¿Y el Comité Nacional de Productividad?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 687. Diciembre 22, 2016. p. 5)

El año está llegando a su fin y lamentablemente no tenemos muy buenos resultados a la vista en el terreno económico y menos en el político. Lo más desalentador es que para el año próximo no solamente las expectativas de crecimiento son menores, el panorama político con una relación de nuevo tipo con los Estados Unidos tampoco pinta nada bien.

De hecho, Agustín Carstens, el todavía gobernador del Banco de México que se marchará el último día de junio del año próximo y cuyas metáforas han sido una anticipación de lo que le aguarda a la economía nacional, ha dicho, sobre el inicio del periodo presidencial de Donald Trump, que podría ser una auténtica película de terror: “Fuimos al cine y vimos los cortos de una película, vimos diferentes escenas, pero no sabemos si será una película de terror o si va a tener un buen final. Ahorita lo que hemos visto, hemos visto los cortos que a partir del 20 de enero va a correr la película completa” (Milenio Diario 19.12.2016).

En realidad, tal parece que no cabe esperar ningún final feliz de una película de terror y, con sobrada razón, múltiples voces han insistido en que debemos prepararnos para lo peor y diseñar una estrategia nacional. En estas circunstancias, vale la pena comenzar el recuento de algunas iniciativas e instrumentos del gobierno federal que están en marcha y que se supone tienen como misión la búsqueda del dinamismo económico.

Por ejemplo, seguramente usted recordará el Comité Nacional de Productividad (CNP). Ese organismo instaurado por decreto en mayo de 2013, presidido por el secretario de Hacienda e integrado por una veintena de personalidades, entre ellos, los secretarios de Economía, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, el director de Conacyt y representantes de instituciones de educación superior, de media superior, de organizaciones empresariales y sindicales.

Un comité que tiene como primera función la de proponer “estrategias, políticas y acciones en materia de productividad y empleo, a fin de que sean consideradas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias” (DOF 17.05.2013). Así como proponer mecanismos de coordinación entre las distintas dependencias de la administración pública federal, lo mismo que entre o sectores público, social y privado.

El CNP básicamente es un órgano consultivo y auxiliar del ejecutivo federal y de la planta productiva. El comité puede formular propuestas y emitir opiniones, pero nada más. En realidad no tiene capacidad de decisión, aunque sí puede diseñar una estrategia integral y una de sus fortalezas es que reúne a funcionarios de primer nivel y a representantes de distintos sectores. En principio, se supone que las sugerencias se dirigen a las dependencias gubernamentales y a las organizaciones que pueden desempeñar un papel activo.

Pero, en estos más de tres años ¿qué ha logrado el CNP? No mucho, todavía. En primer lugar, según la normatividad, debiera reunirse al menos cuatro veces al año de forma ordinaria y de forma extraordinaria las veces que estime necesario (artículo 5to). Sin embargo, después de su instalación en el 2013, solamente se reunió dos veces en el 2014, tres veces en el 2015 y en este año solamente dos. Un funcionamiento irregular y con tendencia a disminuir, así como también como también ocurre con el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.   

Quizás las reuniones periódicas pueden ser soslayadas, dado que reunirse presencialmente no es ninguna garantía y se trata de representantes con agendas muy complicadas. No obstante, en términos prácticos, el CNP solamente ha identificado estrategias de desarrollo para sectores como turismo, gastronomía, el comercio al por menor, autopartes y proveeduría aeroespacial. Específicamente ha propuesto diferentes medidas para los últimos tres sectores.

Por cierto, en la sesión del CNP de noviembre del año pasado, se había propuesto la creación de tres grupos en lo que se llamó “Gran Alianza por una Política Industrial de Nueva Generación”. Uno de esos grupos tendría como objetivo la “Generación de Talento” y estaría bajo la responsabilidad del secretario de Educación Pública (Campus Milenio. No. 655). El grupo fue instalado en mayo de este año, pero al parecer hasta ahí quedó la novedad.

En la reunión más reciente del CNP, la semana anterior, también se presentaron recomendaciones para el sector energético (Recomendaciones que incluyen matrices de compromisos e indicadores de desempeño para el sector energético. Hidrocarburos). Las recomendaciones se dirigen a la Secretaría de Energía pero también a diferentes organizaciones empresariales, como la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la Confederación Patronal de la República Mexicana o la Confederación de Cámaras Industriales.

En fin, no se sabe si el gobierno federal, más allá de las medidas anunciadas de protección a los mexicanos en territorio estadounidense, ya tiene lista una estrategia para este difícil cierre de año y el comienzo de otro que resultará todavía más complicado. Lo que en ningún caso es recomendable es esperar a ver si se cumplen o no las peores amenazas. El aprovechamiento de organismos intermedios y de contacto entre diferentes sectores pueden ser promisorios, en términos realistas y sin simulaciones.

Otra vez las TIC a la escuela

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 686. Diciembre 15, 2016)

Desde fines de los años ochenta, con el Programa para la Modernización Educativa, el gobierno federal ha buscado llevar los dispositivos tecnológicos a todos los salones de clase. Aunque en lo que va del siglo es cuando más se ha experimentado con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las aulas, por lo menos a gran escala. Desafortunadamente, no ha resultado nada sencillo convertir las intenciones en logros visibles y los programas han sido decepcionantes. Seguramente el que está por comenzar también lo será.

El año próximo se pondrá en marcha “@prende 2.0” y se ha  planteado que se trata de una “nueva estrategia integral que ayudará a educar para la libertad y la creatividad” (SEP. 08.11.2016). Sea lo que sea que eso signifique. Y sí, hasta ahora solamente se han dado a conocer los trazos más generales de la nueva iniciativa, faltan los imprescindibles y detallados pasos para pasar del anuncio gubernamental a la cotidianidad de los salones de clase.

Según la información de SEP el programa incluirá: la capacitación de maestros; una plataforma con contenidos; la instalación de aulas con equipamiento y conectividad; y una evaluación constante. Hasta donde se ha informado la capacitación iniciará con el programa, pero el esquema y los contenidos de la plataforma ya se pueden consultar (http://aprende.edu.mx). El sitio web se desdobla en tres secciones y tienen al docente como principal referente, aunque dice que solamente una de ellas está dirigida a él y las otras dos son para padres de familia y alumnos.

El nuevo programa, a juzgar por su título de @prende 2.0, busca concentrarse en el aprendizaje, conjuntar diferentes usuarios y provocar una mayor interacción digital. Tal parece que después de muchas denominaciones y variados intentos de utilizar las TIC con propósitos educativos, ha comenzado a generar un cierto consenso el principio de que el aprendizaje debe ser el eje principal de estos esfuerzos. Sin embargo, es más fácil decirlo que lograr un verdadero aprendizaje

Por cierto, el nombre y la plataforma de @prende 2.0 guardan cierta similitud con la iniciativa que en junio de este año lanzó la fundación Carlos Slim. Una circunstancia nada fortuita. ¿Usted recuerda el programa de Slim? El que está en marcha desde junio de este año, se llama app-prende (aprende.org), la plataforma también ofrece contenidos, pero no están dirigidos especialmente a los docentes y van desde el nivel básico hasta superior.

El otro aspecto del programa gubernamental que llama la atención es la referencia “2.0”. Es de suponerse que no se refiere a un segundo intento de implementación, si así fuera el número sería mucho más elevado. Seguramente es en alusión a eso que en informática se ha denominado la web 2.0, para diferenciarla de la primera versión en la que usuarios pasivos solamente descargaban o subían información, pero no podían modificar nada ni interactuar con nadie. La principal característica de la web 2.0 es que el usuario es parte activa de los contenidos, se relaciona y colabora con otros usuarios, al mismo tiempo que utiliza diferentes aplicaciones disponibles en el sitio.

Nada mal si @prende 2.0 es capaz de conjuntar esfuerzos, propiciar la interacción y colaboración entre docentes y alumnos para lograr un aprendizaje significativo. Sin embargo, faltan los detalles de cómo se podrán articular unos y otros, porque lo único que se ve en la plataforma son finalidades divergentes y como la literatura lo ha mostrado, la diferencia generacional y de habilidades constituyen el principal escollo a salvar.

Otro asunto es el alcance de @prende 2.0. El plan de la SEP es que el año próximo comenzará una fase piloto en tres mil escuelas y cada una tendrá 20 o 30 dispositivos que funcionarán a través del “programa México conectado”. Este último está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y tiene como propósito llevar Internet de banda ancha a diferentes espacios públicos.

Un gran avance si la SCT resolverá el problema de la conectividad a Internet en las tres mil escuelas piloto, pero en educación básica suman más de 220 mil planteles. Así que no está a la vista como escalará el programa y menos si consideramos el recorte presupuestal del año próximo. Respecto del presupuesto de este año, SEP y SCT fueron las secretarías con el mayor recorte para 2017; la primera con 37 mil millones de pesos menos y la segunda con 27 mil millones.

No menos complicado de resolver será la escala de tiempo para poner en marcha el programa. Es obvio que la actual administración ya está en el último tercio de su periodo, cuando la hora de planear ya pasó y debiera estar totalmente en el tiempo de la implementación o de los primeros resultados. Así que pensar en un programa piloto para el 2017 y expandirlo en el último año de mandato, no parece nada lógico ni posible.

Por último, el programa debe enfrentar el escepticismo y el descrédito de programas anteriores. Deberá convencer no solamente a los medios y a los legisladores de que se trata de una inversión que no repetirá los errores de programas anteriores, lo más importante será persuadir a maestros y estudiantes de que ahora sí es un instrumento para mejorar el aprendizaje. Difícil, muy difícil.

El último tercio de la gestión y el gasto federal para ciencia

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 685. Diciembre 8, 2016)

Las palabras del presidente de la República, Enrique Peña Nieto (EPN), al iniciar su quinto año de gobierno, se oyen bien y suenan convincentes. En el clima de zozobra que ha traído el próximo cambio de gobierno en los Estados Unidos, la inestabilidad en los indicadores nacionales y los injustificables casos de corrupción gubernamental, se echaba en falta claridad y firmeza en la posición del ejecutivo federal.

Sin embargo, casi que terminando el discurso del presidente viene la renuncia del gobernador del Banco de México por causas no del todo explicadas --apenas en enero comenzó su segundo periodo y estaba previsto que concluyera en diciembre de 2021— y las palabras vuelven a ser las de siempre. Otra vez en el carril equivocado, atizando la incertidumbre y el desequilibrio financiero. Una política de ensayo y error que las encuestas han registrado puntualmente.

El discurso de EPN destacó un reconocimiento a las fuerzas políticas y sobre todo una convocatoria a la unidad para enfrentar los retos: “uno de ellos será establecer una relación constructiva con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América, nuestro vecino geográfico y principal socio comercial”. Claro, lo que todavía no se ve son las bases de esa “relación constructiva” y menos la disposición favorable de la contraparte estadounidense.

El ejecutivo federal también demandó el esfuerzo de todos y asumió la parte de su responsabilidad: “Trabajaré con ahínco cada día de los dos años que restan al sexenio y me aseguraré de que mis colaboradores cumplan su parte. Defenderé las libertades, los derechos y la dignidad de los mexicanos, donde quiera que residan o se encuentren”

Las definiciones parecen correctas para el último tramo del actual periodo de gobierno, cuando las cosas no pintan nada bien y todavía no se sabe exactamente cuántas de las amenazas cumplirá el próximo presidente estadounidense Donald Trump. Intimidaciones a las que también se ha sumado el vicepresidente electo Mike Pence al declarar sibilinamente que “hay varias maneras” para que México pague la presunta edificación de un muro en su frontera sur e insinuar que podría estar asociado a la negociación del TLCAN (Milenio Diario 05.12.2016).

El presidente, como parte de sus logros en estos cuatro años, dio a conocer de forma sintética algunos avances en sus diferentes áreas de gobierno. En el sector educativo enumeró seis acciones que están en la ruta de garantizar una educación de calidad: la reforma educativa; el incremento de la cobertura educativa; la inversión triplicada en ciencia y tecnología; mayor número de becas; el programa de escuelas al cien; y el número creciente de escuelas de tiempo completo.

Desafortunadamente, los avances que destaca el gobierno federal no toman como punto de referencia las metas que la propia administración se autoimpuso en cada rubro. Si ese fuera el caso, desde ahora se advierte que nos cruzaremos de brazos a esperar los resultados. Es el caso de la inversión en ciencia y tecnología, y tal vez el de cobertura en educación superior.

Por ejemplo, en el avance reportado se anota que el gasto federal acumulado en ciencia y tecnología en los primeros cuatro años de este gobierno, si lo comparamos con el mismo gasto y el mismo periodo en el gobierno de Vicente Fox, se ha triplicado. Así es y es una ingeniosa presentación de datos. Claro, por una parte, es un periodo relativamente largo, así que mientras más lejano el periodo de comparación la diferencia será mayor y viceversa ocurrirá lo contrario (no alcanza a duplicar la cifra para el mismo periodo de Felipe Calderón).

Por otra parte, y más importante, las cifras que se comparan están términos nominales, corrientes, no es el gasto federal para ciencia y tecnología como proporción del PIB. Si fuera este último caso, el panorama es un tanto diferente. En el año 2000 representaba el 0.42 por ciento del PIB y para este año está alrededor del 0.50 por ciento. El avance es mucho más modesto.

Además, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como meta una inversión nacional (pública y privada, no solamente el gasto federal) en investigación científica y desarrollo experimental del uno por ciento respecto al PIB, al término del sexenio. Faltan dos años pero desde ahora se puede advertir que definitivamente no se cumplirá: en el 2010 el indicador era de 0.54 por ciento y en este año el número sigue siendo el mismo 0.54 respecto al PIB.

Seguramente el indicador no mejorará. Por un lado, porque la tendencia al alza del gasto federal para el año próximo se frenó y tal vez ya no podrá recuperarse. Por otro lado, porque el mismo gobierno federal ha dicho que el sector particular no ha hecho, y seguramente no hará, la aportación que le corresponde.

En un contexto de recursos escasos, de magro crecimiento económico, así como de inestabilidad financiera, no se puede esperar que alcance el presupuesto y menos un incremento de recursos para todos. Sin embargo, lo que sí es necesario es un plan contingente que no se contradiga con las líneas de acción. Nada más.

La posverdad de la rendición de cuentas: ni en papel ni en persona

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 684. Diciembre 1, 2016)

¿La entrega de certificados de educación primaria o secundaria pudo crecer 800 mil veces en los últimos 15 años? Inconcebible. Números que no corresponden a la realidad en un acto en el que precisamente se trata de informar con exactitud qué se hizo o dejó de hacer, no parece lógico ni muy sensato. Quién sabe si esto es una “posverdad”, pero sí es lo que ocurrió en la comparecencia de la semana pasada del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.

El controvertido e irascible funcionario Miranda ha sido motivo de duras críticas en la prensa por sus polémicas expresiones en la cámara de diputados. Los medios han reproducido con insistencia las insolentes respuestas que dio a algunos cuestionamientos de legisladores y especialmente a la diputada Araceli Damián. No tiene caso reiterar lo dicho a ese respecto por el secretario, seguramente usted lo ha leído de sobra, lo que sí conviene es interrogar el sentido de esos encuentros y la desmesura de datos que deben ser totalmente confiables.

El espectáculo anual de un presidente de la República, autocontenido e impávido, dando lectura a sus logros en el Congreso, frente a interpelaciones de legisladores que cada vez se fueron haciendo más estridentes y exaltadas, llevó a la reforma de la Constitución en el 2008. Fue una negociación para evitar la ridiculización del ejecutivo federal en el Congreso e intercambiar su presencia por la comparecencia de los secretarios de Estado.

La reforma constitucional parecía una buena idea y un buen principio. Los legisladores revisarían el informe presidencial; posteriormente, podrían formularle al ejecutivo federal, “mediante pregunta por escrito”, una solicitud para ampliar la información del documento y, después, citar a comparecencia a los secretarios de Estado para rendir cuentas “bajo protesta de decir verdad”. En el papel, todo bien.

Al comienzo, algunos legisladores le hicieron llegar acuciosas preguntas al presidente de la República. Así ocurrió en el cuarto y quinto informe de Felipe Calderón. Alrededor de dos o tres decenas de preguntas fueron remitidas y, al cabo de semanas, recibieron respuesta, algunas de trámite, pero todas puntuales. Sin embargo, por alguna insondable razón, a los legisladores les pareció un ejercicio inútil y a partir del 2012 lo abandonaron. Está en la Constitución pero, como tantos otros preceptos, no se aplica.

Después, los legisladores se concentraron en la comparecencia de funcionarios para lo que llaman la glosa del informe. Sin embargo, una buena proporción de las comparecencias de los secretarios de Estado no están animadas por una auténtica rendición de cuentas, sino por las rencillas y el cobro de facturas entre fuerzas políticas. No obstante, sea el caso que sea,  los funcionarios están obligados a trasparentar su actuación, mostrar con toda precisión las cifras que tienen y aclarar qué resultados han obtenido.

Por ese motivo sorprende que, en la reciente comparecencia del secretario Miranda, en su exposición inicial, dijo algo sumamente ininteligible en materia de rezago educativo: En los últimos 15 años el promedio anual era de 5560 mil personas [a quienes se les entregó certificado]. En este año hubo un millón 713 personas certificadas de primaria o de secundaria, e incorporadas a un sistema de preescolar a través de guarderías infantiles –y a través de todos los sistemas– de 5.5 millones de personas. Es decir, 800 mil veces más que el 2008 al 2012, solamente en esta administración (versión estenográfica)

La información no tiene pies ni cabeza. Para empezar, el promedio anual de certificados entregado por el INEA en esos años es muy superior al que dice el secretario: poco más de 700 mil. Luego, según el cuarto informe de gobierno, en este año se han entregado un millón 460 mil certificados, más de 400 mil de los que anota el secretario (p. 367). Y que se hayan incorporado a través de todos los sistemas 5.5 millones de personas es simplemente incompatible con sus propios números. Pero lo que definitivamente no tiene comparación es decir que ahora suman 800 mil veces más que del 2008 al 2012. Ni cómo entender nada.

Si se supone que los secretarios de Estado acuden principalmente para rendir cuentas y están “bajo protesta de decir verdad”, cómo puede ser que uno de ellos diga lo que dijo y como si se viera llover. También, por qué ningún diputado alzó la voz para cuestionar los datos del funcionario, la comparecencia es precisamente para eso. Solamente la diputada Araceli Damián le espetó: “No se está trabajando en la reducción de la pobreza, sino en la credencialización de los pobres”. Total, lo mismo dio que Miranda se refiriera a decenas, cientos o cientos de miles de certificados.

Tal vez sea un error involuntario, una falsedad completa o una “posverdad” (post-truth). Esta última es eso que el diccionario Oxford ha incluido para designar aquella circunstancia en la que hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que el apelar a la emoción y a la creencia personal, una era de la política posverdad en la que “es fácil recolectar datos y llegar a cualquier conclusión que se desee” (https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth). Eso sí, definitivamente, rendición de cuentas no es.