El punto sobre el porcentaje: las becas de esta administración

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 739. Enero 25, 2018. Pág. 5)

Las cifras son algo sorprendentes: 400 mil becas para estudios de posgrado en toda la historia de Conacyt y el 45 por ciento de ese total se entregaron en esta administración. Sí, esos fueron los números que dijeron hace dos semanas el director del organismo, Enrique Cabrero, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, respectivamente (Comunicado de la presidencia. 12.01.2018).

¿Por qué debemos sorprendernos? Por varias razones. Si uno piensa que es un periodo de casi medio siglo (Conacyt se creó en 1970 y al año siguiente comenzó el respaldo para la formación de recursos humanos), quiere decir que en los últimos cinco años el organismo entregó un número de becas casi similar a las sumadas en más de cuatro décadas. El dato simple es muy contundente; tiene los trazos de todo un logro o algo fuera de proporción.

Veamos los números. Bueno, antes, una vez más vale la pena decirlo, como otras tantas veces lo hemos dicho aquí mismo: el programa de becas de Conacyt ha sido de una nobleza y de una generosidad absoluta para la formación profesional y de alto nivel en México (incluso para la región). No solamente se ha sostenido a lo largo del tiempo, los números han sido crecientes, salvo en los periodos turbulentos y de crisis económica. Si el programa no hubiera existido o fuera otro, tal vez nuestro rezago sería más grave y muchos de nosotros no estaríamos en donde estamos, ni personal ni institucionamente.

En fin, según los números oficiales, cuando Conacyt cumplió su tercera década, en el año 2000, se hizo una primera estimación del número de becas que hasta ese momento había otorgado. A pesar de que el funcionamiento del programa era irregular, la serie histórica de los becarios de Conacyt era un caos y las proyecciones tenían sus bemoles, comenzaba a ponerse orden en la base de datos. En esa fecha se dijo que sumaban poquito más de 100 mil becas otorgadas.

El dato fue tomado con pinzas, porque no parecía corresponder demasiado ni con el número de profesionales que pertenecían al SNI (en ese entonces eran poco más 7 mil integrantes) ni con el número de profesores con posgrado que se desempeñaban en las universidades (alrededor de una tercera parte de poco más de 160 mil). Al comienzo de los 2000, la matrícula total de licenciatura era de casi dos millones y la de posgrado apenas alcanzaba los 129 mil estudiantes (el 9 por ciento era de doctorado).

Así, la línea base era de 100 mil becas acumuladas en el año 2000, así que según lo dicho por los funcionarios, en los siguientes 18 años se añadieron otras 300 mil nuevas becas. Las cifras se aproximan bastante. Si sumamos las nuevas becas que reporta Conacyt entre 2000 y 2018, el total es de 290 mil 258. Los números no son exactos pero casi. Y dado que no están disponibles las cifras del 2017, atribuyámosle a ese año lo faltante.

¿También debemos tomar con reserva la cifra actual de 400 mil becas otorgadas? Se supone que son confiables, porque ahora ya no son proyecciones o cálculos, son números absolutos, registrados puntualmente en los informes generales de Conacyt. Pero si las becas se cuadruplicaron entre 2000 y 2018, los miembros del SNI casi igualaron esa misma proporción: pasaron de 7 mil 466 a 27 mil 186 en el mismo periodo. Los profesores con posgrado en las instituciones de educación superior, al menos los de tiempo completo, no crecieron en la misma proporción, pero al parecer se duplicaron (pasaron de tres a siete de cada 10).

La matrícula del posgrado casi se duplicó: pasó de 129 mil a 239 mil. De esta última cifra, la participación relativa de los doctores pasó de 9 a 19 por ciento y el grado también quedó instaurado como requisito de ingreso laboral a las instituciones de educación superior. Es decir, en las últimas dos décadas la presión demográfica y del sistema también ha sido importante para el mantenimiento y ampliación del programa de becas. Solamente recordemos los conflictos de los dos años recientes.

Entonces, lo que dijo el presidente Peña Nieto: “nunca se habían entregado tantas becas para la formación de capital humano como las que se han entregado en esta administración: del total de estas 400 mil becas, 45 por ciento se han entregado en esta admimistración”. ¿Es cierto? No, no es así y no debiera ser soslayado. Si vemos la tabla que aparece abajo, la operación es muy simple, las entregadas en el útimo sexenio representan el 43.9 por ciento, pero de los últimos 18 años, no desde la creación del Conacyt. Si consideramos la serie histórica apenas sobrepasarían una tercera parte del total.

Todavía más, si uno compara los periodos que aparecen en la tabla, lo que se advierte es que del primero (2001-2006) al segundo (2007-2012) las becas se duplicaron, sin embargo, en el más reciente las becas nacionales crecieron más bien de forma modesta y las del extranjero un poco más pero sin llegar a duplicarse. (Debo para una próxima entrega una comparación más precisa con la tasa media anual de crecimiento por periodo y mayores detalles).

	Nuevas becas otorgadas por Conacyt (2001-2017)
	Nacionales	Al extranjero	TOTAL  (abs.)              (%)
2001-2006	44,337	6,010	50,347         (17.7)
2007-2012	94,463	14,429	108,892         (38.3)
2013-2017	101,888	23,142	125,030         (43.9)
Totales	240,688	43,581	284,269
Fuente: Informes generales del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación (diferentes años).

Ciencia y Tecnología: Los compromisos, un mal recuerdo

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 738. Enero 18, 2018. Pág. 5)

El pasado 12 de enero tuvo lugar la que seguramente será la última sesión del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI), al menos en lo que corresponde a este periodo gubernamental. Un organismo que tiene un nombre tan largo como el lapso que deja de sesionar y con funciones tan amplias y de alto nivel que lo debe presidir el ejecutivo federal.

Tal vez por la misma razón, el presidente de la República aprovechó la oportunidad para inaugurar un centro de investigación, entregar premios rezagados –sí, del 2016--, girar nuevas instrucciones al director del Conacyt y resaltar lo que probablemente serán algunos de los resultados más difundidos de este periodo. Todo bien. El detalle, sin embargo, es que el principal compromiso, ese que está firmado y ahora debiera ser punto de comparación, ya solamente es un mal recuerdo.

Incluso, para una buena parte de medios, las notas de mayor importancia no fueron los logros del periodo. Una que concentró mayor atención fue un hecho lamentable de tan malos recuerdos: los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El reclamo silencioso de una de las galardonadas, Rosaura Martínez Ruiz, al vestir una camiseta para recibir su premio, una que tenía la leyenda “Nos faltan 43”, lo trajo a la memoria una vez más. La foto fue elocuente y contrastante: las grandes siluetas de trajes obscuros de los funcionarios públicos y el encuentro con la menuda figura de camiseta blanca de la premiada.

Otro hecho que también llamó la atención: la fuerte irritación de ojos que afectó a varios de los asistentes a la ceremonia de premiación. El incidente incluyó al mismo presidente de la República y a varios de integrantes de su gabinete, el malestar fue de tal magnitud que requirieron atención médica. Todavía, cuatro días después, nadie sabía a qué o a quién atribuir la causa del malestar; la Secretaría de Salud sigue sin informar.

En fin, en el acto de Querétaro que incluyó tres partes (sesión del Consejo, inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas y entrega de premios), en su turno, públicamente, el director de Conacyt dijo: “Usted, señor presidente, se comprometió durante estos años y los resultados están a la vista: laboratorios que se han creado en estos años en temas de nanociencias, en temas de biotecnología, nuevos materiales, como los materiales grafénicos y otros o laboratorios de geointeligencia, rayos gamma o energías renovables” (Comunicado presidencia. 12.01.2018).

Y sí, efectivamente, se crearon algunos laboratorios nacionales, se puso en marcha la idea de consorcios y se instauraron diferentes programas. El asunto es que los resultados no están a la vista. El ambicioso programa de creación de infraestrutura que se había prometido al inicio del periodo, el cual incluía no solamente nuevos centros de investigación, sino también representación en diferentes emabajadas en el mundo, nunca llegaron a edificarse. A partir del 2015, los planes sucumbieron ante los recortes presupuestales y el cambió de expectativas.

No obstante, el titular de Conacyt dijo que, pese a los necesarios ajustes, “la inversión del gobierno federal en ciencia y tecnología en este sexenio ha sido la más alta en términos reales en la historia del país”. Claro, graficamente, si uno compara al menos los cuatro últimos sexenios, cada uno arrojará una mayor inversión federal, en términos reales, respecto del periodo anterior; cada uno será histórico. Otro asunto es si la inversión se compara respecto al PIB.

Otro dato mencionado por el titular de Concayt fue que en la misma ceremonia se entregaría, simbolicamente, un diploma a la becaria número 400 mil en la historia del organismo. El dato es sorprendente porque, según las propias cifras oficiales, hasta el año 2001 se habían entregado 100 mil becas en los primeros 30 años del Conacyt, lo cual ya era de por sí increible. Ahora, no solamente la entrega se triplicó en los últimos 17  años, el presidente Peña afirmó que Conacyt entregó el 45 por ciento de las 4000 mil becas en su administración. Fantástico. Examinaremos las cifras en detalle en una siguiente entrega.

En su turno, el presidente Peña Nieto, volvió a reiterar el volumen de crecimiento de la inversión federal para ciencia y tecnología y las cifras de formación de recursos. Desafortunadamente, no recordó que el único compromiso que sí quedó firmado, apareció en el programa sectorial y tenía un indicador claro, era el de contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico alcanzara el uno por ciento del PIB para este año. El año pasado estaba a la mitad y así seguirá en éste.

Lo más inaudito es que en la misma ceremonia, el mandatario dijo que le había dado instrucciones al director de Conacyt para que, junto con la consejería jurídica, revisara el marco normativo de la ley de ciencia y tecnología para modernizarla, preservar y extender lo que ha resultado positivo. ¿En el último año? Lo paradójico es que el tema del financiamiento, reiterado en el compromiso firmado, tiene casi 15 años y todavía no se cumple. ¿Ahora vamos en sentido inverso?

Ciencia y tecnología. La importancia de llamarse informe

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 737. Enero 11, 2018. Pág. 5)

El año pasado, el 19 de diciembre, cerró con la publicación del “Informe general del estado general de la ciencia, la tecnología y la innovación 2016”. En el sector, es un documento que debe emitirse puntualmente año con año para reportar las principales acciones en la materia. Desafortunadamente, por diferentes circunstancias, los plazos de su publicación se alteraron desde el segundo año de esta administración. El retraso y la anomalía en sus datos ya no parecen una excepción. No debiéramos aceptarlo.

De hecho, el año pasado, seguramente para reparar la demora, se emitieron dos informes: en agosto el correspondiente a 2015 y en diciembre el de 2016. La actualización no está mal, nada mal, sobre todo cuando ya estamos en la recta final del periodo de gestión. Claro, ahora, hacia el final de la administración, otra vez tocará doble: el que reportará logros de 2017 y el ejercicio que está en curso. ¿O nada más uno? ¿Ni uno ni otro?

En el mar de noticias, datos y cifras que cotidianamente emiten las oficinas gubernamentales, los informes ya nos parecen desdeñables. No lo son. En primer lugar, porque son la fuente oficial, primaria, válida y reconocida, de las acciones de gobierno y sus resultados. En segundo lugar, porque se supone que son reportes desagregados, confiables y sistemáticos del cúmulo de iniciativas puestas en marcha. En tercer lugar, y más importante, porque es la forma elemental de rendir cuentas de quien tiene una responsabilidad pública, prevista casi en cualquier normatividad.

El titular del ejecutivo federal está obligado a presentar un informe anual del estado que guarda la administración pública. Ya no es necesario que el presidente de la República acuda personalmente a exponerlo ante el Congreso, como ocurría apenas dos administraciones anteriores. Con la reforma al artículo 69 constitucional, ahora es suficiente con que lo haga llegar por escrito. Pero la entrega es ineludible.

¿Las dependencias también deben rendir un informe? Sí, desde luego. El artículo10 de la ley de ciencia y tecnología dice claramente que el titular de Conacyt, en su carácter de secretario ejecutivo del Consejo General, debe formular y presentar “El informe general anual acerca del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México, así como el informe anual de evaluación del programa especial y los programas específicos prioritarios...”

Entonces: ¿quién nutre de información a quién? Lo lógico sería que el documento global, el que presenta anualmente el presidente de la República, fuera elaborado con los insumos que le hacen llegar las diferentes dependencias gubernamentales. Esa sería el mecanismo para los grandes e imprescindibles trazos. Sin embargo, lo paradójico es que el primero sí aparece en tiempo y forma, los segundos no. Así que el camino inverso, o al menos a la mitad entre uno y otro, podría ser factible.

Pongamos por caso el objetivo más general e importante del sector: contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico alcance un nivel del uno por ciento del PIB. No es necesario insistir que, ya lo hemos dicho en diferentes y muy variadas ocasiones, se trata del indicador de Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE).

El informe de gobierno de 2017 precisó que: “el promedio anual de la proporción GIDE/PIB  es de 0.52 por ciento, superior en tres centésimas porcentuales al promedio de  acumulado de 2007-2011 y 14 centésimas porcentuales más respecto a 2001-2005” (p.352). Es cierto, visto así, el promedio es superior, al presentado en las dos administraciones anteriores. No obstante, como también se muestra en el mismo documento y en sus anexos, el indicador para 2017 está en 0.50, precisamente a la mitad de lo que debía alcanzar en este año.

Por su parte, en el informe general de Conacyt, quedó anotado: “El indicador ha mantenido un comportamiento histórico descendente a partir de 2015, donde el resultado fue de 0.53 por ciento, en 2016 el valor del indicador es de 0.50 por ciento, lo cual representa una reducción de 5.7 por ciento” (p. 148).

Aparentemente, salvo porque en el reporte de Conacyt se asume claramente el descenso, se trata de la misma situación y las cifras son iguales. No es así. La proporción del GIDE para 2016 y 2017 es la misma (0.50). No tendría nada de raro excepto que en los anexos estadísticos  dice que es de 0.51 por ciento del PIB. La diferencia, dirán algunos, es completamente mínima e insignificante. No lo es, pueden ser cientos o miles de millones de pesos. Pero digamos que así fuera, la cosa es que se trata de documentos oficiales que derivan uno del otro, casi se empalmaron en el tiempo y aún así difieren.

Una de las posibles razones para la diferencia es que la fuente para calcular el GIDE depende de una encuesta bienal, realizada por el Inegi a solicitud de Conacyt: la ESIDET. El asunto es que los datos de la encuesta del 2014 no están disponibles y al parecer esperarán los resultados de 2016, así que son meras estimaciones. Eso.

En fin, no es un “hecho alternativo”; un informe es un informe y no puede llamarse de otro modo (como Ernesto en Londres y Juan en el campo).

"Dejen de lado la política". Importación de insumos para la actividad científica

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 736. Diciembre 21, 2017. Pág. 5)

El pleno del Senado, el pasado 14 de diciembre, aprobó una modificación al artículo 29 de la ley de ciencia y tecnología. Un cambio en la norma que permitirá, si la aprueban los diputados, agilizar la importación de insumos para la investigación científica.

Después de dos años, parecía que la iniciativa no pasaría; ni en éste ni en ningún año. Sí pasó, sorprendentemente. Todavía falta ver qué dicen los diputados. Sin embargo, las palabras del senador Patricio Martínez, presidente de la comisión de ciencia, muestran parte de la relación entre academia y política.

La importación de insumos no es un tema menor o irrelevante para el desarrollo de la ciencia. Todavía es más básico para aquellos científicos cuya actividad cotidiana depende de materiales que no están disponibles en el mercado nacional, como se pudo advertir en la consulta del año pasado que realizaron la comisión de ciencia del Senado y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En la academia, ha sido una queja reiterada la serie de dificultades para obtener los permisos de importación de algunos insumos.

Al comienzo del actual sexenio, en el documento “Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación” (coordinado por la UNAM), el tema formó parte de las propuestas para modificar la legislación del sector y también fue una de sus 16 conclusiones. Precisamente, en la síntesis, como último punto se proponía “establecer las modificaciones normativas pertinentes a fin de facilitar la importación y adquisición de equipos e insumos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico...” (p. 22).

Actualmente, en la sección correspondiente de la ley de ciencia y tecnología, en el artículo 29, solamente se establece que los proyectos de investigación gozarán del estímulo fiscal conforme lo previsto en la ley del ISR. Nada tiene considerado sobre trámites y permisos de importación de insumos. Por la misma razón, en diciembre de 2015, seis senadores, entre ellos Juan Carlos Romero Hicks, presentaron una iniciativa para añadir dos párrafos al artículo citado.

El primer párrafo preveía que las dependencias de la administración pública, federal y estatal, debían considerar el impacto de regulaciones y trámites para favorecer y estimular el desarrollo de los proyectos científicos y tecnológicos. El segundo párrafo, dirigido a regular la importación de insumos, señalaba que las personas e instituciones inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) no necesitarían autorización previa de importación, solamente avisar a la autoridad correspondiente y ésta confirmar en un plazo no mayor a 30 días.

No obstante, en su paso por comisiones, los senadores modificaron la propuesta original. En el dictamen dicen que no buscan “una absoluta liberación de las cargas administrativas a los particulares sino un punto intermedio sano”. Esto es, conservaron la propuesta de no requerir autorización previa para la importación, pero añaden condiciones en las que la autoridad sí podría exigir el permiso previo de importación de insumos.

Por ejemplo, una autoridad competente, “con base en una evaluación de riesgo”, puede exigir el permiso previo de importación de insumos para la investigación. Aunque, se indica, el trámite de permiso previo deberá ser ágil, breve y sencillo. Además, la autoridad deberá publicar, conjuntamente con el acuerdo, los productos que necesitan permiso previo y los que no; la lista se actualizará de forma permanente. No está mal, pero no será nada sencillo ponerla en marcha. La propuesta de redacción final del artículo 29, con sus cuatro párrafos, se asemeja más a un reglamento.

Las palabras del senador Patricio Martínez, presidente de la comisión de ciencia de la cámara alta, al momento de presentar la iniciativa en tribuna, son reveladoras de la relación que sostienen legisladores y miembros de la academia. Por un lado, señaló que los científicos han hecho reclamos fuertes a los políticos por su incomprensión sobre la actividad científica y su falta de respaldo. Por otro lado, dijo que la reforma que estaba por aprobarse sería un refuerzo a la ciencia y a los investigadores, con lo que disminuiría la controversia e incomprensión entre unos y otros.

El punto final que remató la argumentación del senador Martínez fue: “Haciendo votos para que los investigadores se enfoquen realmente a la investigación, y también de nuestra parte decirles: Que en la medida de lo posible dejen de lado la política y se vayan directo a los matraces” (versión estenográfica. Sesión. 14.12.2017). El dictamen se aprobó.

La pregunta es si el proyecto de ley se habría elaborado y aprobado sin las expresiones de inconformidad y presión de algunos científicos. No parece nada probable. Sin embargo, tampoco quiere decir que, en todos los casos, la manifestación de los interlocutores aseguran o inhiben los cambios legislativos; sobran las muestras. La relación es algo más compleja y azarosa. Ya lo veremos. Por lo pronto, en esta iniciativa, falta la aprobación de los diputados.