¿Fuerza centrípeta en la descentralización?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 834. Enero 23, 2020. Pág. 5)

Al comienzo las expectativas fueron muchas: el centro de gravedad de la administración pública federal no estaría localizado más en la capital de la República, se dispersaría a lo largo del territorio nacional. Todo parecía indicar que el nuevo gobierno daría otro paso más para afianzar la descentralización política, económica y administrativa. Pero, transcurrido el primer año de gobierno, la realidad parece muy otra.

Seguramente usted lo recuerda, todavía en la presentación pública del voluminoso “Proyecto de Nación 2018-2024”, en noviembre de 2017, cuando las elecciones federales del año siguiente se veían lejos, la idea de descentralizar las dependencias federales se miró con sorna y desdén, como tantas otras de las estrategias que se incluyeron en ese documento. En 2018, una vez celebradas las elecciones y conocido el resultado, las estrategias del Proyecto cambiaron de estatus: pasaron a iniciativas con una alta probabilidad de convertirse en hechos.

El diagnóstico planteado en el documento “Proyecto de Nación” puntualizaba que el volumen de personal de la administración pública federal sumaba 3 millones de personas, distribuidas en 18 secretarías y 299 entidades gubernamentales. Alrededor del 80 por ciento del total de personal estaba concentrado en la Ciudad de México, destacaba.

La propuesta fue comenzar un proceso de desconcentración de las oficinas del gobierno federal de la megalópolis mexicana, conforme las características de cada sector y asegurando que cada entidad contara con una dependencia. En estos términos, de forma preliminar, planteó la distribución de 13 secretarías y otros 15 organismos en ciudades capitales al norte, sur y centro de la República.

Por ejemplo: Secretaría de Salud a Chilpancingo; Función Pública a Querétaro; Energía a Villahermosa; Turismo a Cancún; Educación Púbica a Puebla. Organismos como la CFE a Tuxtla Gutiérrez; el SAT a Mexicali; y Conacyt a la Paz, Baja California Sur.

Según el mismo documento, la estimación preliminar de costos suponía una inversión promedio por dependencia de 90 mil m2 a razón de 45 mil pesos el m2, incluyendo todo el proceso de traslado (construcción, mobiliario, mudanza, etcétera). En total, planteó trasladar 31 dependencias, así que el costo total sumaba alrededor de 126 mil millones de pesos; 21 mil millones por cada año del sexenio.

Todavía en las primeras semanas del actual periodo de gobierno, la propuesta se mantenía, pero ya con cierta mesura. Por ejemplo, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, precisó que el traslado llevaría su tiempo, sería gradual; incluso, en agosto del año pasado, dijo que en este 2020 apenas habría condiciones a partir de un plan con participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, constructores y desarrolladores de vivienda. Por lo pronto, trabajarían en oficinas del Instituto Tecnológico de Puebla (MilenioDiario 12.08.2019).

En el mismo sentido, la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, también habló de un traslado paulatino de aquellas personas del organismo que estuvieran en condiciones de mudarse; incluso añadió que se abriría una oficina en La Paz, como polo de coordinación, pero conservaría instalaciones en la Ciudad de México. O sea: de momento sí pero no.

El gobierno federal, contrario a la posición de delegar, desconcentrar y descentralizar, ha ejercido una mayor centralización sobre las iniciativas y sobre el hilo de los recursos financieros. Uno de los instrumentos más poderosos de la administración pública.

Por ejemplo, el ejecutivo federal, en el campo de la salud, busca la adhesión de todos los gobernadores a su plan para el sector a través del Instituto Nacional de Salud (Insabi). Los mandatarios locales podrán obtener mayores recursos financieros para sus sistemas de salud, siempre y cuando sea por medio de ese mecanismo.

En el ámbito educativo, no solamente conservó la centralización de la nómina magisterial a través del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), prácticamente el único componente que persiste de la reforma de la administración anterior, también estableció una interlocución directa con las dirigencias del gremio magisterial para el impulso de su propia reforma.

Algo similar ocurrió en el terreno científico y tecnológico, el año pasado se planteó la posibilidad de poner en marcha los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), bajo el control del gobierno federal y, al mismo tiempo, disminuir o suprimir los fondos mixtos, esos fondos concursables integrados con aportaciones del gobierno federal, estatal y muncipal que desde hace mas de 15 años buscan incentivar el sector y atender poblemas locales. Algunas organizaciones se opusieron.

En fin, el entramado normativo e institucional es algo más complejo (veremos otros elementos en próxima entrega), pero vale la pena notar que el gobierno federal, además de la relación sin intermediación con los gobernados, ejerce una fuerza centrípeta en el ánimo descentralziador.

Pie de página: Los programas sectoriales siguen sin publicarse. Desde la semana pasada está en la Comisión Permanente el Punto de Acuerdo para que Conacyt informe sobre la entrega de recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Pendientes.

El Foro y la participación social, otra vez.

Alejandro Canales

UNAM-IISUE-PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 833. Enero 16, 2020. Pág. 4)

¿Cuál es el meollo en el largo conflicto entre Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCCyT)? En la superficie, el primero sostiene que, previa consulta con la Secretaría de la Función Pública en julio del año pasado, quedó claro que no está obligado a transferir recursos económicos a una asociación civil, como lo es el Foro. Independientemente de si está justificado o no, el asunto plantea un problema más amplio: la relación entre el gobierno, la participación social y las organizaciones de la sociedad civil.

El Foro es uno de los miles de organismos existentes en el ámbito científico, educativo y artístico, los cuales se suman a otros miles en diferentes campos, como el deporte, salud, ecología, política, discapacidad, género y muchos otros. Las actividades que desarrollan son múltiples y sus figuras jurídicas son muy variadas. Incluso, los mismos Centros Públicos de Investigación, entidades que reciben financiamiento de Conacyt, tienen la figura jurídica de asociación civil.

Las organizaciones son inveteradas, aunque apenas hace quince años, con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, comenzó un registro más sistemático de su volumen, tanto como la regulación de sus derechos y obligaciones. La última reforma a esa ley tuvo lugar hace poco más de un año.

Entonces, si se busca un cambio en el tipo de relación y en las reglas de juego entre las organizaciones de la sociedad civil y las entidades gubernamentales, conviene discutir el marco normativo actualmente vigente, ajustar la posición de las partes y acordar nuevos lineamientos.

El mismo ejecutivo federal ha sostenido que no le gustan los organismos intermedios y prefiere la relación directa con los gobernados. Sin embargo, el problema no parece tan sencillo de resolver y tal parece que casi siempre emprendemos el camino inverso: ignoramos la norma existente, normalizamos las prácticas y luego buscamos plasmarlas en nuevos ordenamientos.

En el campo educativo, como si se viera llover, la nueva Ley General de Educación, la promulgada el pasado mes de septiembre, suprimió el capítulo VII de la norma anterior. Se trataba de un apartado sobre la participación social en educación, los lineamientos para regular la intervención de los padres de familia, la abigarrada edificación de los Consejos de Participación Social y el papel de los medios de comunicación. Todo un vuelco.

Por el contrario, en el campo científico la norma está vigente, pero la disputa entre el Foro Consultivo y el Conacyt comenzó discretamente desde el periodo de transición y abiertamente cuando inició el ejercicio de gobierno de la actual administración. Después, la confrontación se trasladó al terreno legal.

Al comienzo parecía que solamente se trataba de un estira y afloja para disminuirle los recursos financieros al Foro, como ocurrió en la mayor parte de entidades de la administración pública. No obstante, el conflicto entre las partes escaló rápidamente y las posiciones de ambos organismos se radicalizaron.

El Foro promovió un juicio de amparo para que Conacyt le entregara los recursos necesarios y en septiembre del año pasado, un juez le concedió la suspensión provisional para que sí obtuviera el financiamiento suficiente. Sin embargo, en el proceso legal, procedía un recurso de queja y faltaba la suspensión definitiva, así que continuó sin recibir los recursos.

El Foro argumenta que, conforme al artículo 38 de la vigente Ley de Ciencia y Tecnología, la autoridad debe dotarlo del financiamiento necesario para su operación. En efecto, el citado artículo precisa que Conacyt debe otorgar, “por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento” del Foro.

Ahora, en la resolución del pasado 6 de enero, un juez federal dictó sentencia a favor del Foro, reconoce su importancia como “órgano autónomo que ayude a que la voz de los especialistas, científicos e investigadores sea tomada en cuenta por el sector público” (Milenio Diario. 09.01.2020).

No obstante, la semana pasada la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, ante la pregunta sobre el fallo judicial favorable que obtuvo el Foro, respondió: "Es un tema legal, aún no concluye, por eso me gustaría guardarme los comentarios. Solo puedo decirles que estamos en un Estado de derecho y respetamos los recursos de la ley y lo que ésta determine" (Reforma. 11.01.2020: 16).

En efecto, el asunto legal no concluyó con la resolución del juez, todavía procede una revisión. Como todos los pleitos legales, siempre habrá recursos que interponer y prolongar el juicio. El problema más apremiante, sin embargo, será discutir las nuevas reglas de la participación social y las entidades gubernamentales.

Pie de página: Los programas sectoriales ya debieron publicarse, pero no aparecen; el plazo venció el pasado fin de semana. El lunes 13 de enero se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para el ejercicio fiscal 2020, mucha atención.

Las preguntas para 2020

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 832. Enero 9, 2020. Pág. 5)

Después de poco más de un año de estar en funciones, cabría suponer que la actual administración del sector científico y tecnológico dejó atrás la curva de aprendizaje. Ahora le toca asumir plena responsabilidad del cargo, poner en marcha lo que tanto ha declarado y comenzar a mostrar resultados. El 2020 también es el año de aniversario del Conacyt y medio siglo no es poca cosa.

Si 2019 fue el año para conocer los pormenores y las complejidades del sector, un tiempo que todavía daba para escabullir responsabilidades, echar la culpa a alguien más, tanto como para la agria confrontación y los encuentros ríspidos con miembros de la comunidad, ahora corresponde el turno a las estrategias, acciones y logros.

El año 2020, con un presupuesto aprobado, con entera responsabilidad de las autoridades sectoriales en la distribución de recursos financieros y la anticipación de un itinerario para el diseño normativo, marca las coordenadas en las que navegará el sistema en su conjunto.

En estos días debe publicarse el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). El límite sería el domingo 12 de enero porque la norma dice que debe estar listo seis meses después de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y éste se publicó el pasado 12 de agosto.

Todo parece indicar que el el Peciti ya está elaborado desde el pasado 21 de diciembre y solamente restaría su aparición en el Diario Oficial de la Federación. Al menos así cabría suponerlo porque la directora de Conacyt, desde su cuenta personal de Twitter, informó que el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI), sesionó el día indicado y ahí mismo lo aprobó. Lo raro es que Conacyt no emitió ningún comunicado oficial al respecto. ¿Cuál es el diagnóstico del sector y cuáles las prioridades? No están a la vista.

El CGICDTI es el máximo órgano de política del sector, lo preside el ejecutivo federal y debe aprobar, entre otras cosas, el programa sectorial. En periodos anteriores, el programa estaba listo en los tiempos previstos, pero no se presentaba oficialmente porque carecía de la aprobación del Consejo, simplemente porque éste no lograba reunirse por la agenda del presidente. ¿Y ahora porque no se ha publicado? Tal vez porque no será cabeza de playa.

Por cierto, aunque debería, no está disponible públicamente el acta de la reunión del CGICDTI. ¿Fueron irregulares la convocatoria y la sesión misma? Sí. La Ley de Ciencia y Tecnología, todavía vigente, dice que la coordinación general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico forma parte de esa instancia. Sin embargo, seguramente por la disputa que sostiene con el Conacyt, la coordinadora del Foro no fue convocada y el Peciti no tendrá ese aval; el Foro se inconformó públicamente. Lo sorprendente es que incumplir la ley no tiene ninguna consecuencia.

Tampoco hay certeza de si el Peciti conservará la denominación de “programa especial”. Según la Ley de Planeación, en el PND se deben indicar qué programas lo son, el problema es que el actual Plan es un documento atípico y, por supuesto, no indica nada al respecto. Los programas especiales lo son porque se refieren a “prioridades del desarrollo integral del país” o a las actividades de dos o más dependencias gubernamentales. ¿Entonces? Probablemente una irregularidad más.

En este año, de acuerdo al artículo sexto transitorio de la reciente reforma del artículo 3º constitucional, el Congreso deberá expedir “las Leyes Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación “. La misma Álvarez Buylla, en su cuenta personal de Twitter, informó que se creó una comisión intersecretarial para integrar un anteproyecto de ley.  Pero ¿quiénes o cómo se integrará? ¿Qué ocurrirá con las variadas opiniones que se han pronunciado? ¿Prevalecerá una centralización gubernamental?

Por último, al final de este año, se cumplirán los primeros 50 años del Conacyt. El 29 de diciembre de 1970 fue publicado el decreto de ley, firmado por Luis Echeverría Álvarez, entonces presidente de la República y por otros siete secretarios de Estado, entre ellos los de Educación y Gobernación, Víctor Bravo Ahuja y Mario Moya Palencia, respectivamente.

A lo largo de estos años el Conacyt, el sector y México, paulatina e inexorablemente, se han transformado. El primero no solamente se ha expandido y está más arraigado, también ha dejado de ser un organismo dependiente de una secretaría. Actualmente goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, tiene un ramo de gasto propio en el presupuesto, así como la posibilidad de coordinar los esfuerzos en materia de ciencia y tecnología.

No obstante, en este año, comenzando por la posibilidad de cambiarle el nombre mismo al organismo, luego con un cada vez menor control del gasto del sector y, paradójicamente, intentando a toda costa centralizar las decisiones, Conacyt se encamina a celebrar medio siglo de vida. ¿Cuál será su derrotero? Lo estamos presenciando.

Tiempos inciertos con demasiadas interrogantes.

Pie de página: Hoy mismo, en la UNAM, el secretario de la OCDE, José Ángel Gurría, presentará los “Estudios de Educación Superior de México”.

Conacyt: ni regulado ni participación alterna

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 831. Diciembre 19, 2019. Pág. 5)

La condición del marco normativo es relativamente anómala e inquietante. Uno es el procedimiento que marca la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y otro es el que sigue la modificación del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas. También una cosa es lo que dice la todavía vigente Ley de Ciencia y Tecnología (LCT) y otra la que establece la reciente reforma del estatuto orgánico del Conacyt.

En el terreno jurídico existe cierto debate sobre la jerarquía normativa, especialmente por el lugar que ocupan los “Tratados internacionales” en la circunscripción del derecho nacional y también por la posición de las leyes generales. Sin embargo, ninguna duda cabe en el orden jurídico nacional sobre la supremacía de la Constitución, luego están las leyes generales, después las federales o locales y al final la serie de normas reglamentarias que concretan o hacen operativas las leyes anteriores.

O sea, el cúmulo de normas que están al final de la cadena, como los reglamentos, acuerdos o estatutos, desagregan lo que estipulan las leyes de mayor jerarquía. En el caso del marco normativo científico y tecnológico, después de la reforma al artículo 3º constitucional del pasado mes de mayo, debe expedirse una nueva ley general para el sector a más tardar el año próximo y después deberán estar alineadas toda la serie de ordenamientos secundarios. Todo claro.

No obstante, todavía no hay ley general, así que para efectos legales sigue siendo vigente la Ley de Ciencia y Tecnología, de modo que cualquier modificación actual en los ordenamientos inferiores debe ser acorde a lo que dice esa ley. Pero la reciente modificación del estatuto orgánico de Conacyt no solamente se insubordinó sobre lo que debiera observar, también sobre el procedimiento que debía seguir su reforma.

El anterior estatuto orgánico del Conacyt, en su fracción XIX del artículo 32, dice que la unidad jurídica del organismo debe someter a consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (ahora llamada Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, Conamer) sus modificaciones jurídico-administrativas y las manifestaciones de impacto regulatorio.

El pasado 19 de noviembre, el Conacyt ingresó a la Conamer su expediente con las reformas que proponía para su estatuto orgánico y la Comisión lo abrió a consulta pública ese mismo día. Los lineamientos de la Conamer establecen que la propuesta debe ingresarse “cuando menos treinta días antes de la fecha en que pretendan publicarse en el Medio de Difusión o someterse a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal” y el plazo mínimo de la consulta debe ser de 20 días.

Ninguna de las dos condiciones se cumplieron. Si bien la Comisión eximió a la propuesta de un análisis de impacto regulatorio, al publicarse el 11 de diciembre todavía no alcanzaba los treinta días y lo más notable es que la página electrónica de la Conamer sigue diciendo que “no se ha establecido aún” fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sorprendente.

Por otra parte, si se observan los cambios propuestos en el estatuto orgánico del Conacyt, lo que sobresale es particularmente una modificación en uno de sus órganos administrativos y la propuesta de una participación sumamente acotada para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). En el primer caso, seguramente por motivos de austeridad, suprime la Oficialía Mayor que operaba en el organismo y crea una Unidad de Administración y Finanzas.

Sobre el Foro, en primer lugar, sustituye la participación de su titular en la junta de gobierno del Conacyt y propone que más bien sea un miembro de la Mesa Directiva del mismo Foro. En segundo lugar, precisa que las opiniones y propuestas del Foro solamente serán canalizadas por el propio Conacyt.

Además, a diferencia de la autodeterminación que tenía el organismo, ahora claramente señala que serán dos direcciones adjuntas del Conacyt las que propondrán la integración, organización y funciones del Foro. Desde ahora suprime su capacidad para emitir propuestas u opiniones directamente sobre las políticas nacionales, también para participar en la elaboración del programa sectorial, solamente podrá convocar a las comunidades y emitir opiniones si son solicitadas. Todo un vuelco.

Por otra parte, en adelante, el Conacyt tampoco necesitará solicitar la aprobación de la Conamer para modificar sus disposiciones jurídico administrativas, porque también derogó la fracción correspondiente en su nuevo estatuto (la fracción XIX del artículo 32, como ya lo indicamos).

No es la primera vez que se reforma el estatuto de Conacyt, ha ocurrido en múltiples y variadas ocasiones. Tampoco es noticia la disputa que sostienen el Consejo y el Foro. Sin embargo, inquieta la tendencia centralizadora del organismo rector de las políticas sectoriales, tanto como el manejo sumamente laxo del marco normativo. Sin duda un rasgo perturbador ahora que está por elaborarse una nueva Ley General de Ciencia y Tecnología.

Pie de página: Diferentes instituciones y personal académico se miran en el espejo del ITAM y no les gusta la imagen que reflejan. ¿Nadie aprende en institución ajena?

Financiamiento: ¿promesa recortada con rango de ley?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No 830. Diciembre 12, 2019. Pág. 4)

Los diputados reformaron una vez más la todavía vigente Ley de Ciencia y Tecnología y el cambio fue sobre el siempre espinoso tema del presupuesto para el sector. ¿Tiene sentido modificar una ley a punto de derogarse? Tal vez no, aunque podría fijar una línea base para un nuevo ordenamiento.

El pasado 3 de diciembre, 430 diputados votaron a favor de la propuesta de la diputada Marivel Solís Barrera, representante de la fracción parlamentaria de Morena; ninguno se abstuvo y tampoco nadie votó en contra. La iniciativa añade una condición al artículo 9 Bis que establece el monto del 1 por ciento para las actividades científicas y tecnológicas.

La adición que propuso la diputada Solís fue: “En tanto no se alcance la meta del 1 por ciento del producto interno bruto, el presupuesto federal en ciencia, tecnología e innovación no podrá ser menor al del aprobado en el año fiscal anterior”.

El tema tiene algunos antecedentes recientes y probablemente tendrá algunas consecuencias. Sobre los primeros vale la pena recordar que el mismo López Obrador, en el periodo de transición, cuando le entregaron un documento de propuestas para el sector, hizo un compromiso ante miembros de la comunidad académica y cientifica.

En agosto de 2018, en el Palacio de Minería, el entonces presidente electo dijo: “vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tenología aumente, en el peor de los casos, y ese es el compromiso que hago con ustedes, porque vamos a enfrentar una situación difícil, en el peor de los casos que no se reduzca, que, en términos reales se mantenga. Es decir que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto”.

Sin embargo, lo cierto es que cuando llegó la hora de las decisiones presupuestales para este año, cuya responsabilidad asumió el equipo de transición del gobierno actual, el monto para el sector no aumentó y más bien disminuyó sensiblemente el presupuesto para Conacyt. Esto es, entre el año pasado y el actual, en términos corrientes, el gasto federal para Conacyt pasó de 27 mil 226 millones a 24 mil 765 millones de pesos.

Después, en mayo de este año, quedó aprobada la reforma del artículo 3º constitucional y el artículo sexto transitorio mandató expedir, a más tardar en el año 2020, nuevas leyes generales para educación superior y para ciencia y tecnología. En el caso de esta última, porque la fracción V del mencionado artículo ahora establece el derecho de toda persona a gozar de los beneficios de la ciencia y la tecnología, la garantía de acceso abierto a la información que se derive de ella y el respaldo del Estado para el sector.

En el mismo mes de mayo, cuando ya había sido publicada la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación y también era claro que habría una nueva ley general en la materia, la diputada Solís Barrera ingresó su propuesta de reforma al artículo 9 Bis de la vigente Ley de Ciencia y Tecnología.

Aquella iniciativa fue la que aprobaron los diputados la semana pasada. Ahora, en términos legislativos todavía falta que el Senado la ratifique o no, pero muy seguramente la aprobará y quedará con rango de ley que el presupuesto federal para ciencia y tecnología no será menor al aprobado en el año fiscal anterior.

Nótese que el añadido a la ley no incluye un punto básico: no será menor, “en términos reales”, como lo dijo López Obrador. Entonces, será suficiente un presupuesto del mismo monto al del año previo para cumplir la ley, incluso podría no tener ninguna variación en varios años y tampoco contravendría la norma.

Desde luego, en términos reales, si se considera el índice de inflación, si año con año se asigna el mismo monto de presupuesto, anualmente disminuirá y lo hará significativamente si la inflación se dispara. Los diputados que elaboraron el dictamen de la iniciativa, integrantes de la comisión de ciencia y tecnología, consideraron que la propuesta “no genera impacto presupuestario, pero se protege al sector evitando recortes en los subsecuentes ejercicios fiscales”. El menor de los males.

¿La propuesta será retomada en la nueva ley que está por diseñarse? Probablemente. La diputada Solís Barrera es integrante de Morena, la fracción parlamentaria con mayoría simple en la cámara baja; la aprobación de leyes secundarias no necesitan mayoría calificada.

Sin embargo, todavía quedan varias interrogantes por despejar. Por ejemplo: ¿quién elabora y presentará la iniciativa de ley general? ¿Cuál será la cámara de origen para ingresar el proyecto? ¿Conservará el monto de 1 por ciento respecto al PIB? ¿Como se armonizará, en materia de financiamiento, con la Ley General de Educación Superior? Lo veremos.

Pie de página: El fin de semana la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, cumplió su primer año en el cargo, lo que todavía no está es la ley de educación capitalina, a pesar de que la Constitución local marca que desde marzo debía estarlo.