LECCIONES DE LAS TIC

En el año 2000, cuando se abría el horizonte del nuevo siglo y las transiciones en México todavía eran una promesa, parecía probable mejorar el sistema educativo. En ese entonces, el gobierno mexicano depósito en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) las esperanzas para impulsar los servicios públicos –el educativo incluido— y el bienestar de la población. Hoy, una década después, a las TIC ya no se les llama “nuevas” (antes se decía NTIC), pero en el ámbito educativo, tras ensayos costosos e inútiles, todavía no sabemos bien a bien qué hacer o cómo utilizar las TIC en los salones de clase. Tal vez, como sugiere un estudio del BID que se publicará próximamente, convendría no descuidar lo esencial: el papel del maestro.

La idea de llevar las TIC a los salones de clase, a gran escala, comenzó en la administración anterior. A través de Enciclomedia, un programa que arrancó en el 2004, se buscó equipar a 20 mil aulas de quinto y sexto grado de primaria con una computadora, un proyector y un pizarrón interactivo. El contenido digitalizado de los libros de texto de esos grados era proyectado en pantalla y los niños podían revisar y/o enlazar el contenido con información más amplia (fotos, películas, visitas virtuales, etcétera). La idea subyacente era que tal experiencia generaría un aprendizaje más constructivo en los niños.

Las autoridades educativas, hacia el final del sexenio anterior, consideraron que Enciclomedia era el programa ideal y sin mayor debate dispusieron su expansión a todas las aulas de quinto y sexto grado de primaria del país y a la educación secundaria. Miles de aulas, cientos de miles de equipos y miles de millones de pesos involucrados. Sin embargo, a la par del crecimiento de la iniciativa comenzaron a aflorar los problemas: la distribución del equipo, los proveedores beneficiados, la capacitación para manejar el programa, los procesos de licitación, el mantenimiento del equipo, la licencia del uso de software y, sobre todo, el impacto del programa en el aprendizaje de los niños.

Los cuestionamientos a Enciclomedia fueron en aumento. No obstante, el programa continuó su operación, dada la firma de contratos multianuales que comprometieron recursos y extendieron su vigencia hasta el actual sexenio. En el 2008, con ciertas vacilaciones para determinar qué hacer con todo el equipo de Enciclomedia que está en las aulas y qué camino seguir para llevar las TIC a los salones de clase, las autoridades educativas anunciaron que habría una transición hacia un nuevo programa: Habilidades Digitales para Todos (HDT).

El nuevo programa, con ciertas ambigüedades sobre el modelo a seguir, también se propone contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica a través de la utilización de las TIC en los salones de clase. Según el tercer informe de gobierno, en el ciclo escolar 2008-2009 inició una fase experimental del Proyecto Aula Telemática (salones de uso exclusivo con computadoras o salones de clase equipados con computadoras) en una muestra de 200 escuelas secundarias, también se capacitaron a 1 mil 400 docentes y se distribuyeron 779 millones de pesos “para apoyar el desarrollo de los 32 Programas Estatales de Habilidades Digitales para Todos” (p. 476).

En el más reciente informe de gobierno, el de septiembre del año pasado, se advierte que se entregaron 345 millones de pesos a las entidades federativas para integrar HDT, equipar y conectar 1 mil 325 aulas de secundarias generales --las cuales se sumaran a las 2 mil 775 ya existentes— y tienen previsto capacitar y certificar en el uso didáctico de las TIC a poco más de medio millón de profesores de educación básica entre este y el siguiente año (p. 455).

Es decir, el actual programa escala en sus dimensiones y nuevamente están involucrados cientos de miles de equipos y miles de millones de pesos. La experiencia con Enciclomedia, aparte de la necesaria transparencia en los procesos de licitación, debiera ser suficiente para mostrarnos que equipar aulas o alumnos no garantiza una mejora en el aprendizaje si no se acompaña de otros elementos. De hecho, sigue siendo materia de debate el efecto de las TIC en el ámbito de la educación.

El próximo mes el BID publicará un estudio (Development connections. Unveiling the impact of new information technologies) en el que presenta los resultados del empleo de las TIC en seis diferentes áreas sociales en América Latina y el Caribe, entre ellas en educación. Uno de sus principales hallazgos es que del total de proyectos educativos valorados, una proporción relativamente pequeña (14 por ciento) realmente se ha beneficiado del uso de las TIC. Y una de sus principales conclusiones es que habrá resultados escasos si no se atiende la capacitación de los profesores y el uso del software. Parece obvio: los dipositivos tecnológicos por sí mismos son insuficientes para mejorar la calidad educativa. ¿Es tan difícil de entender?

(Publicado en Campus Milenio No. 412. Abril 28, 2011)

CyT: LÍNEA DE CONTINUIDAD

El programa de incentivos fiscales para incrementar la inversión privada en las actividades científicas y tecnológicas se pondrá en marcha nuevamente. Seguramente será hasta el año próximo cuando entre en operación; probablemente continuará más allá de este sexenio. El pasado 6 de enero, el director de Conacyt, Enrique Villa Rivera, sostuvo una reunión con la comisión de ciencia y tecnología de la cámara de diputados. Fue un encuentro de presentación del actual director del organismo con los legisladores, aunque también anunció la principal idea que tiene para lo que resta de esta administración. Hace poco más de un mes que el actual titular de Conacyt tomó posesión del cargo, tiene este y el próximo año de gestión pero, para efectos prácticos, solamente podrá impulsar alguna iniciativa diferente el año siguiente, junto con el diseño del presupuesto del 2012, los recursos de éste ya están comprometidos. En la reunión con los legisladores, Villa Rivera presentó un panorama general del estado que guarda la ciencia y la tecnología en nuestro país, destacando la insuficiencia del nivel de inversión en el sector y la necesidad de destinarle mayores recursos. El director de Conacyt les solicitó a los diputados que, como marca la ley, el presupuesto para las actividades científicas y tecnológicas debiera alcanzar el 1 por ciento del PIB. La disposición normativa que señala el monto de recursos para ciencia y la tecnología está vigente desde el 2004, pero el volumen de recursos que año con año aprueban los mismos diputados, apenas alcanza la mitad de lo previsto en la ley, así que no parece irrelevante recordarles a los legisladores, en su propio recinto, que son los primeros en incumplirla. Obviamente, los diputados de la comisión saben que están en falta, con un peso relativamente escaso en la dinámica de negociación parlamentaria, sujetos al proceso de negociación del presupuesto global anual en donde y en donde no figura el sector como prioridad para las fuerzas políticas representadas en el Congreso. El otro aspecto importante que dijo el director de Conacyt en la reunión es que buscará impulsar de nueva cuenta el esquema de incentivos fiscales para incrementar la inversión de las empresas en actividades científicas y tecnológicas. Según indicó, es un mecanismo de apoyo que permitirá aumentar los recursos y permitir la innovación en el sector empresarial. Lo notable del caso es que la idea de restaurar el programa de incentivos no es propiamente una novedad ni tampoco fue formulada originalmente por el actual titular de Conacyt. El punto, como lo comentamos aquí hace poco más de un mes, figura en la agenda de la comisión de ciencia y tecnología de los diputados de esta legislatura y la intención de ponerlo en marcha fue difundida poco antes de que abandonara el cargo el anterior director de Conacyt. El programa de incentivos fiscales para empresas, como también lo hemos comentado en repetidas ocasiones este espacio, recibió un fuerte impulso en la administración de Vicente Fox, pues aunque era un mecanismo previsto en la ley con anterioridad, enfrentaba múltiples dificultades para hacerlo efectivo. El caso es que a partir del 2002, bajo nuevas reglas que incrementaron el porcentaje a deducir, los montos de incentivo fiscal se incrementaron pulatinamente y pasaron de 500 millones de pesos a 4 mil 500 millones de pesos en el 2008. En el 2009, tras una supuesta evaluación internacional y la discusión del prespuesto de egresos de la federación para ese año, el programa dejó de funcionar. La crítica principal para suprimir los incentivos fiscales fue que: los beneficios los recibían empresas transnacionales o grandes, no las empresas nacionales. Tal vez en previsión de las críticas que podría despertar nuevamente el mecanismo de los incentivos, el director de Conacyt, al anunciar la idea de restablecerlo destacó que: “Tener empresas exitosas que innovan y son más competitivas significa para el país generar recursos adicionales. Si tenemos un sector empresarial, sobre todo de micro, pequeñas y medianas empresas fuerte, sólido y consolidado, vamos a generar empleos, fortalecer la economía y generar impuestos, y éstos van a generar un círculo virtuoso para fortalecer el gasto público, el cual va a educación, ciencia y tecnología. Por eso tenemos que apoyar a las empresas”. El programa de incentivos fiscales para empresas es uno de mecanismos usuales en la mayor parte de naciones para incrementar los recursos para las actividades científicas y tecnológicas, así que no debiera extrañar que se intente nuevamente su instaruación. Seguramente se han hecho, o se harán, los ajustes correspondientes a las normas de operación del programa para evitar la concentración de los beneficios en unas cuantas empresas. Ya lo veremos el año próximo. Lo que no deja de llamar la atención es la continuidad en el ajuste normativo del sector, pese a la inestabilidad en la titularidad del organismo rector de las polìticas científicas y tecnológicas.

(Publicado en Campus Milenio No. 411. Abril 14, 2011)

UN MAYOR NIVEL DE CALIFICACIÓN ESCOLAR

Desde el México independiente a la actualidad el esfuerzo del Estado se ha concentrado en tratar de mejorar las oportunidades educativas y, sin embargo, hoy apenas cubrimos lo básico. Todavía menos logramos que un mayor número de estudiantes alcancen el nivel de posgrado.

Hacia el comienzo del siglo XX, según las cifras censales de entonces, la nación contaba con una población de poco más de 14 millones de personas y el 78.5 por ciento de ese total no sabía leer ni escribir. No existen cifras precisas ni completas sobre el número de planteles escolares en esa época, tampoco de la matrícula --las pocas estadísticas se concentraban en la escuela elemental y en la ciudad capital--, pero el indicador de analfabetismo mostraba la precariedad educativa de la mayoría de la población.

A lo largo del siglo pasado, el avance fue notable en la disminución del índice de analfabetismo, en el incremento de la matrícula escolar en todos sus niveles y también en el crecimiento de la población. Sin embargo, la mejora del promedio de escolaridad no ha sido suficiente.

En 1950 el total de población mayor de 6 años en México sumaba poco más de 21 millones, de los cuales 9.2 millones eran analfabetos, esto es, alrededor del 44 por ciento del total. El porcentaje era considerablemente menor respecto del inicio de siglo, resultado de iniciativas y las campañas contra el analfabetismo, aunque todavía era un gran desafío.

En el mismo año de referencia, la educación primaria concentraba el mayor volumen en el sistema educativo nacional con una matrícula de poco más de 3 millones, la media superior apenas alcanzaba la cifra de 37 mil estudiantes y la superior 30 mil estudiantes. La cobertura de esta última en el grupo de edad (19 a 23 años) era de alrededor del 1 por ciento; representativo de las escasas oportunidades para la mayoría de los jóvenes de entonces.

La segunda mitad del siglo XX trajo un crecimiento todavía más explosivo de la población (casi se cuadruplicó respecto de 1950) y una mayor presión por un lugar en los planteles escolares. Nuevamente mejoraron los indicadores educativos, pero no lo suficiente para abatir el analfabetismo, asegurar la educación obligatoria y todavía menos para alcanzar estándares internacionales en los niveles subsecuentes.

A pesar de que se creó una institución dedicada a la educación para adultos en 1981 (INEA) y luego, en el sexenio de Vicente Fox, se creó otra más (el Conevyt) para impulsar acciones coordinadas para ese grupo de población, lo cierto es que no cumplieron las expectativas y persistió el problema del analfabetismo.

Según las más recientes cifras del Censo de Población 2010, el porcentaje de población mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir en México es de 6.8 por ciento, lo que representa un total de 5 millones 400 mil personas analfabetas. Es decir, en comparación con los porcentajes que aparecían al inicio del siglo XX, no cabe duda de que se invirtió la proporción entre analfabetas y alfabetizados, pero también que el analfabetismo es un problema que todavía no resolvemos hoy en día.

Tal vez uno de los mayores logros se ha producido en la educación primaria obligatoria. Desde la última década del siglo pasado, se considera que ya alcanzó una cobertura universal, puesto que su porcentaje de atención estaba por arriba del 95 por ciento y, de acuerdo al más reciente informe de gobierno, a partir del ciclo escolar 2009-2010 es de 98 por ciento.

La educación secundaria, obligatoria desde 1993, terminó el siglo pasado con porcentajes de atención de alrededor del 84 por ciento y apenas al final de la década reciente alcanzó porcentajes de 95 por ciento del grupo de edad.

Es decir, sin contar con los tres años de preescolar que constitucionalmente también son obligatorios, así como los rezagos y contrastes que persisten, el mayor progreso del siglo anterior se dio en cumplir con la oferta en educación básica.

Las cifras del Censo de Población 2010 revelan la magnitud de los desafíos que todavía nos aguardan. Además de los cálculos sobre cobertura en educación media superior y superior que en estas mismas páginas de Campus han destacado otros colegas, también vale la pena señalar que apenas poco más de 13 millones del total de personas mayores de 18 años en el país cuentan con educación superior.

Las cifras del posgrado son más desalentadoras. De acuerdo a los datos del Censo reciente, en el país existen un total de 63.4 millones personas de 22 y más años, de las cuales 759 mil 208 tienen estudios de maestría y 138 mil 379 de doctorado. Esto es, un total de 897 mil 587 personas cuentan con estudios de posgrado, lo que representa 1.4 por ciento del total de las personas de más de 22 años.

La presión demográfica obligó a un mayor esfuerzo educativo en la pasada centuria para alcanzar lo elemental, pero ahora, sin duda, como país, debemos ampliar y acelerar las oportunidades educativas.

PILAC: COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN AMÉRICA LATINA

Uno de los principales acuerdos de la reciente reunión de titulares de ministerios de ciencia y tecnología de la región fue impulsar la iniciativa: “Políticas de Innovación en Latinoamérica y el Caribe (Pilac). Se trata fundamentalmente, según los participantes en el encuentro, de un mecanismo de diálogo para coordinar políticas sectoriales y en el cual participaran expertos en políticas de innovación. Todavía no están disponibles los documentos oficiales, pero sorprende la escasa continuidad formal de este tipo de foros. El encuentro reciente, celebrado del 23 al 25 de este mes en Guanajuato, México, bajo la coordinación de Conacyt, congregó a representantes de 19 países de la región y se denominó: “Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe” (Boletín Conacyt 31/11). Los encuentros de ministros son apoyados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), particularmente por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) que incluye las secciones y departamentos correspondientes del organismo. El respaldo es para elaborar de forma preliminar el documento de declaración oficial que se emitirá, su consecuente plan de acción y parte de la logística de la reunión. De acuerdo a la sistematización realizada por la OEA, a la fecha se han realizado dos reuniones de ministros de la región en materia de ciencia y tecnología, la primera fue en Lima, Perú, en noviembre del 2004, y la segunda en la Ciudad de México en octubre de 2008. Lo sorprendente es que, como ya lo mencionamos, la reciente reunión de Guanajuato, México, fue denominada segunda reunión de ministros. Pero, en todo caso, sería la tercera. Incluso, es posible que más bien sea la cuarta, porque el año pasado se realizó otra más en Buenos aires, Argentina, en el mes de noviembre. En última instancia carece de importancia cuántos encuentros se han celebrado o si son respaldados o no por la OEA, lo relevante son los acuerdos que se han firmado y las acciones que se han emprendido. La idea de emitir declaraciones al concluir las reuniones y elaborar el correspondiente plan de acción no solamente es para que los suscriban los ministros, sino también para que los acuerdos formen parte de la agenda de las Cumbres de las Américas. En estas últimas se reúnen los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio y se supone que llevar los asuntos científicos y tecnológicos a estas cumbres le otorga mayor relevancia y factibilidad a las iniciativas conjuntas. Aunque, en realidad, hasta ahora el mecanismo ha sido poco fructífero. Por ejemplo, la Declaración de México del 2008, incluía alrededor de 25 acciones organizadas en tres rubros: a) políticas públicas para el desarrollo integral, en donde se incluían acciones como la formulación e implementación de políticas nacionales sectoriales plenamente integradas a las políticas económicas y sociales; b) para la gestión sostenible de los recursos naturales, se proponía el desarrollo de la biotecnología y la bioseguridad, lo mismo que fomentar la cooperación regional e internacional en materia de biotecnología y fuentes de energía renovables y no renovables; y c) para elevar la productividad, se comprometían acciones como fortalecer el vínculo entre empresas e instituciones académicas, promoción de la “cultura emprendedora para el desarrollo de nuevos negocios” o el fomento a la certificación y acreditación de carreras de ingeniería. Desafortunadamente, en los dos años anteriores, pocas acciones se pusieron en marcha y la cooperación fue escasa. En la Declaración de Buenos Aires, firmada por 17 autoridades ministeriales en noviembre de 2010, incluyó cinco compromisos relativamente generales. Por ejemplo, uno de ellos planteó desarrollar políticas para conectar la ciencia y la tecnología con la innovación, así como promover una mayor inversión privada en el desarrollo de las actividades; otro fue el fomento a la cooperación y al desarrollo de acciones conjuntas. Es posible que el origen de la confusión sobre el número de las reuniones ministeriales que se han celebrado hasta ahora, proviene del encuentro de Buenos Aires, porque ahí se asentó, como último compromiso, la integración de una comisión de seguimiento para disponer de un plan de acción y una agenda estaratégica a “ser discutida durante la Segunda Reunión Ministerial a realizarse en la ciudad de Guanajuato, México, los días 17 y 18 de marzo de 2011”. La reunión entonces mencionada, como ahora es claro, se realizó una semana después de lo previsto y no era la segunda si no la tercera. El acuerdo principal fue impulsar la iniciativa Pilac y no hubo plan de acción, su discusión se traslado para un siguiente encuentro a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil en marzo del año próximo. La iniciativa Pilac es todavía una promesa, aunque hay expresiones de seis países de la región por tatar de encabezar su coordinación, México y Brasil entre ellos. Veremos si se transforma en acción y si persiste la confusión.

(Publicado en Campus Milenio. No. 409. Marzo 31, 2011)