APF: "tiempo fuera" y sin recursos para gobernar

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 851. Mayo 28, 2020. Pág. 4)

El mayor reto para la Administración Pública Federal (APF) es cómo dar resultados con una cuarta parte del total de recursos financieros que tenían asignados para operar. En conjunto son 316 instituciones: 35 por ciento de administración central, 60 por ciento paraestatal y 5 por ciento empresas productivas del Estado. Al cierre del 2018, el dato oficial más reciente, sumaban un millón 478 mil servidores públicos para poner en marcha las acciones del gobierno federal.

Desde el 19 de marzo de este año, cuando finalmente sesionó el Consejo de Salubridad General, comenzó la “Jornada Nacional de Sana Distancia” (DOF. 24.03.2020) y la consecuente suspensión de actividades que involucraran concentración física, tránsito y desplazamiento. La duración inicial del confinamiento era hasta el 19 de abril.

El “quédate en casa” incluyó a todos los sectores. El ordenamiento normativo precisó que, para el caso del sector público, serían los titulares de las áreas de administración y finanzas en cada entidad los que determinarían las funciones esenciales que deberían garantizarse y tener continuidad en las oficinas públicas.

No hay información oficial de cuántos funcionarios siguieron laborando, pero seguramente la mayoría se quedaron en casa. Transcurrieron las semanas, llegó el 19 de abril y todavía ni siquiera asomaba la expansión nacional de la epidemia (en esa fecha había 261 casos acumulados y 685 personas fallecidas). El periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia se extendió al 30 de mayo.

En el ámbito del gobierno federal comenzó la preocupación por la marcha de la economía, las actividades esenciales de la burocracia y, lo peor, de dónde sacar los recursos para enfrentar el Covid-19 sin endeudarse.

El presidente de la República, López Obrador, emitió el decreto de austeridad, mediante el cual anunció 11 medidas de aplicación urgente para la administración central e incluyó a los organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas estatales y fideicomisos públicos (DOF. 23.04.2020). Es decir, también estaban considerados Conacyt y los Centros Públicos de Investigación.

La redacción jurídica del documento fue ampliamente cuestionada. Una de las medidas más relevantes indicaba: “No se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros”. Rubros que se refieren a los capítulos 3000 y 2000 del gasto público, respectivamente.   Además, extendía la suspensión de labores de servidores públicos hasta el primero de agosto, ordenaba que la mitad de oficinas debían permanecer cerradas y en artículo transitorio señalaba que la vigencia del decreto sería hasta el 31 de diciembre de este año.

La ambigüedad jurídica del documento no permite saber con exactitud el periodo de aplicación. Sin embargo, donde no hay duda es en el recorte de recursos. Unas semanas después de emitido el decreto, la secretaria de la Función Pública remitió un escrito a la Oficial Mayor de Hacienda (oficio FP/100/274/2020) para verificar que las oficinas de la APF devuelvan el 75 por ciento de los recursos. Este lunes 25 de mayo era la fecha límite.

Los cálculos sobre el volumen de recursos que están implicados son muy variables, pero lo ocurrido el año pasado nos puede dar una idea. En 20l9 el gasto de operación ejercido en todas las entidades centralizadas, no sectorizadas y desconcentradas sumó 165 mil 465 millones de pesos (alrededor de 13 mil 789 millones de pesos mensuales). Por cierto, Educación y Gobernación tienen los montos más altos con el 29 por ciento del total.

Una extrapolación de cifras para este año permitiría suponer que ya se habían consumido poco más de 55 mil millones de pesos para cuando se emitió el decreto de austeridad. Entonces, la parte que quedaría son aproximadamente 110 mil millones de pesos y si de ese total las entidades devolvieron el 75 por ciento, incluyendo lo “supuestamente comprometido”, lo restante serán 27 mil 578 millones de pesos para operar. Una cuarta parte del presupuesto originalmente asignado. ¿Será por todo el resto del año? No está claro, aunque es probable.

En la actuales circunstancias los gastos de operación son menores, porque la mayoría de instituciones de la APF tienen poco personal o están cerradas. Sin embargo, no puede generalizarse un recorte de recursos y pensar que nada ocurrirá, la operación (mantenimiento, combustibles, servicios básicos) está comprometida e indudablemente las actividades posteriores serán afectadas. Un “tiempo fuera” para la puesta en marcha de las políticas públicas inevitablemente se mostrará en los resultados. Aunque sin recursos, ni plan, ni programas sectoriales, no sabremos su dimensión. Solamente veremos el efecto en el servicio público.

Pie de página: La iniciativa de ley para suprimir los fideicomisos públicos logró un rechazo rotundo, casi unánime, en el sector cultural y científico, pero la amenaza sigue latente. Los Centros Públicos de Investigación no salen de una y entran a otra, ahora tienen la instrucción de que todos sus esfuerzos y actividades sobre la epidemia deben ser acordados y coordinados por Conacyt.

Investigadores. Naufragio de la confianza

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 850. Mayo 21 de 2020. Pág. 4)

Todo fue muy breve. La solicitud de donación a los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), las reacciones inmediatas de los interpelados, las posteriores aclaraciones de la autoridad sectorial y, finalmente, su cancelación. Todo pasó en el reciente fin de semana y quizás para muchos careció de importancia. No es así.

Los directamente involucrados no llegan ni al diez por ciento de las más de 400 mil plazas de profesores del sistema de educación superior. No obstante, son el personal de más alto nivel, cuentan con las mayores credenciales académicas y acaso expresan, a escala, lo que ocurre con otros sectores.

Las redes sociales y los medios impresos dieron cabida a diferentes versiones y los más variados argumentos sobre los hechos. Seguramente todos ellos tienen algo de justificación. Sin embargo, tal vez la erosión paulatina de la confianza en la institución podría explicar otra parte de lo que ocurrió recientemente en el sector científico y tecnológico.

El SNI es ese programa bajo la responsabilidad de Conacyt, en operación desde 1984 y originalmente puesto en marcha para remediar los efectos de la crisis económica de los años ochenta en el salario de los científicos. Desde entonces, se dijo, procuraba la retención de los científicos en el país, porque otorga incentivos mensuales a quienes demuestran un desempeño sobresaliente y alta productividad.

Después de más de 35 años, el SNI forma parte de las rutinas institucionales y la vida salarial de los investigadores. Una cierta seguridad. La proporción que representa en el salario total de los académicos es muy variable, porque depende del nivel obtenido, la adscripción institucional, el nombramiento, la región geográfica y la antigüedad, entre otros aspectos. Sin embargo, en todos los casos es un porcentaje significativo y en muchos otros imprescindible.

La solicitud de donación voluntaria para el sistema de salud de uno, dos o tres meses del incentivo que reciben los miembros del SNI, como proponía la comunicación que llegó al buzón electrónico de los investigadores, fue recibido con desconfianza, sorpresa y ciertas dudas.

Una desconfianza que tiene su asidero en lo que ha ocurrido con el sector. ¿Recuerda usted cuando todo parecía indicar que se cancelaban las convocatorias de Conacyt antes de iniciar el actual periodo de gobierno? O bien, cuando no era claro si continuaba o no el programa Cátedras para jóvenes investigadores, tampoco el otorgamiento de becas de posgrado en el extranjero o la autorización a académicos para salir del país.

Lo mismo con las restricciones y disminución de los gastos de operación en los Centros Públicos de Investigación, los incentivos para el sector privado, la eliminación de fideicomisos públicos, el fallido proyecto de ley para el sector, las modificaciones de ordenamientos secundarios sin nueva ley e incluso la misma selección de integrantes de las comisiones dictaminadoras del SNI, entre otras.

Algunas medidas no se llevaron a efecto, otras se atemperaron y unas más se confirmaron, pero todas ellas han generado un clima de inestabilidad e incertidumbre en el sector. En el pasado también se registró, pero ahora se ha acentuado. El asunto es que la confianza es contingente a la vida social, mira el pasado y se dirige al futuro, se despliega en el presente y en lo que podrá ser, por eso desempeña un papel clave en el funcionamiento y desarrollo de las instituciones, en la forma de hacer frente a los problemas y en la interrelación entre individuos e instituciones.

El proceder de las autoridades no ha contribuido a fortalecer la confianza. Ahora menos. En el caso particular de la solicitud de donación no hubo ningún boletín oficial del Conacyt, ni siquiera un aviso en su página electrónica. ¿O fue precisamente por los antecedentes? Adicionalmente, no todos los integrantes recibieron la comunicación al mismo tiempo y el oficio estaba firmado por la doctora María del Carmen de la Peza Casares, directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt, no por la titular del organismo.

Tampoco ayudó que el oficio firmado tuviera un error en el RFC de la institución que recibiría las donaciones. Un aspecto menor que se agravó porque las autoridades del sector no confirmaron de manera inmediata a los medios la autenticidad del documento. Hasta el día siguiente emitieron un nuevo oficio para aclarar que sí era legítimo y precisar que el Conacyt no tenía ninguna mediación o intervención en los donativos.

Al final, una cadena de acontecimientos que suman el naufragio de la confianza, precisamente cuando más se necesita para una causa noble que demanda la solidaridad de todos nosotros. El retiro de la iniciativa no fue una rectificación de las propias autoridades del sector, el mismo presidente López Obrador, al abordar el asunto dijo que se trataba de una iniciativa de buena fe de Conacyt que involucraba al gobierno, pero viendo las protestaban que se habían levantado: “ya hablamos con la directora del Conacyt para pedirle que retirara esa convocatoria” (18.05.2020).

Pie de página: El 15 de mayo llegó y no estuvieron listos los 700 ventiladores mecánicos que Conacyt debía entregar. El subsecretario López Gattel dijo que “afortunadamente no fueron necesarios”.

¡Hablemos de médicos!

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 849. Mayo  14, 2020. Pág. 5)

Las declaraciones del presidente López Obrador calaron hondo en el gremio de los médicos. A pesar de que el ejecutivo federal posteriormente precisó su referencia al enriquecimiento indebido de algunos doctores y ofreció disculpas, otra grieta más se abrió en su accidentada relación con grupos profesionales.

En la conferencia de prensa del viernes 8 de mayo, en su descripción del mercantilismo del sistema de salud en el periodo neoliberal y a pregunta sobre lo que hoy señalan exsecretarios de salud, ahí dijo que los médicos sólo buscaban enriquecerse y no les interesaban los pacientes.

El mismo fin de semana siguiente, la mayoría de colegios y asociaciones representativas de médicos, tanto generales como especialistas, consideraron muy ofensivas y desafortunadas las expresiones del presidente de la República.

Luego vinieron las aclaraciones y disculpas de López Obrador, pronunciadas ante las insistentes preguntas de una reportera en la conferencia de prensa al comienzo de esta semana. Aunque, como él mismo dijo: “Sí, pero no”. O sea, sí dijo que había médicos solamente interesados por el dinero, sin embargo, añadió, “no podemos generalizar” (11.05.2020). Primera vez que hace explícita la precisión.

La reportera le replicó: ellos dicen que “este tipo de declaraciones no abonan al ambiente que hay de…” El presidente le impide continuar y le dice: “No, sí abonan, ¿cómo no van a abonar?” Y la reportera le interroga: “¿a la violencia contra los médicos...?” López obrador la interrumpe de nueva cuenta y precisa: “no, abona para que les dé vergüenza a los que hacen eso. Antes no se hablaba de ese tema, claro que no les gusta, algunos hasta les daban medallas al mérito”.

El episodio con los profesionales de la salud es ilustrativo de lo que ha ocurrido con otros gremios y sectores. El gobierno federal plantea una apreciación gruesa y amplia de cierta situación que puede ser ilustrativa de una porción de la misma, pero que de ninguna manera puede ser tomada como válida para el todo y menos como un diagnóstico global para tomar medidas de aplicación generalizada.

Sin embargo, tal parece que en buena medida la actual administración así ha conducido sus iniciativas, tal y como ocurrió con las estancias infantiles, los albergues para mujeres violentadas, los científicos, las universidades, los centros de investigación, los fideicomisos públicos, las comunidades culturales, los periodistas, los funcionarios públicos, etcétera. Después, puede rectificar o no.

Pero hay otro aspecto sobre el que también valdría la pena reparar y es el motor que impulsa algunas de sus injustas generalizaciones pronunciadas en el megáfono nacional de todas las mañanas: que se hable públicamente del tema. Al menos eso es lo que expresó el ejecutivo federal al señalar que sus declaraciones “sí abonan” para que se hable del tema.

Hablemos. Vale la pena recordar que hace casi un año, cuando todavía no se asomaba el Covid-19 en las fronteras nacionales, el presidente López Obrador dijo que una de las acciones que se estaban realizando para mejorar el sistema de salud era “un inventario, un censo sobre los médicos generales, especialistas que existen en el país, los médicos que tenemos en México y dónde están laborando” (13.07.2019).

Un mes después el mismo mandatario anunció que estaba en planes con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Cdmx, para crear una universidad dirigida a la formación de médicos y enfermeras (08.08.2020). Al parecer porque se necesitaban médicos generales y atención fuera de las metrópolis. No obstante, parte del gremio médico replicó que más bien se necesitan plazas laborales.

El censo o diagnóstico todavía no se conoce públicamente, menos el programa sectorial, aunque tal parece que de nueva cuenta conduce las acciones al respecto. En febrero de este año continuaban los planes para la creación de la “Universidad de la Salud”, la cual presuntamente hará énfasis en el primer nivel de atención y en la prevención. Según los datos del gobierno de la Cdmx, para la nueva universidad había 20 mil aspirantes, pero solamente se seleccionarían 500 estudiantes para medicina y otra cantidad igual para enfermería.

A los pocos días llegó el coronovirus al territorio nacional y ahora resultaba que lo que hacía falta eran especialistas y particularmente intensivistas. Al comienzo se habló de un faltante de alrededor de 120 mil médicos, ahora el secretario de Salud dice que el déficit es de 200 mil médicos (generales y especialistas) y 100 mil enfermeras. Vino la contratación de personal. El mismo presidente volvió decir que si fuera necesario se acudiría a médicos provenientes del extranjero y especialmente de Cuba. La cancillería anunció la llegada de médicos procedentes de Cuba.

En fin, no está nada mal hablar de los problemas de interés público. Sin embargo, lo mejor sería que los planes e información básica que guían las acciones fueran del dominio público. Hoy, solamente vemos la superficie de los temas, apreciaciones generalizadas y fragmentarias de la administración. Volveremos con algunas cifras del sector.

Pie de página: ¿Cómo quedaron los recursos financieros de los fideicomisos públicos? Todavía no se sabe.

Fideicomisos: ¿instituciones científicas a salvo?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No 848. Mayo 7 de 2020. Pág. 4)

Hace poco más de un mes, cuando apareció firmado el decreto de extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, todo indicaba que el dinero que ahí circulaba pasaría a manos de Hacienda y de tajo desaparecerían las actividades que funcionaban al amparo de esos instrumentos jurídicos. Sin embargo, como el mismo decreto lo preveía, estaba la rendija de apelar la medida en los días siguientes y quedar a salvo del corte.

La incertidumbre se prolongó durante todo el mes de abril, porque los recursos financieros de los fideicomisos públicos sí pasaron a Hacienda, pero a pesar de que algunas dependencias de la Administración Pública Federal (APF) interpusieron recursos de excepción, no había respuesta de cuáles fideicomisos conservarían. El asunto parecía más grave porque el decreto de extinción estableció que si Hacienda no daba su visto bueno en un plazo no mayor a diez días hábiles “se entenderá como no  autorizada”.

Las expresiones de inquietud de los sectores cultural y científico fueron patentes y de alta resonancia. Como la de directores de Centros Públicos de Investigación (CPI) y la carta pública de diferentes agrupaciones académicas y científicas para solicitar aclaración sobre los fondos. Tanto que los titulares de las dependencias correspondientes tuvieron que manifestar públicamente su preocupación y colocarse del lado de los afectados. Un tuit del pasado 17 de abril del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, daba cuenta de una reunión con la secretaria de Cultura y la directora del Conacyt.

Ni siquiera el tuit del mismo secretario de Hacienda tranquilizó a las comunidades científica y cultural. A pesar de que ahí aclaraba que “Independientemente del mecanismo que se determine, bajo ninguna circunstancia se disminuirán ni se pondrán en riesgo los recursos destinados a la #investigación y la #cultura”.

Tampoco ayudó el decreto del presidente López Obrador del 23 de abril en el que mandataba: “No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido” . Una medida que expresamente incluía a los fideicomisos públicos. Los casos de becarios que dejaron de recibir el apoyo correspondiente y de CPI que tenían dificultades para realizar sus actividades comenzaron a multiplicarse.

El último día del mes pasado, el gobierno federal remitió la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 a la Cámara de Diputados. Ahí está integrada la información correspondiente a la evolución de los recursos públicos de todo el año pasado y, desde luego, también incluye lo concerniente a los fideicomisos sin estructura orgánica.

Según información de la Cuenta Pública, al 31 de diciembre de 2019, existían 338 fideicomisos (330 estaban en operación) e implicaban un total de 740 mil 629.3 millones de pesos de recursos presupuestarios federales. Alrededor de la mitad de esos recursos (52 por ciento) corresponden a apoyos financieros y de estabilización presupuestaria; otro 16 por ciento a infraestructura pública y la parte restante es de pensiones y prestaciones laborales. Cifras todas ellas muy importantes.

El Conacyt con 99 fideicomisos es la entidad que tiene la mayor cantidad de esos instrumentos jurídicos en el conjunto de la administración pública (29.3 por ciento del total) e involucran 22 mil 547 millones de pesos (3 por ciento del monto total). Es decir, tiene casi un tercio de los fideicomisos existentes, aunque no concentra el volumen más alto de recursos. La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, le sigue con 83 fideicomisos. Sin embargo, el monto de recursos que alcanza es de 487 mil 722 millones de pesos. Esto es el 66 por ciento del total de recursos. Luego vienen el resto de todas las dependencias con cantidades muy menores.

Y cuando el panorama parecía de lo más catastrófico para las instituciones científicas, llegó la comunicación de Hacienda para notificar que estarán exentos de la eliminación: 1) el fondo Fordecyt-Pronaces y que desde ahí Conacyt ejercerá los recursos de un fondo institucional (poco más de mil 100 millones de pesos para proyectos y formación de científicos), así como los recursos de los fondos sectoriales y mixtos; y 2) tampoco serán eliminados los fondos que tienen a su cargo los CPI.

Posteriormente veremos el detalle de los fondos y las cifras, pero lo claro es que los CPI conservarán buena parte de los recursos que tenían y Conacyt solamente manejará un fideicomiso y ahí concentrará los recursos financieros que estaban dispersos en múltiples fondos.

Todavía falta conocer cómo quedará el volumen de recursos. Sin embargo, en la comunidad científica y cultural no hay una sensación de alivio, porque abril fue un mes de zozobra gratuita, de rudeza innecesaria y de “modos” poco prudentes que primero extinguieron y luego averiguaron, precisamente cuando la crisis desatada por la epidemia nos exige y exigirá mayores esfuerzos.

Pie de página: Y por la epidemia en curso, el cierre de la convocatoria becas Conacyt para estudios de doctorado en el extranjero se extiende al 31 de julio. Jóvenes, todavía están a tiempo.

Ciencia neoliberal en tiempo real

Alejandro Canales

UNAM-IISUE-PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 847. Abril 30, 2020. Pág. 4)

La exposición de María Elena Álvarez Buylla, directora de Conacyt, transmitida en vivo la semana pasada desde Palacio Nacional, no era sobre el ancla o los resortes que nos tienen en donde estamos en materia de innovación tecnológica. El punto era más sencillo: explicar qué están haciendo instituciones científicas mexicanas para resolver la construcción de ventiladores mecánicos y enfrentar el coronovirus a nivel nacional.

El contexto era ese informe diario a cargo de Hugo López Gattel, el subsecretario de salud, en donde actualiza las cifras del Covid-19. Él es el personaje del momento y su reporte cotidiano es ampliamente esperado, tanto que mucha gente lo llama la telenovela de la 7. No es fortuito. Ahí también nos vamos enterando sobre las nuevas disposiciones para sortear la epidemia.

En la transmisión de ese 23 de abril, el subsecretario López Gattel dijo: “tenemos el privilegio de tener a Álvarez-Buylla para hablarnos sobre estas iniciativas o el conjunto de iniciativas relacionadas con el desarrollo de ventiladores”. Sí, esos dispositivos de uso médico hospitalario, ahora muy cotizados en el mercado internacional, porque son uno de los mecanismos que pueden hacer la diferencia entre vivir o fallecer por el ataque del virus.

La directora de Conacyt, al iniciar su exposición, señaló que el presidente de la República le encargó coordinar la estrategia para construir ventiladores. Sin embargo, su primera diapositiva era sobre la “ciencia neoliberal”, así que mirándola dijo: “estas son las características de la ciencia neoliberal que nos encontramos y que imponen retos muy grandes”.

Los puntos que estaban anotados en la lámina correspondiente eran: dependencia tecnológica; capacidades de articulación muy limitadas; baja eficiencia en innovación; transferencias millonarias al sector privado; abandono de la ciencia básica de frontera; y un sector privado que hasta ahora ha aportado una proporción muy baja al presupuesto de ciencia y tecnología.

O sea, una mención a la ciencia neoliberal no venía muy al caso, tampoco parecía necesaria la enumeración de los rasgos. Además, en contraposición a “ciencia neoliberal”, en la misma primera diapositiva, estaba anotada la meta que se había propuesto: soberanía tecnológica para enfrentar la pandemia.

Esto es, la construcción de 700 ventiladores mecánicos nacionales a más tardar para el 15 de mayo. Equipos que, dijo la directora del Conacyt, tenían como características ser invasivos, de tecnología 100 por ciento mexicana, más económicos que los del mercado internacional, de alta calidad y con seguridad biomédica.

La exposición de la directora siguió con los tipos de ventiladores, el modelo liberado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), el equipo de centros que están colaborando, la asociación con empresas nacionales para la fabricación y finalizó con el paradójico desempeño de la administración anterior, las transferencias millonarias a empresas privadas y la escasa participación del sector privado en la inversión científica y tecnológica (“alrededor del 18 por ciento”).

El episodio de Palacio Nacional muestra varios aspectos importantes. En primer lugar, a la fecha, después de casi un año y  medio de ejercicio, no contamos con un diagnóstico del sector, tenemos jirones de declaraciones y discursos que reiteran elementos, pero no existe un documento técnico que muestre la línea base y el punto de llegada del sector. Ni hablar de un plan o del programa sectorial. Así que nos enteramos en tiempo real de la ciencia neoliberal.

En segundo lugar, es claro que la personalidad y contundencia del ejecutivo federal que día con día utiliza y distribuye frases y conceptos ante los medios, no se traslada con las misma cualidad a los miembros de su equipo. No son lo mismo. Los titulares de las dependencias realizan un trabajo técnico y político que debiera exhibir su pericia y conocimiento en su conducción, no lo opuesto. Por ejemplo, ¿recuerda usted las declaraciones del titular de la Semarnat cuando dijo que los generadores eólicos eran aspas gigantescas “para atrapar el aire de los territorios indígenas”?

Otro aspecto que resulta paradójico es la deseable búsqueda de soberanía tecnológica pero que, para iniciar, inevitablemente requiere de un modelo abierto, liberado, de otra nación. Pues sí, una dimensión de la actividad científica y tecnológica es la colaboración. No menos paradójico es la exhibición del limitado interés del sector privado en el desarrollo tecnológico nacional y, al mismo tiempo, el reconocimiento de su participación (aunque sea solidaria) para la imperativa construcción de los ventiladores.

Finalmente, desde administraciones anteriores se ha destacado la baja inversión de los particulares en el sector y el consecuente atraso que nos ha ocasionado. Pero, ¿esa misma condición no tendría que impulsar un mayor esfuerzo del sector público? Sí. No obstante, parece ocurrir lo contrario y tal parece que lo vemos en tiempo real.

Pie de página: La revisión de fideicomisos está causando estragos en los Centros Públicos de Investigación, como la suspensión que sufren los becarios del Instituto Mora o el corte de servicios en el Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria en Pachuca, Hidalgo.