LA PROPUESTA DEL GRUPO VINCULA

Hace un año, en el contexto de la discusión de la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se presentó una nueva agrupación en el campo de la ciencia y la tecnología: el “Grupo de los 11 Vincula”. En ese entonces, demandó mayor financiamiento para el sector e indicó renglones de gasto en los que se debieran canalizar tales recursos; una escasa presencia tuvo después. Hoy, nuevamente, la organización se expresa en torno del presupuesto.

El autodenominado Grupo de los 11 Vincula, llamado así con poca perspicacia por su intención y número de organizaciones que aglutina, lo integran: el Foro Consultivo Científico y Tecnológico; las academias de Ingeniería, la Mexicana de Ciencias y la Nacional de Medicina; las organizaciones empresariales como la Canacintra, la Coparmex, la Conacmin y Adiat; e instancias gubernamentales como el Consejo Consultivo de Ciencias, la Asoaición de Secretarios de Desarrollo Económico y la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología.

Las diferentes organizaciones que forman el grupo son importantes e influyentes en sus respectivos (académico, empresarial y gubernamental), pero no lo han sido del todo en su labor de conjunto a favor de un mayor presupuesto para el sector científico y tecnológico.

En noviembre del 2009, frente a la incertidumbre económica y financiera del país y a la vista del recorte presupuestal que contenía el proyecto del PEF, el Grupo Vincula acudió con los diputados y les propuso, de forma sintética, sostener montos precisos para programas como el de becas, el SNI o el de innovación (10 mil millones de pesos), aumentar recursos en los fondos competitivos (1,300 millones) y canalizar montos precisos a inciativas específicas (1,370 millones). En general, la propuesta suponía un incremento de aproximadamente 3 mil millones de pesos.

Al final, hace un año, en la aprobación del PEF, el incremento de los recursos fue de sólo 458 millones de pesos y otras reasignaciones por 720 millones de pesos. Esto es, un aumento muy menor a lo solicitado por la agrupación, aunque algunos recursos sí fueron localizados en los rubros indicados.

Después, en abril de este año, el Grupo Vincula impulsó un programa de formación profesional de vinculadores, aunque a la fecha no se conoce mayor precisión del programa ni de sus resultados.

Posteriormente, el pasado 12 de octubre el Grupo Vincula entregó a los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología su propuesta de gasto para el sector. A diferencia del año pasado, la organización presenta un diseño presupuestal más amplio y más argumentado. En general, sostiene como punto fuerte que si se mantiene la tendencia actual del nivel de inversión en el sector, será hasta el año 2050 cuando se logre alcanzar el 1 por ciento de gasto respecto al PIB que establece la ley.

En consecuencia propone: añadir 7,272 millones a lo que plantea el proyecto PEF para el 2011. Esto es, pasar de 47,781 millones del proyecto del gobierno federal a 55,053 millones que debieran aprobar los diputados; un incremento de 15 por ciento (aunado al 4 por ciento que ya consideraba el proyecto).

Si se sostiene el nivel de inversión sugerido, dice la propuesta del Grupo Vincula, entonces en el año 2017 se cumpliría lo que señala la ley y no habría que esperar hasta el 2050. Además, argumenta que con los montos que sugiere, el ramo 38 del PEF, el del gasto que ejerce centralmente Conacyt, tendría un crecimiento de 30 por ciento.

En el mismo sentido que el año pasado, el Grupo Vincula vuelve a indicar los rubros de inversion a los que debe canalizarse el aumento. Por ejemplo: plantea que se añadan 1,700 millones de pesos a los fondos concursables para las entidades federativas; 3,800 millones para infraestructura, así como para programas de fomento a la innovación y al fondo PYME; 892 millones de pesos a fondos sectoriales, al igual que para el Gran Telescopio Milimétrico y el acceso universal a revistas científicas; y 880 millones para posgrados a distancia y nuevas plazas.

Durante las siguientes semanas continuarán las negociaciones sobre el presupuesto --los diputados tienen hasta el próximo 15 de noviembre para aprobarlo— y tambien las solicitudes de los diferentes grupos sociales en busca de un incremento en sus respectivos sectores.

Al menos en el ámbito de la ciencia y la tecnología el proyecto del PEF para el 2011, en contraste con lo ocurrido a lo largo de la década previa, consideró un aumento de 4.5 por ciento en términos reales, respecto del presupuesto de este año. Es probable que los diputados modifiquen al alza el nivel de inversión, pero seguramente no será en la proporción que solicita el Grupo Vincula.

Si como hemos visto en las dos entregas anteriores, por la parte gubernamental y legislativa no se advierte mayor preocupación por el sector científico y tecnológico, ¿el asunto será diferente del lado de las organizaciones académicas y empresariales? Ya lo veremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 390. Octubre 21, 2010)

CONACYT: EL VALOR PEF

El marco normativo de las actividades científicas y tecnológicas no ha sido completamente desdeñado por los legisladores, pero su edificación ha sido gradual e incompleta, como lo advertimos aquí la semana anterior. Igualmente, la atención a la rendición de cuentas y a los diferentes asuntos del sector, sea por la demora para discutir las iniciativas o por el desinterés en las comparecencias, tampoco ha sido el centro de gravitación de la actividad legislativa. Sin embargo, queda por resolver si en materia de recursos financieros, otro valor a despejar en la ecuación, se ha presentado la misma indiferencia de los legisladores.

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es atribución exclusiva de los diputados. A diferencia de los ingresos, cuya aprobación es compartida por diputados y senadores, la decisión en materia de egresos es responsabilidad única de la cámara baja. Claro, la aprobación de unos y otros se realiza sobre la base del proyecto elaborado por el gobierno federal, el cual hace llegar al Congreso y es el que que se ratifica o rectifica por los diputados.

A lo largo de los años noventa, cuando Conacyt todavía estaba sectorizado a la SEP, el gasto para las actividades científicas y tecnológicas estaba incluido y encubierto en el rubro educativo, de forma que en el PEF no aparecía un ramo específico ni tampoco se tenía certeza del volumen exacto de los recursos destinados para tal fin. Tampoco había modificaciones entre el proyecto de presupuesto que remitía el gobierno federal y lo que aprobaban los diputados. La situación, sin embargo, cambió al final del decenio, con la pluralización del Congreso y la pérdida de mayoría por el partido hegemónico. Los diputados comenzaron a modificar la propuesta de gasto del gobierno federal.

Al comienzo de la década actual, a solicitud de los propios diputados, las cifras exactas del gasto en ciencia y tecnología se fueron desagregando en la exposición de motivos del proyecto de gasto del gobierno, aunque todavía sin contar con un ramo propio. En el 2001, el gobierno propuso destinar 22,172 millones de pesos al sector, una cantidad superior en 4.5 por ciento a la del año previo. Los diputados, a su vez, añadieron 100 millones de pesos, de forma que el gasto para ese primer año quedó en 22,272 millones de pesos (por cierto, es una cifra discordante con las que ofrece el último informe de gobierno).

La promulgación de la nueva ley de ciencia y tecnología en el 2002, preveía en su tercero transitorio que Hacienda tendría hacer las adecuaciones necesarias en la estructura programática, en el sistema de información del gasto público y en “la constitución de un ramo general específico en esta materia para identificar y dar seguimiento al presupuesto integral de la Administración Pública Federal en investigación científica y desarrollo tecnológico”.

Sin embargo, fue hasta el PEF para el ejercicio fiscal del 2004 cuando se incluyó el ramo 38 que especificó el gasto para CONACYT y un anexo para el gasto total en ciencia y tecnología. Lo notable del caso es que a partir de la constitución del ramo de gasto independiente (la desectorización de CONACYT de SEP), la propuesta de gasto que enviaba el ejecutivo federal al Congreso era menor a la que remitía anteriormente. Una disminución que los diputados se encargaron de resarcir relativamente.

En el mismo 2004, a raíz de la reforma al artículo 25 de la ley general de educación y con el senado como cámara de origen, una nueva reforma a la ley de ciencia y tecnología estableció que el “gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley” (artículo 9 Bis). Una meta que debía cumplirse en el 2006 y que a la fecha permanece incumplida.

A la largo de la década actual, si se consideran los recursos en términos corrientes, el monto del gasto federal para ciencia y tecnología se duplicó: pasó de 22,923 millones en el año 2000 a 47,373 millones de pesos que se estiman para este año. En estos montos, los diputados, particularmente entre el 2005 y el 2008, fueron responsables de añadirle, en promedio, alrededor de 1,500 millones de pesos por año a la propuesta del gobierno federal.

Sin embargo, a pesar de los incrementos si se considera un indicador más revelador de la dimensión, como sería el gasto federal en ciencia y tecnología respecto al PIB (con 1993 como año base), se aprecia más bien una disminución: pasó de 0.42 en el año 2000 a 0.41 en el 2008.

Actualmente, el presupuesto para el año próximo está en periodo de análisis en el Congreso. Sin embargo, la propuesta del gobierno federal, a diferencia de los años anteriores, considera un incremento real de alrededor de 4 por ciento, tanto para Conacyt como para todo el sector. Pero en este renglón los diputados tienen la última palabra. Sin embargo, la actuación de los legisladores en la última década nos muestra que en este terreno tampoco podemos esperar demasiado. Desafortunadamente.

(Publicado en Campus Milenio No. 389. Octubre 14, 2010)

EL PODER LEGISLATIVO Y CONACYT

La semana anterior, en este mismo espacio, sostuvimos que Conacyt, no está en el radio de las principales preocupaciones del gobierno federal y tampoco de los legisladores. En el primer caso, no solamente por la escasa atención a la ciencia y tecnología como factor para impulsar el desarrollo nacional, sino también porque, como ha sido evidente, desestima las formas de gestión y liderazgo del propio organismo. En lo que concierne a los segundos, los legisladores, más bien nos referimos al nulo interés de los senadores de la comisión de Ciencia y Tecnología por la comparecencia del director de Conacyt el pasado 27 de septiembre, puesto que solamente uno de los integrantes de la comisión estuvo presente en la sesión.

¿El desinterés mostrado hacia el sector fue solamente un olvidable episodio o, por el contrario, es una actitud generalizada de los legisladores? La serie de reformas en materia de ciencia y tecnología, prácticamente desde la creación de Conacyt en 1970, y los ajustes a la normatividad sectorial una legislatura sí y la siguiente también, hablan de una recurrente atención al tema. Sin embargo, como también ha sido claro, apenas en esta década se vislumbró un marco normativo con capacidad para orientar el sistema, pero con dificultades para coordinarlo y centrado en modelos que están a contracorriente de las tendencias operativas y descentralizadoras. Además, se ha mostrado una incompatibilidad en ciertos tópicos entre una norma y otra. Por ejemplo, en materia de recursos financieros entre la ley general de educación y la de ciencia y tecnología.

Entonces, el asunto de la ciencia y la tecnología ha estado presente en la labor legislativa, por lo que no se puede decir que los legisladores han sido omisos en este terreno. Más aún, han mostrado un trabajo coordinado con el gobierno federal y la disposición ha sido tanto de senadores como de diputados. No obstante, después de más de tres décadas de actividad legisaltiva reciente y a la vista de las dificultades, tampoco se puede decir que han dotado al sector de un marco normativo satisfactorio.

Si vamos a las comisiones de las cámaras, las cuales constituyen la base operativa de la actividad legislativa, constatamos que ninguna de las fuerzas políticas se disputa con gravedad la presidencia de las comisiones de ciencia y tecnología, como sí sucede con otras que consideran más relevantes. Se supone que la distribución en comisiones de los legisladores y la asignación de las presidencias de las mismas es conforme al tamaño de las fracciones parlamentarias y la capacidad de negociación de los respectivos cordinadores de las fuerzas políticas.

Los partidos políticos de más peso se quedan con la mayoría de comisiones y también tienen una mayor representación en las mismas. La titularidad en comisiones es importante por el manejo de sus presupuestos y también porque el trabajo en comisiones anticipa lo que sucederá en el pleno. Por tal motivo, los partidos se disputan la presidencia de las comisiones que consideran más importantes y buscan tener una amplia presencia en las mismas.

Por ejemplo, en la cámara baja existen 50 comisiones ordinarias y los 500 diputados se integran a ellas. En promedio están formadas por 28 diputados y un diputado puede pertenecer hasta un máximo de tres. (Recuérdese que en esta legilslatura hubo un retraso en la distribución en comisiones y, de hecho, se crearon otras más para que alcanzara el reparto). Sin embargo, las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública o la de Hacienda y Crédito Público, las más numerosas, concentran 42 y 34 diputados respectivamente; ambas encabezadas por el PAN. Por el contrario, la comisión de Ciencia y Tecnología está integrada por 25 diputados, la encabeza Reyes Tamez Guerra del partido Nueva Alianza, el único de ese partido en la comisión, y se suman 13 representantes del PRI, 7 del PAN, 3 del PRD, uno del Verde y otro más del PT.

En la cámara alta existen 58 comisiones ordinarias, si fuera una distribución uniforme, casi podrían ser dos senadores por comisión. Pero no. Existen comisiones que agrupan a 15 legisladores como sería el caso de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Puntos Constitucionales, Energía o incluso Educación; unas bajo la presidencia del PRI y otras del PAN. Mientras que otras, encabezadas por l PRD, como Desarrollo Urbano y Territorial tiene sólo tres integrantes o Ciencia y Tecnología con 4 integrantes. Esta última es presidida por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca del PRD y cuenta con dos representantes del PAN y uno más del PT.

Proabablemente es una aritmética muy elemental para calcular la abulia de los legisladores. Lo cierto, sin embargo, es que el marco normativo deja que desear, las comisiones legislativas del sector no son el centro de la disputa, tampoco están asignadas a las fracciones con mayor representación parlamentaria, no son las más numerosas y la comparecencia del titular de Conacyt no les susctia gran interés (los diputados ni siquiera lo citaron para detallar el cuarto informe de gobierno). Bueno, falta un elemento: el delicado y decisivo asunto de los recursos financieros, un tema de competencia de los diputados. Allá iremos en próxima entrega.

(Publicado en Campus Milenio No. 381. Septiembre 7, 2010)

CONACYT: ¿IGNORADO Y SIN IMPORTANCIA?

Los Senadores citaron a los titulares de las secretarías de Estado con motivo del reciente cuarto informe de gobierno. Uno de los comparecientes fue el director de Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks. Sin embargo, tanto por el gobierno como por legisladores, el organismo rector de las actividades científicas y tecnológicas ha sido ignorado y parece inexistente.

En el mensaje del presidente de la República, en ocasión de su informe de gobierno, el tema de la actividad científica y tecnológica ni siquiera mereció referencia alguna. La exposición del ejecutivo federal se concentró en el decálogo de compromisos que asumió en el 2009, pero ninguna alusión fue realizada al sector aunque sí venía al caso en torno de la “economía competitiva y generadora de empleo” o al elevamiento de la competitividad de la economía.

Ahora, como ya lo hemos apuntado en diferentes oportunidades, en el programa de gobierno y en los informes correspondientes, el sector científico y tecnológico forma parte de la rama económica, no tanto de la rama social como ocurría en administraciones previas al año 2000, lo cual no parece incorrecto. Sin embargo, tal parece que la contribución de la ciencia y la tecnología se ignora, se subestima o de plano es incierta.

En el informe por escrito que entregó el gobierno federal, el apartado sobre “productividad y competitividad” que es donde se ubican algunas de las actividades científicas y tecnológicas, no es particularmente ilustrativo sobre lo realizado por el sector. De hecho, solamente se describen las principales políticas en la materia, a propósito de la estrategia para: “profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía”.

Por ejemplo, se destaca la promoción de la “Red de Innovación de América Latina y El Caribe”, una iniciativa que sugirió la OCDE en su estudio sobre políticas de innovación en México. O bien, la instalación en diciembre del año pasado del Comité Intersectorial de Innovación, una de las figuras previstas en la última reforma de la normatividad científica, aunque todavía nada se sabe de su labor.

Obviamente, en el informe también se destaca el número de becas otorgadas a nivel de posgrado para la formación de recursos humanos --aunque no se aclara la diferencia de cifras respecto de otros años--, la cifra de programas aceptado en el padrón, el crecimiento del Sistema Nacional de Investigadores, las iniciativas de descentralización o el monto de recursos canalizados a través de los fondos competitivos. Sin embargo, tal parece que la contribución de las actividades científicas y tecnológicas a la economía del país no son nítidas.

Los Senadores, como parte de sus facultades para la glosa del informe de gobierno, citaron a comparecencia a 19 funcionarios públicos la semana anterior y la actual. Al director de Conacyt le correspondió el lunes 27, el mismo día que comparecieron el titular de la CFE y el de Economía.

El boletín del Senado reporta que el titular de Conacyt informó básicamente sobre el monto de las sanciones que el IFE aplica a los partidos políticos y que por ley son canalizadas al Consejo (Boletín 0135). En este año el monto podría ser de 67.4 millones, aunque todavía no los recibe de forma efectiva. También informó sobre el total de programas de posgrado en el padrón y el número de investigadores en el SNI. Ningún dato relevante.

Lo notable del caso es que, según reportó el periódico La Jornada, solamente uno de los cuatro integrantes de la comisión de ciencia y tecnología del Senado, instancia ante la que comparecería Romero Hicks, estaba presente (27/092010). Al final, tras una hora de espera, se sumó un Senador del Partido Verde que no forma parte de la comisión. La imagen no puede ser más elocuente.

El asunto es que desde el pasado viernes 24 se especuló sobre una inminente sustitución del director de Conacyt por el diputado Reyes Tamez Guerra, ex secretario de Educación Pública con Vicente Fox y actual coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, el partido identificado con la dirigencia del sindicato magisterial (La Jornada 24/09/2010).

Al menos hasta el momento de escribir estas líneas, la versión sobre la eventual remoción del director de Conacyt no se produjo ni se confirmó. En la comparecencia de Romero Hicks en el Senado, los reporteros lo cuestionaron al respecto, pero él indicó que no ha recibido ninguna notificación que lo confirme.

En cualquiera de los casos, se produzca o no el cambio de titular en Conacyt e independientemente del intercambio de posiciones en el tablero de las fuerzas políticas, lo que debe preocupar es el desdén hacia el organismo y sus actividades. Ciertamente, como lo hemos documentado, el ajuste permanente en sus niveles de mando, la lentitud de sus respuestas y la opacidad de su labor, especialmente desde el cambio en su estatuto orgánico de junio pasado, ha contribuido a este trato.

(Publicado en Campus Milenio No. 387. Septiembre 30, 2010)