Ley de ciencia: ¿la hora de los legisladores?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 994. Abril 27, 2023, pág. 4)

 

La intención de las autoridades del sector de aprobar la nueva ley general de ciencia creció conforme transcurrieron los días de este mes de abril. Todavía este lunes 24 de abril, cuando este texto fue escrito, no era un hecho la aprobación del proyecto, pero el rumor era que lo estaría el martes de esta semana y el Colectivo por la Ciencia se preparaba para una protesta pública en la Cámara de Diputados.

 

Lo anotamos aquí la semana pasada: los legisladores podrán aprobar o no un proyecto de ley, pero los desencuentros continuarán si no tiene un consenso mínimo de los directamente implicados. Si una ley no cuenta con el respaldo de la comunidad que quiere regular será impugnada a la menor provocación, o bien, revertida a la primera oportunidad. Lo peor es que, y también lo dijimos, podríamos desaprovechar la oportunidad de mejorar lo que tenemos y lo malo se puede ir junto con lo bueno.

 

Tal vez las autoridades confían de más en su mayoría en el Congreso para decidir qué se aprueba y qué no. Juzgarán que no es necesario convencer a nadie ni discutir y mucho menos negociar la nueva ley. O incluso desestiman las opiniones de miembros de la comunidad que se han manifestado de forma crítica sobre la organización y función del proyecto de ley gubernamental. Planteamientos que han insistido, una y otra vez, en construir sobre la base del marco normativo vigente, para corregir o eliminar lo que no funciona, instaurar un verdadero sistema y añadirle una perspectiva de futuro.

 

El proyecto de ley general de ciencia del gobierno federal sí puede ser aprobado sin más en el Congreso. Aunque los 202 diputados de la fracción parlamentaria de Morena no alcanzan la mayoría simple, sin grandes dificultades la sobrepasa si suma los votos de sus partidos aliados, como el Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Recuérdese que en total son 500 legisladores y solo se necesitan la mitad más uno.

 

Lo mismo ocurre en la Cámara de Senadores y en las respectivas comisiones de Ciencia y de Educación de ambas cámaras. Morena fácilmente logra mayoría de votos si suma los votos de las fracciones parlamentarias afines (Campus Milenio No. 978). Así que el partido en el gobierno, con relativa facilidad, puede aprobar cualquier ley secundaria, como la ley general de ciencia. No es el mismo caso con las reformas a la Constitución, porque ahí necesita mayoría calificada –dos terceras partes de los votos-- y en esta legislatura ya no la alcanza ni con partidos afines.

 

A pesar de la composición parlamentaria, las comisiones de Ciencia y de Educación, en ambas cámaras, reconocieron la importancia de discutir y acordar una iniciativa de ley que fuera satisfactoria para todas las partes. Recuérdese que el proyecto de ley del ejecutivo federal fue ingresado en la Cámara de Diputados el pasado 13 de diciembre, turnado a esas dos comisiones, y desde entonces se aceleraron los rumores de una aprobación sin discusión. A la fecha se han filtrado dos dictámenes.

 

Desde el pasado 14 de marzo las juntas directivas de las dos comisiones acordaron la metodología para dictaminar el proyecto de ley del ejecutivo federal. Los acuerdos los comentamos en su momento aquí mismo, pero vale la pena recordar que se referían a dos acciones: una reunión de trabajo con la directora del Conacyt y siete foros de parlamento abierto.

 

La sesión de trabajo con la titular del Conacyt no se realizó el 15 de marzo, como lo tenían previsto, pero sí tuvo lugar al día siguiente. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los foros de parlamento abierto. El acuerdo era que realizarían “por lo menos siete foros de parlamento abierto” e incluso se puntualizaron las temáticas que se abordarían en cada uno.

 

No obstante, solo tuvieron lugar los dos primeros foros, uno el 29 de marzo y otro el 14 de abril. Las sesiones, en ambas fechas, se alargaron por las numerosas intervenciones y hubo quien se quedó esperando. Todavía en el segundo foro, la diputada Flora Tania Cruz del partido Morena y titular de la Comisión de Educación y el diputado Javier López Casarín del Verde Ecologista de la Comisión de Ciencia, dieron por hecho la realización de los restantes cinco foros; destacaron la importancia del parlamento abierto para fortalecer los procesos democráticos y la construcción de un nuevo paradigma para la ciencia y la tecnología (Boletín No. 4166).

 

Algo ocurrió en la semana siguiente porque no hubo más convocatorias para los siguientes cinco foros ni tampoco explicación pública. Mal por el incumplimiento y pésimo por la desconfianza que habrá en futuras sesiones de parlamento abierto. Todavía peor para la frágil credibilidad de los diputados.

 

En estas condiciones, los legisladores pueden afirmarse como poder o evadir su responsabilidad en esta su hora. Si esta semana los diputados aprueban la ley y muchos otros proyectos, seguirán los senadores, pero en cualquier caso están obligados a rendir cuentas de su actuación.

 

Pie de página: Apareció una nueva organización para impulsar una candidatura presidencial y dice que es de académicos. Hasta ahora no es más que un anuncio. Ya veremos. // En España sigue en ascenso la discusión sobre la doble adscripción laboral y ahí viene el laberinto del mundo de las publicaciones y sus revistas.

La ley general de ciencia en la penumbra

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 992. Abril 20, 2023)

 

El diseño de la nueva ley general de ciencia ha sido muy accidentado y así continuará, sea aprobado o no en el Congreso. Todavía esta semana estaban por realizarse cinco foros de parlamento abierto, como acuerdo de los legisladores antes de que las respectivas comisiones emitan su dictamen. Grave será si perdemos la oportunidad para mejorar la norma que tenemos o, peor, si retrocedemos en lo ya alcanzado.

 

La intención de regular nuestro sistema científico y tecnológico, en la escala de un sistema, en realidad tiene poco tiempo. A mediados de la década los años ochenta, la promulgación de la “Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico” fue el primer intento para diferenciar y precisar las estructuras, las actividades y los componentes de lo que se denominó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

 

Después, en 1999 vino la “Ley para el Fomento de las Actividades Científicas y Tecnológicas”, una norma que delineó el sistema y le otorgó mayores capacidades al Conacyt, como la responsabilidad plena para elaborar el programa sectorial que denominó “especial”, información consolidada sobre sus recursos financieros, nuevas instancias e instrumentos para impulsar la actividad como los fondos competitivos y, sobre todo, la intención de poner en marcha políticas de Estado en la materia.

 

La ley vigente, sobre la base de la norma previa, ajustó los instrumentos en marcha, instauró un Consejo General como órgano máximo de politica, un ramo de gasto propio para el Conacyt en el Presupuesto de Egresos de la Federación, creó un órgano de coordinación con las entidades federativas para promover la descentralización y estableció una red para articular los grupos de investigadores de diferentes instituciones y de distintos sectores, entre otros aspectos.

 

Después ocurrieron diversas reformas a la ley vigente del 2002, pero conservando la intención de consolidar un verdadero sistema nacional y la idea de políticas de Estado en el sector. Una modificación importante fue en el 2004, cuando se añadió el artículo 9 Bis a la ley para establecer que el gasto nacional en el rubro no podría ser menor al 1 por ciento del PIB y que debía cumplirse en el 2006. Y pues no, ni en ese año ni después se cumplió.

 

Ahora, con la reforma al artículo 3ro constitucional de mayo del 2019 abrió la ventana para diseñar una nueva norma. A diferencia de las normas anteriores, y es un avance muy importante, debe ser de carácter “general”, o sea, tiene que regular un verdadero sistema nacional, al igual que las competencias y responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno (federal y estatal).

 

Además, esa ley general debe hacer efectivo lo que ahora dispone el artículo 3ro constitucional sobre el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la tecnología; garantizar el acceso abierto a la información que se derive de la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica; y “proveer recursos y estímulos suficientes”.

 

El problema es que no hay un consenso sobre el diseño que debe tener la nueva ley y así llevamos más de dos años. Por un lado, no se ve la suma de los cinco proyectos de ley en el Congreso. Por otro, la iniciativa del gobierno federal, presentada el pasado 13 de diciembre y con mayor probabilidad de ser aprobada, prácticamente propone “tirar al bebé junto con el agua sucia de la bañera”, porque omite los avances de las normas anteriores --como la participación de los consejos de ciencia de las entidades federativas--, deposita la conducción exclusiva de la política nacional en el organismo federal cabeza de sector y lo equipara con el sistema nacional.

 

O sea, la iniciativa gubernamental no solamente sería un punto de inflexión en la edificación de un efectivo sistema nacional de ciencia y tecnología, también es el abandono a la idea de una política de Estado para el sector y el retorno a una concentración en un organismo federal. De hecho, a pesar de que se trata de un proyecto de ley general, se ocupa de inlcuir la personalidad jurídica de ese organismo, el Conacyt, tanto como sus funciones y atribuciones.

 

El financiamiento también podría ser otro punto de inflexión. Una larga búsqueda de respaldo para las actividades científicas y tecnológicas culminó, como ya lo mencionamos, con la meta de gasto en el artículo 9 Bis en la reforma del 2004. Ahora, el proyecto de ley del gobierno federal, no incluye ningún compromiso cuantificable de inversión, aunque suscribe que proveerá los recursos “conforme al principio constitucional de progresividad y no regresividad”.

 

Sin embargo, ese principio en materia de financiamiento no necesariamente garantiza que habrá una mayor inversión, porque sostener el mismo nivel de gasto resulta suficiente para cumplirlo. El problema es que el actual 0.31 por ciento respecto al PIB es un porcentaje muy bajo para cualquier sistema nacional, incluso en el estándar de América Latina es casi la mitad del promedio de la región. No es fortuito que el año pasado España y Argentina reformaran sus respectivas leyes y se comprometieran a duplicar y triplicar, respectivamente, su nivel actual de gasto en la materia.

 

El diseño de una nueva ley general, no federal, presagiaba un promisorio y mejor marco normativo para el sector, lo mismo que garantizar el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia. No obstante, esa posibilidad ya no es inminente, se mueve en la penumbra de los intercambios en el Congreso, la indolencia y la impronta de la disciplina partidaria. Por lo pronto, esperemos los cinco foros restantes del parlamento abierto y la posibilidad de acuerdos mínimos, tanto como sensatez y mesura en las fracciones parlamentarias.

 

Pie de página: Las becas Elisa Acuña sin fondos gubernamentales y la omisión puede causar estragos. // En este periodo de gobierno fueron acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada una treintena de científicos y exfuncionarios del Conacyt, acaban de exonerar a nueve y otros tantos lo fueron desde el inicio del año. Sin embargo, la fiscalía general es impredecible. Pendientes.

Las costuras del sistema académico

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 991. Abril 13, 2023, pág. 4)

 

El caso llamó la atención no solo de la prensa española, tuvo repercusión en el medio académico global. Un científico español altamente citado y productivo en su área fue suspendido por su institución. La suspensión pareciera no tener nada de particular, ocurren todos los días en las universidades de todo el mundo. Sin embargo, ésta condensa los componentes del sistema que rige en el medio académico y exhibe unas grietas cada vez más profundas.

 

Según la nota del periódico El País, Rafael Luque, un químico español que trabajaba en la Universidad de Córdoba, fue suspendido13 años por “firmar sus estudios como investigador de otros centros exóticos, como la Universidad Rey Saúd, en Riad (Arabia Saudí), y la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, en Moscú” (31.03.2023).

 

La regla general es que si el personal de una universidad tiene un contrato laboral de jornada completa, no puede aparecer con una institución diferente. ¿Por qué un investigador habría de firmar su trabajo con una institución distinta a la que pertenece? Aunque no está permitida, podría tratarse de una doble adscripción, una práctica extendida en el mundo académico y los que tienen esa condición necesitan justificar su sueldo en ambos lados. El salario de los académicos es una zona gris que ni nacional ni internacionalmente es fácil de comparar, pero el personal de tiempo completo se mueve en los rangos intermedios y altos de los sueldos.

 

El científico Rafael Luque sostiene que nunca ha recibido dinero directamente de otras instituciones. Pero no es poco lo que reveló el diario El País, son esos pequeños detalles por los que asoma toda la diferencia en la división de la academia, tales como tener presupuesto para sus análisis, hoteles lujosos o viajes en primera clase. Aunque, el científico español se cuidó de precisar que: “en mi cuenta no habrían encontrado ni un céntimo de Rusia ni de Arabia Saudí ni de ningún otro sitio”.

 

No es ninguna sorpresa que distintas universidades en el mundo con alto presupuesto y escaso reconocimiento, como las Saudí, busquen integrar en su nómina a investigadores de alto prestigio bajo condiciones especiales, tanto mejor si son Premio Nobel. Desde hace más de una década, la revista Science ha señalado los casos de dos universidades Saudí que tasaron una oferta de 72 mil dólares al año a más de medio centenar de científicos de alto nivel por supervisar un grupo de investigación, pasar una o dos semanas en sus campus y añadir el nombre de la universidad como afiliación institucional (Vol. 334. 09.XII.2011).

 

La motivación principal de las universidades cazadoras de firmas es elevar su prestigio, figurar en los rankings internacionales y atraer más ingresos. La Universidad Rey Saúd, en Riad, subió cientos de posiciones en un lapso de cuatro años; actualmente está en la posición 251 en la tabla del Times Higher Education que incluye 1,800 universidades de más de un centenar de países.

 

El mismo Rafael Luque afirma: “Sin mí la Universidad de Córdoba va a bajar 300 puestos. Se han pegado un tiro en el pie”. El problema es que las fisuras en los rankings son cada vez más inocultables, como en estas mismas páginas de Campus ha sido comentado por Marion Lloyd y Carlos Pallán, porque la confianza en una clasificación de calidad institucional naufraga en los sesgos de los indicadores, las mediciones y la sospechosa forma de recopilar la información.

 

Una rotura más del sistema es la cantidad desbordada de material a la búsqueda de ser publicado, pero cuya calidad y relevancia no han ido a la par. Desde la instauración del sistema de evaluación, el principio de “publicar o perecer” se volvió insignia al interior de los muros universitarios, así que las cifras de productividad se han elevado y los números son una fantasía. El caso de Luque lo vuelve a ilustrar, no tiene una década como investigador y acumula más de 700 estudios y en tres meses del 2023 ha publicado 58 estudios, o sea, como lo reportó El País, “uno cada 37 horas”. Inquietante.

 

La trayectoria de Luque también muestra una grieta más en el sistema académico: mismas reglas institucionales en entornos cambiantes. El científico español tiene 44 años de edad, es decir, es relativamente joven y con gran rapidez alcanzó una alta productividad en una institución que seguramente conserva las mismas normas.

 

Todavía en el 2014 era un investigador posdoctoral en la misma universidad que ahora lo suspendió. Tal vez su caso no es la excepción y su posición representa a la generación que utiliza las herramientas apropiadas y descifró con mayor rapidez las claves del sistema académico de puntos e incentivos. El mismo Luque dijo que utiliza ChatGPT para afinar sus artículos y en especial para la redacción en inglés; lo que antes le tomaba tres días ahora lo hace en uno. 

 

En fin, las costuras del sistema son inocultables y cada vez serán más grandes y notorias, aunque seguirá en pie… hasta nuevo aviso de un cambio profundo.

 

Pie de página: Esta semana fue el segundo foro de parlamento abierto para el diseño de la ley general de ciencia y faltan otros cinco más. Tal vez la aprobación de la norma será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Pendientes.