Abogados: el área de estudio y su reorganización

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1029. Enero 25, 2024)

 

Las instituciones que ofrecen hoy la licenciatura en derecho son muy variadas y también muchos son sus programas de estudio; casi un millar las primeras y más de millar y medio los segundos. Al cúmulo de posibilidades educativas sumemos las posiciones laborales de sus egresados, la preocupación pública sobre el sistema judicial, las fallas en la procuración de justicia y los escándalos mediáticos de personalidades de ese gremio profesional. En conjunto expresan las razones de la alta sensibilidad social acerca de los abogados.

 

Tradicionalmente, dijimos aquí en la entrega anterior, el área de las ciencias sociales y administrativas ha concentrado las preferencias vocacionales de los estudiantes de educación superior en México. También anotamos que de los 4.5 millones de alumnos de licenciatura universitaria y tecnológica que existen actualmente, alrededor del 40 por ciento está inscrito en alguna carrera afín a esa área.

 

Sin embargo, son muy variadas las carreras que se incluyen y no siempre, para fines estadísticos, han quedado agrupadas en la misma área. En el ciclo escolar 2022-2023, la subárea de administración y gestión, tenía una matrícula de 497 mil estudiantes, aunque incluye media docena de carreras universitarias. En conjunto representan el 11 por ciento del total de estudiantes de licenciatura universitaria y tecnológica.

 

Por su parte, la subárea de derecho y criminología, que incluye dos carreras universitarias, para el mismo ciclo escolar concentró 432 mil estudiantes. El 10 por ciento del total de la matrícula. Si únicamente se considera la carrera de derecho, su matrícula es de 369 mil alumnos. En comparación, la carrera de administración de empresas tiene 271 mil, ingeniería industrial 237 mil y psicología 203 mil. Es decir, considerada individualmente, derecho concentra, por mucho, las preferencias de los estudiantes en todas las modalidades de la licenciatura.

 

La expansión de la matrícula en las últimas décadas, tanto como el crecimiento de instituciones y programas de estudio, comenzaron a representar un desafío para la sistematización de las estadísticas educativas. Porque un esquema de trabajo era el de Anuies, la principal agrupación de directivos de instituciones de educación superior en el país, y otra la de la Secretaría de Educación Pública.

 

La Anuies, desde fines de los años sesenta y de forma más sistemática desde 1972, comenzó a publicar sus anuarios estadísticos. Una de las fuentes de información más relevantes en el campo de la educación superior. Al inicio consideró seis áreas profesionales o de estudio: ciencias agropecuarias; ciencias de la salud; ciencias sociales y administrativas; ciencias naturales y exactas; educación y humanidades; e ingenierías y tecnologías.

 

El área de ciencias sociales y administrativas incluía una veintena de carreras, tales como administración, contaduría, derecho o sociología, pero también antropología, arqueología o psicología, por ejemplo. De hecho, sumaban casi un centenar las ramas de estudio de las carreras. Por ejemplo, para la licenciatura en administración eran 14 ramas, desde la administración de empresas hasta la administración del tiempo libre; la carrera de derecho consideraba cuatro ramas o denominaciones: abogado, licenciado en ciencias jurídicas, licenciado en criminología y licenciado en derecho.

 

En el año 2009 se constituyó el Comité Técnico Especializado de Información Educativa, organismo dependiente del Inegi, como parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) para tratar de estandarizar la producción estadística del terreno educativo. Al año siguiente presentó una versión preliminar de su “Clasificaciónmexicana de programas de estudio por campos de formación académica” y en el 2012 lo que sería la versión definitiva de esa clasificación.

 

El Comité planteó una nueva forma de clasificar las carreras universitarias. Por ejemplo, las áreas ya no fueron áreas de estudio ni de conocimiento ni profesionales, se les denominó “Campo de formación académica”. También quedó establecido que un campo era: “Un “ámbito de conocimiento (que puede ser teórico, práctico o ambos) que se enseña en un plan o programa de estudio”.

 

Lo relevante es que estableció que la unidad básica para clasificar en campos de formación académica sería el “programa de estudio” de las instituciones. Una decisión que volvió a modificar en el año 2016, para adoptar más bien la unidad de “plan de estudios”. Tal y como quedó planteado en el documento de ese año: Clasificación mexicana de planes de estudio por campos de formación académica 2016. Educación superior y media superior.

 

Además, si en la versión del 2012 había incrementado de seis a ocho el número campos, para el de 2016 ya sumaban 10 campos amplios, precisamente porque reorganizaron las ciencias sociales y administrativas y se añadieron las TIC. La clasificación actual y que a la fecha permanece es: 1) educación; 2) artes y humanidades; 3) ciencias sociales y derecho; 4) administración y negocios; 5) ciencias naturales, matemáticas y estadística; 6)Tecnologías de la información y la comunicación; 7) ingeniería, manufactura y construcción; 8) agronomía y veterinaria; 9) salud; y 10) servicios.

 

A los campos amplios, les sigue un campo específico, luego uno detallado e incluso un último, particularmente para el campo de la salud, llamado “unitario”. El campo 3, el de las ciencias sociales y derecho, quedó desdoblado en tres campos específicos: a) ciencias sociales y estudios del comportamiento; b) ciencias de la información; y c) derecho y criminología. Después cada un tiene sus campos detallados, en total suman una decena. Derecho tiene dos campos detallados: i) derecho y ii) criminología y criminalística.

 

En fin, no parece sencillo seguir la desagregación de los campos hasta llegar a los planes de estudio, pero resulta ilustrativo no solamente de la complejidad de la tarea de recopilación de la estadística educativa nacional, también de las modificaciones de las profesiones que reflejan la dinámica y avance del conocimiento.

 

Los planes de estudio de la licenciatura en derecho, sin embargo, han permanecido relativamente estables. Restaría por ver los números de otros indicadores, como el de instituciones públicas y privadas, la matrícula por sexo y por entidad federativa, el patrón de reconocimiento de validez oficial de estudios, la evaluación y acreditación de los programas de estudio, entre otros factores.

 

Pie de página: Ahí viene el “Código de conducta” del Conahcyt, el documento está fechado en julio de 2023, pero apenas el pasado 15 de enero apareció en la página de la Conamer.// En Argentina, los directivos de los centros del Conicet, se manfiestan, en desplegado público, en contra de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno. Aquí lo puede ver: t.ly/07_Ya

Abogados: antiguos y nuevos profesionales

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1028. Enero 18, 2024. Pág. 4)

 

Tal vez ahora, por las dudas recurrentes sobre la probidad y credenciales académicas de personalidades del sistema judicial, se ha reparado en la formación de los licenciados en derecho. El tema es de interés público, pero no es una novedad.

 

La información del segundo trimestre del año 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostró que, de los 11 millones de profesionistas ocupados en México, tres áreas de especialidad eran las de mayor volumen de ocupación: administración y gestión de empresas; derecho; y contabilidad y fiscalización.

 

A su vez, los datos del INEGI de 1990 (Atlas de los profesionistas en México), indicaban que, en ese entonces, había casi 1 millón 900 mil profesionistas y 56 por ciento del total se concentraba en una decena de profesiones. El primer lugar lo ocupaba contaduría, después medicina y en tercer lugar derecho.

 

En realidad, el área de las ciencias sociales y administrativas, desde hace décadas, y casi las mimas profesiones, han estado a la cabeza de la lista. Una parte de la explicación tiene que ver con la transformación, cada vez más acelerada, de su campo de desempeño, pero otra parte está en el desarrollo histórico de las profesiones y en la instauración de las instituciones educativas encargadas de su enseñanza.

 

Los abogados, esos profesionales del derecho, la defensa en los tribunales y la aplicación de la ley, se han desenvuelto con naturalidad en el poder judicial, uno de los ámbitos que requiere un conocimiento del sistema jurídico y dominio sobre la problemática de la procuración de justicia, pero no se han limitado al terreno judicial.

 

Desde el inicio del siglo XX, en la época prerrevolucionaria, era notable la proporción de abogados en el nivel superior de la élite. Según los niveles de ocupación de esas élites, documentados por Peter H. Smith (citado en Arce Gurza, Francisco, et al. Historia de las profesiones en México), los abogados tenían una participación relativa de 44.4 por ciento, la mayor proporción; le seguían en proporción los maestros de escuela y los profesores universitarios. El dominio de los abogados en la política y la burocracia continuó, no fue así con otras profesiones.

 

La influencia de los abogados se extiende a diversos ámbitos, porque también se han desempeñado y desempeñan con soltura en el poder legislativo, en la administración pública federal, así como en los sectores privado y social. A menudo, incluso, sin mayor regulación, combinando su labor en varias esferas, el borde o en un claro conflicto de interés.

 

No por nada en el mundo de la política y de la vida pública, casi quedó reservado el título de “licenciado” para referirse a los abogados, con independencia de los grados académicos que acumularan o de que el título de licenciatura fuera el mismo para otras especialidades profesionales. No todo es reconocimiento social, a muchos abogados se les llama leguleyos, para hacer notar su formación improvisada, sus trapacerías y descrédito.

 

Según los anuarios estadísticos de la Anuies, en 1970 había 209 mil estudiantes de licenciatura en las instituciones de educación superior en México. De ese total: el 41 por ciento estaba matriculado en alguna carrera de las ciencias sociales y administrativas; otro 32 por ciento en ingenierías y tecnologías; un 19 por ciento en ciencias de la salud; luego, con porcentajes de tres por ciento o menos, estaban otras tres áreas.

 

En el ciclo escolar 2022-2023, la matrícula se ha incrementado de forma notable, suman 4.5 millones de alumnos en la licenciatura universitaria y tecnológica (modalidad escolarizada y no escolarizada). Las áreas de especialidad (campos amplios de formación) se han ajustado, ahora un área la integra administración y negocios con una matrícula de 989 mil alumnos y otra es la de ciencias sociales y derecho con 832 mil alumnos. Si se suman ambas áreas representan el 40 por ciento del total.

 

Si únicamente se considera la licenciatura en derecho y criminología, en total suman 432 mil alumnos. O sea, la carrera concentra el 9.6 por ciento de la matrícula total del nivel. La proporción es alta, aunque agregada no es muy ilustrativa.

 

Actualmente el sistema de educación superior, respecto de hace cincuenta años, es muy otro. Los campos profesionales se han diversificado, tanto como las habilidades y paquetes de conocimiento necesarios para el ejercicio profesional. Lo mismo ocurrió con el servicio público y el perfil de sus cuadros profesionales. No obstante, es de notar la persistente concentración de las preferencias vocacionales.

 

Vale la pena aproximarse con mayor detalle a lo que ocurre en las instituciones formadoras de los profesionales y el comportamiento del mercado profesional. Por ejemplo, en el caso de los abogados, a los esquemas de regulación, a la enorme cantidad de programas e instituciones que ofrecen esos estudios, las modalidades educativas que se han ensayado, o bien, a la brecha de prestigios entre instituciones públicas y privadas o a los mecanismos de reconocimiento de validez oficial de estudios. Allá iremos.

 

Pie de página: Nuevamente, la manifestación de inconformidad llega a las puertas del Conahcyt, ahora por la demora en el pago de becas a los posdoc.

La Corte, los pendientes y la prioridad de la ley general de ciencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1027. Enero 11, 2024)

Al menos desde hace dos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha centrado la atención pública. Los vértices de la discusión son muy variados, está el equilibrio de poderes, los desacuerdos con las decisiones de la Corte, los procesos de designación de los ministros o sus sueldos y prestaciones, entre otros.

 

Sin embargo, la materia misma de la Corte y los asuntos pendientes de resolución no parecen preocupar mucho ni reciben la atención debida. Suman miles y uno de ellos es la legalidad o no de la nueva ley general del sector científico y tecnológico que fue aprobada en mayo del año pasado.

 

El reciente interés sobre la Corte inició con la carta de renuncia que le presentó el ministro Arturo Zaldívar al presidente López Obrador, cuando le restaba todavía un año para su retiro, misiva hecha pública el pasado 7 de noviembre (Milenio Diario. 10.11.2023). Luego apareció el diferendo entre ministros por los pendientes y las cargas de trabajo asignadas.

 

¿Usted lo recuerda? La ministra Loretta Ortiz Ahlf, al final del mes de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dijo que el ministro Arturo Zaldívar había dejado muchos asuntos pendientes en la Primera Sala (Milenio Diario. 27.11.2023).

 

En respuesta, a través de la red social “X”, antes Twitter, el ministro Zaldívar sostuvo que esa afirmación era “incorrecta”, porque, afirmó, a él le turnaron “más de una cuarta parte de los asuntos de la Sala, esto es 411 asuntos, 102 asuntos más que al ministro que me sigue en números de casos turnados” y añadió que más bien la ministra Ortiz, cuando cambió de Sala, dejó 14 expedientes más de los que él había dejado pendientes a su renuncia. (“X” 27.11.2023).

 

La ministra Loretta Ortiz replicó por la misma red social que, en realidad, con base en información de las cargas estadísticas de la propia Corte, ella tenía 89 asuntos a su cargo y solamente había dejado 32 asuntos sin proyecto cuando cambió de Sala, mientras que el ministro Zaldívar, de los 169 expedientes, había dejado pendientes 148. Y finalizó: “no dejé 14 expedientes más que el ministro, sino 116 menos” (“X” 27.11.2023).

 

Nos podemos extraviar en seguir los números, pero sí dan una idea del volumen de asuntos y distribución de trabajo y la Corte publica sus estadísticas. Las 11 ministras y ministros que integran la Corte laboran en dos Salas; cinco en una y cinco en la otra. La persona que se hace cargo de la presidencia no se integra a ninguna de las Salas. La ministra Ortiz cambió de Sala a la renuncia de Zaldívar.

 

 

Actualmente, después de que el Senado no eligiera a ninguna aspirante de dos ternas sucesivas enviadas por el ejecutivo federal, este último designó directamente como ministra a Lenia Batres. Tal vez, por el número de asuntos pendientes, en una de sus primeras declaraciones a la prensa, cuando tomó posesión del cargo el 4 de enero del 2024, la nueva ministra se quejó sobre los 93 expedientes que le fueron turnados. Más o menos una carga promedio.

 

Uno de los cientos de casos a resolver por la Corte son las dos demandas de acción de inconstitucionalidad de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para determinar si es una ley válida o no. Según información oficial, la primera demanda fue interpuesta el 6 de junio del 2023 por senadores opositores y una segunda, al día siguiente, por el bloque de diputados de oposición (SPR. 21.08.2023).

 

Además, como lo indicamos en su momento, el anterior presidente de la Mesa Directiva de los diputados, Santiago Creel, en agosto pasado, antes de abandonar su posición y en uso de sus atribuciones, solicitó a la Corte resolver de forma prioritaria el asunto de la ley general de ciencia (Boletín 4777).

 

El procedimiento implicaba que, una vez enterada de la solicitud, la Corte primero tenía que determinar si lo atendería de forma prioritaria y luego vendría la elaboración de la correspondiente resolución. El primer trámite quedó asignado al entonces ministro Zaldívar y ese fue uno de los tantos asuntos pendientes que dejó al renunciar. ¿El expediente pasó a manos de la ministra Ortiz o de la ministra Batres?

 

No se ha hecho público qué expedientes tienen asignados una y otra ministra. Sin embargo, lo cierto es que el expediente no ha tenido prioridad y no se ve cuándo podría quedar resuelto. La Corte tiene miles de casos para dictaminar y también sigue sus tiempos.

 

Además, si la Corte resolviera pronto sobre la ley de ciencia y resulta que se debe reponer el proceso legislativo, el periodo ordinario de sesiones del Congreso termina en abril y luego en junio son las elecciones federales. La composición parlamentaria cambiará. En resumidas cuentas, es posible que la incertidumbre sobre la ley general de ciencia tampoco se disipe en este año. No, no parece un asunto prioritario.

 

Pie de página: el pasado 29 de diciembre se publicaron en el DOF las nuevas reglas de operación del programa de becas de posgrado y del Sistema Nacional de Investigadores. Son disposiciones normativas para precisar a quién se dirigen y cómo se distribuyen esos programas.