Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 846. Abril 23 de 2020. Pág.
4)
“El Conacyt tenía 62
fideicomisos, porque para todo era fideicomiso y puro influyentismo, y destinar
recursos a financiar empresas”. Eso dijo el presidente López Obrador en su
conferencia de prensa matutina del pasado 16 de abril, después de las
exposiciones de Zoé Robledo y Hugo López Gattel, el director del IMSS y el subsecretario
de salud, respectivamente.
También fue el día en el que todo
parecía indicar que el ejecutivo federal decretaría la temida fase 3 de la
epidemia en México. No fue exactamente así, porque el anuncio del período
crítico vendría cinco días después, apenas el martes de esta semana.
Sin embargo, la explicación de
aquel día, al igual que el reciente anuncio de la fase 3, quedó a cargo del subsecretario
López Gattel. Y éste último, la semana anterior, dijo: “Todavía técnicamente no
estamos en la fase 3 en forma generalizada, pero hemos dicho que dada la
intensidad de transmisión existen zonas que hay que tratar como fase 3”.
O sea, había regiones como el
Valle de México y otras zonas metropolitanas que desde entonces presentaban un
comportamiento típico de la fase 3, pero como lo que definía a ésta es la
transmisión territorial generalizada, entonces no se podía decir que existía
una sola fase 3 para todo el país.
Así que, como propuestas
importantes anunciadas el 16 de abril, mismas que posteriormente debía formalizar
el Consejo de Salubridad General estaban: extender la Jornada Nacional de Sana Distancia
al 30 de mayo, un mes más a lo que estaba previsto; los municipios de baja o
nula transmisión concluirían el 17 de mayo las medidas de seguridad sanitaria;
y a partir del primero de junio vendría una recuperación de forma escalonada de
todas las actividades sociales y la vida pública.
Ninguna de las tres propuestas
fueron formalizadas por el Consejo de Salubridad General ese día, tampoco
aparecieron publicadas al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación y
ni siquiera en los días posteriores. Sin embargo, desde entonces, públicamente,
fueron tomadas como las medidas correctas y todo mundo asumió que las fechas
anunciadas eran inapelables.
Lo relevante es que la mención de
los fideicomisos por parte del presidente López Obrador y las propuestas presentadas
por el subsecretario López Gattel, tomaron como punto de referencia el trabajo que
actualmente desarrolla el Conacyt. O sea, pareciera que las medidas en marcha
están comandadas por el conocimiento y la actividad científica que impulsa el
organismo. No obstante, el caso más bien es el contrario: las medidas conducen
al organismo.
Por ejemplo, el 16 de abril el
subsecretario de salud expuso en detalle las medidas seguidas desde el comienzo
de la epidemia, pero principalmente los patrones de movilidad que, según su
argumentación, mostraban la anticipación y lo acertado de las acciones que el
gobierno federal había adoptado, no así las que tomaron algunas entidades
federativas.
El subsecretario agradeció el
trabajo de colaboración de Conacyt y otras instituciones que habían conjuntado
esfuerzos para integrar una unidad de datos y análisis de información sobre
movilidad, lo cual había permitido tener certeza sobre las medidas. Todo bien. Sin
embargo, vale la pena recordar que la involucramiento del organismo rector de
las políticas científicas y tecnológicas es reciente, se dio a partir de este
mes con la convocatoria a sesionar del Consejo de Salubridad General y lo es para
una demanda específica. No dirige, en todo caso sigue las medidas.
Algo similar ocurre con la
operación de los fideicomisos en el sector científico y tecnológico. El
presidente López Obrador había planteado la extinción de fideicomisos en toda
la administración pública desde antes del comienzo de su mandato porque, como
lo ha reiterado, está convencido de que son la ventana que se abre a la
corrupción y transferencia de recursos públicos hacia las empresas.
A la fecha, públicamente, no hay
una denuncia formal al respecto. Tampoco ningún reporte oficial que precise la
operación ilegal o irregular de los fideicomisos. En cambio sí hay expresiones
de los beneficiarios de los fideicomisos que han documentado sobre el daño que
causará su desaparición.
No obstante, a partir del decreto
presidencial del pasado 2 de abril todos los fideicomisos quedaron eliminados,
los órganos directivos del Conacyt dieron trámite al proceso de extinción y
sigue quedando pendiente qué ocurrirá con las actividades relacionadas con la
actividad científica y tecnológica que estaban amparadas en esos instrumentos.
La administración pública federal
debe tener un desempeño técnico coordinado y armónico entre sus diferentes
dependencias, por eso existe un Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales.
Pero no es infrecuente que consideraciones políticas se impongan sobre la experiencia,
especialidad y el conocimiento técnico de las mismas dependencias. Conviene tener
claro qué criterios se superponen y cómo se toman las decisiones.
