Los Programas Nacionales Estratégicos

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 796. Marzo 28, 2019. Pág. 5)

Las principales iniciativas hacia el sistema nacional de ciencia y tecnología, todavía hasta mediados de los años noventa, se concentraban fundamentalmente en ampliar e impulsar las capacidades del sector. Sin embargo, al final de esa década y con el cambio de siglo, comenzó a formularse con mayor claridad, una cierta exigencia hacia ese mismo sistema para que mostrara explícitamente una mayor contribución para resolver los grandes problemas de la nación y para que sus resultados fueran visibles. Lo había mostrado antes, pero a partir de esas fechas comenzarían a formularse lineamientos para modificar la estructura de incentivos.

Desde entonces se han ensayado distintos esquemas y se han planteado diferentes formas para atender los imperativos e intentar orientar al sistema en su conjunto. En general, a lo largo del periodo, los requerimientos han sido cambiantes, con prioridades relativamente extensas, pero casi siempre efímeras y con resultados poco alentadores.

En el programa sectorial de Vicente Fox, se identificaron “áreas estratégicas de conocimiento” y eran aquellas que podían impactar en diferentes áreas de la administración pública y que presentaban una alta tasa de cambio científico y tecnológico. Entonces, se plantearon cinco áreas estratégicas: información y comunicaciones; biotecnología; materiales; diseño y procesos de manufactura; e infraestructura y desarrollo urbano y rural.

Por supuesto, se planteó que cualquier proyecto que contara con recursos públicos para su realización, debía plantear una definición de área estratégica y de los sectores de actividad económica que estarían implicados. También incluyó que estaba en el interés del gobierno federal que las innovaciones realizadas en tales áreas de conocimiento estarían, en lo posible, orientadas hacia la población más vulnerable y con mayores carencias.

El sexenio concluyó con resultados muy por debajo de las expectativas que generó. Tampoco fue ninguna excepción el sector científico y tecnológico y sus áreas estratégicas de conocimiento. Los indicadores que por primera vez se plantearon en el programa a desarrollar, se mantuvieron con avances muy modestos o de plano a la mitad de la tabla.

Después, en la administración de Felipe Calderón, con los retrasos en la publicación de su programa sectorial, las áreas científico-tecnológicas que serían prioritarias casi se duplicaron. Quedaron las siguientes: biotecnología; medicina; energía; medio ambiente; tecnologías industriales de fabricación; materiales; nanotecnología; tecnologías de la información y las telecomunicaciones; y matemáticas aplicadas y modelación. También, el sexenio concluyó y los resultados no estuvieron a la vista.

En el periodo de Enrique Peña Nieto, a los dos años de iniciado, cobró mayor fuerza la idea de que los proyectos de investigación se dirigieran a atender los problemas nacionales. Así que en su programa especial se planteó, entre otras acciones, que los fondos sectoriales (los que se compartían con las diferentes secretarías de Estado) se ocuparan de ofrecer solución a los problemas nacionales.

Ahí se plantearon siete áreas de investigación, otra vez, se mezclaban con las de periodos anteriores y se incorporaban nuevas: biotecnología para la alimentación y la salud; cambio climático; energía y desarrollo sustentable; movimientos y asentamientos humanos; redes avanzadas de comunicación y tecnologías asociadas; salud y enfermedades importantes; y seguridad ciudadana. Al final, el gobierno federal informó que se apoyaron poco más de 600 proyectos y el monto fue de más un mil millones de pesos. Así fue.

En esta administración, por los plazos normativos, todavía no existe un programa sectorial, ni siquiera se conoce el objetivo que formará parte del Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, la actual titular del Conacyt, María Elena Álvarez, ha adelantado que uno de los cuatro ejes de la reestructuración en marcha del Conacyt será articular las capacidades científicas, tecnológicas y humanistas del país.

Básicamente, ha dicho Álvarez Buylla, antes de que se emitan las convocatorias para proyectos de investigación correspondientes, se trata de articular esfuerzos de colaboración en torno a Programas Nacionales Estratégicos. Esto es, al parecer, se identificarán necesidades prioritarias críticas y se integrarán grupos para atenderlas. Según lo que ha planteado la titular del organismo: “es un enfoque de ir del problema a la articulación de capacidades y a la solución del problema” (21.02.2019).

En fin, a pesar de ya se han emitido las primeras convocatorias y firmado los primeros convenios, todavía están en suspenso las características precisas que tendrá este eje de reestructuración del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas. Vale la pena revisar lo que ha ocurrido en el pasado.

Pie de página: ¿Hasta dónde llegarán las indagatorias de la Fiscalía General de la República sobre la Estafa Maestra? Tal parece que sigue el nerviosismo en el estado de Morelos.

¿Declaratoria de un desencuentro?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 795. Marzo 21, 2019. Pág. 5)

Los actuales movimientos en el sector científico y tecnológico son relativamente inusuales. No es la primera vez que se registra un desencuentro entre las autoridades del sector y algunas personalidades y organizaciones de representación de la comunidad científica. De hecho, buena parte de las políticas del sistema expresan las huellas de los intercambios, algunos más ríspidos y públicos que otros, pero pocas veces tersos.

Sin embargo, la controvertida iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, presentada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera de la fracción parlamentaria de Morena, refleja no solamente una cierta disputa entre María Elena Álvarez Buylla --la titular del Conacyt-- y organizaciones del sector, ahora también podría trasladarse al Congreso y probablemente entre éste y la dirección del organismo rector de las políticas científicas.

Los recientes encuentros organizados por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Cámara de Diputados son una muestra de las tensiones. En primer lugar, los foros no fueron organizados por la Cámara de Senadores, como era lo esperable, dado que es la cámara de origen.

La Cámara de Diputados apareció como un mejor espacio para la interlocución con los inconformes, seguramente porque la diputada Marivel Solís Barrera, de la fracción de Morena, preside la Comisión de Ciencia y Tecnología. En el Senado, la presidencia de esa misma comisión corresponde a la senadora Beatriz Paredes, integrante de la bancada del PRI. Por su parte, el Foro Consultivo, uno de los convocantes, no solamente es uno de los organismos de contacto entre autoridades y comunidad científica previsto en la ley vigente, también es una de las entidades que propone suprimir la polémica propuesta de ley de la senadora morenista Rivera.

En segundo lugar, los encuentros quedaron denominados como “Conversatorios para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Esto es, no fueron sesiones expresamente convocadas para discutir el controvertido proyecto de ley y aunque éste era el elefante en la sala, no fue el eje de la convocatoria.

El propósito de los conversatorios (ocho mesas en dos jornadas en San Lázaro) fue, dijeron los organizadores, para recibir aportaciones de expertos y actores clave. Sin embargo, no participaron autoridades del sector central y pues sí, tal parece que fue un muestrario de propuestas sobre los temas previstos en cada mesa y una válvula de escape a las muestras de inconformidad con el proyecto de ley.

En tercer lugar, en la segunda jornada del conversatorio que se realizó el 13 de marzo en la Cámara de Diputados, ese mismo día Conacyt celebró en sus instalaciones el foro “Ciencia por México: los Ejes del nuevo Conacyt en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”. Un encuentro al que acudió la senadora Beatriz Paredes, pero no la diputada Solís Barrera. Tal vez no tiene sentido especular si se trató de un foro opuesto o en competencia al realizado por los diputados, pero lo que sí es relevante es que se trata de participantes centrales del sector --tanto autoridades federales como legisladoras y miembros de la comunidad científica-- que discuten lo mismo en espacios diferentes; escuchan el eco pero no parecen tener comunicación directa entre sí.

El resultado de los foros realizados por Conacyt está por conocerse. En el caso de los conversatorios, al finalizar las mesas de trabajo, emitieron un breve documento que denominaron “Declaratoria”, firmada por las titulares del Foro y de la Comisión de Ciencia. Ahí quedaron planteados una docena de puntos que son más bien un pronunciamiento a favor del papel que puede desempeñar la ciencia y la tecnología en el desarrollo nacional y un posicionamiento sobre los temas críticos que puso en tela de juicio la iniciativa de ley de la senadora Rivera.

Por ejemplo, entre otros, destaca su respaldo a la idea de plantear en la Constitución Política el “derecho humano al acceso a los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones, y de manera particular a que este sector sea considerado desde la Carta Magna como un área prioritaria para el desarrollo nacional” (tercer punto). Un tema pendiente en los intentos de reforma y que también está presente en la discusión actual sobre el artículo 3º constitucional.

También su llamado a que las modificaciones normativas o las acciones a poner en marcha en el sector, sean acompañadas “por un diálogo amplio y permanente entre todos los actores que lo integran” (punto cuatro). O bien su convocatoria a cumplir lo que dice la ley vigente en materia de inversión en el sector (al menos uno por ciento del PIB en gasto nacional) y reconocer el papel del sector privado en el impulso a las actividades científicas y tecnológicas.

Pie de página: Sí, vuelven las áreas preferentes, la convocatoria para estudios de doctorado en el extranjero enumera 16 “temas indicativos” prioritarios.

¿Fuerza centralista de una nueva ley?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 794. Marzo 14, 2019. Pág. 5)

La discusión sobre una nueva norma para el sector científico y tecnológico ha revelado que prácticamente nadie está de acuerdo con la iniciativa presentada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. La legisladora es integrante de la fracción parlamentaria de Morena, pero no tiene voces de respaldo en su bancada, menos en otras fracciones parlamentarias. Tampoco tiene la aprobación de los miembros de la comunidad académica, ni de los representantes de los empresarios y ni siquiera del mismo gobierno federal. 

La directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, no la defiende públicamente. A pesar de que en redes sociales circula información sobre los metadatos del archivo digital del proyecto de ley que indican que la última versión del documento tiene su origen en las oficinas del organismo y de que el proyecto contiene varios cambios que la titular ha expresado como deseables en la nueva visión del sistema científico y tecnológico. Por el contrario, Álvarez Buylla manifestó sorpresa por la aparición de la iniciativa y ha dicho que no forma parte de la agenda legislativa del ejecutivo federal.

Lo que parece inocultable es que el proyecto de ley de la senadora Rivera unificó posiciones en contra y desató diversas opiniones sobre lo que podría cambiar en la normatividad del sector. Todo parece indicar que existe un relativo consenso acerca de mantener como base la ley vigente y pensar dos veces si es necesario un vuelco a las reglas de juego de la actividad científica y tecnológica.

Sin embargo, no está claro de qué tamaño debiera ser el giro de la norma ni cuál podría ser su dirección. En estas circunstancias, vale la pena reparar en dos aspectos que la reforma de 1999 y la del 2002 --las dos últimas reformas y modificaciones posteriores--, sostuvieron para mejorar e impulsar la conducción del sector.

El primero de ellos es el de políticas de Estado, en contraposición a políticas de gobierno. Desde los años noventa comenzó a expresarse con mayor insistencia la necesidad de que lo público no se identificara con lo gubernamental, que la hechura de las políticas no dependiera solamente del arbitrio del gobierno federal ni fueran de corto plazo. La reforma a la ley sectorial de 1999 abrió esa puerta e incorporó un nuevo mecanismo de participación para que se formularan propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica. En ese entonces se le llamó Foro Permanente de Ciencia y Tecnología (hoy, todavía, es el Foro Consultivo).

En la misma ley se establecieron principios básicos para apoyar las actividades, los instrumentos que canalizarían el apoyo (los fondos competitivos) y diferentes disposiciones para regular las relaciones con las entidades federativas e impulsar la descentralización. Sobre todo porque estaba en el horizonte que las políticas de Estado también debían ser de largo aliento y sostenerse más allá de los sexenios.

La reforma a la ley del 2002 no solamente reafirmó la misma noción de políticas de Estado, le añadió la creación de la Conferencia Nacional del sector para coordinar esfuerzos con las entidades federativas (similar a la Conago), enumeró media docena de lo que denominó las bases de la política de Estado para sustentar la integración de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y dejó en manos del Consejo General la definición de esas mismas políticas.

Lo paradójico es que la misma ley del 2002 profundizó el caracter jerárquico y centralista de las políticas, al colocar la toma de decisiones en la figura del presidente de la República, bajo la idea de que solamente así se podría cumplir lo que dijera la norma. Nunca funcionó. Pero desde entonces quedó establecido que el máximo órgano de política sectorial (el Consejo General) sería presidido por el ejecutivo federal.

El segundo aspecto fue la idea de fortalecer las capacidades de coordinación y de gestión del Conacyt. El cambio en las normas estableció la separación administrativa del organismo de SEP, la creación de un ramo de gasto propio (el ramo 38) y un mayor manejo del gasto del sector bajo responsabilidad del Conacyt. Otra vez, lo contradictorio es que el fortalecimiento le duró la víspera, así como fue ganando control de una mayor proporción de los recursos, fue disminuyendo.

De hecho, en el primer Presupuesto de Egresos de la Federación de esta administración, dejó de controlar la mayor proporción de recursos del sector. Ahora, del total de gasto para actividades científicas y tecnológicas, Conacyt solamente ejercerá el 31 por ciento, la Sep tendrá la mayor parte (40 por ciento del total).

Así, no resulta nada extraño el rechazo generalizado a una propuesa que plantea contar con menos recursos y centralizar, aún mas, las políticas del sector.

Pie de página: Esta semana concluyen los conversatorios para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Y la fracción V del artículo 3º constitucional?

Mujeres: clave en el sector

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 793. Marzo 7, 2019. Pág. 4)

El Conacyt lo encabeza por primera vez una mujer: María Elena Álvarez Buylla. Desde la fundación del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, hace casi medio siglo, trece hombres se sucedieron, unos a otros, en la posición de directores. Ninguna mujer estuvo en la primera línea de mando. Ahora, no solamente una mujer está a cargo de la dirección, otras mujeres tienen posiciones clave para la conducción del sector.

No es fortuita la presencia de un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad, es el resultado del esfuerzo que han desplegado generaciones enteras para franquear barreras y abrirse paso, poco a poco, pero de forma sostenida en la escalera curricular. Es una lucha de siglos, pero ciertamente en las últimas dos décadas el avance ha sido notable.

En México, desde los años noventa fue notoria la creciente presencia de las mujeres en la matrícula de educación superior. Actualmente, el avance, como promedio general, revela una paridad de género en la licenciatura universitaria y tecnológica. Una docena de entidades están por arriba del promedio (entre uno y tres puntos porcentuales de diferencia a favor de las mujeres).

Claro, se trata de matrícula y de promedios generales que esconden grandes diferencias. De hecho, en la licenciatura de educación normal la participación relativa de las mujeres es de 74 por ciento, pero en técnico superior su participación se reduce a 40 por ciento. Y otro panorama se traza cuando la matrícula se distingue por género e institución o por área de conocimiento y ni se diga por posiciones del personal académico, puestos de dirección,  condiciones laborales o los niveles altos del Sistema Nacional de Investigadores. Ahí, en una buena parte de los casos, la proporción es completamente desfavorable para las mujeres.

Un estudio de UNESCO del 2017 reveló la profunda desigualdad que persiste a nivel mundial en la enseñanza las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (“Cracking the code: girls’ and women’s education in STEM”). Por ejemplo, mostró que, en educación superior, solamente el 35 por ciento de mujeres estaban matriculadas en ese tipo de carreras. A nivel de investigación la desigualdad era todavía mayor: solamente 28 por ciento de posiciones de investigación las ocupaban mujeres.

Actualmente, en México, es notable la presencia de las mujeres en la toma de decisiones del sector científico y tecnológico. Álvarez Buylla ocupa la dirección del Conacyt y también otras mujeres destacadas están en posiciones definitorias de la política sectorial. En la presente legislatura, en ambas cámaras, por primera vez, el volumen de hombres y mujeres es similar. Del total de 500 escaños que integran la Cámara de Diputados, las mujeres ocupan 241 (48 por ciento del total) y de los 128 lugares del Senado, las mujeres tienen 63 (49 por ciento del total). La paridad de género también llegó al Congreso de la Unión.

Lo más importante es que la titularidad de las comisiones de ciencia y tecnología de las dos cámaras son responsabilidad de mujeres. Las comisiones son la agrupación temática básica de los legisladores, tienen la responsabilidad de analizar las iniciativas y elaborar los dictámenes que se votan en el pleno. La integración de las comisiones refleja la composición política de la cámara correspondiente y anticipa lo que ocurrirá en las sesiones plenarias.

En la cámara baja, la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología es la diputada María Marivel Solís Rivera, cuenta con una licenciatura en ingeniería, es legisladora de representación proporcional por el estado de Hidalgo e integrante de la fracción parlamentaria de Morena. Aunque, curiosamente, no es la autora de la iniciativa de ley sectorial que ahora se discute.

En la cámara alta, la Comisión de Ciencia y Tecnología la encabeza la senadora y socióloga Beatriz Paredes Rangel. Una experimentada legisladora perteneciente al Revolucionario Institucional, de larga trayectoria política y posiciones importantes en el servicio público. De hecho, al final de los años ochenta fue la segunda mujer en desempeñarse como gobernadora. La senadora Paredes tampoco fue autora de la iniciativa de ley.

Además, otra mujer, Julia Tagüeña, dirige el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el principal organismo intermedio y de interlocución entre la autoridad y la comunidad académica. Por último, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México que concentra los mejores indicadores del sector también es encabezada por una mujer: Rosaura Ruiz Gutiérrez.

En fin, llegó la hora de las mujeres y aunque no todo es miel sobre hojuelas, seguramente se desempeñarán de forma ejemplar.

Pie de página: Todavía no culmina la discusión sobre la reforma al artículo 3o constitucional y ya comenzaron los foros para discutir la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Es un furor legislativo.

El vericueto de la ley y los dineros

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 792. Febrero 28, 2019. Pág. 5)

En el sector de ciencia y tecnología, tal vez más que en ningún otro, todavía no hay ninguna certeza sobre las acciones que pondrá en marcha o no la actual administración. Las intenciones de la autoridad se ha propalado rápidamente en los medios, notablemente en las redes sociales, pero su coincidencia con los hechos no está en la misma línea e incluso algunas van en sentido contrario.

El caso más reciente es la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Aquí mismo lo hicimos notar: la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, en rueda de prensa al comienzo de este mes, dijo que una iniciativa ya estaba por aprobarse en la Comisión de Ciencia y Tecnología de los diputados, presidida por Marivel Solís Barrera. No obstante, resulta que unos días después el proyecto ingresa más bien en la cámara alta y lo firma la senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Campus Milenio No. 790). Por cierto, la senadora no pertenece a la comisión correspondiente.

Ahora, en una reveladora entrevista a la titular de Conacyt, realizada por Laura Poy Solano en el periódico La Jornada, el proyecto de ley se desestima. La doctora Álvarez dice que en el organismo se dieron a la tarea de revisar y estudiar el marco jurídico del sector y le presentaron algunas propuestas al asesor jurídico de la Presidencia de la República. Pero, y aquí viene lo relevante, también dijo que: “la iniciativa ante el Senado nos sorprendió porque no se propone como parte de la agenda legislativa del Presidente” (24.02.2019: 7). Notable.

La instancia encargada de los asuntos legales es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el responsable es Julio Scherer Ibarra. Una dependencia que a partir de la administración anterior tiene rango de Secretaría de Estado y se encarga de revisar y aprobar todos los instrumentos jurídicos puestos a consideración de la Presidencia, así como los proyectos de ley del ejecutivo federal. Sí, como la actual iniciativa de reforma constitucional al artículo 3o, 13 y 73 que firmó el presidente López Obrador, pero que omitió la fracción VII del artículo 3ro y ahora se dictamina en la Cámara de Diputados.

En fin, regresando a la entrevista, lo notable es la sorpresa de la directora de Conacyt al indicar que el proyecto de ley sectorial en el Senado no es parte de la agenda del ejecutivo federal. Una declaración así suscita todavía más interrogantes. Entonces: ¿qué ocurrió con las propuestas que le hicieron llegar desde el Conacyt al consejero jurídico? ¿Coinciden o no con el proyecto de ley de la Senadora Rivera? ¿Una ley sectorial no es parte de la agenda legislativa del Presidente o la negativa es para el proyecto de la Senadora? ¿La iniciativa fue elaborada sin consultar a nadie?

Por supuesto, diputados y senadores están facultados para iniciar leyes y decretos, esa es una de sus principales responsabilidades. Aunque también tienen ese derecho el Presidente de la República, las legislaturas de los entidades federativas e incluso los ciudadanos, siempre y cuando, estos últimos, sean un equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores (artículo 71 constitucional).

Sin embargo, lo que resulta contradictorio es que la Senadora Rivera, a pesar de que pertenece al mismo partido en el gobierno, no maneje los mismos puntos de la agenda legislativa. Aunque, en realidad, el diagnóstico de su iniciativa es casi el mismo que ha presentado y maneja la directora de Conacyt.

Por ejemplo, en los ejes de la iniciativa de ley se asienta: “resulta indispensable que los cambios en la normatividad de ciencia y tecnología impidan que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de ciencia, tecnología e innovación, así como que se utilicen recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas” (p. 17).

Por su parte, en la entrevista que hemos indicado y como adelanto de las acciones que pondrá en marcha, Álvarez Buylla declara que el Conacyt no destinará “ni un quinto a la transferencia de recursos directos a la iniciativa privada”. ¿El mismo principio que anima a la ley? Sí.

En fin, la ley seguirá en suspenso y hasta ahora lo único cierto es que el sector tiene un presupuesto menor al que recibió el año pasado. Pronto veremos si el dinero se convertirá en el principal instrumento de conducción del sistema. Lo demás han sido principalmente errores y declaración de intenciones que no se sabe si llegarán a convertirse en hechos.

Pie de página: Un comunicado oficial dice que la inversión en ciencia básica en este año cuadruplicará la que hubo en los dos años anteriores. Veamos los números.

La propuesta vuelve. El desafío de la gratuidad

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 791. Febrero 21, 2019. Pág. 4)

Una vez más regresa el tema de la gratuidad de la educación a la discusión pública y a un eventual programa de gobierno. Ahora sobre el tipo superior y lo inicio una propuesta del ejecutivo federal de reforma al artículo 3º constitucional. La iniciativa, junto con otras, se discute en el Congreso. Un cambio en el artículo de referencia podría ser definitorio para el sistema de educación superior nacional y para la distribución de los recursos financieros.

En el 2012, recordemos, un cambio al mismo artículo, estableció la obligatoriedad de la educación media superior y en artículo transitorio se añadió que se realizaría de forma gradual a partir del ciclo escolar 2012-2013 y se alcanzaría la cobertura total en el ciclo 2021-2022. En el mismo transitorio quedó indicado, explícitamente, la obligación y deber del Estado de garantizarle un lugar a todos los jóvenes del grupo de edad que concluyeran su educación básica.

Las cifras oficiales dicen que en el ciclo escolar 2017-2018, la educación media superior escolarizada alcanzó una cobertura de 78.5 por ciento. Claro, si se suma la matrícula de la modalidad no escolarizada (Prepa en línea y Prepa abierta, por ejemplo) la cobertura total llega al 85 por ciento. En general, en todo el periodo de la administración anterior, la media superior amplió su cobertura en 12.5 puntos porcentuales (pasó de 66 a 78.5 por ciento). Si tomamos solamente la modalidad escolarizada, todavía queda un importante trecho para lograr una cobertura universal.

El caso es que, a partir del 2012, la obligatoriedad está prevista desde la educación preescolar hasta la media superior. Es un cambio normativo importante que le sumó a los existentes seis años de primaria, nueve años más de educación obligatoria y lo hizo en el último cuarto de siglo. La tendencia del ordenamiento jurídico nacional, y de los instrumentos jurídicos internacionales, es a la instauración progresiva de la gratuidad. Ahora, el desafío podría ser mayor si le sumamos la obligatoriedad de la educación superior.

Sin duda, es sumamente deseable la iniciativa de llevar la gratuidad y la obligatoriedad para la educación de tipo superior. En México, si nos atenemos a las cifras oficiales, solamente poco más de un tercio del grupo de jóvenes en edad de cursar estudios superiores, tiene acceso a los recintos universitarios. Es una proporción reducida y es más grave si consideramos que las oportunidades se cortan por la desigualdad: los jóvenes provenientes de familias con posiciones socioeconómicas favorables tienen mayor y mejor posibilidad de obtener un lugar en la institución en la que desean y, por el contrario, los jóvenes desfavorecidos no encuentran acomodo y si lo encuentran no es en donde ellos quisieran estar.

Así que el problema no solamente se reduce al acceso. No es ofrecerles un lugar, cualquier lugar, a los jóvenes. Al menos debiera ser uno que se asemeja al que ellos tienen en su horizonte de aspiración, uno que desean y que reúne condiciones básicas de infraestructura  institucional, oferta educativa, formación profesional estructurada y, muy especialmente, resultados académicos que les permitirán desempeñarse en el mercado laboral. En caso contrario, la formación recibida solamente reproducirá el círculo de las desigualdades.

El asunto es más complejo porque, a diferencia de los niveles previos, el sistema de educación superior en México se integra por un amplio y heterogéneo conjunto institucional, en donde coexisten establecimientos de tipo muy diverso: autónomos y no autónomos; sector público y sector particular; régimen federal o estatal; tecnológico, universitario, normal, entre muchos otros. Añadámosle, al conjunto anterior, la iniciativa de un nuevo subsistema: las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García que ha planteado poner en marcha la actual administración.

Evidentemente, ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes requiere de mayores recursos financieros. Un tema nada menor a la vista del volumen de recursos que consideró el Presupuesto de Egresos de la Federación para la educación superior en este año. Efectivamente, después de resarcir el recorte original que traía la propuesta de la Secretaría de Hacienda, el monto que aprobaron los diputados es similar al que recibió el sector en 2018.

El volumen de jóvenes en edad de cursar estudios superiores que hoy están fuera de las aulas, la heterogeneidad de condiciones del conjunto institucional y el presupuesto aprobado que recibirá el sector, no son los únicos escollos que habrán de salvarse para una eventual gratuidad de los servicios.

Al inicio del mes anterior, después de reiteradas solicitudes, el gobierno federal apoyó económicamente a ocho universidades públicas estatales que atraviesan severas dificultades. Lo más inquietante es que no son las únicas, por esos mismos días, el subsecretario de Educación Superior, informó que más de una treintena de universidades públicas tenían problemas financieros por casi 20 mil millones de pesos.

Sí, ese conjunto institucional podría hacerse cargo de la gratuidad. El desafío no es menor.

Pie de página: La iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías unifica posiciones en su contra y están ayudando los cuestionados nombramientos en la estructura de Conacyt.

Conacyt. El paso de las intenciones a los hechos

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 790. Febrero 14, 2019. Pág. 5)

El periodo ha sido relativamente largo: va de julio de 2018 a enero de este año. En este lapso lo que hubo principalmente fueron declaraciones y pocos hechos en el sector de ciencia y tecnología. En este mes las cosas han cambiado y podrían cambiar todavía más.

A partir de la rueda de prensa que ofreció la directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, el pasado 5 de febrero, las acciones a poner en marcha comenzaron a tomar forma, aunque todavía no se da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Un tema nada menor es que todo parece transcurrir sin la opinión de los implicados.

La titular del todavía Conacyt dijo que los ejes que normarán las actividades del organismo serán: la ciencia de frontera, en lugar de ciencia básica (de hecho, unas semanas antes la refirió como la mal llamada ciencia básica); el desarrollo y la transferencia de tecnología; los programas nacionales estratégicos; y la construcción horizontal del conocimiento. Hasta ahí nada novedoso.

No obstante, lo que sí fue la primera sorpresa es que ahí mismo Álvarez Buylla anunció la desaparición de los Fondos Mixtos (Fomix). Estos fondos son uno de los instrumentos previstos en la legislación desde 1999 –aunque fue hasta la reforma del 2002 que comenzaron a materializarse-- para incentivar la inversión y fomentar la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas. Los Fondos se constituyen a través de un monto aportado por la federación y otro de igual proporción por un estado o un municipio, y actualmente estaban operando en todas las entidades federativas y en tres municipios.

La otra sorpresa fue el aviso de que también se cancelaría el Programa de Cátedras Conacyt para Jóvenes Investigadores. Reconoció que había sido un programa virtuoso porque había sido una opción para los jóvenes en busca de una oportunidad laboral. No obstante, dijo que: “se atendió de una manera parchada e insostenible. Hoy tenemos colgados de la nómina a 1500 catedráticos, eso tiene que cambiar” (Boletín AMC/024/19. 05.02.2019).

El anuncio rápidamente fue registrado en las redes sociales y la reacción de los jóvenes que pertenecen al programa no se hizo esperar. En general, la inconformidad fue porque parecía como si estuvieran ocupando una posición inmerecida y sin mayor razón estuvieran “colgados” de la nómina del organismo, así que una buena parte comenzaron a destacar sus perfiles, actividades y logros. De hecho, la titular del Conacyt, a través de su cuenta personal en Twitter tuvo que aclarar que el acuerdo se sostendría, los habían puesto en la nómina de Conacyt, “cuando merecen una plaza académica real”.

En la rueda de prensa no lo pareció, pero el aviso más importante fue el relativo al cambio de nombre del Conacyt. La intención de que ahora se llamara Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías ya se conocía desde el periodo de transición. Lo que no estaba claro es que eso podría ser el comienzo de un vuelco al marco normativo de todo el sistema de ciencia y tecnología.

El mismo 5 de febrero, la directora de Conacyt informó que la propuesta de cambio de nombre del organismo ya se encontraba en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara baja, presidida por la diputada Marivel Solís Barrera, por lo que solamente restaría la aprobación. Al día siguiente apareció en las redes sociales el anteproyecto de ley que incluía la nueva denominación y, de forma notable, un rediseño completo del sistema nacional de ciencia y tecnología.

La filtración del anteproyecto fue tomado con reserva porque podía ser un documento falso o no corresponder a la última versión. Pero sí, la misma propuesta apareció registrada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 8 de febrero. Lo sorprendente es que no estaba a nombre de la legisladora Marivel Solís, ni fue en la Cámara de Diputados, como lo había adelantado Álvarez Buylla. La iniciativa fue presentada en la cámara alta por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera.

El proyecto se denomina: Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Adicionalmente, la misma iniciativa incluye reformas y adiciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. La primera tiene una amplia exposición de motivos (casi la mitad de la iniciativa), suma 87 artículos, distribuidos en nueve títulos.

En entregas posteriores examinaremos el contenido del proyecto de ley. Por ahora, solamente mencionemos que propone un fuerte golpe de timón en la conducción del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, centraliza recursos y funciones, y desaparece diferentes órganos de gobernanza del sector. Nada menos.

La ley todavía no se discute y mucho menos está aprobada. Lo inquietante es que llegó a la Cámara sin consultar a la comunidad académica ni a los sectores implicados. La recepción no está siendo nada buena y muy difícilmente será aceptada como marco de regulación. Es la hora de hacer efectivo el parlamento abierto.

Pie de página: La actual fracción V del artículo 3º constitucional prevé el apoyo a la investigación científica y tecnológica. Ahora está en discusión una amplia reforma del mismo artículo, ¿cómo lo resolverá la ley reglamentaria del sector que también se quiere discutir?