¿Menos becas para posgrado?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE-PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 829. Diciembre 5, 2019. Pág. 5.)

En el mes de septiembre de este año, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su discurso con motivo de su primer informe de gobierno, en el recuento de logros aludió genéricamente al tema de las becas de posgrado. Ahora, este primero de diciembre, al cumplirse un año de gestión, enfáticamente vuelve a referirse a las becas del Conacyt y destaca su volumen. ¿Las cifras marcan una diferencia? Veamos.

“El Conacyt incorporó con becas de posgrado a 9 mil estudiantes adicionales de los que ya las recibían”, dijo lacónicamente AMLO hace dos meses. Nuevamente, el pasado domingo, al cumplirse un año del inicio de la actual administración, hacia la mitad de su discurso, reitera el asunto de las becas.

En el zócalo de la CDMX, el ejecutivo federal dijo: Avanzamos en apoyar con recursos a universidades y centros públicos de investigación. Este año el Conacyt ha destinado 2 mil 253 millones de pesos a ciencia básica o de frontera. Además, se otorgaron 24 mil 453 becas nuevas a estudiantes de posgrado. El presidente levantó la vista de las hojas que leía, recorrió con la mirada a los asistentes y añadió: Lo voy a repetir porque a veces no se conoce esta información y pronunció una vez más la cifra de becas para estudiantes de posgrado.

Luego, AMLO siguió con el recuento de las becas destinadas a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. La referencia a las instituciones fue genérica, no dijo que ya sumaban los 100 planteles que estaban previstos, tampoco cuántos están en operación, pero sí destacó que ya atienden a 39 mil 600 estudiantes de zonas marginadas y cada uno recibe una beca por un monto de 2 mil 400 pesos mensuales.

Las becas para jóvenes es una de las líneas de política educativa más reconocibles en esta gestión. No obstante, en todas las administraciones anteriores el caso del respaldo gubernamental para estudios de posgrado ha sido especial, porque se trata de uno de los programas de mayor aliento a lo largo del tiempo y el más generoso con estudiantes mexicanos –y no pocas veces de otras nacionalidades-- que ha posibilitado la expansión del sistema científico y tecnológico en México.

Al inicio de los años setenta, el origen del programa de becas va a la par de la misma instauración del propio Conacyt. De hecho, al comienzo estaba volcado para apoyar estudios en el extranjero porque la oferta nacional era relativamente escasa. Sin embargo, también fluctuaba conforme el ciclo de la economía nacional. En los años ochenta, en la década perdida, también sufrió las consecuencias el apoyo para becas al extranjero: al inicio sumaban poco más de 2000 becas y al final de ese periodo eran menos de una cuarta parte de ese total.

Después, la economía se recuperó, volvió a crecer el volumen de becas; el apoyo para estudios en el posgrado nacional comenzaron a cobrar mayor relevancia, en detrimento del respaldo para estudios  el extranjero. También fue explícito un mayor impulso para los estudios de doctorado y el fortalecimiento de los programas nacionales.

Sin embargo, las dificultades con la gestión y operación del programa de becas han sido persistentes. Las decisiones para poner en marcha diferentes medidas de control de recursos financieros han sido erráticas, indiscriminadas e improvisadas; lo fueron antes y lo siguen siendo hoy. El caso más reciente fue la negativa y posterior rectificación a extender el periodo de apoyo a becarios en el extranjero.

En fin, el punto es si los números que expresó el ejecutivo federal difieren de los alcanzados en la última década. Como se puede ver en el cuadro, el volumen de becas ha sido oscilante, aunque la tendencia más alta es hacia la mitad del periodo. Sin embargo, la cifra de 24 mil 453 nuevas becas indicada por el presidente no aparece por ningún lado, por lo menos no está reportada en ningún documento público oficial.

También vale la pena notar que si fueran las 24 mil 453 nuevas becas que mencionó AMLO, tampoco alcanzarían a las asignadas en el año 2017 a nivel nacional y mucho menos si se consideran las del extranjero. Las cifras del cuadro con asterisco son del 1er Informe de gobierno y son menores porque solamente cubren de enero a junio de este año (pág. 304), pero son los datos que hay. Entonces ¿no hubo nuevas becas para el extranjero? Difícil saberlo con la información disponible.

Lo cierto es que, comparativamente, en este año no tuvimos un mayor volumen de becas en posgrado. A diferencia de otros niveles educativos, los jóvenes que buscan cursar estudios de alto nivel no figuran como prioridad. Efectivamente, como dijo el presidente, a veces no se conoce la información.

	BECAS NACIONALES		BECAS AL EXTRANJERO		TOTAL
	Vigentes	Nuevas	Vigentes	Nuevas	Vigentes	Nuevas

2010	33,982	18,292	3,414	2,746	37,396	21,038
2011	36,514	16,957	4,082	3,184	40,596	20,141
2012	41,755	22,180	4,559	4,029	46,314	26,209
2013	45,638	23,187	5,181	4,906	50,819	28,093
2014	49,640	25,815	5,991	6,258	55,631	32,073
2015	52,372	25,883	6,463	5,775	58,835	31,658
2016	54,170	27,003	6,420	6,203	60,590	33,206
2017	54,420	24,493	6,386	4,452	60,806	28,945
2018	52,649		3,313		55,962
2019	50,989	7,580*	3,214	1,128*	54,203

Fuente: Informe General de la Ciencia, Tecnología e Innovación (varios años) y *1er informe de Gobierno

Ciencia y Tecnología. Un año después

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 828. Noviembre 28, 2019. Pág. 10)

Un año en la escala de un sexenio de administración gubernamental es poco tiempo para estimar logros y dificultades, pero anticipa lo que está por venir. El año de arranque de la gestión, por lo general, marca la hora de los planes ambiciosos, el anuncio de las primeras iniciativas con sus golpes de efecto y un optimismo desbordado. En materia de ciencia y tecnología ¿qué ha ocurrido en el año inicial?

En primer lugar, en la percepción pública es notable una cierta desconfianza y una persistente incertidumbre sobre lo que podría suceder en el sector, porque todo parece provisional, evanescente y en algunos casos cambiante. No es fortuito. En buena medida se debe a qué a la fecha no existe un diagnóstico riguroso del sector, tampoco un programa preliminar o lineamientos generales para gobernar las acciones.

Las muestras de inconformidad de los becarios de posgrado en el extranjero por la suspensión de sus becas antes de concluir sus estudios, la continuidad o no del programa Cátedras Conacyt, la modificación o permanencia de las reglas de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), las reglas de juego para la acreditación de los programas de posgrado, las disputas con los organismos intermedios o la proporción de financiamiento para ciencia básica o para desarrollo tecnológico, son una expresión inocultable de la incertidumbre en el sector.

Invariablemente, cada administración busca diferenciarse de la anterior e imprimir su propia orientación al sistema científico y tecnológico. Sin embargo, en todas ellas, el punto de partida ha sido un diagnóstico, una línea base y una clara definición sobre lo que permanece y lo que cambia. Porque existen programas que han sido parte tradicional de las políticas para el sector, como el de becas de posgrado, el SNI o financiamiento para proyectos, y otros que cada administración busca impulsar para dejar su sello. Sin embargo, en este primer año, ni diagnóstico completo ni definiciones preliminares; solamente declaraciones, desmentidos e intercambios mediáticos.

En segundo lugar, lo que también ha ocurrido es un desencuentro entre las autoridades del sector y grupos de científicos. Las divergencias no solamente se deben al ambiente de incertidumbre en el sector, también se originan por las diferentes posiciones sobre el papel de los organismos intermedios en la conducción del sector y el siempre espinoso tema de los recursos financieros para la ciencia y la tecnología.

La tensión comenzó al inicio de este año, cuando cambió la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y en esa ceremonia la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, consideró inaceptables las trasferencias de recursos públicos hacia el sector privado. Una referencia a la actuación de la administración anterior y a la nueva titular del Foro, Julia Tagüeña, que había formado parte de esa administración. Desde ahí quedó claro que la coexistencia entre el Foro --como organismo intermedio reconocido en la ley-- y la cabeza del sector no sería nada sencilla. A la fecha persiste el conflicto.

El desencuentro se expandió a otros organismos, como la Academia Mexicana de Ciencias y asociaciones de apoyo a niños y jóvenes (matemáticas y química, por ejemplo), principalmente porque Conacyt siguió el lineamiento del ejecutivo federal de prescindir de las medicaciones entre la autoridad y los gobernados. La dificultad fue que se suspendieron programas en marcha sin reemplazarlos por los apoyos directos.

Además, el conflicto entre autoridades y académicos escaló todavía más por la aplicación del memorando de austeridad del ejecutivo federal. En mayo de este año, cuando todavía no estaba aprobada la “Ley federal de austeridad republicana del Estado”, el memorando implicó diferentes limitaciones para el personal de algunas instituciones y centros de investigación. No solamente enfrentaron una reducción de ingresos y menor presupuesto para congresos y convenciones, también una absurda restricción para viajar al extranjero sin previa autorización. Después, esta última quedó sin efecto, pero la división y el encono persistieron.

Finalmente, en tercer lugar, aparte de la falta de certeza, las declaraciones y los desencuentros, sí se han producido algunas definiciones. En materia de financiamiento, tanto por lo que se asignó en este año (77 mil 315 millones), como por lo que está aprobado para el año próximo (82 mil 992 millones), está claro que no habrá un incremento sustancial en el ramo. Lo más notable del caso es que el presupuesto que ejerce Educación en materia de ciencia y tecnología sigue creciendo de forma importante, mientras que el ejercido centralmente por Conacyt disminuye o crece modestamente.

Lo que no está nada claro es el cálculo del gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como proporción del PIB. En el reciente informe de gobierno no aparece el dato para 2018 (en el último informe de gobierno del sexenio anterior para ese año era de 0.47 por ciento), ahora lo estima en 0.31 por ciento del PIB para 2019  y la redacción es confusa.

Otro aspecto es el marco normativo preliminar existente. Por un lado está el breve párrafo del Plan Nacional de Desarrollo que plantea promover la ciencia y la tecnología, respaldar a estudiantes y académicos y un Plan Nacional para la Innovación. Teóricamente en esos enunciados está la base de lo que será el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti).

Por otro lado está la fracción V de la reciente reforma al artículo 3º constitucional. El nuevo marco claramente establece que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la tecnología, la garantía del acceso abierto a la información derivada y el apoyo del Estado a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Todavía falta la Ley General de Ciencia y Tecnología, pero los programas y las acciones a poner en marcha deberán corresponder a ese marco.

Por último, otra iniciativa más que está en curso son los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces). El planteamiento inicial es que estarán dirigidos a conjuntar esfuerzos de investigación y participación de diversos sectores para atender problemas urgentes, así como para proponer soluciones integrales y amplias.

Según lo previsto, cada uno de los Pronaces dará lugar a una agenda general que derivará en Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii), los cuales tendrán metas de corto, mediano y largo plazo (uno, tres y cinco o seis años, respectivamente). Hasta ahora los títulos de los once proyectos incluyen temáticas como: “conocimiento y gestión de cuencas del ciclo socio-natural del agua, para el bien común y la justicia socio-ambiental”; “violencias estructurales”; “memoria histórica y riqueza biocultural de México”; o “educación para la inclusión y la autonomía”, por ejemplo.

En fin, falta resolver los contenidos de la ley general del sector, entre cuyos componentes principales está la distribución de competencias entre la federación y las entidades, el financiamiento y la gobernanza del sistema. También resta conocer el Peciti, programa esencial para precisar el diagnóstico, el punto de llegada y los medios para lograrlo, deberá aparecer a más tardar en los primeros días del próximo mes de enero. Tal vez entonces podremos confirmar las anticipaciones y disipar la incertidumbre de este primer año.

Ciencia y Tecnología: sin diagnóstico preciso

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 827. Noviembre 21, 2019. Pág. 5.)

La actual administración gubernamental ha reprochado, de formas diversas y en distintos momentos de su todavía corta gestión, la transferencia de fondos públicos hacia el sector privado realizada en el sexenio pasado. También ha insistido en establecer la austeridad como lineamiento en el servicio público, favorecer a los más desprotegidos, la importancia de controlar el gasto público y erradicar la corrupción, entre otros aspectos.

En el sistema científico y tecnológico ha permanecido la idea de que las transferencias de recursos públicos a entidades privadas está en el origen de sus dificultades. En su conferencia de prensa del pasado 7 de noviembre, el presidente López Obrador nuevamente puntualizó que en el sector de la ciencia y tecnología “todo el presupuesto se lo llevaban para el sector privado”.

La afirmación lacónica no es suficiente como diagnóstico. Haría falta precisar las irregularidades u omisiones de las autoridades anteriores para incrementar la inversión privada en ciencia y tecnología. A la fecha, la titular del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, solamente ha insistido en que se transfirieron al sector privado alrededor de 35 mil millones de pesos en el sexenio pasado y se descuidó la investigación básica.

Sin embargo, no existe ningún diagnóstico o reporte de acceso público que muestre la información oficial y precisa sobre las transferencias. El tema es delicado porque los señalamientos críticos cada vez afianzan más la idea de que se trató de algo irresponsable, cuando no indebido. Tal vez las autoridades verdaderamente sí tienen otros datos y por eso López Obrador también afirmó que el sistema científico y tecnológico, a causa de esas transferencias, retrocedió en el periodo anterior.

Los datos, en caso de existir, deberían estar públicamente disponibles y ser el respaldo de las acciones en marcha. Hasta hace poco el diagnóstico del sector científico y tecnológico parecía estar claro para todos, era relativamente compartido y justificaba las acciones en ciernes. Por ejemplo, destacaba la alta concentración regional e institucional del sistema, las inequidades generadas, la necesidad de una mayor expansión, desarticulación del sistema, la falta de recursos financieros, programas tradicionales o programas innovadores, polos altamente desarrollados coexistiendo con otros de nulo desarrollo, atención a problemas nacionales, entre otros elementos.

No obstante, actualmente son otras las coordenadas de las que parten las iniciativas y también son otros los puntos de llegada que anuncian, pero no se sabe cuales son sus bases técnicas ni sus puntos de referencia. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tampoco disipó las dudas.

La Ley de Planeación dice que los programas sectoriales y especiales deberán estar listos y publicados dentro de los seis meses posteriores a la publicación del PND. Este último apareció oficialmente el pasado 12 de julio, así que el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) deberá publicarse a más tardar en el mes de enero del año próximo.

El Peciti deberá contener un diagnóstico completo del sistema y las consecuentes líneas estratégicas que conducirán su desarrollo. Porque ahora solamente conocemos fragmentos de uno y enunciados generales de las otras. El problema es la improvisación en la resolución de problemas y las iniciativas que se contradicen a sí mismas.

Por ejemplo, pareciera que en el actual periodo no se incentivará la inversión del sector privado en el sector científico y tecnológico, por lo menos no a través de estímulos directos (transferencias de recursos públicos) ni de incentivos fiscales (programas indirectos). Aunque, al mismo tiempo, las autoridades han indicado que los particulares tienen una muy baja participación en el financiamiento para el sector (alrededor del 19 por ciento del total).

Entonces, ¿cómo se alentará la participación privada en el financiamiento? En las vísperas del inicio de la gestión, el ahora jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo dijo: “No va haber beneficios fiscales, por lo pronto vamos a ahorrar, vamos a crear condiciones de confianza para que la inversión venga; hoy no podemos hablar de incentivos porque tenemos que reducir gasto corriente. Ya una vez que tengamos la casa en orden, entonces ya podemos hablar” (Crónica. 08.11.2018). Sin embargo, el programa de incentivos fiscales para el sector científico y tecnológico sí persiste.

Por otra parte, si el Presupuesto de Egresos de la Federación del año próximo no registra un incremento en el gasto para ciencia y tecnología y tampoco está claro cómo podría alentarse una mayor participación financiera del sector privado, la consecuencia lógica es que las decisiones sobre el sistema operan sobre un diagnóstico que no conocemos. Ya sería hora.

Pie de página: Esta semana inició y mañana concluye el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa; uno de los encuentros que se realiza cada dos años y concentra el mayor volumen de profesores, investigadores, estudiantes y personas interesadas y preocupadas por la educación. Pendientes. Otro: la semana pasada la Red ProCiencia celebró su primer encuentro presencial.

¿Y los (otros) datos oficiales?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 825. Noviembre 14, 2019.Pág. 5)

“Todo el presupuesto se lo llevaban para el sector privado y no se destinaba presupuesto para investigación a universidades públicas; todo era subsidio para el sector privado, no se hacía investigación”, dijo el presidente López Obrador la semana pasada. La afirmación fue pronunciada en su conferencia de prensa del 7 de noviembre.

Sí, en ese ejercicio de comunicación cotidiano que se autoimpuso el presidente, con alta resonancia pública porque marca la agenda política y estructura los comportamientos de apologistas y detractores. Lo inquietante del caso es que las aseveraciones y contenidos, con relativa frecuencia, están sustituyendo la precisión y la rigurosidad de los reportes por escrito o los informes documentados.

No es la primera vez que el tema de la transferencia de recursos públicos hacia el sector privado sale a relucir. El señalamiento crítico sobre la administración anterior ha sido reiterado desde enero de este año, tanto en las conferencias presidenciales como en las comunicaciones del sector científico y tecnológico. Aquí mismo lo hemos mencionado en su oportunidad una y otra vez, pero todavía hoy no está claro la dimensión de esas transferencias y, principalmente, si fueron irregulares.

Ahora, el tema escala todavía más, porque el presidente López Obrador atribuye un retroceso del sistema científico y tecnológico a las transferencias realizadas. O sea que no solamente pudo ser algo indebido, también es el origen de un deficiente desempeño del sistema. Nada menos.

Veamos con mayor detalle qué y cómo lo dijo el presidente. A diferencia de otras ocasiones, la pregunta en la conferencia de prensa no fue sobre las transferencias de recursos públicos al sector privado, ni siquiera acerca de lo que ocurre en el Conacyt, el cuestionamiento se dirigió a los problemas que podrían derivarse del paso del programa “Seguro Popular” a lo que ahora ofrecerá el seguro del bienestar (Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi).

El ejecutivo federal, pausadamente, explicó los componentes del nuevo programa, para reafirmar que todo seguiría de la misma forma. Rectificó: “pero sin corrupción y todo será mejor”. Añadió que salud recibirá 40 mil millones de pesos adicionales porque el propósito último es “tener un sistema de salud como el que tienen en Canadá o Dinamarca”.

Enseguida, el presidente, preguntándose a sí mismo dijo: “¿Saben qué pasó con esto del Seguro Popular?” Y se respondió: “creció más el número de trabajadores administrativos que el número de médicos; una desproporción completa”. Eso se está atendiendo, añadió. Explicó: hay entre seis mil y ocho mil administrativos más, pero hay carencia de médicos.

Los datos son alarmantes, no hay duda. Sin embargo, ¿las cifras son precisas? Es difícil saberlo porque los datos oficiales no están públicamente disponibles; tampoco lo estuvieron cuando Germán Martínez renunció en mayo pasado a su posición de director general del IMSS.

El presidente considera que el desconcierto y la inconformidad en el sector salud se debe a la solución y ajuste que su administración está realizando. Y equiparando la situación continuó: “es lo que pasa como en otras cosas. Es lo que pasa en el Conacyt. El presupuesto se lo llevaban para el sector privado. Incluso se bajó de nivel en los últimos años, en vez de avanzar en materia de ciencia y tecnología, retrocedimos (y eso fue) por la corrupción. Por eso, la campaña en contra de la directora del Conacyt”.

Tal vez los encuentros matutinos no sean el mejor lugar para revisar el detalle de los datos, pero ¿la información sobre transferencias y desempeño es exacta y públicamente disponible? Las únicas cifras que se conocen son las del primer informe de gobierno. Ahí se anota que el sector privado, en el sexenio anterior, solamente contribuyó con el 19 por ciento del Gasto en Investigación y Desarollo Experimental (GIDE) y, en cambio, en el mismo periodo recibió alrededor del 50 por ciento de los recursos de los fideicomisos (35 mmdp) del Conacyt (pág. 300).

Ciertamente, los fideicomisos han sido una forma de desaparecer el dinero público, como lo ha documentado Fundar, pero si fue el caso en el Conacyt, debería procederse legalmente y la información debería ser completa, pulcra y transparente. No lo es. Los datos son del mismo periodo, pero no son comparables los rubros, tampoco las cifras absolutas y relativas. Una cosa es el GIDE, otra son los fideicomisos. En otra oportunidad veremos el detalle las cifras.

El mismo primer informe de gobierno tampoco muestra un retroceso en materia de ciencia y tecnología. Ninguno de los indicadores (becas, investigadores, proyectos, personal, gasto, convenios) refleja una disminución en el periodo. Sin embargo, sí hay una excepción: el GIDE como proporción del PIB, pasó de 0.47 en 2018 a 0.31 en este año. Nótese que no es el periodo, es de un año a otro. Raro e incompleto.

En 2018 no se publicó el informe del sector y en este año todavía no aparece. Pues sí, necesitamos los otros datos oficiales.

Pie de página: Este viernes habrá punto final en las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020, ahí se reflejará el margen de maniobra de los diputados.

Ciencia y tecnología: el poder legislativo

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 824. Noviembre 7, 2019. Pág. 4)

La responsabilidad nacional sobre las políticas científicas y tecnológicas, según lo establece el marco normativo vigente, la tiene el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI). Sin embargo, no es nada menor el papel reservado para los legisladores y su probable influencia en las decisiones.

Hasta ahora, el Consejo General es el máximo órgano de política y coordinación del sector, presidido por el ejecutivo federal y en el que participan secretarios de Estado, representantes del sector académico, social y productivo.

A su vez, el Consejo General tiene una secretaría ejecutiva que es asumida por quien ocupa la titularidad del Conacyt, así que este último ejecuta y se encarga de implementar lo que decide el primero. Algunas decisiones incluyen el diseño del programa sectorial, el anteproyecto de presupuesto consolidado o los informes periódicos.

Esto es, el gobierno federal tiene la principal responsabilidad en el diseño y puesta en marcha de la política científica y tecnológica. Sin embargo, no es el único. Además de los representantes de instituciones académicas, sociales y productivas que participan en el Consejo General, el Congreso de la Unión también tiene una responsabilidad.

La Cámara de Diputados es el poder que aprueba o no el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sí, ese documento que en el primer año de cada sexenio debe precisar los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades del desarrollo, tanto como la previsión de recursos y las responsabilidades para su ejecución.

¿Usted recuerda el PND publicado el pasado mes de julio? Es el documento de planeación de carácter histórico porque “marcará el fin de los planes neoliberales” y un deslinde del “lenguaje oscuro y tecnocrático”, se anotó. Ahí también quedó registrado que el desarrollo económico alcanzará una tasa de crecimiento para el final del sexenio de 6 por ciento, como también el anuncio de que promovería la investigación científica y tecnológica. Pero, ciertamente, no incluyó propiamente objetivos, ni indicadores, menos programación de metas.

El PND, ese documento que aprobaron los diputados, también formó parte del desencuentro que llevó a la renuncia de Carlos Urzúa, el primer secretario de Hacienda de esta administración, porque, dijo el ahora exfuncionario “no se puede escribir a vuela pluma un Plan Nacional de Desarrollo” y, en su opinión, lo que ahora tenemos no es un plan.

Los diputados tienen atribución para verificar que el PND incluya los fines contenidos en la Constitución e incluso regresar el documento al ejecutivo federal para que realice las adecuaciones y lo presente de nueva cuenta (tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Planeación).

Los legisladores son los primeros responsables del diseño o modificaciones al marco normativo de la educación y la ciencia y la tecnología. El caso más reciente es la reforma del artículo 3º constitucional y la promulgación de las correspondientes leyes reglamentarias. Nada más.

Además, no menos importante, son los diputados los que, año con año, ratifican o no el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que les remite ejecutivo federal. Las decisiones que toman los diputados sobre el volumen y la distribución de los recursos públicos, marca el derrotero de miles de programas y de millones de beneficiarios. Por cierto, al final de la semana próxima deberán estar listo el presupuesto del año 2020.

Otra función y responsabilidad del Congreso se ha hecho más evidente en esta legislatura: los puntos de acuerdo para conminar al ejecutivo federal sobre algunos asuntos de interés público. Las expresiones no tienen un carácter vinculante, pero tal vez continuarán multiplicándose, quedarán en el registro de la opinión pública y sus efectos podrían expandirse.

Legisladores de oposición han presentado a lo largo de este año más de una veintena de propuestas de puntos de acuerdo para hacer exhortos al Conacyt en diferentes asuntos. Por ejemplo, para que el organismo no suspendiera ninguna convocatoria de las que estaban en marcha, para realizar asignaciones extraordinarias para compensar los recortes a las becas de posgrado, para el pago de becarios en el extranjero, para apoyar a los equipos de las olimpiadas de física y matemáticas y para habilitar los recursos financieros que le corresponden al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. O bien para que se otorguen más recursos al sector de ciencia y tecnología, entre otras.

No todos los puntos de acuerdo tuvieron respaldo en el pleno y varios fueron desechados. Sin embargo, todos tuvieron visibilidad pública. Incluso, ahora, el Congreso de la Ciudad de México se ha sumado a los exhortos. En su sesión del pasado 31 de octubre fue aprobado un punto de acuerdo para solicitar a los titulares de Conacyt y del SNI un informe en donde se “expongan detalladamente las razones que dieron lugar a la destitución del Dr. Antonio Lazcano” (Gaceta Parlamentaria. No. 245. 31.10.2019)

No obstante, la confianza de los ciudadanos en los legisladores es muy baja. Tal vez les llegó la hora de intentar revertir su imagen y adquirir mayor relevancia.

Pie de página: ¿ya están los puntos de la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología?

Gasto educativo: cumplir con la Constitución

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. Núm. 823. Octubre 31, 2019. Pág. 5)

En 15 días más los diputados aprobarán el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2020 y ahí se podrá advertir con mayor claridad qué planes llegarán a la realidad real y cuáles quedarán para un impredecible mejor momento. Sería un verdadero desatino incumplir lo que prácticamente se acaba de añadir a la Constitución y las promesas de respaldo a la educación y a la actividad científica y tecnológica.

El presupuesto de este año tal vez no reflejó del todo la responsabilidad de la actual administración, porque si bien el diseño del presupuesto corrió por cuenta del equipo de transición, todavía no tenía todos los hilos de la Hacienda Pública en la mano y tal vez tampoco los cálculos finos para fondear los programas, ni la dimensión de las demandas presupuestarias o el precario equilibrio de las finanzas públicas. El año así se fue.

Ahora, la responsabilidad es completa para este gobierno. El pasado 8 de septiembre el secretario de Hacienda Pública entregó el paquete económico al Congreso y desde entonces ya estaban los atisbos de la distribución de los recursos. Las noticias no fueron las mejores para educación y tampoco para ciencia y tecnología. El proyecto de presupuesto para el año próximo consideraba un ligero incremento para la primera (menos de un punto porcentual) y ninguno para Conacyt.

No obstante, como es el Congreso el que decide sobre el ingreso y gasto públicos, queda la sensibilidad de los legisladores para posibles modificaciones al paquete económico enviado por el ejecutivo federal. La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) quedó aprobada por los diputados el día 18 de este mes y luego ratificada por los senadores con ligeros cambios el viernes de la semana pasada. En general, a los ingresos calculados por Hacienda los legisladores le añadieron 6 mil millones de pesos más (El Financiero 18.10.2019).

Frente a los 6.104 billones de pesos que corresponde al volumen total de ingresos calculados ya con incremento, el aumento de los 6 mil millones ya no se escucha fuerte. La LIF es importante porque guarda equilibrio con el PEF: es el techo al que se atiene el gasto público. ¿Todavía es posible modificar ese techo? Sí, es probable, el punto final será la aprobación del PEF que tiene como límite el próximo 15 de noviembre.

La legislatura que aprobó el paquete económico del 2019 es la misma que aprobará el del año próximo. No obstante, ahora existen factores que no estaban presentes en la aprobación anterior. En primer lugar, el responsable de armar y presentar el paquete económico es diferente. La renuncia de Carlos Urzúa, según anunció en carta pública el pasado mes de julio, fue motivada porque se habían tomado decisiones de política pública sin el debido sustento y porque la política económica debía estar basada en evidencia; lo reemplazó Arturo Herrera. Ha sido el cambio más importante en el equipo de primer nivel del gabinete.

En segundo lugar, los anuncios y medidas de austeridad que se pusieron en marcha en este año, a través de mecanismos atípicos e informales, fueron ajustados a rango de norma (la Ley Federal de Austeridad Republicana y las adecuaciones a las leyes General de Responsabilidades Administrativas, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).

En tercer lugar, y quizás más importante, la actual legislatura es responsable de la más reciente reforma al artículo 3º constitucional y las consecuentes leyes reglamentarias. Las modificaciones al marco normativo tienen claras implicaciones presupuestarias en la educación, como el de la formación de profesores, el desarrollo profesional docente, la garantía y obligatoriedad en los extremos del sistema educativo (educación inicial y superior) o en el financiamiento para ciencia y tecnología.

Otro ejemplo, el artículo Décimo Quinto transitorio de la reciente reforma del artículo 3º constitucional, señala que: Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del artículo 3o. de esta Constitución; adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura.

 Sin embargo, en el proyecto que entregó Hacienda no previó ningún fondo adicional, tampoco los recursos financieros para las otras garantías que mandata la Constitución. Así que ahora la responsabilidad y la expectativa están del lado de los diputados.

Pie de página: El litigio que sostiene Conacyt en contra del científico Antonio Lazcano y también en contra del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, no parece tener un fin próximo. El organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas anunció que impugnará las suspensión provisional que les concedieron. Lamentable.

Judicialización de la academia

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 822. Octubre 24, 2019. Pág. 5).

El científico Antonio Lazcano, a raíz de su destitución de la comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), había anunciado hace un mes que se inconformaría. El pasado día 17 informó que como resultado de un amparo indirecto que promovió, un juzgado consideró que en tanto no se resuelva si la destitución fue legal o no, la autoridad del sector lo debía reincorporar en la misma posición.

Lo notable es que el mismo día, unas horas después de la orden del juez, el titular del SNI, Mario De Leo, le reiteró vía electrónica a Lazcano su pérdida como miembro de la comisión dictaminadora del área II y enfatizaba que la destitución continuaría por sus faltas injustificadas a las sesiones plenarias (El Universal 18.10.2019).

Seguramente usted recuerda la serie de desencuentros y no hace falta reiterar los hechos. Tal vez sea suficiente mencionar que parte de los antecedentes tuvieron lugar en los últimos cuatro meses, en los cuales se han expresado visiones opuestas sobre la gestión, logros y dificultades del sistema científico y tecnológico nacional, así como la posterior destitución de Lazcano. “Por incumplir con sus deberes y fallarle así a la comunidad y al pueblo de México”, según lo planteó el comunicado de Conacyt (22.09.2019).

Lo más probable es que la disputa entre el integrante de la comunidad académica y las autoridades del sector se extienda en el terreno legal, porque siempre habrá un nuevo recurso al que puedan apelar una y otra parte en los tribunales, antes de sucumbir en la vorágine de expedientes judiciales o el agotamiento del periodo en funciones. Sin embargo, la peculiaridad del conflicto revela la tensión en el sistema.

Aparentemente todo suena algo descabellado: el intercambio epistolar, las razones de la destitución, el amparo, la resolución del juez, la desobediencia inmediata a la orden. Principalmente porque lo que está en juego no es de beneficio directo, un puesto laboral o remunerado, se trata de la pertenencia ad honorem a una comisión dictaminadora que tiene sus ganancias y sin duda es muy importante para la operación del sistema de incentivos, pero no es una posición anhelante.

Entonces ¿por qué llevar la disputa a los tribunales y tanto empeño en la posición? Porque es evidencia de un quiebre en las reglas del juego entre los ámbitos académico y gubernamental, tanto como la imposibilidad de dirimir las querellas y llegar a acuerdos bajo el marco y los carriles usuales.

Los conflictos administrativos no son algo extraordinario en el ámbito académico, aunque casi siempre el epicentro se localizaba en las relaciones laborales, por los despidos injustificados, el incumplimiento de labores o la vulneración de algún derecho. Tampoco, desafortunadamente, son novedosas, y cada vez lo son menos, las sanciones derivadas de la comisión de ilícitos, como el acoso sexual, violencia, el plagio académico o el tráfico de drogas en las instituciones educativas.

Sin embargo, lo notable del caso es que en los últimos años se han sumado y multiplicado los conflictos legales entre las instituciones universitarias y las gubernamentales. Ahí está la intención de instalar órganos internos de control o los adeudos financieros con el caso emblemático de la Universidad Veracruzana, pero también el de la Universidad Autónoma de Morelos o el de la Universidad Autónoma de Baja California. Cada caso es diferente y la historia también los tiene registrados en el pasado, pero ahora lo extendido es el tema de los recursos financieros.

Las contiendas legales por el financiamiento también llegaron al terreno científico y tecnológico. Recordemos las recientes inconformidades y los amparos del personal de centros públicos de investigación y de otras instituciones por la reducción de su salario y la suspensión de su seguro de gastos médicos mayores.

Por los mismos motivos también habría que añadir el litigio que sostiene el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y el Conacyt. El Foro informó que conforme lo mandata la ley del sector, debió recibir recursos financieros necesarios desde el pasado mes de julio y no fue el caso, así que promovió un juicio de amparo para que se cumpliera la norma.

Ocurrió casi lo mismo que con el científico Lazcano. El pasado 26 de septiembre, el Foro informó que un juez de distrito concedió la suspensión provisional en su favor y ordenó que Conacyt le entregara los suficientes recursos económicos para su operación permanente mientras se resuelve el juicio de amparo” (Boletín 198). Todo indica que la autoridad tampoco obedeció al juez y el litigio sigue su curso.

En fin, lo que parece evidente es una cierta judicialización de la academia, esto es, regular su intercambio con el gobierno a través del sistema jurídico, lo que indica que el poder de los jueces, los circuitos y los tribunales tendrán una creciente importancia dentro y fuera del terreno académico. Veremos los resultados.

Pie de página: Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública: “Una mezcla tóxica que favorece los intereses privados”, así describió el depósito de dinero público en un fondo fiduciario.