CIDE: crispación y encono

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 933. Enero 27, 2022)

 

Todavía la semana anterior, luego de posponer la reunión de la Asamblea General de Asociados, máximo órgano del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), parecía que el prolongado conflicto en esa institución podría tener arreglo.

 

Sin embargo, el lunes de esta semana sesionó la Asamblea y quedó claro que las autoridades no estaban dispuestas a moverse un milímetro de su posición inicial: los nombramientos de director y secretario académico van porque van y sí o sí las facultades del órgano interno de la institución quedan acotadas.

 

La Asamblea General está integrada por ocho asociados: la persona titular del Conacyt (preside la asamblea y es considerada como representante del gobierno federal); las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Energía y Economía; el Colegio de México; el Fondo de Cultura Económica, y el Banco de México.

 

El acta de la reunión no está públicamente disponible, seguramente en algún punto habrá de conocerse, pero el sentido de los votos rápidamente se conocieron. A favor cinco: Conacyt, Educación, Hacienda, Energía y Fondo de Cultura Económica;  dos en contra: Economía y el Colmex; y una abstención: Banco de México.

 

Sin embargo, la solución probablemente se quedará en el papel, porque seguramente no será nada fácil recuperar la normalidad en la institución, tampoco será sencillo contener la inconformidad en la arena de los Centros Públicos de Investigación (CPI) y su repercusión en el campo académico.

 

Los cambios que se aprobaron, lo anotamos aquí hace un par de semanas (Campus No. 931), con formas y tiempos de operación política debidos, si acaso solamente habrían levantado cejas, porque se refieren a aquellos artículos de procedimiento para la designación del titular del Cide, también sobre los requisitos a cumplir por la persona que aspire a la secretaría académica de la institución y aquellos que otros que regulan las funciones del órgano colegiado interno del CIDE.

 

O sea, en realidad, se trata de modificaciones que corresponden al funcionamiento y gobierno de la institución, usualmente sólo serían de interés para su propia comunidad. No obstante, la reforma cobró otra dimensión porque cambia las reglas de juego para que cuadren con hechos consumados, así que los acontecimientos rebasaron el perímetro institucional, encresparon a estudiantes y profesores y la protesta estuvo al día siguiente de la aprobación en las primeras planas de los periódicos de circulación nacional.

 

El conflicto institucional ya forma parte de la agenda política nacional, porque no solamente incluye cerrar unas instalaciones académicas o bloquear una carretera, también se debe a que las decisiones en marcha parecen tocar el límite. Las medidas y el recorte presupuestal indiscriminado a los CPI del memorando de austeridad de mayo de 2019 están registrados y desde luego el Cide no fue la excepción. A pesar de que es una institución académica tampoco escapó a un injusto tratamiento como entidad paraestatal y menos a la eliminación de los fideicomisos que dejó en la incertidumbre la operación de múltiples proyectos.

 

O bien, la reciente oferta de becas para todos los alumnos de posgrado, incluyendo a los matriculados en los CPI. Ni hablar de la renuncia del anterior director del Cide en agosto del año pasado, el interinato que le siguió y lo que ocurrió en los meses siguientes hasta hoy. Pues sí, el tema está claramente en los pendientes del campo académico y en la lista de agravios.

 

Además, la problemática ha mostrado una amplia resonancia internacional. Probablemente, el respaldo de organizaciones y personalidades de diferentes partes del mundo a la comunidad cideíta se debe al pujante trabajo y vínculos que ha realizado más allá de las fronteras nacionales, pero también porque la arbitrariedad de las decisiones son inocultables.

 

El acta de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Asociados del Cide no se conoce, pero la doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colmex, una de las instituciones asociadas, dio a conocer la posición que sostuvo en esa reunión (t.ly/6ySX). Los dos primeros puntos son impecables y suficientes para entender la injusticia del caso.

 

Por ejemplo sostuvo que no se podía aprobar una reforma al estatuto orgánico “dado que el procedimiento en sí mismo no cumple con lo que dicho Estatuto señala”. Lo hemos repetido en innumerables ocasiones: se ha configurado un patrón de cambio de reglas en el sector que quiebra o no respeta la jerarquía normativa.

 

La presidenta del Colmex también sostuvo que: “cualquier cambio a la normatividad requiere de la participación previa de los órganos colegiados, tal como está en el Estatuto actual”.  Un principio elemental de cualquier organización académica.

 

En fin, tal parece que era completamente innecesario tanto desatino, crispación y encono, solamente hacia falta algo de sensibilidad académica y política, así como respeto a reglas elementales de juego. El conflicto no está zanjado.

 

Pie de página: ¿La sección “Quién es Quién en las Mentiras”, dependiente de la presidencia de la República utiliza un correo de Gmail y fue hackeada? ¿Por qué no tiene una cuenta institucional? Todavía hace un año el presidente López Obrador, a propósito de la censura en redes sociales decía que solicitaría al Conacyt diseñar una red propia. Pero...

Viraje en el posgrado. ¿Para qué sirve un Programa?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en CampusMilenio No. 932. Enero 20, 2022. Pág. 4)

 

Una propuesta articulada de cambio en el posgrado nacional no existe. Al menos no hay ningún proyecto públicamente disponible. Otra vez, lo que tenemos son intenciones, algunas cifras deshilvanadas y muchos adjetivos para modificar las cosas. Sin embargo, desafortunadamente, eso no es suficiente.

 

Los estudios de posgrado son el componente energético imprescindible para arrancar la investigación a nivel nacional, también son un insumo fundamental para fortalecer la planta académica del sistema educativo y, desde luego, para consolidar un robusto aparato científico y tecnológico. El flujo de los posgrados, en cierta medida, nos anticipa el sistema académico que nos aguarda.

 

El volumen de posgraduados ha venido creciendo en las últimas tres décadas, pero todavía tenemos pendientes en este terreno y, si no meditamos bien los cambios a realizar, corremos el riesgo de retroceder. En 1990 contábamos con una matrícula total en educación superior de un millón 243 mil alumnos y de esa cifra poco más de 42 mil estudiantes estaban en el posgrado (ocho de cada diez en instituciones públicas). O sea, la matrícula del posgrado representaba alrededor de 3.4 por ciento del total de estudios superiores.

 

Las cifras del ciclo escolar 2020-2021, en el más reciente informe de gobierno, dice que la matrícula de educación superior suma cuatro millones 31 mil estudiantes. Por cierto, dos breves notas. Primera, la cifra anterior solamente se refiere a la modalidad escolarizada, si le añadiéramos la no escolarizada, cada vez más numerosa, la matrícula total casi llegaría a los cinco millones. Segunda nota: por primera vez, en décadas, tuvimos menos alumnos que en el ciclo escolar anterior, 32 mil alumnos menos; seguramente refleja parcialmente los estragos de la pandemia en las instituciones escolares. La tendencia largamente ascendente tuvo un punto de inflexión y veremos qué sigue en el ciclo 2021-2022.

 

En fin, seguimos, del total de la matrícula actual de educación superior escolarizada, los estudiantes de posgrado suman 239 mil 100 (59 por ciento en instituciones públicas y 49 por ciento en particulares). En términos porcentuales, el total del posgrado representa el 6 por ciento de los estudios superiores.

 

Así, los estudios superiores, en los 30 años anteriores, se expandieron de forma notable: la matrícula se triplicó; pero la del posgrado creció todavía más, se multiplicó por un factor de seis. Un esfuerzo importante.

 

La participación relativa de alumnos de posgrado del sector privado, en términos comparativos con el público, creció más: al inicio del periodo tenía 20 por ciento (ocho mil 400 alumnos) y ahora tiene 49 por ciento (117 mil 400 alumnos). O sea, creció a un ritmo mayor, aunque la base de la que partió era muy reducida.

 

¿Las tendencias anteriores llevarían a tratar de limitar los posgrados particulares e impulsar los públicos? La intención de las autoridades parece concentrarse en esa idea porque, a su juicio, en el periodo ocurrió un desmantelamiento del sistema público de posgrado. La situación en el posgrado es más compleja y depende de un sistema de evaluación. El problema es que, a la fecha, no existe un diagnóstico preciso ni un proyecto para el posgrado que anticipe el porvenir.

 

Desde julio del año pasado, la directora del Conacyt, ya había dicho que sustituiría el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) por otro programa, uno sistémico, el cual permitiría “transitar hacia un modelo de formación e investigación en posgrados con mayor solidez epistemológica, rigor científico e incidencia social, acorde con la transformación que vive el país” (Comunicado No. 226/2021). Nada hubo.

 

Luego, medio año después, en diciembre pasado, en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), la directora del Conacyt, reiteró que se había abandonado el posgrado público y había que fortalecerlo. Ahí mismo anunció que se entregarían becas para todos los alumnos de posgrado de instituciones públicas. Una buena noticia, pero tampoco es suficiente.

 

Días después, el 28 de diciembre para ser precisos, apareció el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 (Peciti) y tampoco tiene ningún planteamiento para la reforma del posgrado. Lo único que se menciona es que existe el PNPC pero poca capacidad para absorber a sus egresados (pág. 447) y su estrategia prioritaria es incrementar el presupuesto para becas para alcanzar “al menos 1.5  de investigadores por cada 1000 habitantes” (pág. 457). Ningún lineamiento para el posgrado.

 

En fin, si el documento rector de la política en la materia, el Peciti, mismo que apareció dos años después de cuando debió estar listo, no considera lo que podría ser una de las iniciativas con mayor repercusión para el futuro del sistema científico y tecnológico, podemos comprender que los programas sirven para muy poco. Seguiremos bajo ensayo y error.

 

Pie de página: La reunión para modificar los estatutos del CIDE no se llevó a cabo y los estudiantes entregaron las instalaciones. Las posiciones en el tablero de los CPI se siguen moviendo y la partida todavía no se define.

Cide: una raya más

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 931. Enero 13, 2022)

 

Un cambio en las reglas de juego para imponerse en un conflicto en ascenso parece un mal camino para buscar una solución. Sin embargo, eso es lo que intentarán las autoridades del Conacyt para contender con el paro de actividades del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide). Los resultados los conoceremos en breve y seguramente no serán los esperados por la autoridad. ¿O sí?

 

Según la información que circula en redes sociales, se cita a reunión extraordinaria a la Asamblea General de Asociados del Cide para este viernes 14 de enero a las 9 hrs. El oficio tiene los sellos oficiales y la firma correspondiente, así que todo indica que el documento es auténtico. No será una reunión presencial, se llevará a efecto a través de videoconferencia.

 

La Asamblea General es el órgano supremo de la institución, la preside la titular del Conacyt (representante del gobierno federal) y están otras siete instituciones asociadas: las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Energía; también el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México.

 

El punto a tratar serán cambios en el Estatuto General del Cide, o sea, precisamente, la modificación al instrumento jurídico de creación de la institución. De hecho, uno de los motivos previstos para citar a reuniones extraordinarias. La intención es modificar aquellos artículos que hoy se contraponen a los hechos consumados.

 

Uno de los cambios a realizar es la forma de designación del titular del Cide. La norma vigente establece que el Consejo Directivo, órgano de gobierno de la institución, debe formalizar el nombramiento y también, llegado el caso, ratificarlo para un segundo periodo (fracción IV del artículo 29). La instancia está integrada por 14 personas, entre ellas seis representantes del gobierno federal, dos instituciones autónomas y cuatro consejeros.

 

Sin embargo, como seguramente usted lo recuerda, el nombramiento del actual director, José Antonio Romero Tellaeche, no observó del todo esa norma, su designación fue impugnada y hoy es la fuente del conflicto. La modificación propone que el Consejo Directivo solamente debe “tomar conocimiento” del nombramiento. Es decir, la designación será enteramente prerrogativa de la autoridad del Conacyt.

 

Otro cambio son los requisitos que debe cubrir la persona para ocupar la Secretaría Académica del Cide. Actualmente está como restricción que debe ser personal académico activo de la institución, al menos durante los dos años anteriores al nombramiento. La modificación propone una equivalencia: “haber sido miembro activo de otra institución de amplio reconocimiento”.

 

Un asunto de gestión interna carece de relevancia, pero la propuesta de cambio se debe principalmente a que la persona que actualmente ocupa esa posición es personal de la Universidad Autónoma Metropolitana, así que tampoco cumple la norma vigente. Así que si se aprobara la reforma, su nombramiento ya no estaría fuera del marco normativo.

 

Finalmente, un último cambio y tal vez el más espinoso, es el recorte de facultades al Consejo Académico del CIDE. Este último es el “órgano colegiado interno de análisis y consulta en lo referente a las actividades académicas”; instancia clave de operación y gobierno de la institución.

 

Básicamente, la propuesta es suprimir la facultad de aprobación que tiene el Consejo en lo referente al programa de trabajo del director general, sobre los programas docentes o unidades académicas e incluso del cambio de estatutos. Así que, de inicio, la presente reforma de los estatutos primero tendrían que pasar por el órgano interno. Seguramente, por la misma razón, la modificación propone eliminar sus facultades aprobatorias y que ahora el Consejo solamente opine al respecto.

 

Lo grave del caso es que los cambios propuestos están a la base de un conflicto en curso, lo que equivale a decir que un juego inicia con unas reglas y a la mitad del cotejo, una de las partes las cambia y exige aplicarlas como si nada. La no retroactividad y el principio de certeza jurídica quedan hechos añicos.

 

Todavía más grave es que, a estas alturas del periodo de gestión en el sector, ya configura un patrón de quiebre de normas al menor asomo de conflicto. Así ocurrió con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la ley del sector, entidades paraestatales de investigación, los fideicomisos públicos, el estatuto del personal Cátedras Conacyt, el estatuto orgánico de Conacyt o el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo.

 

Lo que ocurre en el Cide, lo dijimos en su momento, pudo ser atendido sin mayor complicación. No obstante, la autoridad parece especializarse en sumar un conflicto tras otro, crea problemas donde no los había y rápidamente escala aquellos que se presentan. Pronto no quedará espacio para más rayas.

 

Pie de página: Por fin salieron los resultados del SNI, felicidades si ingresó o fue ratificado. Pero, a propósito de cambio arbitrario de reglas, ni lo dude, ahora vendrá un cúmulo de impugnaciones de los que quedaron fuera, porque el reglamento del SNI cambió después de emitida la convocatoria correspondiente. Ni cómo ayudar.

Peciti: el futuro nunca llega

 

(Publicado en CampusMilenio No. 930. Enero 6, 2022. Pág. 4)

 

El 28 de diciembre del 2021, dos años después de cuando debió ser, apareció el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) de la actual administración. La publicación del programa en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue una de las últimas novedades al cierre del año y ya es, oficialmente, el documento que regirá la política del sector para la segunda mitad del periodo de gobierno.

 

Lo dijimos una y otra vez en este Acelerador de Partículas: imposible entender por qué legalmente no existía el Peciti 2021-2024 si las autoridades decían que su elaboración ya estaba concluida. La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, desde el 2019 dijo que el programa estaba aprobado por las instancias correspondientes y, sin embargo, no se difundía oficialmente.

 

De hecho, la titular del Conacyt expuso formalmente el programa ante legisladores, las mismas láminas de presentación también las dio a conocer en las conferencias de prensa del presidente López Obrador e incluso en actos diplomáticos. Pero el documento simplemente no estaba en ningún lado.

 

¿El Pectiti tiene importancia legal o es completamente irrelevante? Si se trata del programa que contiene, en blanco y negro, los objetivos estratégicos y las acciones a llevarse a efecto para un determinado sector de la administración pública, no hay duda de que tiene un lugar sobresaliente en los deberes de la planeación.

 

Después de todo, en su momento, cuando quedó en la ley sectorial de 1999 que el programa para ciencia y tecnología debía ser considerado especial, lo que resaltó fue la posibilidad de integrar y coordinar intersecretarialmente los objetivos y el gasto público para esas actividades, puesto que diferentes entidades destinaban parte de su presupuesto a ese efecto.

 

La Ley de Planeación, como aquí mismo lo hemos apuntado, destaca que se denominan programas especiales a aquellos que refieren prioridades de desarrollo integral del país y que incluyen dos o más dependencias coordinadoras del sector. El Conacyt es el organismo rector, pero participan de las actividades muchas otras secretarías y entidades.

 

No obstante, la fuerza legal y capacidad vinculante del Peciti, como de muchos otros programas de la administración pública, ha sido relativamente escasa desde hace tiempo. Al término de cada periodo gubernamental los resultados siempre quedan por debajo de las expectativas y siempre hay razones para justificar la falta de logros. Pueden ser las cíclicas crisis económicas, otras prioridades nacionales, el limitado presupuesto, la abulia gubernamental e imponderables, como la pandemia en curso. El futuro se vuelve a diferir para una siguiente administración.

 

Las perspectivas todavía eran más inciertas en la actual administración. La flexibilidad de las normas se ha extendido al máximo, incluso la omisión de diferentes ordenamientos secundarios o de una nueva ley general para el sector que estableció la reforma del artículo 3º constitucional de 2019.

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (DOF 12.07.2019), en el cual debió estar incluido el sector como prioridad para el desarrollo integral de la nación y destacar los lineamientos que darían lugar al Peciti, solamente hizo una mención en un párrafo de tres líneas.

 

El mismo Plan tampoco indicó que programas (sectoriales, institucionales, regionales o especiales) debían ser elaborados. Solamente quedaron enlistados los nueve programas de política social que continúan como prioridad de la actual administración. El Plan no era un plan ortodoxo y el primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, lo calificó como un manifiesto político.

 

¿El problema queda resuelto con la existencia del Peciti? Parcialmente. Ahora está plasmado de forma explícita el diagnóstico del sector, los grandes objetivos que se propone la presente administración y las acciones que pondrá en marcha. Lo sorprendente es que no hay ninguna explicación pública del retraso en su publicación o si la demora tendrá implicaciones en las metas.

 

La autoridad simplemente comunicó que el programa entró en vigor a partir del pasado 29 de diciembre y que es “un instrumento de observancia obligatoria y es resultado del trabajo de diseño y coordinación interinstitucional” (Comunicado274/2021. 29.12.2021).

 

Los programas, antes de los años 2000, eran un elocuente ejercicio de retórica y de pocos números. Un elemento positivo es que, en las últimas dos décadas, los programas sectoriales y especiales, incluyen metas cuantitativas y una serie de parámetros que permiten valorar la ambición y esfuerzo de cada administración. El Peciti 2021 – 2024, aunque con sobredosis de componentes ideológicos, no fue la excepción y también incluye un apartado de metas con los indicadores respectivos.

 

Posteriormente examinaremos en detalle el programa y habrá oportunidad de contrastar lo realizado en la primera mitad del ejercicio de gobierno con las metas autoimpuestas. Al final sabremos si el futuro prometido, otra vez, quedará diferido para un siguiente periodo.

 

Pie de página: el año 2021 concluyó y, por primera vez en la historia del programa, los resultados de la convocatoria del SNI no estuvieron listos.// ¡Un año de lo mejor para ustedes!