jueves, 13 de diciembre de 2018

Primeros encuentros. Jorge

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 782. Diciembre 6, 2018. Pág. 5)

En ese entonces no lo conocía personalmente, solamente tenía registrado que tiempo atrás Jorge Medina Viedas se había desempeñado como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, había sido un militante destacado en la arena política local y nacional y era un personaje de los medios. Eso fue lo que recordé cuando me encontré en la cafetería de la Hemeroteca Nacional a Gilberto Guevara Niebla y me dijo: “te anda buscando Jorge Medina”.

Sin saber bien a bien para qué o porqué me quería localizar Jorge Medina y tal vez porque fue inocultable mi extrañeza, Guevara añadió: “sí, te está buscando a ti y a los del Seminario de Educación Superior, porque está con lo de un suplemento de educación superior”. Eso fue hace 16 años y eran los inicios de Campus.

En esa época el Seminario de Educación Superior de la UNAM tenía poco tiempo de sesionar periódicamente, yo colaboraba mensualmente en la revista Educación 2001 que dirigía Gilberto Guevara y también en el Observatorio Ciudadano de la Educación que publicaba sus comunicados en La Jornada. Desde luego, la creación de un suplemento especializado en educación superior resultaba sumamente oportuno e imprescindible, a la vista de la expansión del sistema, las novedades que había traído consigo el cambio de siglo, la alternancia que estaba en marcha –el autodenominado gobierno del cambio-- y el interés público que tenia el nivel superior por sus problemas de calidad. El suplemento fue una iniciativa que solamente pudo pensar y llevar a cabo Jorge Medina.

Después de todo, en el comienzo del siglo se estaba poniendo en marcha diferentes políticas y creando nuevas instituciones. Fue una sorpresa la creación de la Universidad de la Ciudad de México –actualmente autónoma--, aprobada por decreto en enero del 2001 por el entonces jefe de gobierno y ahora presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Una cierta premura animó la idea de que comenzara a funcionar en el ciclo escolar de ese año, aunque el proyecto no estuviera concluido ni se conocieran los detalles, más o menos como ahora ocurre con la iniciativa de crear 100 universidades. De hecho, también comparten el mismo diagnóstico grueso: los jóvenes no son aceptados en las instituciones existentes y éstas no se localizan en donde más se les necesita.

Igualmente, en el 2001 se puso en marcha la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, la primera universidad de su tipo que incluía algunos rasgos novedosos: una planta de personal académico de tiempo completo, profesores con estudios de posgrado y un modelo educativo centrado en el aprendizaje. A esa universidad le siguió, un año después, la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) y luego otras más, hasta integrar casi una veintena en lo que ahora se conoce como el subsistema de universidades politécnicas.

Otro subsistema educativo que inició casi con el nacimiento de Campus fue el de las universidades públicas interculturales. Un modelo de menor tamaño, en comparación con el de las politécnicas y tecnológicas, que hizo eco a las preocupaciones mundiales sobre la interculturalidad, debate instalado en Europa desde los años ochenta, en América del Norte desde los setenta y en México al final de los años noventa, espoleado por la rebelión zapatista. Las universidades interculturales se presentaron como una opción educativa instaurada en regiones con un alto volumen de población indígena, aunque captaron fundamentalmente estudiantes indígenas y parecieron reproducir el principio de multiculturalidad, más que la interculturalidad.

En fin, en el primer encuentro que tuve con Jorge Medina me sorprendió su conocimiento del sistema de educación superior, los detalles históricos que tenía sobre el desenvolvimiento de la universidad pública y su preocupación por los problemas universitarios. No era fortuito. Él venía de esas luchas, de los movimientos estudiantiles comunistas de los años sesenta y setenta, conocía de primera mano los conflictos de las universidades de Puebla, Guerrero y, por supuesto, de Sinaloa. De ahí datan sus primeros libros: “Universidad, política y sociedad” y “La universidad amenazada”, a los que siguieron muchos más.

Jorge tenía las frases y los autores marcados con tinta indeleble en el vasto almacén de su memoria. En las reuniones periódicas que sostuvimos los integrantes de Campus, fueran de trabajo o esparcimiento, y llegaban a confundirse, él podía evocar casi exactamente lo que estaba escrito en tal o cual libro o lo que había dicho determinado personaje, fuera un clásico, contemporáneo o una auténtica novedad, proveniente de la historia, la política, la filosofía, la literatura o la economía. Seguramente por eso su pluma era ágil, certera, punzante y amena, lo fue tanto en el periodismo como en la educación. Y sí, los medios y la educación fueron parte medular de sus actividades profesionales y políticas de los últimos treinta años, como él mismo lo dijo en su libro más reciente (Pasión crítica por la universidad. La autonomía y otras luchas).

La generosidad de Jorge Medina era admirable, también su sagacidad política y sentido del humor que podía reírse hasta de sí mismo. Un verdadero gusto las reuniones con el director y amigo. La verdad es que sí lo extrañaré, y mucho.

Pie de página: Un abrazo fuerte para toda la familia, muy fuerte.

Ciencia y tecnología. ¿Un viraje en las políticas?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 781. Noviembre 29, 2018. Pág. 18)

Campus Milenio cumple un aniversario más, también es el término de una administración y el comienzo de un nuevo periodo de gobierno. Este año se realizaron elecciones federales y fue la última ocasión de un largo periodo de transición. El sexenio 2018-2024 será del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024; las siguientes elecciones serán el primer domingo de junio, así que la próxima transición se recortará un poco. El asunto es relevante porque el lapso que transcurrió del inicio de julio al final de este mes, ha sido, sobre todo, paradójico.

Una buena cantidad de las personas que ocuparán los cargos de mayor nivel, en la administración 2018-2024, fueron nombradas desde antes de las elecciones. Incluso en diferentes dependencias conocimos los nombres de los titulares de las subsecretarías.
Si bien algunos se rezagaron en el trayecto de la transición y otros cambiaron de posición, la mayoría quedó en la estructura para la que fue propuesto. Es el caso de la doctora María Elena Álvarez Buylla, designada para encabezar el Conacyt.

Además, desde el periodo de campaña y luego con la publicación del documento “Proyecto de nación 2018-2024”, en noviembre de 2017, el nuevo equipo gobernante ha reiterado los programas que pondrá en marcha desde los primeros días. Eso no era lo usual. En transiciones anteriores, ocurría que el equipo ganador de las elecciones, en el compás de espera para asumir el cargo, se dedicaba a diseñar un plan para los primeros días y a decidir a quién invitaría a las tareas de gobierno. La expectativa era adivinar los nombramientos del equipo y cuáles serían las primeras acciones. En este periodo no ocurrió así, desde hace meses conocemos nombres y programas.

No obstante, lo paradójico es que no se disipó la incertidumbre e incluso pareció acrecentarse. El efecto fue doble. Por un lado, detractores y apologistas estrecharon la zona de deliberación e interlocución para examinar el conjunto de iniciativas que se propone el próximo gobierno. El espacio para las observaciones matizadas o los comentarios ponderados fue sumamente limitado y automáticamente recibían descalificaciones por un extremo o el otro. Por otro lado, el énfasis y la atención se colocó en lo que haría el nuevo gobierno, no en lo que hizo o dejó de hacer el gobierno saliente (René Delgado. “Debatir, no polarizar”. 24.11.2018). El escrutinio se diluyó y las cuentas quedaron pendientes.

En el terreno de la actividad científica y tecnológica, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el mayor incumplimiento fue en materia de inversión. Nuevamente, al igual que en administraciones anteriores, la meta de alcanzar el 1 por ciento de inversión respecto al PIB quedó diferida para mejor ocasión. Otros pendientes están en la lista, ahora que estén listas los informes institucionales del año anterior y del actual, tendremos mayores evidencias. Por lo pronto, vale la pena destacar algunas iniciativas del nuevo gobierno que parecen estar más claras.

La reestructuración de Conacyt.
En realidad, el documento elaborado para tal propósito (“Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, presentado por MORENA”. 40 pp.) fue dado a conocer en junio de este año --antes de que se conociera el resultado de las elecciones-- y en su momento fue recibido con dureza, tanto por economistas como por humanistas. Incluso, la misma Álvarez Buylla, solicitó no considerarlo como el documento definitivo de lo que ocurrirá en la nueva administración. Entonces, en su lugar, tomemos lo que parece estar más claro en las declaraciones realizadas en el periodo de transición y algunas de las acciones derivadas de las normas planteadas por AMLO. Estas últimas son las que dio a conocer en julio pasado, cuando quedó claro el resultado de las elecciones (“50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, 15 de julio de 2018”).

En primer lugar tenemos la descentralización del Conacyt. Una medida propuesta para la mayoría de las secretarías de Estado, anunciada en el extenso documento de noviembre del 2017 y reiterada a lo largo de la transición. En el proyecto se sugiere llevar al Conacyt a La Paz, BCS y no se dio a conocer por qué razón se piensa que ese es el mejor sitio. Simplemente, como a otras 27 secretarías, se propone un traslado a lugares específicos. Y sí, hemos dicho que, de realizarse, no sería una descentralización, más bien sería una “desconcentración”. Principalmente porque no se delegarán funciones, facultades ni recursos, el ejecutivo federal seguiría manteniendo el control y sus capacidades de decisión. Aunque sí, la desconcentración es una medida audaz, costosa, con muchos riesgos y difícil de llevarla a la práctica. Pero sí, vale la pena intentarla y asegurarle recursos financieros a largo plazo. No obstante, es posible que en una primera etapa, la iniciativa culmine con dos estructuras: una oficina en La Paz, BCS, con bajo presupuesto y capacidades muy limitadas; otra en la Ciudad de México, como cabeza del sector y concentradora del presupuesto. De hecho, la próxima titular del sector, Álvarez Buylla, ha dicho que constituirán dos polos de desarrollo.

Otro asunto es el cambio de nombre de Conacyt. También es una medida que, derivada del tratamiento que se le dio a las humanidades y a las ciencias sociales en el documento de junio de 2017, ahora se propone destacar su relevancia. En el plan de reestructuración se había referido que: “la contribución de las ciencias sociales y las humanidades será proveer fuentes de reflexión, interrogación y diálogo crítico desde el punto de vista ético, estético y epistémico ante el desarrollo de las ciencias básicas y las tecnologías” (pág. 5). Una visión inaceptable, dijeron filósofos, historiadores y sociólogos. Actuaron en consecuencia, elaboraron una proclama en favor de las humanidades y todo indica que la convergencia de posiciones animó el cambio de nombre: ahora será el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías  (Conahcyt, en lugar de Conacyt). El cambio es una buena idea (aunque algunos sostienen que la “h” es muda y no se escuchará), si es que la conducción de la política científica y tecnológica implicará una mayor relevancia de las humanidades y las ciencias sociales. Queda en suspenso si también cambiará la regulación normativa del Consejo, qué tipo de coexistencia se prevé de las áreas de conocimiento y de los sistemas de reconocimiento.

Otro factor más es el posible cambio en el sistema de evaluación. Al respecto, Álvarez Buylla, en su plan de reestructuración, en declaraciones y en encuentros que ha sostenido con integrantes de diversas instituciones, ha expresado su idea de modificar el esquema de evaluación presente. En general, propone la utilización de indicadores más cualitativos para la asignación y seguimiento de recursos financieros, en lugar de concentrarse solamente en las bases cuantitativas para la medición del desempeño y el tipo de entregables. Tampoco es una medida errónea, sería un cambio profundo en el mecanismo de valoración, en las reglas del juego y en su asociación con los recursos financieros. No obstante, hace falta precisar las características que tendría un sistema de ese tipo y como se articularía con otros subsistemas de evaluación que operan en el mismo sector académico. Después de todo, el ejemplo de evaluación del rendimiento individual comenzó en el mismo Conacyt hace más de tres décadas y luego se expandió a todo el sistema educativo.

Por último, pero no menos importante, está el equipo de gobierno en el periodo 2018-2024. La doctora Álvarez Buylla conducirá el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, es una académica reconocida, distinguida con el premio nacional de ciencias 2017 e identificada por su defensa del maíz y su oposición al uso de los transgénicos. Sin embargo, no todos en el gabinete comparten la misma posición. Si fuera un debate en el terreno académico, las discrepancias ahí quedarían acotadas. El asunto es que se trata de posiciones opuestas en un mismo gobierno. Por ejemplo, otra es la que sostiene Víctor Villalobos, la persona designada por AMLO para responsabilizarse de la Sagarpa (la cual ya no se llamará así) o por la que se inclina Alfonso Romo Garza, el coordinador de su Proyecto de Nación 2018-2024 y futuro jefe de la oficina de la presidencia. El primero ha promovido el desarrollo de la biotecnología agrícola y el segundo es fundador e inversionista de un par de compañías que se dedican a la aplicación de tecnologías para el mejoramiento genético (Synthetic Genomics y Nature Source Improved Plants). Claramente son visiones del desarrollo diferentes y no es nada irrelevante preguntar cómo se conciliarán o cuál prevalecerá

En fin, está por resolverse si habrá un viraje profundo en la conducción del sector científico y tecnológico en este nuevo periodo de gobierno, o bien, como ha ocurrido desde fines de los años noventa, el sistema y su comunidad persistirá en el mismo esquema normativo y serán refractarios a las propuestas de modificación. El primer indicador vendrá en el diseño del presupuesto de egresos para 2019 y le podría seguir una propuesta de cambio de normas.

Pie de página: Ahora, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico estará encabezado por la doctora Julia Tagüeña Parga durante el periodo 2019-2021.

Nueva administración. Los programas prioritarios y los jóvenes


Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 780. Noviembre 22, 2018. Pág. 5)

El largo periodo de transición está por concluir y en una semana más asumirá funciones la próxima administración gubernamental. A diferencia de lo ocurrido en periodos anteriores, en los cuales se desconocía quiénes integrarían el gabinete y cuáles serían sus primeras acciones, ahora conocimos los perfiles de los funcionarios de primer nivel desde antes de realizarse las elecciones, después vinieron los nombres de los subsecretarios y responsables de programas.

Además, Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, y los miembros del próximo gabinete, han reiterado los programas que se pondrán en marcha desde los primeros días. La costumbre era que el ganador de las elecciones ocupaba el periodo de transición para confeccionar las invitaciones a las tareas de gobierno y diseñar un plan para los primeros días. Ahora no, desde hace meses conocemos nombres y programas. Sin embargo, paradójicamente, la incertidumbre no se ha disipado. Detractores y apologistas han estrechado la zona de deliberación e interlocución para examinar el conjunto de iniciativas que se propone el nuevo gobierno.

Según la información del próximo gobierno (transicion.mx), habrá 25 proyectos estratégicos y prioritarios para “impulsar el desarrollo y lograr el renacimiento de México”. En cierta medida son los que habían quedado esbozados, con menos orden y claridad, en el documento “Proyecto de nación 2018 -2024”, presentado en noviembre de 2017. Aunque, en realidad, la veintena de programas se refieren solamente al desarrollo social y económico, no figura, por ejemplo, su reciente y controvertido Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 2024.

Seguramente, una vez iniciado el sexenio, aplicará la normatividad de planeación nacional que regula los tiempos y procesos para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. Por lo pronto, las estrategias y programas anunciados serán las boyas en el mar de iniciativas que seguramente se plasmarán en documentos. ¿Un gobierno por programas? Suman 29 y están agrupados en seis áreas: bienestar; campo; economía; educación y salud; energía; y transportes y redes.

A la cabeza de los proyectos está “Jóvenes construyendo el futuro” y le siguen otros ocho programas más que demandarán el mayor volumen de recursos financieros; estos primeros nueve son esencialmente políticas distributivas. Aquí se localizan las becas para jóvenes, las pensiones para adultos mayores y personas discapacitadas, o bien, créditos y microcréditos para incentivar la producción. De hecho, el próximo gobierno ha dicho que la información recopilada por el ejército de “servidores de la nación”, en ese censo de “casa por casa”, será la base para identificar a los posibles beneficiarios.

Nada mal que un programa dirigido a los jóvenes ocupe el primer lugar en la serie de prioridades del nuevo gobierno. Los jóvenes, sin duda, esperan mayores oportunidades para cursar estudios superiores y opciones laborales. La cobertura educativa en México en el nivel superior no solamente es baja (tres de cada diez del grupo de edad), en términos comparativos con América Latina, es grave e insultante para los jóvenes de los deciles de ingreso más bajo. Ni se diga de la precariedad de las posiciones de trabajo en el segmento de los jóvenes y de la incertidumbre laboral que los acompaña al egresar de la universidad.

Entonces, sí, muy importante el programa Jóvenes construyendo el futuro y es uno de los más acabados en el plan de gobierno, pero debiéramos asegurarnos que su puesta en marcha se dirige a la población correcta. La información del equipo de transición indica que el objetivo son los jóvenes entre los 18 y 29 que no estudian ni trabajan; según sus cálculos, sumarían 2.6 millones de jóvenes.

También explican que el programa tiene dos vertientes. Una de ellas estará coordinada por el SEP y entregará becas de 2,400 pesos mensuales a 300 mil jóvenes de bajos recursos, egresados de bachillerato y que buscan cursar estudios superiores. El monto de la beca es considerablemente mayor al apoyo para media superior que actualmente se otorga (635 a 700 pesos mensuales) y también a las de nivel superior, aunque el volumen de población es más reducido.

La otra vertiente, más novedosa, es la de “capacitación para el trabajo”. Estará coordinada por la Secretaría del trabajo y Previsión Social (STyPS) y concentrará la base principal del programa: 2.3 millones de jóvenes que recibirán una beca de 3,600 pesos mensuales durante un año. Jóvenes que tampoco estudian ni trabajan. La idea es que en ese tiempo los jóvenes se vinculen con centros de trabajo para recibir capacitación y tutoría (70 por ciento en el sector privado; 20 por ciento en el público y 10 por ciento en el social).

En fin, el vínculo del programa con los sectores amerita un examen aparte y también el grupo de jóvenes a los que se dirige, lo cual haremos en otra entrega. Ahora, en primer lugar, lo que se advierte es la importancia de focalizar y localizar correctamente a la población objetivo. Así que una explicación del censo realizado y la disposición pública de sus bases de información son cruciales para tener certeza.

Pie de página: Sí, como aquí dijimos la semana pasada, desde el 2012 está la idea de reforma a la Constitución sobre el tema de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, olvidé mencionar que en el mes de marzo de este año, el entonces senador Juan Carlos Romero Hicks, y hoy diputado, presentó una iniciativa de ley para reformar los artículos 3º y 73 de la Constitución para dar certeza jurídica al tema de la ciencia y la tecnología (Gaceta LXIII/3SPO-95). Quedó en comisiones.