jueves, 25 de agosto de 2022

Cátedras: último corte

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No.961. Agosto 25, 2022)

 

Algunos jóvenes científicos tenían la expectativa de formar parte del programa Cátedras del Conacyt, ahora denominado “Investigadoras e investigadores por México”. Sin embargo, la semana pasada salieron los últimos resultados y solamente una docena alcanzaron una posición. Pocas, muy pocas plazas para los miles de aspirantes.

 

Las cátedras iniciaron en el 2014, creadas por la administración anterior para funcionar como una válvula de escape en el saturado mercado académico y como alternativa para jóvenes promesas que, culminados sus estudios, no encontraban una posición laboral en ningún lado.

 

El programa ofrecía a jóvenes recién egresados del doctorado, o con varios posdoc encima, comisionarlos a una institución académica, un listado de temas a investigar (con retos en cada caso) y un contrato por diez años, prorrogable por otro tanto más. El Conacyt conservaba el papel de patrón, la entidad académica fungía como institución temporal de adscripción y la idea era que, a lo largo del tiempo, la misma institución u otra abriera una plaza para el catedrático.

 

En el primer año de funcionamiento, el programa admitió a más de medio millar de jóvenes y la expectativa era que a partir de entonces añadiera una cantidad similar cada año. Tal vez la alternativa laboral no era la mejor, pero era una pequeña fisura de oportunidad en el casi clausurado mercado académico. No obstante, el desencanto comenzó a los pocos meses.

 

Una buena parte de catedráticos se quejaron de su permanente inestabilidad laboral, la marginación que sufrían en las instituciones de adscripción y, sobre todo, la falta de condiciones para realizar las actividades encomendadas. Tampoco operó el supuesto de que las instituciones abrirían plazas y algunos huyeron de las cátedras a la primera oportunidad. Para colmo, el programa ni siquiera alcanzó las 500 plazas anuales, en el 2016 apenas llegó a la mitad y para el 2018, al cambio de administración, el volumen total sumaba un millar y medio de cátedras.

 

La esperanza de ampliar el programa o al menos alcanzar una relativa estabilidad laboral retornó con el cambio de administración en el 2018. La aspiración, sin embargo, se disipó rápidamente. En la primera rueda de prensa de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, en febrero de 2019, ahí dijo que el programa Cátedras era insostenible, porque tenía “colgados de la nómina a 1,500 catedráticos” y eso debía cambiar. Por cierto, las ruedas de prensa ya no continuaron.

 

Los catedráticos quedaron sorprendidos y vino un intercambio de críticas y aclaraciones sobre la continuidad o no del programa. El saldo final fue que no hubo convocatoria en 2019 ni en 2020. Los catedráticos formaron un sindicato para negociar un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), el Siintracátedras, aunque la autoridad laboral dijo que era improcedente la firma de un CCT y también su derecho de huelga. Este año el sindicato renovó su consejo directivo.

 

Los costos del programa en 2019, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de ese año, sumaron un total de 1,097 millones de pesos e incluían 1,511 plazas vigentes. Para 2020 el presupuesto fue de 1,345 millones de pesos y fueron las mismas plazas. Sin embargo, el PEF del año pasado y el de este año no especificaron un presupuesto ni el volumen de plazas vigentes, aunque dijeron que continuaría el apoyo.

 

El Conacyt cambió los lineamientos y el nombre del programa. Además, implementó dos modalidades para las cátedras: adscripción en instituciones académicas o en entidades de la Administración Pública Federal. Hasta septiembre del año pasado salió la convocatoria más reciente. Se suponía que la evaluación de solicitudes se realizaría en los dos meses siguientes y a partir de diciembre del año pasado los jóvenes ya estarían laborando. Pero no, en noviembre se publicaron una treintena de seleccionados y ahí se dijo ese era un primer corte, o sea que posteriormente vendrían otros más.

 

Unos resultados más se publicaron en diciembre del 2021, luego otros más en febrero de este año y los últimos el pasado 18 de agosto. En total, 118 plazas: 69 para instituciones académicas y 49 para la administración pública. No hay datos, o públicamente no se conoce, el número de solicitantes, pero en redes sociales se ha especulado que fueron aproximadamente 4 mil aspirantes y que las asignaciones de plazas no han sido imparciales.

 

O sea, además de sesgos, solo alrededor de un 3 por ciento de aspirantes lograron una posición académica, si es que las cifras se aproximan a la realidad. Lo lamentable es que la mayoría de jóvenes estuvieron en vilo durante más de medio año y aunque desde los primeros cortes las cosas no pintaban nada bien, el final ha sido francamente decepcionante.

 

El problema de la inserción laboral para los posgraduados no es sencillo de resolver, como tampoco lo es para toda la población económicamente activa, pero el programa Cátedras, con sus dificultades de régimen de subcontratación y sus limitaciones, parecía una alternativa. Lo grave es que ahora cada vez es más estrecho, arbitrario, inestable y precario.

 

Las autoridades actuales dijeron que ofrecerían verdaderas plazas para los jóvenes, pero ni sustituyeron ni mejoraron el programa. Por el contrario, redujeron su alcance y endurecieron los criterios. Si así son las vicisitudes laborales de jóvenes talentosos y con altas calificaciones, imaginemos qué ocurre con el resto.

 

Pie de página: Las redes sociales permiten conocer los acontecimientos de forma inmediata y las cuentas oficiales se han vuelto un medio eficaz para informar las decisiones en el momento mismo en el que ocurren. Sin embargo, esas mismas redes han dado paso a una cierta ambigüedad de responsabilidad y dejado constancia de las pifias cometidas, como la rectificación de los criterios específicos de evaluación del SNI en la cuenta oficial del Conacyt en Twitter.// La discusión en el Congreso sobre la nueva ley general de ciencia comenzará ahora en septiembre y la oposición ya ingresó una iniciativa de ley el pasado 17 de agosto. Atentos.

jueves, 18 de agosto de 2022

Ciencia y Tecnología. ¿Información oportuna y transparente?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 960. Agosto 18, 2022. Pág. 4)

 

Algo de ironía tiene lo que ocurre con los datos y los informes oficiales en el sector científico y tecnológico. Porque cuanto más se reiteran unos y se presentan otros, menos claro es el verdadero estado que guarda el sector.

 

Una y otra vez, desde el inicio del actual periodo de gobierno hasta hoy en día, las autoridades han hablado de acciones indebidas de las administraciones anteriores y en especial en el sexenio previo. Quién no recuerda esa tronante primera declaración de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, en enero de 2019, afirmando que en la administración de Peña Nieto se habían hecho transferencias directas, “muchas de ellas líquidas”, de recursos públicos a empresas por alrededor de 50 mil millones de pesos (17.01.2019).

 

Luego, en el primer informe de gobierno, la cantidad varió a poco más de 38 mil millones de pesos en el periodo 2013-2018. Ahora, tanto en el encuentro que sostuvo la directora del Conacyt con legisladores el pasado 4 de agosto como en la presentación que hizo en la conferencia de prensa con el presidente López Obrador la semana pasada, resulta que las transferencias son más bien de poco más de 45 mil millones de pesos, pero el periodo se extendió de 2001 a 2018.

 

Si los números han sido cambiantes en todo este tiempo, lo menos que cabría esperar es un informe detallado y preciso de cómo fueron esas operaciones, el volumen exacto, fechas consistentes y los delitos que se cometieron. Pero no, no tenemos nada de eso y lo único que sí hay son acusaciones fallidas ante la Fiscalía General de la República que ni avanzan ni se desehechan.

 

El resultado es que no hay ninguna certeza sobre las cantidades y manejo de esas transferencias, lo mismo con los fideicomisos o el número de becas. Pero no obsta para reiterar que antes se abandonó a la ciencia y poco se respaldó al sector público. La sorpresa es que, comparado con el 2018, durante los tres años anteriores, en términos corrientes, el presupuesto del Conacyt disminuyó. Apenas en este año, respecto del inicio del periodo, tuvo un ligero incremento (pasó de 27 a 29 mil millones de pesos).

 

El panorama es peor si consideramos el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como proporción del PIB. El GIDE es el principal indicador internacional para medir el esfuerzo presupuestal que realiza una nación para generar nuevo conocimiento y con ese parámetro, pasamos de 0.47 por ciento en el 2018 a 0.31 por ciento en el año pasado.

 

Además, los datos o los informes llegan fuera de tiempo. El ejecutivo federal debe presentar su 4to informe de gobierno en dos semanas más, pero apenas conocimos algunos detalles del informe previo porque solo recientemente la titular del Conacyt, acudió con legisladores e intervino en una de las conferencias matutinas del ejecutivo federal para los pormenores de los avances de mitad del periodo. Precisamente cuando ya está por concluir el segundo tercio.

 

Otro tanto ocurre con el reporte que año con año debe presentar el Conacyt. Aquí, en este Acelerador de Partículas, lo recordamos cada tanto, el organismo está obligado por la ley a emitir anualmente un informe general del sector (artículo 6 fracciónV). No obstante, el más reciente es del 2019. El documento es básico porque contiene toda la información del sector, permite la comparación a lo largo del tiempo y constituye el punto de referencia para constatar los avances y los retrocesos.  

 

Ni hablar de los dos años de retraso que tuvo el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). Se supone que ese programa es el documento rector de la política sectorial, pero apenas fue publicado al final del año pasado. Aunque, la verdad, como si fuera inexistente.

 

La gestión tampoco se distingue por su rapidez y oportunidad. Lo saben bien los aspirantes a obtener una beca al extranjero que nunca llega o aquellos que ya tienen asignado el apoyo pero tarda meses en materializarse. Lo mismo ocurre con los investigadores que esperaban y siguen esperando la siguiente ministración del proyecto, la oficina jurídica que se declaró en moratoria o el trámite que tiene meses en la oficilia de partes. O bien, el retraso de más de medio año para publicar la actual convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores.

 

El problema es que a estas alturas, cuando ya transcurrieron dos tercios del periodo gubernamental, ya no es la curva de aprendizaje la explicación de la ineficiencia y las dificultades. Seguramente no solo gravita el personal estilo de dirigir, también pesa, y mucho, la austeridad republicana que ya está dejando ver las costuras en el quehacer de la administración pública, lo mismo que la alta rotación de personal en los mandos medios y superiores.

 

Pero, sobre todo, pasa que políticamente da lo mismo lo que ocurra o no en el sector. Y pues sí, ni certeza ni transparencia.

 

Pie de página: Nada sorpresivo el nuevo reglamento del SNI y la marcha atrás de algunos de sus inaceptables criterios específicos de evaluación. Y esto apenas comienza.

jueves, 11 de agosto de 2022

Las UBBJG: vine a Armería porque me dijeron que estaba el presidente

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 959. Agosto 11, 2022)

 

 

El programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) ha sido polémico desde que inició. Hace cuatro años, el entonces presidente electo, López Obrador, anunciaba así el programa: “La rectora de este programa de universidades es la maestra Raquel Sosa. Es un plan de 100 universidades del país” (29.09.2018).

 

La cifra resultaba desmesurada frente a la complejidad de instaurar un solo proyecto universitario. El problema no solamente está en los recursos financieros para conseguir la ubicación apropiada, edificar el plantel y dotarlo de la infraestructura necesaria; no es lo de menos, pero tampoco es lo único.

 

Multiplicado por cien había que planear las opciones formativas, diseñar planes y programas, definir las líneas de gestión y organización académica, precisar la identidad institucional, el perfil de egreso de los estudiantes, las demandas del mercado laboral, entre otros asuntos a resolver. Además, el componente imprescindible: una sólida y estable planta de personal académico para garantizar su viabilidad.

 

Así que la iniciativa de crear 100 universidades, aunque necesaria para ampliar las oportunidades educativas para un mayor número de jóvenes de los sectores menos favorecidos, no parecía realista. Después quedó claro que, más bien, era una sola universidad, pero tendría un centenar de sedes. La profesora Raquel Sosa tenía experiencia en el asunto, porque había ocupado la secretaria de Desarrollo Social de la Cdmx del año 2000 al 2005, cuando el hoy presidente fue jefe de gobierno.

 

Después, en el 2015, la misma profesora Sosa se encargó de poner en funcionamiento media docena de escuelas de educación superior de Morena. El proyecto estaba financiado con recursos de militantes de Morena que desempeñaban una responsabilidad pública. Aunque los planteles no solamente tenían instalaciones precarias e improvisadas, los estudios que ofrecían pendían de alfileres y no tenían reconocimiento de validez oficial.

 

Pero el panorama fue otro al inicio del actual sexenio: Morena se convirtió en el partido en el poder y obtuvo mayoría calificada en el Congreso. AMLO anunció la iniciativa de la UBBJG, le asignó un presupuesto de mil millones de pesos para el primer año y le cedió las instalaciones del Centro de Cooperación Regional de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), en Pátzcuaro, Michoacán. A mediados del 2019 el presidente emitió el decreto de creación del organismo coordinador.

 

Sin embargo, el dinero y la administración no apagaron la polémica. La controversia sobre el proyecto ha continuado, tanto por la improvisación material de algunos planteles, como por la arbitrariedad para decidir la localización de las sedes, la accidentada gestión en los planteles, la precariedad de las condiciones laborales de los profesores, el número de docentes por carrera y plantel, los trámites de validez oficial de los estudios o la opaca información sobre el estado del programa.

 

La reciente visita del presidente López Obrador a una de las sedes de la UBBJG, en el estado de Colima, retrata el proyecto mismo. Veamos. La gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, abrió la ceremonia y solamente tuvo palabras de agradecimientos para el ejecutivo federal, principalmente por cumplir, por edificar la sede y por las becas. Luego siguió la profesora Raquel Sosa, la coordinadora del programa, e inició su discurso repitiendo las palabras con las que comienza la primera novela de Juan Rulfo de 1955: “Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo” (06.08.2022).

 

No era Comala, pero sí Armería, Colima, y estaba el presidente. La profesora Sosa desgranó unas líneas de la historia del municipio y dio algunos datos que, a su juicio, expresan logros del programa. Por ejemplo, dijo que la población había demandado el plantel y la carrera de “ingeniería en acuacultura y piscicultura”. Tiene 180 estudiantes.

 

Sobre el programa, en general, puntualizó que, en todo el país, ya suman 145 planteles y hay “cerca de 600 estudiantes esperando que el presidente los visite para entregar sus títulos profesionales”. También añadió que suman 64 mil estudiantes en todos los planteles, una planta de profesores de mil 733 y llegarán a 2 mil 300 en este ciclo escolar.

 

Sobre el presupuesto dijo que de los 13 millones que costó la sede de Armería, “63 por ciento del presupuesto del programa se le entrega a los padres y madres de familia organizados en comisiones de administración y de supervisión para que sean ellos mismos los que administren el recurso de las escuelas”.

 

El otro trazo del programa fueron los dos anuncios del presidente López Obrador en su turno a la palabra. Primero, dijo que se edificarán 55 sedes más, habrá presupuesto para ello, y se llegarán a 200 universidades, pero las nuevas, “que se procure que sean de Medicina y de Enfermería, porque nos faltan médicos en el país”. Segundo, el título profesional de los egresados lo firmará el presidente y además les firmará una plaza en el gobierno. Los asistentes batieron palmas y estallaron en júbilo

 

Entonces, lo de menos es la complicada relación entre educación superior y mercado laboral, la proporción de las UBBJG frente al sistema de educación superior, la calidad de los estudios, los criterios para edificar nuevas sedes, las sumas y restas del presupuesto global, el RVOE, los contratos del personal académico, como tantos otros aspectos de una nueva universidad.  

 

Lo importante es que estuvo y esté el presidente. Él mismo lo dijo: “porque mientras nosotros estemos no va a haber ningún problema”.

 

Pie de página: Ahora resulta que el dictamen de la Conamer sobre el nuevo reglamento del SNI estaba desde el 25 de julio y apenas, mágicamente, apareció este 8 de agosto. Un verdadero quiebre de las normas. // Ahí viene la convocatoria del SNI.

jueves, 4 de agosto de 2022

Legisladores y Conacyt: ¿ni rendición de cuentas ni negociación legislativa?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 958. Agosto 4, 2022. Pág. 4)

 

Si la información difundida la semana pasada por el Congreso es correcta, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, debe comparecer este día, 4 de agosto, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. El encuentro podría llevarse a cabo o tal vez no, porque las relaciones entre las autoridades del sector y los legisladores han sido, por decir lo menos, ásperas y accidentadas.

 

Seguramente el escaso entendimiento de unas y otros explica por qué, tras año y medio de retraso, todavía no hay una ley general del sector. La reforma del artículo 3° constitucional de 2019, en artículo transitorio, estableció que a más tardar en diciembre del 2020 debían expedirse las leyes generales de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología. No fue así para el sector.

 

Sobre la Ley General de Educación Superior se tendieron puentes de discusión y entendimiento entre autoridades, comunidad y legisladores; sin mayores dificultades quedó aprobada por consenso. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en el caso del sector científico; ni entonces ni ahora se aproximaron las posiciones y a la fecha no hay ley. La norma anterior no se respeta y las acciones presentes no tienen un marco normativo estable.

 

Ya sabemos que los legisladores, al menos una mayoría, no tienen buena prensa. Tampoco ayudan sus excesos, sus quebradizos principios o su manifiesta promoción personal por encima del interés público. No es nada fortuito que, en las mediciones de confianza de los ciudadanos, los senadores, sindicatos, diputados y partidos políticos, siempre aparecen en la posición más baja.

 

La Constitución dice que el ejercicio del supremo poder se divide en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Además, también añade que no se pueden reunir dos o más de estos poderes en una persona o corporación (artículo 49). O sea, un poder puede y debe examinar las acciones del otro, porque está normada la separación, las atribuciones de cada uno y las relaciones entre sí.

 

La composición de fuerzas políticas en el Congreso y la relación con el ejecutivo federal son variables a considerar en la división de poderes. Pero, en cualquier caso, la misma Constitución prevé que cada año el ejecutivo federal debe rendir al Congreso un informe sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

 

A diferencia de lo que ocurrió con el Plan Nacional de Desarrollo y algunos programas sectoriales, los informes de gobierno han estado puntualmente cada primero de septiembre. No ha sido el mismo caso con las comparecencias o la solicitud de mayores datos a algunas dependencias, como la Sep y el Conacyt.

 

Aquí mismo hemos hecho notar las ocasiones en que la titular del Conacyt, Álvarez Buylla, ha declinado la invitación de comisiones de diputados y senadores (Campus Milenio No. 950). Nada menos, en mayo pasado, el senador Ricardo Monreal, declaró públicamente que no aceptarían un desaire de funcionarios de la administración pública.

 

Después de aquella declaración, la directora del Conacyt se ha reunido con algunas fracciones parlamentarias, pero no en el Congreso ni en comisiones. Todavía al final del mes pasado, la diputada Olga Luz Espinosa Morales y el diputado Juan Carlos Romero Hicks, promovieron un punto de acuerdo para manifestar un extrañamiento a la doctora Álvarez Buylla (Gaceta del Senado 20.07.2022).

 

La semana pasada, finalmente, el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, informó que Álvarez Buylla sí se presentará este 4 de agosto (BoletínNo. 2242. 28.07.2022). No está claro el formato y los temas que se abordarán, pero el mismo boletín recoge algunas expresiones de los legisladores y al parecer el interés está en precisar algunos casos de corrupción en el sector y el estatus legal que tienen.

 

Hoy mismo sabremos si la comparecencia tuvo lugar o no. Lo sorprendente es que persista el desencuentro con los legisladores, no solamente para informar sobre lo que se ha hecho o dejado de hacer en el sector, sino también para acordar los términos de lo que será la nueva ley general de ciencia.

 

Todavía en marzo de este año, diputados y senadores anunciaron que trabajarían en conferencia –una labor a la par de ambas cámaras, en vez de secuenciada-- para sacar por consenso la ley general. Incluso dieron a conocer la constitución de cinco grupos de trabajo y programa de reuniones que debieron concluir al final del mes pasado.

 

Hoy, sin embargo, no tenemos una cuenta clara de lo que se ha hecho en el sector, tampoco un camino de negociación para la ley general y mucho menos los visos de un consenso para aprobarla. El mes próximo comienza el periodo de sesiones en el Congreso y lo peor sería aprobar sin más cualquier proyecto de ley. Aunque no sería nada extraño que eso ocurriera. Total, seguiríamos sin rendición de cuentas y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones se profundizará.

 

Pie de página: El Conacyt dice que su propuesta de nuevo reglamento del SNI tiene un impacto regulatorio moderado y se lo hizo saber a la Conamer el pasado 25 de julio. Todavía el 1 de agosto la Conamer no emitía su dictamen, pero seguramente lo aprobará y luego vendrá la convocatoria del programa. Atentos con la actuación del organismo regulador.