SECITI. El legado de Mancera que no fue

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 763. Julio26, 2018. Pág. 5)

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, tal y como ahora funciona, no lo será más a partir de diciembre próximo. No duró ni un sexenio. Esa instancia, según lo anunció recientemente Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno electa, se fusionará con Educación y se convertirá en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. La titular de la nueva entidad será Rosaura Ruiz Gutiérrez, integrante de la junta de gobierno de la UNAM y también profesora de la Facultad de Ciencias de la misma universidad.

El cambio todavía no queda establecido en la normatividad local, tampoco en el organigrama y los nombramientos aún no son efectivos. De hecho, por ahora, la nueva secretaria, así como todos los funcionarios designados, integran un gabinete virtual; todos los titulares asumirán funciones hasta el 5 de diciembre. En todo caso, por lo pronto, se ocuparán de atender los asuntos de la transición correspondiente.

Sin embargo, parece indudable que, llegado el momento, los nombramientos y cambios organizativos se realizarán sin mayores complicaciones. En la primera legislatura de Ciudad de México, los escaños que logró la coalición que postuló a la jefa de gobierno electa suman 42 de 66 posibles (Morena se adjudicó 38, el PT tres y uno el PES).

¿Cuál podría ser la razón para fusionar dos secretarías en una? Claudia Sheinbaum dijo que era “no sólo por un asunto de austeridad si no principalmente porque consideramos que la educación no puede estar separada de la ciencia y la tecnología” (Reforma 23.072018: 18). El cambio parecería doblemente razonable: ahorrar en estructura burocrática sin perder eficiencia y reunir administrativamente dos sectores que bien podrían trabajar de forma conjunta.

No obstante, por una parte, vale la pena recordar que Andrés Manuel López Obrador, el ahora presidente electo, en el tercer y último debate presidencial, ante la pregunta explícita de la moderadora de si crearía una Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación Superior. Él respondió: “no, no, vamos a fortalecer al Conacyt” (12.06.2018) Y en ese momento reiteró que nombraría a María Elena Álvarez Buylla como titular del organismo. Así que a nivel federal, a diferencia del local, la educación (superior) si puede estar separada de la ciencia y la tecnología.

Por otra parte, como seguramente se tiene presente, el gobierno de Ciudad de México no tiene bajo su responsabilidad los servicios de educación básica y normal, mientras que el resto de entidades federativas sí los tienen. El gobierno local solamente controla el sistema de planteles dependientes del Instituto de Educación Media Superior. En el nivel superior está la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), pero es una institución autónoma.

Pero también están los cinco planteles de educación superior que impulsó precisamente Morena hace dos años, ubicados en las delegaciones políticas que gobernaba y de los que poco se sabe. Además, también está la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, gobierno federal electo, de crear un centenar de universidades públicas en el país durante su sexenio. Todavía no hay demasiadas precisiones sobre ese proyecto ni tampoco se conoce, si es que efectivamente se lleva a cabo, cuántas de esas instituciones se ubicarían en Ciudad de México. Visto así, el número de instituciones de educación superior que habría en la ciudad capital no sería irrelevante, por lo mismo tendría otro carácter y otra dimensión fusionar las dos secretarías que ahora se proyecta.

En este asunto tampoco se debe soslayar el desempeño de la efímera Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad (Seciti). La secretaría apenas se creó en enero de 2013, en su momento de instauración, el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que había sido compromiso de campaña y se dispuso a cumplirlo. Además, argumentó que la nueva estructura administrativa no requeriría financiamiento adicional porque funcionaría sobre las bases del Instituto de Ciencia y Tecnología (entidad a la que sustituyó). Poco duró.

Sin embargo, apenas habían transcurrido escasos tres años de operación de la Seciti cuando comenzó a recibir críticas. En este mismo espacio, en su oportunidad, dimos cuenta de la posición del diputado Israel Betanzos que frente a Miguel Ángel Mancera, en ocasión de su cuarto informe de gobierno, le espetó que por inutilidad debía desaparecer esa secretaría, así como los institutos de Juventud y Deporte, con lo que se ahorraría aproximadamente 1 mil 400 millones de pesos (Campus Milenio No. 675). Una posición que se hará realidad.

Por cierto, el diputado Betanzos se refería especialmente a que la Seciti no había participado en el diseño y planeación del programa de las Fotomultas, uno de los programas que fue y sigue siendo controvertido. Pero la Seciti, con un presupuesto relativamente reducido, el menor entre el conjunto de secretarías, fundamentalmente entrega apoyo para proyectos de investigación, becas para estudios de posgrado (doctorados y posdoctorados) y entrega el premio Heberto Castillo, entre otras iniciativas.

Esperemos a conocer la estructura de la nueva secretaría y, sobre todo, el plan que tiene para fusionar los dos sectores. Por ahora, todo se localiza en el marco de los anuncios.

Descentralización de secretarias. ¿Conacyt se va al... norte?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 762. Julio 12, 2018. Pág. 5)

La primera vez que apareció el “Programa de descentralización de las dependencias federales” solamente logró levantar algunas cejas y mirarlo con cierto desdén. El programa formaba parte del apartado de infraestructura de ese voluminoso, apresurado y relativamente desordenado Proyecto de Nación 2018 -2024 de Morena. Era noviembre de 2017 y todavía quedaban muy lejanos los resultados de las elecciones federales.

Incluso, al inicio de junio de este año, cuando ya se había realizado el tercer debate presidencial y ahí mismo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer el nombre de la persona que tenía pensada para ocupar la titularidad de Conacyt --María Elena Álvarez-Buylla--, tampoco se le veía con seriedad. Un eventual gabinete tomaba forma, las tendencias en las preferencias electorales se sostenían, pero las propuestas y los votos en las urnas aún tenían esa dosis de incertidumbre e irrealidad.

En el cierre de campaña de AMLO, en el norte de la República, hacia el final de junio, le dijo a la audiencia reunida para escucharlo: “Ya tomé la decisión de que aquí en La Paz va a estar el Conacyt. En la descentralización (que hará de las instituciones públicas), el Consejo para la Ciencia y la Tecnología va a tener como sede La Paz, Baja California Sur” (El Financiero 19.06.2018). Ya no parecía tomársele a la ligera.

Ahora, una vez conocido el desenlace de la contienda electoral y cuando la transición ya está en marcha, una buena parte de las propuestas de entonces serán parte de las acciones del futuro gobierno a partir del próximo primero de diciembre. Seguramente la descentralización de las dependencias federales formarán parte de la estrategia.

En realidad, en sentido estricto, no sería una descentralización, en todo caso, si se llevara cabo, sería una “desconcentración”, porque se transferirían dependencias o funciones administrativas hacia otras entidades, pero el ejecutivo federal seguiría manteniendo el control y sus capacidades de decisión. ¿No? Por el contrario, una descentralización significaría delegar funciones, recursos y capacidades a otros niveles.

De cualquier forma, la desconcentración es una medida audaz, compleja, lenta y riesgosa. Aunque, sin duda, vale la pena intentarla. Sí, México no se termina en el periférico de la Ciudad de México (Cdmx), como frecuentemente espetan los habitantes de otras entidades federativas, ante la soberbia, los privilegios o la miopía de los habitantes de la Ciudad capital.

Lo que contiene el documento del Proyecto de Nación 2018-2024 sobre la descentralización de las dependencias federales es apenas un esbozo. En cuatro páginas está el diagnóstico, objetivo, metas, acciones y costos. Por ejemplo, destaca el exacerbado centralismo de México: “El gran generador de ésta histórica concentración ha sido el sistema político mexicano, que desde hace siglos ha hecho que la mayoría de las decisiones del poder graviten en torno al centro político de la nación...” (p. 276). También menciona cifras: alrededor del 80 por ciento de los casi tres millones de personas que trabajan para el gobierno federal (en 18 secretarías y 299 entidades de gobierno) se concentran en la Ciudad de México.

En consecuencia, el objetivo es descentralizar el gobierno para empezar el “proceso de desconcentración de la megalópolis mexicana de forma planificada”. Un proceso que, se plantea, contribuiría a la reactivación económica, la generación de empleo, bienestar de las comunidades y eficiencia en los trámites administrativos. Por lo pronto, de forma preliminar ahí se anotaron casi una treintena de dependencias de la administración pública que se trasladarían a otras entidades federativas. No, no están las secretarías de mayores capacidades políticas: Gobernación; Hacienda; Defensa Nacional; Marina; o Relaciones Exteriores. Sí están las otras 13 secretarías y organismos como Conacyt.

No obstante, las líneas de acción consideran la realización de estudios para decidir el destino de las reubicaciones, el traslado parcial o total de las dependencias, así como la conciliación sindical y la problemática social y política asociada al traslado laboral. Tal vez la movilidad de los trabajadores sea uno de los puntos más sensibles y complejos para llevar a cabo la desconcentración de la administración pública. No es menor, nada menor, aunque seguramente dependerá de la estructura de incentivos que se diseñe.

Tampoco lo son los recursos financieros que estarían implicados y ese puede ser otro punto de naufragio para las buenas intenciones. Sobre todo si le sumamos la gran cantidad de iniciativas que están comprometidas. En las previsiones presupuestarias, en el Proyecto de Nación, se considera que la inversión anual para la desconcentración sería de alrededor de 21 mil millones de pesos, el total sumaría aproximadamente 125 mil millones de pesos durante el sexenio y solamente el primer año sería de presupuesto público, el resto sería por otros instrumentos de financiamiento. Nada sencillo de resolver.

En fin, por ahora sigue la idea de trasladar a Conacyt para el norte de la República. Después de todo, no será la primera vez, casi medio siglo después de instaurado, el Consejo sigue sin tener un edificio propio y sería una mudanza más en su larga lista. Esperemos los planes.

La cuarta transformación. ¿Y qué para educación y ciencia?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 761. Julio 5, 2018. Pág. 5)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el virtual presidente electo, en su primer discurso, el mismo día de su victoria, ha dicho que una mayoría importante de ciudadanos “ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México” y que “erradicar la corrupción y la impunidad será la misión del nuevo gobierno”. También ha mencionado a las personas que integrarán un equipo de transición para este periodo. Y no, ni en una ni en otro aparecen los temas educativos; tampoco los científicos y tecnológicos.

Sin duda, la corrupción y la impunidad son, ante la opinión de una buena parte de los ciudadanos, una dupla que sintetiza uno de los principales problemas de México. También es uno de los motivos del hartazgo de los gobernados y seguramente uno de los factores que pueden explicar la violencia, la desigualdad social y económica, tanto como el comportamiento e inclinación de los votantes.

Sin embargo, los problemas y los desafíos de gobierno requerirán de un plan integral; una jerarquización de estrategias y acciones bien definidas. Es comprensible que no todos los problemas públicos, ni todos los sectores de la administración pública, ocupen un lugar destacado en las menciones que realiza el próximo gobernante o en su declaración de intenciones.

AMLO, en su primer discurso puso énfasis en que “los cambios serán profundos, pero se darán con estricto apego al orden legal establecido”. ¿La educación o las actividades científicas y tecnológicas podrían estar ausentes? No. Por lo menos no debieran. Atrás quedó el tiempo de campaña, las promesas, la retórica encendida, las disputas y las frases que capturaron la atención mediática. Toca la hora de pisar el inescrutable y resbaladizo terreno de las prioridades en las tareas de gobierno.

La mayoría de los gobernantes han seleccionado esa frase sonora con la que quieren sintetizar el propósito de su periodo y rezumar las acciones estratégicas que piensan poner en marcha. El inventario de frases de los sexenios más recientes ha sido elocuente: “renovación moral”; “modernización de México”; “bienestar para tu familia”; “gobierno del cambio”; “el presidente del empleo”; o “mover a México”. No obstante, al final del periodo, las palabras quedan flotando para el registro histórico y las acciones siguen un curso que poco tiene que ver con el propósito anunciado.

En el primer discurso de AMLO ha quedado claro que tiene identificada a la corrupción como el problema a erradicar; también la inseguridad y la violencia. De hecho, sobre esto último, como lo reiteró a lo largo de su campaña dijo: “Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige, necesariamente, del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

Efectivamente, el otro grave problema que tenemos como país es el de la desigualdad y en este terreno enfrentamos los mayores obstáculos. Acaso la desigualdad en el ingreso sea la más inocultable, pero junto a ella están las de origen étnico, las de residencia, las de género, las de acceso al conocimiento y desde luego las educativas, entre otras.

La política social es uno de los instrumentos que los gobiernos utilizan para propiciar el desarrollo y el bien común. No solamente es la provisión de servicios como la educación, la salud o la seguridad social para la población gobernada y especialmente para la que enfrenta condiciones más adversas. También son decisiones sobre justicia social, respaldo ciudadano, cohesión social, estabilidad política y desarrollo económico.

Así que las iniciativas en materia educativa, tanto como las del sector científico y tecnológico, no son ni serán irrelevantes. A este respecto, la coalición ganadora, “Juntos haremos historia” y particularmente AMLO, presentó, desde noviembre del año anterior, su “Proyecto de Nación 2018-2024”. Un documento de más de 400 páginas en el que se incluyen los proyectos que tiene previstos en materia política, económica y social.

Sin embargo, seguramente, ese Proyecto de Nación que ya conocemos es apenas una versión adelantada, preliminar, de lo que podría ser su programa de gobierno. Era otro momento y otras las condiciones. Aquí mismo, en su oportunidad, comentamos la extraño de que su proyecto de educación iniciara, precisamente, con una amplia justificación de los beneficios que habría si se otorga autonomía a las instituciones de educación superior particulares. También de que la ciencia solamente se mencionara en el subtítulo del apartado, pero no hubiera tratamiento ninguno.

En fin, a pesar de que en el discurso de AMLO del domingo pasado, en el zócalo capitalino, no incluyó al sector educativo ni al científico y tecnológico, se entiende que existen responsables que se encargarán de la transición en estas áreas (Esteban Moctezuma Barragán y María Elena Álvarez-Buylla). Así que están por delante escasos cuatro meses para una mejor definición de las líneas del programa del nuevo gobierno y una base razonable en esas áreas que permita pensar en una verdadera cuarta transformación.

Comienza el PNPEC. Los programas empadronados

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 760. Junio 28, 2018. Pág. 5)

En México, al menos en la escala de tiempo de un sistema de evaluación y acreditación, el ciclo para diferenciar programas de estudio ha sido gradual y relativamente largo. Sin embargo, es posible que, en breve, con la puesta en marcha del Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad de la Educación Superior (Pnpec) se cierre un ciclo e ingresemos a una etapa distinta. Una en la que tendrán mayor visibilidad pública los programas acreditados y su efecto será más notable en el subsistema, tanto como en las preferencias académicas de los jóvenes y sus familias.

Hace casi tres décadas, nada menos, comenzaron los ensayos para evaluar programas de estudio de educación superior, a la par de la evaluación del desempeño individual, la autoevaluación y todo el cúmulo de iniciativas que hoy siguen vigentes. En esa fecha, al inicio de los años noventa, se crearon los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (Ciees), dirigidos fundamentalmente a la valoración de programas.

Los Ciees fueron los organismos que iniciaron la evaluación externa en las instituciones de educación superior. Al comienzo, solamente realizaron evaluaciones diagnósticas y funcionaron como una acción dependiente de Anuies. No obstante, hace casi una década se convirtieron en asociación civil y se intensificó su actividad de evaluación de programas y de instituciones.

En última instancia, los Ciees están facultados para evaluar y reconocer la calidad de los programas educativos en el nivel superior, así como las funciones institucionales de gestión y de extensión universitaria. Para la evaluación de programas existen actualmente siete comités por área de conocimiento y otros dos para la segunda función. El conjunto de programas evaluados de forma satisfactoria son clasificados en nivel 1 (o acreditados) con una vigencia de tres o cinco años; los que están en el caso opuesto se clasifican en nivel 2 o no acreditados.

De hecho, los Ciees tienen en su página electrónica un padrón de programas reconocidos por sus evaluaciones. Sin embargo, el impacto de la acreditación de programas ha sido más notorio en los estudios de posgrado. Fundamentalmente porque en ese nivel, a diferencia de la licenciatura universitaria y de técnicos superiores, comenzó con la instauración de un padrón que diferenció desde el principio la calidad de programas.

Tal vez porque el volumen de los programas de posgrado era más manejable o porque los representantes de este nivel tenian mayor peso político en el campo educativo, el caso fue que desde 1991, cuando comenzó la evaluacion de programas, también se integró el Padrón de Posgrados de Excelencia. ¿Lo recuerda? Como su nombre lo indicaba, discriminó los programas de maestría y doctorado orientados a la investigación que merecían el respaldo gubernamental.

Un padrón que estuvo vigente más o menos una década. Después, cuando se inconformó un número importante de instituciones públicas que ofrecían estudios de posgrado pero que no recibían apoyos, fue sustituido por el actual Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Ahora, el padron clasifica los programas en cuatro categorías: competente internacionalmente; consolidado; en desarrollo; y de reciente creación.

En la primera categoría estarían los programas de mayor jerarquía y en la última los que están comenzando; el supuesto sería que conforme pasa el tiempo, un mayor número de programas pertenecerán al padrón y escalarán poco a poco. No obstante, en el tiempo que lleva en operación, la participación relativa se ha mantenido más o menos en alrededor de un cuarto del total de programas de posgrado existentes y la categoría de mayor nivel se ha mantenido por abajo del 10 por ciento de los programas reconocidos.

El reciente Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad de la Educación Superior (Pnpec) comienza por una diferenciación mayor: inclusión o no. El padrón fue anunciado el pasado 15 de junio por el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, en el marco de la reunión de la Comisión de Coordinación de los Organismos de Evaluación de la Edcuación Superior (Cocoees). Tal vez, después, veremos distintos niveles o categorías; no por ahora.

Una de las diferencias respecto al padrón elaborado por Ciees es que el Pnpec incluirá todas las evaluaciones de programas, no solamente las realizadas por ese comité. ¿De qué volumen estamos hablando? Las cifras actuales de la página electrónica de Ciees dice que suman 1,032 los programas que tiene reconocidos. Por su parte, en la página correspondiente del Pnpec dice que ya son 4,931 los programas aceptados (www.pnpc.sep.gob.mx). Es decir, son casi cinco veces más. ¡Una diferencia notable!

 ¿Y cuantos programas de técnico superior o de licenciatura universitaria y tecnológica existen en México? Alrededor de 23 mil. Así que los ya aceptados representan poco más del 20 por ciento.

Todo parece indicar que el nuevo padrón representará un ajuste mayor en los organismos de evaluación. El asunto es si también lo será para orientar las decisiones de los jóvenes y sus familias. Seguramente sí. Pero, como lo ilustra lo que ocurrió en posgrado, mucho dependerá de los incentivos que estén asociados.