AUDITAR AL CONSEJO GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, máximo órgano de política y conducción sectorial, ha incumplido sus funciones y responsabilidades prácticamente desde que se creó en el 2002.

El Consejo fue una instancia prevista por una de las últimas reformas importantes de la normatividad científica. En ese entonces se pensaba que si se instituía un órgano de alto nivel, en el que intervinieran el ejecutivo federal y secretarios de Estado, se definiría con claridad el rumbo sectorial y se aseguraría el flujo de los recursos financieros. Ni una cosa ni la otra.

Según el reciente y voluminoso Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, realizado por la Auditoría Superior de la Federación: las obligaciones del titular del CONACYT, como secretario ejecutivo del Consejo General, se vieron afectadas por la falta de acuerdo entre los integrantes para sesionar y para reunirse conforme lo establece la ley.

No es ninguna novedad constatar la escasa funcionalidad y nula articulación del órgano de política y conducción del sistema científico y tecnológico. En esta columna, en diferentes oportunidades, hemos llamado la atención sobre la irregularidad en su operación y las contadas sesiones que ha efectuado.

La ley señala que el Consejo General se integra por 21 personas con derecho a voz y voto. Lo encabeza el Presidente de la República y funge como secretario ejecutivo el director de CONACYT. Pero también son miembros permanentes: 10 secretarios de Estado (los que tienen que ver mayormente con la ciencia y la tecnología); el Coordinador del Foro Consultivo; el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología; tres representantes del sector productivo; un reresentante de los Centros Públicos de Investigación; el secretario de ANUIES; y dos representantes de la comunidad científica o tecnológica. Y, todavía más, el ejecutivo federal puede invitar a personalidades a algunas sesiones.

Además, como principales facultades, la ley le reserva la responsabilidad de establecer las correspondientes políticas nacionales en el programa sectorial, así como la aprobación y actualización de este último. En materia de recursos financieros tiene la capacidad de definir prioridades y criterios de asignación presupuestal; también debe sancionar el proyecto de presupuesto sectorial que será incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, lo mismo que rendir un informe anual del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

No sonaba mal. Los verdaderos decisores y los auténticos representantes del mundo científico y tecnológico sentados a la mesa para definir e informar sobre el rumbo de la política científica y tecnológica, y con la palanca de los recursos financieros para timonearla. Pero lo que parecía una buena idea en el papel, en el laberinto cotidiano de la administración fue todo lo contrario.

A pesar de que la misma ley establece que el Consejo debe reunirse ordinariamente por lo menos dos veces al año, tal precepto no se ha cumplido. En la administración de Vicente Fox, periodo en el que se creó el organismo, solamente sesionó un par de veces en cuatro años. En lo que va de la actual gestión, solamente se reunió en el 2008.

Por tal motivo, no extraña que en el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación se anote que en el 2010 no se presentó ante el Consejo General el anteproyecto de presupuesto, tampoco el informe general del estado que guarda la ciencia y la tecnología, y menos el informe anual de evaluación del programa especial (Grupo Funcional de Desarrollo Económico. p.4). Tal parece que la idea de reunir a un grupo de alto nivel simplemente ha sido infructuosa.

De hecho, como tal vez se recuerde y como también se anota en la auditoria, la última vez que se reunió el Consejo General fue en septiembre de 2008. En ese entonces el imperativo era la aprobación del programa sectorial para darlo a conocer públicamente. Por supuesto, otras responsabilidades del organismo simplemente han sido ignoradas.

Lo ocurrido con el Consejo debiera llamar la atención para pensar con más detenimiento el sentido de las reformas a la ley que frecuentemente se practican y, desde luego, también la propuesta de crear una secretaría de ciencia y tecnología.

(Publicado en Campus Milenio No. 451. Febrero 23, 2012)

LA MODIFICACIÓN DE KAHWAGI A LA LEY DE CIENCIA

El diputado Jorge Kahwagi es un personaje controvertido. La arena pública y el escándalo mediático parecen ser lo suyo. Igual ha lanzado jabs en imaginarias peleas de box que retado a golpes a cualquiera; administra bienes, publicita su labor social o abandona su curul para participar en un reality show. Tal vez no se le pueda tomar realmente en serio, pero no cabe duda de que su papel como legislador tiene efectos

En la última década se ha desempeñado sobre todo como diputado, en un partido político o en otro, casi siempre en puestos directivos, y todo parece indicar que su influencia también se extenderá al campo de la ciencia y la tecnología.

En octubre del año pasado el diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal), Jorge Kahwagi, otra vez fue noticia en los medios. Se trataba de una de las reuniones más importantes de comisiones unidas (Puntos Constitucionales y Gobernación) para dictaminar sobre las reformas a la Constitución Política, entre ellas el tema de la reelección legislativa. El diputado, dijeron sus correligionarios y reportaron los medios, se presentó en “estado inconveniente” y balbuceó en contra. La iniciativa de reelección no pasó.

Sin embargo, las inclinaciones pendencieras del diputado no le han impedido desempeñar una intensa actividad legislativa. Según los reportes de la consultora Integralia, en el periodo de febrero a abril del año pasado, Jorge Kahwagi presentó 17 iniciativas de ley, con lo que ocupó el tercer lugar. En el segundo periodo, de septiembre a diciembre, pasó a ocupar el primer lugar, junto con Jaime Cárdenas del PT, ambos con 23 iniciativas presentadas.

El asunto es que los reportes también señalan una situación contradictoria: el diputado de Nueva Alianza se encuentra entre los legisladores con un número destacado de proyectos de ley presentados, pero al mismo tiempo tiene el menor número de asistencia a las votaciones. En el primer periodo con un porcentaje de 15 por ciento y en el segundo con 14.3 por ciento. Así que el trabajo legislativo no es consecuente.

Integralia atribuye el alto volumen de iniciativas presentadas a la Cámara y el bajo número que se resuelven (poco menos del 10 por ciento) a que “muchos legisladores las presentan con fines testimoniales y de promoción personal sin perseguir su aprobación” (p. 7). Lo mismo que a la carencia de relevancia e incluso de viabilidad jurídica del proyecto, por lo que no se atienden con oportunidad.

No obstante, algunas de las iniciativas del diputado Kahwagi han logrado pasar al pleno. Es el caso de la más reciente modificación a la ley de ciencia y tecnología que aprobaron los diputados en su sesión del pasado 9 de febrero.

El proyecto de ley fue presentado por el represntante de Nueva Alianza el 10 de agosto del año pasado y se planteó modificar los artículos primero, 39 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT). Los artículos se refieren a disposiciones generales, a la vinculación con el sector productivo y a la relación entre educación e investigación; el cambio elemental que propone es añadirles el término “educación media superior”, en donde también aparece educación superior.

De acuerdo con la iniciativa, la idea es establecer espacios institucionales para coordinar e impulsar el vínculo entre instituciones educativas y las empresas, principalmente en el caso de la educación media superior y específicamente en los bachilleratos tecnológicos. Lo mismo que instancias de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal.

La comisión de ciencia y tecnología de la Cámara emitió un dictamen favorable al proyecto y su argumentación se basa en la necesidad de fortalecer la formación científica y tecnológica de la educación media. El dictamen pasó al pleno y sin mayor trámite fue aprobado por 316 votos a favor y cero en contra. Ahora esperará la ratificación o rectificación del Senado y listo, será una reforma más.

El cambio previsto a la ley podrá parecer inocuo, pero en el contexto de la reforma de la educación media superior puede no serlo. El tema de la vinculación fue motivo de una reforma importante del capítulo VII de la LCyT en el 2009 y tiene fuerte implicaciones organizacionales. Ahora, una iniciativa del diputado Kahwagi que parecía destinada a sumarse a la congeladora del 90 por ciento, pondrá a girar al bachillerato tecnológico. Sí, la dinámica de comisiones en el Congreso es insondable.

(Publicado en Campus Milenio No. 450. Febrero 16, 2012)

LA SECRETARÍA DE CIENCIA EN LAS PLATAFORMAS ELECTORALES

La semana anterior, a propósito de la propuesta de crear una secretaría de ciencia y tecnología, pronunciada por el representante del Movimiento Progresista, comentamos que la idea podría adquirir una importancia creciente. El tema parece avanzar en las plataformas, pero tiene varias aristas.

Hoy todavía estamos en el periodo de precampaña, ese lapso donde los partidos políticos definen quienes serán sus candidatos. El 30 de marzo inician, formalmente, las campañas electorales y se prolongarán hasta el 27 de junio. No solamente habrá elecciones presidenciales, también renovación de las dos Cámaras, siete gobernadores y una docena de presidentes municipales y de diputados locales.

A la fecha ya están definidos los aspirantes a la Presidencia que se enfrentarán en julio próximo e incluso las plataformas y programas de gobierno de dos de los aspirantes. Por tanto, también están relativamente claras las propuestas que presentarán a la ciudadanía. ¿Dicen algo sobre una nueva secretaría de ciencia y tecnología?

La plataforma electoral del Movimiento Progresista (Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano), en una de sus casi 500 propuestas señala: “Transformar el CONACYT en un Consejo de Estado donde estén representados todos los sectores vinculados a la ciencia y a la tecnología, a fin de formular las políticas y lineamientos para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y crear mecanismos para fortalecer la investigación en las instituciones de educación superior”. Formula la misma propuesta en su programa de gobierno.

La idea que anunció AMLO, el aspirante por parte del Movimiento Progresista, y a la cual nos referimos aquí la semana pasada solamente indicaba: crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología. En la plataforma se anota que será un “Consejo de Estado”. En ambos casos se sigue el mismo principio: elevar el rango de la política sectorial. Sin embargo, no es irrelevante si se modifica la ley de administración pública para dar cabida a una nueva secretaría o si se trata de un decreto de creación de un organismo relativamente similar al ya existente Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia.

Las precisiones podrían ser mayores en el fragor de la campaña electoral del Movimiento Progresista y a la vista de los diferentes grupos. Por ejemplo, ¿el fortalecimiento de la investigación en las instituciones de educación superior que indica el documento programático incluye la coordinación de ese subsistema? Ya veremos.

Por su parte, la plataforma electoral de la coalición Compromiso por México (integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista e inicialmente por Nueva Alianza), en el documento registrado en noviembre, no refería explícitamente una propuesta de crear un nuevo organismo sectorial para atender los asuntos científicos y tecnológicos.

No obstante, en el apartado de vertientes estratégicas de política pública y particularmente en la dedicada a sociedad del conocimiento anota que: “Convocaremos a las universidades, los centros de investigación y las organizaciones representativas de los sectores privado y social, para el estableci­miento de un Acuerdo Nacional por la Ciencia y la Tecnología”.

Además, en lo concerniente al tema educativo, en el documento se destaca que: “Nos pronunciamos por una revisión de la estruc­tura orgánica y funcionamiento administrativo de la Secretaría de Educación Pública”. El pronunciamiento tiene relevancia por el vínculo entre el sector educativo y el científico y tecnológico.

La plataforma de la coalición Compromiso por México probablemente no se sostenga en todos sus términos. En primer lugar porque uno de los partidos, Nueva Alianza, ya no forma parte del acuerdo. El asunto es más decisivo porque ese partido, encabezado por Elba Esther Gordillo, literalmente, era el principal interesado en el tema educativo.

Resta por conocer la posición de Josefina Vázquez Mota, recientemente electa por el Partido Acción Nacional. En este último caso, se trata de alguien que, como exsecretaria de Educación Pública, conoce la operación, la coexistencia con el sector científico y tecnológico, y el desencuentro sindical. Pronto sabremos que postura adoptará.

Sin embargo, optar por una nueva estructura sectorial es apenas el comienzo de las definiciones en la gobernanza del campo. Volveremos al tema.

(Publicado en Campus Milenio No. 449. Febrero 9, 2012)

LA OFERTA DE UNA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Una vez más la idea de crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología ingresa en la agenda de discusión pública. Esta vez como propuesta de uno de los aspirantes a la Presidencia de la República. No es un hecho inminente; tampoco una iniciativa desagregada. Pero podría cobrar fuerza conforme avance la oferta electoral y se aproximen las elecciones de julio próximo. Vale la pena considerar las implicaciones.

La propuesta de crear una nueva secretaría fue formulada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), precandidato a la presidencia por la Coalición Movimiento Progresista. El marco fue un foro sobre educación, ciencia y tecnología, de los varios que está realizando, éste efectuado en la Ciudad de Aguascalientes el pasado 25 de enero.

En el foro, AMLO planteó 15 acciones a llevar a efecto en el terreno educativo. En la número 14 señaló que: “Se creará la Secretaria de Ciencia y Tecnología que definirá la política en esta materia e integrará y coordinará el buen funcionamiento del Conacyt y de todos los Institutos y Centros de Investigación”. Además, en la acción 15, y última enunciada, precisó que René Drucker Colin sería el secretario de la misma.

La acción que propone el aspirante del Movimiento Progresista no tiene mayores precisiones sobre sus componentes o rasgos. Tal vez habría que aguardar una mayor definición en el registro de su plataforma electoral.

No obstante, dos elementos están claros: crear una nueva secretaría para encargarse de los asuntos científicos y tecnológicos y el nombre de su titular. La idea de elevar a rango de secretaría los asuntos sectoriales no es novedosa. Lo ha planteado la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la OCDE, la Anuies, los legisladores e incluso funcionarios gubernamentales, entre otros.

En esta misma columna, la ocasión más reciente que abordamos el asunto fue en septiembre del año anterior, a propósito de una iniciativa para crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la cual fue presentada por los senadores Francisco Javier Castellón y Carlos Navarrete. Claro, la propuesta de reforma permanece en comisiones.

La idea de una nueva estructura para la administración de la ciencia puede no ser reciente, pero ser el primero en anunciarla en el contexto de una próxima contienda presidencial y nombrar a un eventual responsable, avanza en la definición del tema y asume un compromiso con un sector de interés específico.

Obviamente, la definición pone las cartas abiertas sobre la mesa y dividirá a los que ven con simpatía la acción y a los que francamente les parece una iniciativa poco afortunada y/o no les parece buena opción el nombre del probable titular. Sí, en el juego abierto está su posible acierto y también su mayor riesgo.

¿Es necesaria una nueva estructura de alto rango para atender los asuntos de la ciencia y la tecnología? Existen muy variados modelos y organizaciones relativamente complejas en América latina y en el mundo. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador o Venezuela cuentan con ministerios, instancias de alto nivel. Los países que tienen una estructura similar a la de México son Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia o Perú.

La mayoría de los países de la OCDE han optado por la creación de ministerios. Pero España es un caso emblemático de los vaivenes del sector entre educación y economía. A partir del año 2000 se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero vinculado al departamento de Industria. Después, en el 2004, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, el sector retornó al cobijo del ministerio de Educación y cuatro años después vuelve a aparecer como ministerio individual (Ciencia e Innovación) e incluyó a las instituciones de educación superior.

Una vez más, en diciembre pasado con los ajustes del nuevo gobierno de Mariano Rajoy, el ministerio de ciencia volvió a desaparecer y fue trasladado al Ministerio de Economía y Competitividad (Real Decreto 1887/2011, 30 de diciembre de 2011).

Tal parece que, como lo ilustra el caso de España, la estructura de goberanza del sector depende de decisiones previas sobre la orientación del sistema y de opciones organizacionales.

En el caso de México, Conacyt también ha estado vinculado a dos diferentes secretarías (la desaparecida de Programación y Presupuesto, y después a Educación). A partir del 2002 se desectorizó. Volveremos para concluir sobre la gobernanza del sistema.

(Publicado en Campus Milenio No. 448. Febrero 2, 2012)