Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
@canalesa99
(Publicado en Campus Milenio. No. 1023. Noviembre 30, 2023. Pág. 14)
El presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre del 2018, el día que asumió el cargo, enlistó 100 compromisos. El número siete planteaba: “En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas, con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes del nivel superior”.
La pregunta en aquel entonces era: ¿un año para poner en marcha un centenar de universidades con carreras pertinentes y además con educación de calidad? La experiencia mostraba que la materialización de los proyectos universitarios, los verdaderos y consolidados, casi en cualquier tiempo y lugar, avanzan muy gradualmente. Ahí está el ejemplo de la ahora Universidad Autónoma de la Ciudad de México que apenas en este mes, luego de dos décadas de maduración, forma parte de las instituciones reconocidas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Anuies.
El caso es que el ejecutivo federal, desde el 1 de diciembre del año 2020, dio como resuelto el compromiso número siete. Aunque las evidencias del programa estaban sostenidas solamente con palabras, desde entonces quedó registrado: “Desde el año pasado, las 100 universidades operan en sedes provisionales en todas las entidades del país y, actualmente, están en construcción las sedes definitivas. En estas universidades ya se imparten 36 carreras profesionales con una matrícula de 15,105 estudiantes” (Aquí lo puede leer: t.ly/8I0ZN).
Así que lo relevante para saldar el compromiso fue el número de establecimientos, lo demás era lo de menos. Total, luego se verían las condiciones laborales de los profesores, los sitios donde podrían ubicarse las aulas, los 15 mil o 64 mil alumnos, la matrícula por plantel o la calidad educativa, asuntos que hoy siguen a la espera de ser resueltos. También se abandonó la tentación de llamar universidad a cada plantel del programa, se impuso el principio de realidad de las instalaciones donde se albergan, ahora ya son reconocidas como sedes, pero conserva el plural de Universidades del Bienestar.
Actualmente, cinco años después de anunciado el compromiso de las 100 universidades, en el informe de gobierno de este año, en el apartado correspondiente al servicio educativo, se dice que el programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJG) ya tiene casi dos centenares de sedes y más de 62 mil alumnos. También dice que, al cierre del primer semestre de este año, se entregaron casi 2 mil 500 certificados y se titularon 663 alumnos (págs. 252 y 253).
Los números fríos de 197 sedes y 62 mil 775 estudiantes suman más establecimientos de los previstos, pero menos alumnos de los que se calculaban. Sin embargo, no dicen mucho sobre el programa, sobre todo si se toma en cuenta que es una iniciativa que corre por cuenta propia. No hay una explicación, al menos no es pública, pero las UBBJG van en su propio carril, no forman parte de los lineamientos programáticos ni de la estructura administrativa de la Subsecretaría de Educación Superior.
El organismo coordinador de la UBBJG adquirió personalidad jurídica al emitirse el decreto correspondiente en el 2019 y ahí especificó que sería un organismo descentralizado y agrupado a la SEP. También se reiteró que impartiría educación superior de calidad y las sedes se instaurarían “con base en la participación social y con enfoque a estudiantes ubicados principalmente en zonas de alta y muy alta marginación del país” (Artículo 1, DOF. 30.07.2019).
Todo es difícil de precisar y conocer sobre el programa de la UBBJG. Trozos de realidad se asoman en testimonios de profesores que se quejan de las condiciones de trabajo, alumnos que estudian lo que no querían y solamente tienen un maestro para todas las materias; sedes educativas improvisadas que no tienen la infraestructura mínima, programas de estudio que apenas consiguen un reconocimiento oficial o certificados y títulos que no llegan. No obstante, el decreto de creación dice que se impartirán estudios superiores de calidad.
Un estudio de González, Mejía y González-Callejas del 2022 sobre la distribución de los estudiantes en las nuevas universidades ha documentado que, hacia finales del año 2021, había sedes que tenían 27 estudiantes (Tlahualilo, Durango) y otras con 2 mil 54 (Juan R. Escudero, Guerrero) con una media de 259 (Aquí lo puede consultar: t.ly/7mM8a).
De acuerdo con el mismo estudio, el plantel Iztacalco en la Ciudad de México registraba un docente para 352 estudiantes y la sede de Santiago Sochiapan, Veracruz, donde había 170 estudiantes y ningún docente registrado. De hecho, el pasado 17 de noviembre, la organización denominada, “Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales de las UBBJG” sostuvo en conferencia de prensa las razones de su litigio con la autoridad y entre ellas estaban los despidos injustificados, violaciones a sus derechos laborales y salarios que nunca llegaron (Aquí la puede escuchar: t.ly/8_sCp)
El problema principal con las UBBJG es que solamente aparece esa narrativa épica de que se cumplió con el compromiso de 100 universidades y atiende a los excluidos de la educación superior, poco importa si ya son más sedes, cómo se distribuyen los alumnos, qué garantía tienen sus estudios o en qué condiciones operan los planteles. Por cierto, apenas en este 2023 el presupuesto del programa se incrementó a 1 mil 476 milllones de pesos, los cuatro años anteriores su presupuesto fue de 1 mil millones de pesos; para el año próximo sus recursos ascenderán a 1 mil 548 millones de pesos.
En fin, si las opciones de estudios superiores para los sectores más desfavorecidos no son oportunidades verdaderas, la segmentación del sistema educativo con calidades distintas se hará más profunda, la ilusión de bienestar y las aspiraciones educativas de los jóvenes se diferirán para una nueva promesa. El círculo de la reproducción de la desigualdad quedará cerrado.
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