión el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, y aunque los objetivos de la comisión, como los de la CNCyT, están centrados en el impulso a la federalización, el fortalecimiento del presupuesto del sector y el incremento de la competitividad, poco se ha logrado en términos prácticos.

En total, la Conferencia ha celebrado poco más de media docena de sesiones plenarias, menos de la mitad de las que indican sus bases de operación, y en las realizadas en tres ocasiones (Vallarta, Monterrey y Zacatecas) ha emitido documentos denominados “Declaraciones” en las que sintetiza los propósitos deseables que intenta hacer cumplir, aunque solamente han sido eso: declaraciones.

Hasta ahora no existe registro del número total de sesiones realizadas por la Conferencia y cada año, cuando se lleva a efecto, se anuncia como primera. Es incierto cuando se realizará una siguiente reunión y más todavía que en el último tramo de esta administración se profundice o se genere un cambio en la política descentralizadora.

(Publicado en Campus Milenio No. 416. Mayo 26, 2011)

¿BRIMC O BRIICS?

En el 2007, en el Foro Económico de Davos, Suiza, Felipe Calderón, el presidente de México, destacó que al acrónimo BRIC le hacía falta una “M”, puesto que la nación tenía el potencial para formar parte de ese grupo. En ese entonces comenzaba su periodo de gestión y había cierta confianza en el desarrollo del país, hoy los documentos de la OCDE han modificado el acrónimo, pero no incluyen a México si no a otras dos naciones: Indonesia y Sudáfrica.

El acrónimo BRIC fue utilizado por primera vez hace una década por Jim O’Neill, director del grupo de investigación económica global de la firma de inversiones Goldman Sachs. La referencia eran Brasil, Rusia, India y China (BRIC), entonces consideradas como economías emergentes, lugares importantes para invertir, dado que, según los pronósticos de la firma, serían naciones líderes a la vuelta de tres o cuatro décadas.

La capacidad descriptiva del acrónimo BRIC rápidamente adquirió popularidad y fue utilizado de forma sistemática en diversos análisis y documentos. En general, el bloque de países incluidos, con sus pujantes economías y tal vez con excepción de Rusia, parecen una promesa a cumplirse antes del tiempo previsto. Particularmente por el volumen de su población (42 por ciento del total de la población mundial) y mayoritariamente de jóvenes, también porque representan mercados internos en plena expansión y sus tasas anuales de crecimiento económico son más altas que las de países desarrollados.

Cada uno de los países del bloque BRIC han establecido proridades o poseen caracaterísticas que les ha permitido sostener una estrategia de desarrollo. Por ejemplo, Brasil con sus reformas ha logrado tasas anuales de crecimiento superiores al 5 por ciento, o China con grandes inversiones en infraestructura y sus largas e impresionantes tasas de crecimiento económico, o Rusia con sus abundantes recursos naturales para cubrir la demanda de materias primas.

A mediados de la década pasada, nuevamente Goldman Sachs indicó que otro conjunto de países podrían tener un potencial similar a los BRIC, los llamó los 11 Siguientes (N-11, por sus siglas en inglés). En este segundo bloque incluyó a países con grandes poblaciones, como Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Corea, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Turquía y Vietnam.

Según los pronósticos del 2005 de la firma de inversiones, del conjunto N-11, México y Corea eran las naciones con mayores posibilidades para ejercer un liderazgo económico en unas décadas más. Tales previsiones fueron la base para que Felipe Calderón, en el Foro de Davos del 2007, dijera que le hacía falta la letra “M” al BRIC.

No obstante, la OCDE, desde hace un par de años, en sus documentos de política económica ha sumado a Indonesia y Sudáfrica al grupo de naciones emergentes, ahora se refiere al bloque BRIICS. Al parecer, la inclusión de Indonesia se debe a su representatividad regional y demografía, mientras que Sudáfrica es por su dinamismo económico.

En los indicadores científicos y tecnológicos del año anterior de la OCDE (Science, Technology and Industry Outlook 2010), destaca que la investigación, la ciencia y la tecnología están críticamente relacionadas con las perspectivas económicas a largo plazo de de muchas naciones, entre ellas las BRIICS.

Sin embargo, dice la OCDE, para que el bloque de países emergentes, se puedan beneficiar del potencial científico y tecnológico, también deben enfrentar una serie de retos de política pública. Por ejemplo: incrementar el logro educativo y la calidad en la educación superior para contar con un capital humano calificado --no es suficiente el avance en la educación básica--; eliminar los obstáculos al “emprendedurismo”, el comercio y la inversión; o bien, incrementar la participación privada en la investigación y el desarrollo (p. 59).

Goldman Sachs sigue sosteniendo su acrónimo BRIC y también sus pronósticos sobre los N-11. De hecho, sugiere que ya no parece apropiado designar a ese conjunto de países como “mercados emergentes”, porque no reflejan la naturaleza fundamental de la economía global, ahora más bien serían “mercados crecientes”.

El rasgo fundamental para considerarse un mercado creciente sería, dice la firma de inversiones, cualquier país fuera del mundo desarrollado que es responsable de al menos el 1 por ciento del PIB global. Tal requisito lo cumplen actualmente, aparte del bloque BRIC, otras cuatro naciones: México, Corea, Indonesia y Turquía.

En opinión de Goldman Sachs, las cuatro economías señaladas son las que probablemente, por sus características socioeconómicas y tendencia demográficas, experimentarán un incremento de su productividad y, en compración con el promedio mundial, una mayor tasa de crecimiento.

Si se cumplieran algunos de los pronósticos anunciados, al final de esta década el liderazgo del bloque original BRIC será más que evidente y suguramente más un país que otro. Menos claro es qué otra nación de las que se han mencionado tendrá un lugar destacado en la economía global. ¿México?

(Publicado en Campus Milenio No. 415. Mayo 19, 2011)

viernes, 20 de mayo de 2011

LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN EL CONGRESO

Sesión de la cámara de diputados del pasado 26 de abril. El diputado presidente dice: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de los artículos 2o. y 10o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. No se registraron oradores, por lo que se encuentra suficientemente discutido. (¿Sin oradores y suficientemente?)

Acto seguido el diputado presidente instruye al diputado secretario: Abra el sistema electrónico de votación y dado que en los términos del artículo 109 tampoco hubo ninguna reserva de artículo en particular, ábralo usted hasta por 3 minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El resultado de los votos: 408 a favor; 1 en contra (un diputado del PAN); y 2 abstenciones (una del PRD y otra de Convergencia). La modificación de la Ley Orgánica de Conacyt (LOC) quedó aprobada y ahora “pasará al Senado para sus efectos constitucionales”.

Seguramente, salvo los diputados que participaron en el dictamen de la iniciativa, el resto ignora que las modificaciones se refieren a la tarea de divulgación de Conacyt. O bien, los legisladores desestiman un debate al respecto y, como para tantos otros proyectos de ley, los acuerdos en comisiones son suficientes para el pleno.

Una de las modificaciones aprobadas a la LOC fue añadir un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 para indicar que Conacyt debería fortalecer la divulgación científica entre los investigadores y las organizaciones de la sociedad civil. Así como “incentivar la vinculación entre estos actores y los docentes del nivel básico para fortalecer la capacitación con que éstos cuentan en materia de cultura científica y tecnológica”.

La otra modificación fue agregar una fracción más al artículo 10 de la misma ley orgánica en donde se establece que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico también tendrá entre sus funciones “proponer medidas para fortalecer la divulgación científica y la vinculación entre los docentes de educación básica con la comunidad científica nacional”.

El proyecto original de la reforma, presentado en abril de 2010 por la diputada Cora Pinedo Alonso, perteneciente al Panal, también incluía modificar el artículo 7 de la Ley General de Educación (LGE).

En el proyecto de la diputada Pinedo Alonso, la cual, por cierto, no pertenece ni a la comisión de educación ni a la de ciencia y tecnología pero es vicecoordinadora de su fracción parlamentaria, se añadía una fracción al artículo 7 de la LGE para indicar que entre los fines de la educación también debía “favorecer la vinculación e intercambio de experiencias en materia de divulgación científica y educación para la ciencia entre los docentes de los diferentes niveles educativos”.

Sin embargo, en el dictamen de comisiones, rechazaron la modificación del artículo 7 de la LGE, aceptaron el añadido al artículo 10 de la LGC e hicieron notar que una reforma previa a la LGE, la cual todavía está en proceso porque fue regresada por el Senado con modificaciones, ya se habían sugerido modificaciones a algunos artículos de la misma ley para incluir el tema de divulgación y el vínculo con la docentes de educación básica.

Efectivamente, en diciembre de 2009 el diputado Reyes Tamez, coordinador de los diputados del Panal, y en marzo de 2010 diputados del PAN, presentaron dos diferentes iniciativas para incorporar el tema de la divulgación en la legislación educativa. Al final, de ambas propuestas, resultó la reforma de los artículos 9 y 14 de la LGE.

En el primer artículo para precisar que el Estado también debía promover y atender el desarrollo tecnológico, la innovación y el impulso a la divulgación. entre las actividades a promover y atender por el Estado. En el artículo 14, para añadir que a las autoridades educativas federales y locales también les correspondía “fomentar acciones de divulgación dirigidas a maestros y alumnos, considerando la participación de los padres de familia y otorgando estímulos a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a estas actividades”.

No obstante, en la cámara alta estimaron acertada la propuesta de modificar el artículo 9 de la LGE, pero improcedente la del artículo 14 de la misma ley. En este último caso, específico el dictamen de los senadores, la inclusión de padres de familia y organizaciones de la sociedad civil estaba fuera de contexto normativo. Además, la idea de otorgarles incentivos por actividades científicas y tecnológicas ya estaba prevista en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Así que la ley fue regresada a los diputados con modificaciones.

En resumidas cuentas: nada sencillo. Hasta un proyecto de ley inocuo, sigue un largo e intrincado proceso legislativo entre cámara de origen y colegisladora, antecedentes y leyes secundarias, y hasta en una misma fracción parlamentaria. Sí, ni duda, como dice el anuncio de los legisladores: “trabajamos por ti”.

(Publicado en Campus Milenio No. 414. Mayo 12, 2011)

viernes, 6 de mayo de 2011

SNI: UN AÑO DESPUÉS

En mayo del 2010 se realizó el I Congreso de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Una actividad que despertó interés entre los propios integrantes y atrajo la atención de las autoridades del sector. Hoy, sin embargo, salvo la continuidad del mismo Sistema, no está claro hacia dónde debe encaminarse o si puede o no transformarse.

El congreso realizado, se dijo en su oportunidad, era una actividad necesaria para valorar las condiciones del Sistema y de la ciencia en México. Los objetivos que se plantearon buscaban precisar los problemas asociados al programa y las posibles alternativas a seguir. La idea era, expresaron los organizadores, debatir con fundamentos sus dificultades, su papel en la vida científica del país y sus opciones como programa. El tema general fue, nada menos: “El SNI ante las necesidades del siglo XXI en México”.

Según destacaron los propios responsables del congreso, sus expectativas fueron superadas, dado que a pesar de cierta premura en la convocatoria, se inscribieron alrededor de 300 ponencias y se registraron más de 700 asistentes. Los debates y las posiciones en el congreso tuvieron amplia resonancia en el encuentro y en los medios.

Quizás nadie puso en duda la relevancia del SNI al instaurarse a mediados de los años ochenta, ni tampoco su influencia en el sistema científico en el país. Sin embargo, las discrepancias fueron manifiestas al abordarse el esquema organizativo de ingreso y permanencia en el Sistema, los sesgos en sus formas de evaluación, la escasa movilidad entre sus diferentes niveles, la centralización regional e institucional de sus integrantes, el peso de los incentivos en el salario de los académicos o su papel en la renovación del personal científico, entre muchos otros temas.

En general, pareció haber cierto acuerdo en conservar el SNI como programa, pero también un imperativo para ajustarlo a nuevos requerimientos, modificar algunos de sus componentes básicos y dirigir de mejor forma su papel en el conjunto del sistema científico y tecnológico.

Entonces, tal parecía que la reforma del SNI era inminente y que se podrían zanjar los desacuerdos sobre la profundidad de los cambios, los componentes a incluir y, principalmente, la dirección en la que avanzaría el programa. Pero no, transcurrieron las semanas y los meses. Nada ocurrió.

En septiembre de 2010, en el cuarto informe de gobierno de la actual administración, se precisó que: “a 25 años de su creación, el SNI se encuentra en un proceso de reflexión sobre su papel dentro de la sociedad” (p.213). De todas formas, el Sistema continuó su operación y expansión. El mismo informe destacó que en el año 2010 el total de miembros sumaban 16 mil 600, alrededor de mil investigadores más respecto del año previo. Recuérdese que en 1984, al iniciar funciones, solamente contaba con un total de 1mil 396 miembros.

El actual SNI conserva su principio básico de evaluación del rendimiento individual y de pago por mérito, eso no ha variado. No obstante, difiere en funcionamiento y organización del que se puso en marcha en 1984. No solamente creció el número de integrantes y de recursos presupuestales (actualmente tiene un gasto de poco más de 2 mil 400 millones de pesos, lo que representa alrededor del 16 por ciento del presupuesto de Conacyt), también se ampliaron sus áreas de conocimiento, al igual que sus comisiones dictaminadoras con un masivo sistema de revisión por pares, afinó sus criterios de evaluación, modificó sus criterios de ponderación, se abrió al sector particular y a los tecnólogos, incluyó el recurso de revisión y a los investigadores mexicanos en el exterior, entre otras modificaciones.

Hoy el Sistema está ante la encrucijada de transformarse más amplia y profundamente o continuar hasta alcanzar el inevitable punto de inflexión. No podrá estirarse para cubrir al total de investigadores en el país ni los incentivos podrán crecer de forma indefinida (sería lo mismo que intentar un mapa del tamaño del imperio, como decía Borges).

Además, estimado lector, seguramente recordarás que hace un par de meses, el SNI recibió un dictamen negativo de la Auditoria Superior de la Federación, porque en opinión del órgano fiscalizador, el Sistema no ha cumplido con sus objetivos básicos e incluye elementos adicionales a los que se especificaron en su decreto de creación. Se trató de una evaluación netamente de la gestión del programa y factores administrativos, pero refleja las circunstancias en que opera el Sistema.

Los ajustes incrementales al programa no han sido ni serán suficientes. Lo complicado del caso es que a lo largo de un cuarto de siglo, ha construido un complejo tablero de equlibrios entre el financiamiento y los sistemas de educación superior y científico y tecnológico, por lo que un cambio o supresión del programa inevitablemente alterará el funcionamiento del conjunto. ¿En un siguiente congreso se podrá dar otro paso más? Quizás.




(Publicado en Campus Milenio No. 413. Mayo 5, 2011)