jueves, 30 de enero de 2014


La norma del SNI en las instituciones particulares: ¿incremento al GIDE?

 
Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES


El titular del Conacyt, Enrique Cabrero, anunció la firma de un convenio con instituciones particulares de educación superior, mediante el cual el organismo asumirá la responsabilidad de otorgar los incentivos económicos al personal de instituciones particulares que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (Comunicado 02/14).

 En realidad, Conacyt ya reconocía a investigadores de instituciones particulares desde marzo de1988, pero no les otorgaba los estímulos económicos. En ese entonces, se reformó el Acuerdo de creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), para abrirlo a los investigadores del sector privado, porque desde su creación, el Sistema solamente había sido diseñado y pensado para el sector público.

La reforma agregó una fracción II al artículo 2 del Acuerdo para permitir que “los investigadores de las instituciones de educación superior y de investigación del sector privado”, con las modalidades y convenios correspondientes pudieran ingresar al SNI y sujetarse a las mismas bases y normas (Diario Oficial de la Federación. 24.03.1988).

En aquellos años, casi el final de la década perdida y también de la presidencia de Miguel de la Madrid, pero todavía con las huellas de las crisis recurrentes y la estrechez de los recursos financieros, fue la primera vez que se cuestionó la participación de investigadores del sector privado en el SNI.

Sin embargo, seguramente en previsión del contexto y de los recursos escasos, un párrafo en la misma fracción II de aquella reforma, precisaba que las instituciones y organismos particulares: “deberán proporcionar los recursos económicos para financiar el desarrollo de las investigaciones que realicen sus investigadores y la entrega de estímulos económicos a los mismos”.

Al menos durante la siguiente década (1988-1999), el Acuerdo Presidencial sobre el SNI conservó el mismo párrafo que obligaba a las instituciones particulares a aportar los recursos para su personal de investigación. Solamente recibían, por parte de Conacyt, la distinción de Investigadores Nacionales. La reforma al Acuerdo de abril de 1999 dejó vigente el párrafo.

No obstante, tal parece que al final de la década pasada el asunto cambió sin que se modificara el Acuerdo de creación: no cambió el Acuerdo, solamente el reglamento. Según indica el propio Conacyt, el organismo desde el 2008 aceptó contribuir con el 30 por ciento del incentivo económico que se otorga a los investigadores de instituciones particulares, aunque el convenio no se conoció públicamente.

 Ahora, Enrique Cabrero precisó que el organismo, a través de otro convenio, aportará el 100 por ciento de los estímulos económicos para el personal perteneciente al SNI de las instituciones. Pero ¿de qué volumen estamos hablando?

 Las cifras oficiales estimadas para el 2013 calculan que el total de miembros del SNI suman 19 mil 769 integrantes. De ese total, laboran en instituciones particulares 634 investigadores. Es decir el 3.2 por ciento del total. Una cifra relativamente pequeña.

 El presupuesto que tiene autorizado Conacyt (el ramo 38) es de 31 mil 100 millones de pesos (mmdp) para este año. Del presupuesto total, tiene proyectado gastar 3,722 mmdp en el sostenimiento del SNI. Es decir, alrededor del 12 por ciento del total de sus recursos centrales.

En una cálculo muy simple, la aportación de Conacyt a las instituciones particulares, en el arreglo anterior del 30 por ciento, era de alrededor de 36 millones de pesos. Ahora, con el nuevo convenio, el volumen será de aproximadamente 120 millones de pesos. Una cantidad más o menos modesta.

Sin embargo, como lo hemos reiterado en diferentes oportunidades, la actual administración se ha propuesto alcanzar el uno por ciento del PIB en gasto para investigación y desarrollo experimental (GIDE) en el 2018, lo cual implicará más que duplicar el volumen actual en ese rubro.

Desde la estrategia programática del actual Presupuesto de Egresos de la Federación, en el gasto para ciencia y tecnología (ramo 38), se planteó que Conacyt reorganizaría su gasto para impactar el indicador del GIDE y destinaría alrededor del 70 por ciento del gasto de su ramo para ello.

 Entonces, tal parece que el nuevo arreglo sobre el SNI se inscribe en un doble movimiento: un ajuste más a la formalización del desplazamiento público-privado del sector y encaminarse a la meta del GIDE, sobre todo porque como parte del convenio, las instituciones particulares se comprometieron a destinar una cantidad equivalente a la recibida para desarrollar investigación en sus instalaciones.

 (Publicado en Campus Milenio No. 545. Enero 30,  2014, p.4)

jueves, 23 de enero de 2014


El aniversario del Foro

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

La coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Gabriela Dutrénit, en un amplio y concurrido encuentro, encabezó la presentación del informe de actividades del año pasado, algunas líneas de acción para éste y un libro conmemorativo.

Tal vez el conjunto de intervenciones en el encuentro, más de una docena, durante casi tres horas, sea una elocuente muestra, aunque incompleta, pequeña y acotada, de la diversidad de sectores y voces del sistema científico y tecnológico. También quizás ese sea el principal reto del FCCyT: cómo aglutinar y representar a la comunidad científica y qué tipo de interlocución sostener con la administración pública.

 La reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 incluyó cambios importantes al conjunto de instituciones que integran el sistema. Uno de ellos fue la creación del FCCyT, el cual sustituyó al Foro Permanente de Ciencia y Tecnología. Este último se planteó, por primera vez, como un “órgano autónomo de consulta del Poder ejecutivo” y solamente estuvo vigente entre el 2000 y el 2002.   

 El FCCyT, según establecen sus estatutos, está constituido como asociación civil desde el 2003. En la entonces nueva Ley de Ciencia y Tecnología del 2002, en el artículo 36 del capítulo de “participación”, quedó definido como “órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt”. Es decir, respecto del órgano que sustituyó, amplió las fuentes de consulta y el tipo de interlocución.

 Actualmente, como consta en la norma, su principal objeto es “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas”. Esto es, un órgano de elaboración de propuestas, necesariamente diversas y plurales.

 El Foro se integra formalmente por una mesa directiva de 20 personas: 17 miembros permanentes, titulares o representantes de instituciones científicas, empresariales y educativas; y tres miembros designados del Sistema Nacional de Investigadores de tres diferentes áreas del conocimiento. Los propios integrantes de la mesa directiva designan quien preside la coordinación general del Foro y, Conacyt, según dice la ley, debe otorgar los apoyo y recursos para el funcionamiento del Foro (artículo 38).

 La norma estipula que la presidencia del Foro debe renovarse cada dos años y los estatutos del organismo, modificados en el 2010, precisan que la coordinación general, al término de su primer periodo puede reelegirse para un segundo periodo por mayoría simple. De hecho, salvo el primer titular que solamente estuvo dos años en el cargo, los dos subsecuentes, Luis Fernández Zayas y Juan Pedro Laclette, lo hicieron por cuatro años. El periodo de la actual coordinadora inició en junio de 2012.

 Al Foro se le reservan media docena de funciones básicas y relevantes. Por ejemplo, algunas de las más sobresalientes son: proponer y opinar sobre las políticas nacionales, los programas sectoriales y especiales; también sugerir áreas y acciones prioritarias y de gasto. O bien, “opinar y valorar la eficacia y el impacto del programa especial y los programas anuales prioritarios”.

 Por la misma razón, los principales productos del Foro en estos casi 12 años de existencia han sido múltiples y muy variados documentos de propuestas, diagnósticos y cifras sobre el sistema científico y tecnológico, lo mismo que reuniones, convenios y declaraciones. Pero ¿qué tanto ha logrado expresar la diversidad de opiniones y qué tanta responsabilidad e influencia se le puede atribuir en la dirección de las políticas sectoriales?

 Difícil establecer una relación simple de causa y efecto, tanto por la organización y  funcionamiento del sistema científico y tecnológico como por la dinámica de la administración pública. Ciertamente, es innegable la participación del organismo en las instancias de decisión, su condición de interlocutor y su insistencia en algunas propuestas de política pública. Por ejemplo, su intervención en las reformas a la ley sectorial, la idea de crear una secretaría de Estado para atender los asuntos correspondientes o su demanda permanente de cumplir lo que dice la ley en materia de financiamiento.

 En el reciente informe se presentaron los principales resultados de media docena de documentos que contienen propuestas para el diseño del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación para los próximos 25 años. ¿Cuántas y cómo se convertirán en líneas estratégicas o acciones de esta administración? Pronto lo averiguaremos; también la influencia y responsabilidad.

 (Publicado en Campus Milenio No. 544. Enero 23,  2014, p.4)

jueves, 16 de enero de 2014

CyT: 2014, la hora de la implementación y los resultados
 
Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

El primer año de la administración actual transcurrió entre la celebración de Pacto por México y la aprobación de las grandes reformas. Un primer paso, importante, grande, pero solamente fue el comienzo. Fue el momento de la política, los acuerdos, la disuasión, el diseño, la norma y la proyección. Ahora toca el turno de la puesta en marcha, de llevar las iniciativas a la realidad; es la hora de los ajustes con la rugosos marcos institucionales y la recepción de las medidas.

En el campo de la ciencia y la tecnología, a diferencia del educativo y otros, no hubo una reforma constitucional ni un cambio normativo mayor. Y seguramente, con excepción de una eventual reforma al Sistema Nacional de Investigadores, no habrá grandes cambios a la norma en este periodo. Sin embargo, el tema sí formó parte de los acuerdos y del Pacto.

El gasto para IDE

Al inicio del actual gobierno, uno de los compromisos del Pacto por México fue precisamente el financiamiento para la ciencia y la tecnología. En el documento suscrito por el gobierno y las principales fuerzas políticas quedó asentado como el compromiso número 46: “Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB. El incremento presupuestal iniciará en el presupuesto 2013. Complementariamente, se incentivará la participación intensa de los sectores productivos en la investigación científica”.

En efecto, el presupuesto del 2013 inició con un incremento para la actividad científica y tecnológica, con una redistribución del presupuesto en el ramo 38, no del volumen que se había presumido, pero incremento al fin (alrededor de 7 mil millones de pesos). El presupuesto para este año también incluyó un incremento relativamente similar al del año anterior, así que probablemente para los próximos años, si la economía y el tema de la seguridad nacional no dicen otra cosa, veremos incrementos similares para la actividad científica y tecnológica.

Las cifras oficiales del 2011, las más recientes disponibles, indican que, en términos corrientes, el gasto nacional para ciencia y tecnología es del orden de 112 mil millones de pesos (mmdp). Recuérdese que el gasto nacional se integra por el sector público (federal y estatal) y sector privado (sector productivo, sector externo y familias). Del total del gasto nacional, alrededor de 58 mmdp, (52 por ciento) es aportación del sector público y la parte restante del sector privado.

A su vez, del total del gasto nacional de ciencia y tecnología, casi 66 mil millones de pesos (59 por ciento) son de Gasto para Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), otros 25 mmdp son para educación de posgrado (23 por ciento) y otros 20 mmdp para servicios científicos y tecnológicos (18 por ciento).

La distribución y los montos del presupuesto es importante porque el compromiso establecido en el Pacto por México, lo que está planteado como objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y también en el actual programa sectorial de educación se refieren al GIDE, no al Gasto Nacional.

Actualmente, los casi 66 mmdp de GIDE se integran por un 60 por ciento de participación de gasto público (alrededor de 39 mil mmdp) y un 40 por ciento de gasto privado (alrededor de 26 mmdp). A su vez, el monto total del GIDE representa alrededor del 0.43 por ciento del PIB. Es decir, para llevar a efecto lo que se planteó como compromiso el actual gobierno en materia de inversión, se deberá más que duplicar el volumen actual.

Si el PIB se mantiene en su volumen actual, el gasto del sector público se debería incrementar más o menos en unos 10 mmdp en cada uno de los próximos cuatro años. Al mismo tiempo, la participación del sector privado tendría que sostenerse e incrementarse anualmente en alrededor 6 o 7 mmdp.

Las cifras no parecen imposibles de alcanzar, pero en el diseño del presupuesto de este año veremos si el esfuerzo se sostiene o no. También, con la difusión de los resultados completos de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo de Tecnología (ESIDET) del 2012, la de este año y las subsecuentes, podremos valorar la participación  del sector privado.

Nuevas plazas de investigador

El presupuesto autorizado para este año, incluye un monto para la creación de plazas de investigador. A pesar de las disposiciones de austeridad y control de gasto, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año hizo una salvedad en su fracción primera de su artículo 16: “Para el caso de las plazas de investigadores y personal técnico de investigación que se creen a partir de los recursos que tenga aprobados el Ramo 38 para este fin, éstas se concursarán bajo los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El personal contratado en términos del párrafo anterior podrá prestar servicios de investigación y docencia en las instituciones educativas y de investigación, según se determine en los lineamientos referidos y en las disposiciones jurídicas aplicables, manteniendo la relación laboral con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”.

 En el anexo correspondiente del PEF quedó aprobado un monto de 550 millones de pesos para nuevas plazas de investigación. Todavía no se conocen las disposiciones de la junta de gobierno de Conacyt, pero lo que parece claro es que no se trata de posiciones laborales con características similares a las que están actualmente en operación en los centros y universidades públicas.

 Después de aprobado el PEF, el director de Conacyt precisó algunos de los rasgos de lo que serán las nuevas plazas. Dijo, por ejemplo, que se trata de 500 Cátedras para Jóvenes investigadores, las cuales serán de tiempo completo en un centro de investigación o universidad. Los aspirantes deberán contar con estudios de doctorado, ser propuestos por una institución académica, con una edad máxima de 40 años en el caso de los hombres y de 43 en las mujeres.

 Esta será una iniciativa que deberá ser puesta en marcha en este año, toda vez que los recursos ya están aprobados y de que el mismo director de Conacyt, Enrique Cabrero, anunció que en este mes saldría la convocatoria. Al parecer será un programa con diferentes etapas, en esta primera solamente participarán los centros de investigación y las universidades públicas, así que tal vez posteriormente se haga extensivo a las instituciones particulares.

Uno de los aspectos que hacen la diferencia de las nuevas plazas, respecto de las que ahora están en operación las instituciones académicas, es que las primeras serán controladas directamente por Conacyt, quien fungirá como responsable laboral y las plazas tendrán su propio sistema de ahorro y retiro dentro de los centros de investigación y universidades. No obstante, también se prevé que una vez firmados los respectivos convenios con las instituciones académicas para que ofrezcan los espacios necesarios y transcurridos entre cinco y siete años, las instituciones académicas podrán contratar a los investigadores ya consolidados.

 Las estimaciones actuales señalan que en las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, así como en centros de investigación y en el sector empresarial, se desempeñan alrededor de 48 mil personas con nivel de posgrado (Anexo del Primer Informe de Gobierno de EPN, p. 256). Al mismo tiempo, el total de investigadores nacionales sumaban el año pasado 19 mil 747 personas. Si el programa de nuevas plazas se sostiene y se expande, al menos bianualmente, sí podría tener un impacto relevante en el número de investigadores en el país. Por lo pronto, esperemos la hora de la implementación, con la emisión de la convocatoria, los lineamientos de la junta de gobiernos y la firma de convenios con las instituciones académicas.

Por otra parte, en julio de este año se cumplen 30 años del decreto de creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Aunque el Sistema ha tenido modificaciones importantes a lo largo de sus tres décadas, principalmente en la organización de sus comisiones de evaluación, la inclusión de mecanismos de revisión y algunos de los componentes de evaluación, la estructura y funcionamiento del Sistema ha permanecido relativamente intacta.

Después del primer y único congreso de miembros del SNI realizado en 2010 que anunciaba una reforma profunda, no ocurrió ningún cambio. El asunto es controvertido y son muchos los detractores del Sistema, pero también o superiores sus apologistas. Ahora, por las declaraciones del director de Conacyt y del presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, tal parece que vuelve la idea de un cambio profundo. Es un tema que amerita un tratamiento especial, el cual retomaremos en las próximas semanas, por ahora solamente indiquemos que este año, y tal vez a partir de julio, será clave para una modificación importante del SNI.

Los problemas nacionales

Un último asunto que también entrará en su fase de implementación en este año es la atención a los grandes problemas nacionales. Por una parte, el director de Conacyt anunció que se emitirá la convocatoria de investigación correspondiente, similar a la que se emitió el año pasado, dirigida a tal tipo de problemas. Lo cual incluye temas como biotecnología, cambio climático, energía, salud, asentamientos humanos, educación, entre otros. Por otra parte, también está el programa dirigido a vincular la empresa y las instituciones de investigación, el cual pasó de 3 mil millones de pesos el año pasado a 4 mil millones para este año.

Además, también está previsto para este año la puesta en marcha de siete proyectos macro estratégicos: 1) alimentación; 2) salud; 3) manufactura avanzada; 4) energías renovables; 5) sustentabilidad y adaptación al cambio climático; 6) diseño, desarrollo y aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación y 7) políticas públicas para el desarrollo de México.

Se supone que tales proyectos serán definidos principalmente por los titulares de los Centros Públicos de Investigación y se desarrollarán a lo largo del actual sexenio, sobre todo con la idea de aportar soluciones a los grandes problemas nacionales. Al mismo tiempo, según anunció el titular de Conacyt, los macro proyectos estarán alienados con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Seguramente, tales proyectos también ingresarán en el plan de cooperación con países de la Unión Europea a través del Programa Horizonte 2020.

En fin, aunque el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 todavía no se conoce (está previsto para el próximo mes de abril), este 2014 marcará la hora del encuentro con la realidad y los primeros resultados. El programa sectorial seguramente no irá en sentido inverso. ¿O sí? Ya lo veremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 543. Enero 16,  2014, p.8)

jueves, 9 de enero de 2014


Los préstamos para la Media Superior

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES


La educación media superior fue durante décadas el nivel que menos atención recibió, tanto por parte de la autoridad educativa como por la academia o los organismos internacionales. A partir de los años 2000 la situación comenzó a cambiar; las reformas de hoy están respaldadas por la banca internacional.

En el año 2000, el propio diagnóstico de la autoridad educativa reconocía las fallas y los problemas del nivel: carece de una identidad y perfil propio; expulsa más que retiene a los jóvenes; los diferentes planteles no integran un subsistema; las condiciones del personal no son las adecuadas, etcétera.

Por principio de cuentas, el gobierno federal planteó crear, al interior de la SEP, una estructura administrativa responsable del nivel. Una ausencia que quizás explique parcialmente las omisiones cometidas con la media superior. Hacia el final del sexenio de Vicente Fox se creó la Subsecretaría correspondiente.

Después, en el 2007, comenzó la denominada Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). El diagnóstico se afinó y se planteó lo que entonces parecía una iniciativa poco viable: crear un verdadero Sistema Nacional de Bachillerato.

La RIEMS, como se sabe, tiene cierto grado de complejidad y está integrada por cuatro ejes: un marco curricular común con base en competencias; la definición y regulación de las distintas modalidades del nivel; la instauración de mecanismos de gestión que definan estándares y procesos comunes; y un modelo de certificación nacional.

En el último quinquenio, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la educación media superior, a la vista de la reforma en curso, ha contado con incrementos moderados aunque no de forma consistente. Sin embargo, más que de los fondos nacionales, la RIEMS ha contado con el respaldo de los créditos contratados con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En junio de 2010 quedó aprobado el primero de tres préstamos que hizo el BM a México para impulsar la RIEMS. El primer préstamo, por un total de 700 millones de dólares, específicamente fue para tres áreas: apoyar la flexibilidad del todavía incipiente Sistema Nacional de Bachillerato; mejorar la calidad y relevancia a través del curriculum basado en competencias; y una reducción del costo de oportunidad del nivel a través de un programa de becas (Préstamo 7887-MX).
 
En marzo del año pasado, quedó aprobado el segundo préstamo del BM y cubrió hasta noviembre de este año. Los componentes anunciados en la primera entrega estaban en su fase de implementación, de forma que el proyecto se concentró en la aprobación de los programas técnicos, así como en la operación del sistema de evaluación y en el sistema de acreditación de las escuelas.

Nuevamente, al final del mes de diciembre del año anterior, fue anunciado el tercer préstamo del BM a México por 300 millones de dólares. Ahora, para las medidas de reconocimiento de equivalencias para las transferencias entre planteles, el establecimiento de una agencia de evaluación y una nueva política de formación de profesores (Reporte AB7386).

Además, alineó otro componente que venía trabajando desde el 2005 en formación para el trabajo, en el marco del Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) con el BID.

A través de un nuevo préstamo del BID de 170 millones de dólares (y una aportación nacional de 70 millones de dólares), impulsará un proyecto para mejorar la calidad y pertinencia de la media superior técnica, la formación profesional y la capacitación para el trabajo, así como la reorientación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Competencias (SNC).

El objetivo, se indica en el proyecto con el BID, es mejorar la competencia de los egresados de estas modalidades (ME-L1142). Algunos de los componentes que plantea es fortalecer la vinculación con los sectores productivos, la evaluación estandarizada de las competencias de los jóvenes; y el fortalecimiento de la infraestructura de los planteles, entre otros.

Como se podrá advertir, la reforma de la media superior no solamente ha contado con los recursos federales, también ha dependido del respaldo de préstamos importantes para implementarse. Sin embargo, hasta ahora, la integración de un Sistema Nacional de Bachillerato está en ciernes: solamente un 4 por ciento del total de planteles están acreditados como tales (representan alrededor del 10 por ciento del total de la matrícula de ese nivel). Y todavía queda el reto mayúsculo de cumplir con la obligatoriedad para el 2021-2022.

En el actual sexenio se decidirá el avance o estancamiento para la media superior, tanto en lo que concierne a la ampliación de la cobertura como el destino de los préstamos de la banca internacional para la reforma del nivel.

(Publicado en Campus Milenio No. 542. Enero 9,  2014, p. 4)