Neurotecnología: ¿amenaza a la libertad de pensamiento?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canlesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1041. Abril 25, 2024)

 

Tal parece que las implicaciones de los avances tecnológicos van más rápido que nuestra capacidad para entenderlos y, más importante, para establecer los necesarios marcos de regulación. Todavía estamos por acordar globalmente la mejor forma de controlar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y sus herramientas, cuando ya debemos atender el tema de la ética de la neurotecnología.

 

La UNESCO, en esta semana, reúne a una veintena de expertos de diferentes partes del mundo para impulsar un primer marco global sobre la ética de la neurotecnología. Esta última no es un campo novedoso, se refiere a cualquier técnica o herramienta que puede medir, obtener y manipular datos sobre la actividad cerebral, como los registros de electroencefalogramas en humanos que se aplican desde hace más de un siglo.

 

Sin embargo, lo nuevo es la rápida expansión que ha experimentado la neurotecnología en las últimas dos o tres décadas. Campos limítrofes como la neurociencia, la ciencia de datos, la ingeniería, las TIC y la inteligencia artificial le han dado un renovado auge y han mostrado que puede tener un potencial sin precedente para la evaluación y manipulación de los sistemas cerebrales de humanos y animales.

 

El rápido desarrollo de la neurotecnología ha tenido beneficios innegables, como los que se han creado para el tratamiento médico de trastornos neurológicos, parálisis o enfermedades mentales. Pero también ha encendido las alarmas de gobiernos y la comunidad académica por la cantidad de información que produce y acumula sobre nuestra identidad, emociones y miedos.

 

Los datos podrían ser utilizados para amenazar la libertad de pensamiento, la dignidad la autonomía o el bienestar de las personas. Las principales dificultades se concentran en las intervenciones no invasivas de la neurotecnología, es decir, aquellas técnicas que permiten actuar sobre el cerebro desde el exterior. Las otras técnicas, las invasivas, requieren de cirugía, pero también son objeto de preocupación por los experimentos que están en marcha de realización de implantes en el córtex cerebral y que parecen un guion de películas de ciencia ficción.

 

Por una parte, como señala Unesco, “las empresas pueden utilizar datos neuronales obtenidos de dispositivos neuro-tecnológicos no invasivos con fines de marketing. Al detectar señales relacionadas con nuestras preferencias y disgustos, estas empresas pueden influir en el comportamiento del cliente para maximizar las ganancias” (t.ly/IOLU6).

 

La industria de la neurotecnología está altamente concentrada, actualmente existen alrededor de 1,400 empresas y de ese total la mitad tiene como sede a Estados Unidos y otro 35 por ciento se distribuye entre Europa y el Reino Unido. En conjunto representan inversiones de poco más de 33 mil millones de dólares.

 

Por otra parte, resulta perturbador que en algún punto solamente pensemos en una preferencia (sin verbalizarla) y un dispositivo tecnológico (sin conexión alámbrica con el cerebro) nos diga que sí o que lo mejor es tomar otra opción. Una especie de interfaz cerebro – dispositivo que traduce las sensaciones en señales digitales, o más todavía, una interfaz cerebro - cerebro.

 

El asunto es que podríamos ser incapaces de diferenciar quién toma la decisión sobre las preferencias personales. Porque, en esa relación de cerebros y computadoras, dice la Unesco, nuestra identidad personal se puede diluir, “en parte porque los algoritmos nos ayudarán a tomar decisiones. En consecuencia, esto puede difuminar la participación de nuestro yo individual”

 

Entonces, el punto es cómo preservar el control sobre la neurotecnología que induce la toma de decisiones. Los 24 expertos convocados por la Unesco se reunirán en París del 22 al 26 de este mes para elaborar un primer borrador de recomendaciones sobre la ética de la neurotecnología.

 

En el grupo de expertos están tres personalidades latinoamericanas: el argentino Roberto Andorno, profesor de bioética y de leyes biomédicas; la brasileña Monique Pyrrho de la Universidad de Brasilia; y el mexicano Patricio Javier Santillán Doherty, director del Comité Nacional de Bioética.

 

La idea es que a lo largo de este año, según ha expresado la directora de la Unesco, se recaben observaciones sobre el borrador, luego se discuta entre los 194 Estados Miembros de la Organización  y para noviembre del 2025 se adopte un marco ético mundial. Ya veremos.

 

 

Pie de página: No hay detalles, pero el Conahcyt y la Secretaría de Marina dicen que desarrollaron en conjunto “la Radio de comunicación mexicana Vírgula, desarrollo tecnológico soberano para el bienestar de las y los mexicanos”. Así lo anunciaron y aquí lo puede ver: t.ly/txUt8. // El rector de la UNAM presenta una primera versión de su Plan de Desarrollo Institucional para el periodo y dice que está a consulta de la comunidad, también acá lo puede ver: t.ly/4TP2o. // Los universitarios argentinos toman la calle para protestar por las políticas de Javier Milei. Fuertes vientos soplan desde el sur.

La obligatoriedad educativa y el futuro de los jóvenes

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1040. Abril 18, 2024. Pág. 4)

 

La reforma del artículo 3º constitucional de mayo del 2019 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. No ha sido fácil ni rápido llevar ese propósito a los principios constitucionales. Pero, con todo, eso ha sido lo menos complicado, lo más difícil es llevarlo al terreno de los hechos. Poco se avanzó en este periodo de gobierno y podría ocurrir que tampoco se logre en el siguiente.

 

Desde la Constitución de 1917 quedó establecida la gratuidad de la enseñanza primaria impartida en establecimientos oficiales (Artículo 3º, último párrafo). Pasaron más de 70 años para que se alcanzara su universalización y entonces se añadió la obligatoriedad y gratuidad del siguiente nivel, la educación secundaria. El decreto de reforma apareció el 5 de marzo de 1993, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari (DOF. 05.031993)

 

La educación primaria y la secundaria han sido y son la base más amplia del sistema educativo nacional. Sin embargo, la siguiente reforma no fue hacia el siguiente peldaño, fue hacia atrás: en el 2002, con Vicente Fox, se decretó la obligatoriedad del preescolar (DOF 12.11.2002). Sí había preocupación por la escolarización de la primera infancia, pero era mayor el interés por el volumen de plazas magisteriales que se necesitarían para cumplir el compromiso.

 

La reforma de ese 2002, en artículo transitorio, estableció los plazos para completar la obligatoriedad del preescolar: para los niños de 5 años en el ciclo 2004-2005; para los de cuatro años en el 2005-2006; y para los de tres años sería hasta el 2008-2009. No obstante, todavía hoy, no se alcanza la universalización del preescolar. La tasa neta de escolarización para ese nivel es de alrededor del 64%; la menor atención es para los niños de tres años.

 

Luego, casi al final del periodo de Calderón Hinojosa, se sumó la obligatoriedad de la educación media superior en la Constitución. El decreto de reforma indicó que el cumplimiento sería gradual, iniciaría en el ciclo 2012-2013 y se lograría la cobertura total una década después, en el 2022-2023 (DOF 09.02.2012). O sea que para esta fecha ya debería ser una realidad. No lo es.

 

Roberto Rodríguez, en estas mismas páginas, la semana pasada, anotó que el compromiso con la educación media superior no se ha cumplido ni se está cerca de lograrlo. En efecto, la tasa neta de escolarización para el grupo de edad es de alrededor del 61%.

 

Finalmente, en el actual periodo de gobierno se añadió la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior (DOF. 15.05.2019). La obligatoriedad de este nivel, precisó la misma reforma del artículo 3º en su fracción X, corresponde al Estado. Es decir, no es obligatoria para las familias de los jóvenes o para ellos mismos.

 

Además, la misma reforma previó que la federación y las entidades asignarían el presupuesto necesario para lograr la gratuidad y, además, aparte de los recursos ordinarios, dispuso la creación de un fondo federal especial para asegurar “a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad… así como la plurianualidad de la infraestructura” (Décimo Quinto transitorio).

 

Sin embargo, el presupuesto para la educación superior apenas se ha sostenido en términos reales en el periodo. Y no, nada de instauración de un fondo especial para la obligatoriedad; tampoco se destinaron recursos adicionales por otros medios.

 

Entonces, una expansión sustantiva de la cobertura en la educación superior ya no se logrará en este periodo. Ni siquiera se alcanzará la meta de 50 por ciento en la tasa bruta de cobertura al finalizar el periodo. Una meta que el mismo gobierno se planteó en su programa sectorial.

 

Tal vez por eso la reciente declaración de una de las aspirantes a la presidencia ha tenido tanta resonancia en la educación superior. La candidata Claudia Sheinbaum, hasta el momento con mayor ventaja en las preferencias electorales, declaró que “Con respeto a la autonomía de las universidades (…), el aumento a la inversión en las universidades públicas tiene que, desde mi punto de vista, ir acompañado también de un proceso de austeridad republicana” (El Financiero 13.04.2024). ¿Un aumento con austeridad?

 

Habrá que esperar un mayor detalle de la propuesta, porque la austeridad republicana a menudo ha significado, lisa y llanamente, sostener los recursos en términos reales, cuando no una disminución indiscriminada en el presupuesto. Desde luego, las universidades están obligadas a cumplir cabalmente su función y deben rendir cuentas de los recursos públicos que reciben.

 

Pero también es verdad, y ya quedó constatado, que sin recursos financieros no es posible ampliar las oportunidades educativas, al menos las opciones verdaderas. Lo peor es que los más excluidos son los jóvenes más desfavorecidos.

 

Sería una lástima que una vez más el futuro de los jóvenes se difiera antes de iniciar el presente de un nuevo periodo de gobierno.

 

Pie de página: Las medidas del presidente argentino siguen causando una inconformidad creciente en el ámbito científico y académico. La Red Argentina de Carreras de Sociología emitió una declaración pública sobre lo que está ocurriendo, aquí se puede ver: t.ly/8ZjSF

La educación en el debate que queremos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1039. Abril 11, 2024)

 

Los temas del primer debate se conocían de antemano. El propósito era que los votantes contaran con una mejor información para definir su voto. A su vez, la autoridad electoral había dicho que el formato seleccionado era innovador y permitiría “garantizar la certeza, la transparencia y la autenticidad de los cuestionamientos”.

 

Sin embargo, irónicamente, una vez transcurrido el encuentro, es posible que una amplia proporción de la ciudadanía no tenga mejores elementos de información ni mayor certeza sobre las propuestas de quiénes aspiran a gobernar a México. Ahora, más bien, la zaga del debate trata de precisar qué propone quién en cada tema y por qué una opción electoral sería mejor que otra.

 

El formato del debate, una vez más, está en cuestionamiento. Aunque, en realidad, así ha sido desde que se realizan estos intercambios. Precisamente, en este año se cumplen tres décadas de aquel primer debate entre candidatos presidenciales en 1994. Los protagonistas de entonces eran solamente hombres: Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos y Ernesto Zedillo. La novedad fue la exposición televisiva de los candidatos, pero fue tan rígido que no sirvió para mucho.

 

Ahora son dos mujeres y un hombre: Jorge Álvarez –aunque todos le dicen Máynez, por su apellido materno, incluyendo a los moderadores-, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Las circunstancias no son las mismas y otro es el contexto, pero las prácticas de los partidos políticos no cambian. Dicen que buscan equidad y transparencia en los comicios, aunque más bien quieren controlar el procedimiento y evitar el debate abierto; prefieren una confrontación entre algodones. Así era cuando la autoridad electoral formaba parte del mismo gobierno y persistió cuando alcanzó un carácter autónomo, aunque en menor medida.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que el reciente primer debate sería sobre la “Sociedad que queremos”. Pero la propuesta de formato, las fallas y cortes en el cronometro no fueron lo mejor para lograrlo. También informó que las preguntas de la ciudadanía serían sobre tres temas: educación y salud; transparencia y combate a la corrupción; y no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Tampoco se puede decir que hoy sabemos las respuesta.

 

Las preguntas fueron recabadas a través de redes sociales y medios digitales por Signa Lab, una entidad especializada en temas sociodigitales dirigida por Rossana Reguillo, perteneciente al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Esa entidad fue cuestionada por el equipo del partido en el gobierno porque su directora, tiempo atrás había expresado críticas al desempeño del gobierno actual. El mismo cuestionamiento recibió Manuel López San Martín, uno de los moderadores del debate. Al final, la primera se retiró del ejercicio y el segundo sí moderó el debate.

 

El caso es que Signa Lab recopiló 24 mil preguntas, de esas miles la autoridad electoral seleccionó poco más de un centenar, se las entregó a los moderadores y ellos fueron quienes decidieron qué preguntas hacer en el debate.

 

La primera interrogante, sobre el tema educativo, fue dirigida directamente a la candidata Claudia Sheinbaum y fue qué haría para revertir el rezago educativo después de la pandemia. La respuesta fue oblicua, no aludió al rezago, dijo que ha defendido la educación pública desde que era estudiante y ahora propone dar educación inicial, becas para todos los estudiantes desde preescolar hasta secundaria, fortalecer la educación media superior e instaurar más universidades como las que hizo en la Ciudad de México. Hasta ahí.

 

La misma pregunta fue para Xóchitl Gálvez, tampoco la respondió, en su lugar dijo que a su contrincante se le olvidó hablar del Colegio Rébsamen y que por su indolencia habían muerto 19 niños y siete adultos. Por su parte, al candidato Álvarez Maynez le preguntaron su opnión sobre los planes educativos y los libros de texto gratuitos actuales. Su respuesta fue que pondría a niñas y niños en el centro, transitaría hacia una educación universal y habría un programa extraordinario de infraestructura educativa.

 

Además, Xóchitl Gálvez anunció que restauraría las estancias infantiles y las Escuelas de Teimpo Completo con Internet para que los estudiantes aprendan robótica, inteligencia aritifical e inglés. Álvarez Maynez recuperó su intervención sobre el modelo educativo y los libros de texto, dijo que estos últimos no deben ser adoctrinadores como lo fueron en el pasado y lo son en el presente; la educación púbica, enfatizó, debe ser igualadora de oportunidades.

 

Una nueva pregunta para Xóchitl Gálvez la interrogó acerca de su plan de trabajo para contender con el retraso educativo y las cargas administrativas excesivas de los profesores. Señaló la reducción de presupuesto para capacitación de los profesores y reiteró lo dicho sobre la Escuelas de Tiempo Completo. Algo similar ocurrió con la pregunta sobre qué hacer para mejorar la calidad educativa, una vez más reiteró que llevaría Internet a todas las localidades a través de satélites.

 

La respuesta de Claudia Sheinbaum, sobre el mismo tema de mejora la calidad educativa, fue que perisistiría en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana con los nuevos libros de texto. Sí, a pesar de la controversia que han generado.

 

Por último, al candidato Álvarez Maynez le hicieron la única pregunta directa sobre el tema científico y tecnológico: el porcentaje del PIB que se comprometería a invertir en ese terreno. Y sí, su respuesta fue lacónica: el uno por ciento del PIB. Un porcentaje que estaba en la ley anterior y que ya no está en la actual.

 

En fin, un debate por televisión no es el único medio para conocer las propuestas de quien aspira a gobernar, ahí están las plataformas electorales, los aturdidores discursos de campaña y faltan dos debates más. Sin embargo, sí es el medio que ofrece la mayor oportunidad, a nivel nacional, para exhibir el talante de las candidaturas y decir puntualmente qué propuestas tienen para convencer a los eventuales electores de que son la mejor opción frente a lo que dicen los oponentes.

 

Después del debate apenas tenemos girones de propuestas y una disputa que se prolonga entre simpatizantes de unas y otro. Pero nada o muy poco sobre la promesa de “Sociedad que queremos”. Sería tiempo de proponer el “Debate que queremos”: menos atribuciones a los partidos políticos, mayor intervención ciudadana, formato más simple y más abierto a la confrontación de perspectivas sobre los principales tópicos. No es mucho.

 

Pie de página: A propósito de la educación superior en la agenda de las campañas electorales, ahí está la asignatura pendiente de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y a nadie parece importarle..

 

Trifulcas y pausa por el glifosato

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1038. Abril 4, 2024. Pág. 4)

 

El comunicado fue un tanto críptico porque en su primer párrafo decía: “en virtud de que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana, debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país” (26.03.2024). No lo decía abiertamente, pero se entendía que continuará la utilización del glifosato en la producción agrícola nacional.

 

La sustancia química denominada glifosato es un herbicida para lograr mejores productos agrícolas y es muy utilizado a nivel mundial, principalmente en los cultivos transgénicos de soya, maíz, algodón o sorgo, entre otros. Sin embargo, su uso es polémico y controvertido, porque organizaciones como Greepeace y personas opuestas a los transgénicos sostienen que es un químico que daña a la salud y a la biodiversidad.

 

Pero, nada menos, el reciente comunicado era firmado por cuatro entidades gubernamentales: Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

 

Todas la dependencias firmantes están involucradas en la producción agrícola o en el control y uso de sustancias químicas. Lo sorprendente es que ahí no apareció el Conahcyt, el organismo que desde el año 2020, tenía la encomienda anunciada por el presidente López Obrador de abrir “una investigación para buscar opciones alternativas” a la utilización del glifosato (12.08.2020). Una pausa de cuatro años para encontrar soluciones.

 

Las diferencias entre dependencias gubernamentales, a propósito del glifosato o los transgénicos no son ninguna novedad. Actualmente, los primeros protagonistas de una disputa pública a ese respecto ya no forman parte del gabinete, pero seguramente usted recordará que sí la hubo, precisamente poco antes de que el presidente López Obrador le hiciera la encomienda al Conahcyt (Campus No. 880).

 

Víctor Toledo, entonces titular de la Semarnat, a través de redes sociales le exigió una disculpa pública al secretario de la Sader, Víctor Manuel Villalobos, porque este último había elaborado el anteproyecto de decreto para la regulación del glifosato, pero no incluyó la prohibición del maíz transgénico. Al final, Toledo borró de las redes su exigencia, se marchó del gabinete y el decreto no se publicó. Las trifulcas entre dependencias gubernamentales estuvieron a la vista.

 

El decreto fue publicado al final del año 2020, para precisar que habría un periodo de transición para sustituir el glifosato por alternativas sostenibles y se extendería hasta el 31 de enero del 2024, también advirtió que las dependencias gubernamentales debían abstenerse de utilizar o promover el glifosato y reiteró que el Conahcyt respaldaría a las secretarías en la búsqueda de alternativas y haría recomendaciones anuales (DOF. 31.12.2020)

 

Luego, al inicio del año pasado, el gobierno federal emitió un nuevo decreto e  incluyó la prohibición del maíz genéticamente modificado, el tema que dividió al gabinete. Instruyó a  las dependencias de la administración pública para que se abstuvieran de “adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, para cualquier uso” (DOF.13.02.23).

 

Además, alargó el periodo para realizar la sustitución del glifosato, la nueva fecha fue el 31 de marzo del 2024. Pero no, cinco días antes de que finalizara el plazo, la Secretaría de Economía difundió el comunicado ya mencionado. Nuevamente, no se cumplió lo que se había prometido

 

Ahí no quedaron las cosas. El Conahcyt tres días después de lo anunciado por la Secretaria de Economía, citó a conferencia de prensa para dar a conocer que sí había alternativas al glifosato y sí se podían producir alimentos sin agrotóxicos. A la conferencia asistió el vocero de la presidencia, tres subsecretarios y el titular de la Procuraduría Agraria y también emitieron un comunicado conjunto. Otro es el rango de estos funcionarios y otras sus especialidades profesionales, pero otra vez mostaron las diferencias en el gabinete.

 

El extenso comunicado del Conahcyt básicamente menciona que hay tres fomulaciones nuevas, “cien por ciento mexicanas” y otros “tres bioherbicidas mexicanos comercialmente disponibles y tres en el mundo (sic), todos ellos con eficacias de hasta más del 90 por ciento” (28.03.2024). Una narrativa similar a la que hemos escuchado en otros momentos y para otros fines.

 

En fin, lo inocultable son las diferencias en el gabinete y el hecho incontrovertible de que, una vez más, a pesar de las pausas se incumplió lo prometido. La tarea sobre el glifosato no era ni es sencilla y lo más probable es que no se cumpla. Las evidencias científicas sobre los efectos dañinos del agroquímico no son concluyentes y por ahora, a nivel mundial, tampoco hay sustitutos con la misma eficacia y en la misma escala del glifosato.

 

Pie de página: El proyecto de decreto para integrar la Conabio a la estructura de la Semarnat sigue en la Conamer, las expresiones públicas de rechazo también, incluida una carta de Leonardo Lomelí, el rector de la UNAM.