EL RELOJ PARLAMENTARIO

El proyecto de presupuesto para el año próximo, entregado al Congreso el pasado 8 de septiembre, proponía destinar, en cifras redondas, 17 mil 280 millones de pesos a Conacyt (Ramo 38). Los diputados, el martes 16 de septiembre, finalmente, aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y, en el caso de Conacyt, le añadieron 500 millones de pesos. Una cifra muy distante del incremento de poco más de 7 mil millones de pesos que solicitaban agrupaciones del sector. Y no sólo.

Si se sumara el incremento aprobado por los diputados, el monto de Conacyt para el año próximo sería de 17 mil 780 millones. Pero no. La cifra del dictamen de los diputados es de 17 mil 820 y la que se indica en una voluminosa fe de erratas es de 17 mil 631 millones de pesos.

La diferencia de 40 a 190 millones de pesos para Conacyt, entre las cifras manejadas por los diputados, puede no ser muy relevante en el volumen total de recursos para el organismo rector de la actividad científica. Sin embargo, a escala, ilustra las dificultades del esquema de negociación del presupuesto, una elaboración atropellada y múltiples pendientes.

En el 2004, cuando se estableció que el gobierno federal debía remitir su propuesta de paquete económico al Congreso a más tardar el 8 de septiembre y, a su vez, los legisladores lo debían aprobar el 15 de noviembre como plazo máximo, parecía que estaba solucionado el problema de los márgenes de negociación del presupuesto y los plazos fiscales.

Tal vez el cambio de fecha ha permitido contar con un PEF antes de que inicie el nuevo año fiscal. No obstante, pese a la ampliación del periodo de negociación, los intercambios siguen más o menos de la misma forma: se concentran en el último día del plazo, predomina el particularismo y la improvisación.

En la reciente aprobación del PEF 2011, los diputados iniciaron la sesión a las 19:15 horas del mismo día en que debía estar listo el presupuesto. Además, el diputado del Partido del Trabajo, Mario Di Constanzo, al poco rato de la deliberación señaló que: “ya tiene un buen rato que empezó la sesión, ya posicionamos, ya han pasado muchas cosas y todavía no tengo la Gaceta Parlamentaria con el Presupuesto. ¿Cuándo la vamos a recibir? ¿Pasado mañana con la fe de erratas? O podemos ver siquiera lo que estamos votando, presidente, perdón” (versión estenográfica de la sesión 15.11.2010).

Efectivamente, a pesar de que los diputados tuvieron poco más de dos meses para analizar y valorar el proyecto del gobierno federal, la comisión de presupuesto y cuenta pública, la encargada del diseño presupuestal, presentó su dictamen el último día y una vez iniciada la sesión en que debía aprobarse.

El presidente de la comisión de presupuesto, Luis Videgaray, al presentar el dictamen destacó que sostuvieron 39 reuniones, revisaron más de 21 mil solicitudes por un monto superior a los 731 mil millones de pesos y fue aprobado por unanimidad en la comisión.

En general, el primer filtro de las iniciativas son las comisiones y lo que ocurre en éstas anticipa lo que sucederá en el pleno, así que el trabajo de la comisión de presupuesto, cuya titularidad es una de las más disputadas por las fracciones parlamentarias, es la base para la aprobación del PEF.

Las modificaciones de la comisión implicaron ampliaciones por 96 mil millones de pesos más, respecto del proyecto de presupuesto del gobierno federal. Aunque el incremento es un monto importante, porcentualmente representa una cantidad pequeña del PEF global (el 2.8 por ciento). El presupuesto para el año próximo suma 3 billones 438 mil 896 millones de pesos, una cifra 4.1 por ciento superior al autorizado para este año.

El PEF 2011, en lo general, fue aprobado a las 21:45 del 15 de septiembre, por 454 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones. Sin embargo, se presentaron casi un centenar de reservas en lo particular. Esto es, la aprobación global quedaba en los límites legales, aunque la discusión sobre los detalles sobrepasara el plazo establecido. El reloj parlamentario comenzó a funcionar.

En lo que toca al incremento de 500 millones de pesos para Conacyt el dictamen no especificó su distribución, solamente aparecen adjudicados al organismo, y el pleno tampoco lo discutió. El diputado Reyes Tamez, presidente de la comisión de ciencia y tecnología, reservó un artículo del PEF, el que se refiere a las sanciones del IFE a los partidos políticos, pero al final, tal vez por omisión, cálculo, ausencia o cansancio del diputado, no fue planteada en el pleno. Al parecer se refería a la posibilidad de que todos los recursos derivados de sanciones aplicadas por el IFE, no sólo a los partidos políticos, fueran canalizadas a Conacyt.

Salvo cinco artículos reservados, la mayoría de las reservas fueron desechadas. El reloj parlamentario marcaba las 8:58 del martes 16 cuando fue aprobado el PEF en lo particular por 424 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra. Sí, es más fácil controlar el instrumento de medición que las negociaciones.

(Publicado en Campus Milenio No. 395. Noviembre 25, 2010)

LA TENDENCIA DE LOS PAÍSES EMERGENTES EN LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Tal vez valdría la pena que legisladores, y en general los tomadores de decisión, aunque fuese por una vez, tuvieran presente la escala de la nación y pensaran en el mediano y largo plazo. Pero no. Siempre están espoleados por lo inmediato, lo circunstancial, el horizonte que culmina en su capital político y su propio ascenso.

Una de las variables que han mostrado particular relevancia para el avance de las naciones son las iniciativas de largo aliento. Independientemente del régimen político del que se trate o de sus condiciones, la constancia de las iniciativas es lo que ha hecho la diferencia entre unas naciones y otras. No se puede improvisar cada que cambia un gobernante o el ocupante de una curul.

La actividad científica precisa de una visión amplia y un impulso constante. En esta materia, si bien los países desarrollados siguen ocupando las primeras posiciones, los llamados países emergentes, particularmente los que se agrupan en el bloque BRIC, muestran resultados sobresalientes.

El pasado 10 de noviembre se presentó el “Informe Mundial de la UNESCO sobre la Ciencia 2010” (UNESCO Science Report 2010. The Current Status of Science around the World. Disponible en línea). Es un reporte periódico del organismo internacional, en el que se registran niveles de inversión de las diferentes naciones, así como el volumen de los recursos humanos calificados o algunos indicadores de desarrollo tecnológico.

La reciente edición del reporte (el anterior fue publicado en el 2005), en una veintena de capítulos escritos por diferentes especialistas y en poco más de medio millar de páginas, dedica algunos capítulos a regiones y otros a países sobresalientes en materia de ciencia y tecnología.

En la parte introductoria del informe la directora general de UNESCO, Irina Bokova, advierte que la distribución de esfuerzos en investigación y desarrollo entre el Norte y el Sur han cambiado con la emergencia de nuevos jugadores en la economía global. “Un mundo bipolar en el que la ciencia y la tecnología eran dominadas por la triada integrada por la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, gradualmente está dando paso a un mundo multipolar, con un número creciente de agrupaciones públicas y privadas diseminadas de Norte a Sur”.

Algunos de los países emergentes que impulsan un nuevo entorno más competitivo son la República de Corea, Brasil, China e India. Según los datos que presenta el reporte, China encabeza la lista de países emergentes con el mayor esfuerzo de inversión. En la última década no solamente sextuplicó los recursos como proporción del PIB en materia de investigación y desarrollo (pasó de 0.90 a 1.54 por ciento del PIB), también mejoró su capacidad de generación de derechos de propiedad intelectual a través de patentes y artículos científicos. De hecho, el informe indica que, actualmente, China ocupa la tercera posición en la publicación de artículos científicos, solamente debajo de Estados Unidos y Japón (p. 391).

En buena medida por el impulso de China, la región asiática también escaló posiciones en la proporción mundial en el gasto en investigación y desarrollo respecto del PIB: pasó de 27 a 32 por ciento. Por el contrario, la participación de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón disminuyó casi en la misma proporción.

El mismo caso se aprecia en materia de recursos humanos. En el reporte se anota que la proporción de investigadores en los países en desarrollo experimentó un incremento de 8 puntos porcentuales: pasó de 30 a 38 por ciento a nivel mundial. Pero, alrededor de dos tercios del incremento se deben a la aportación de China. Esta última nación, actualmente cuenta con alrededor de 1.5 millones de investigadores, una cifra equivalente a la America del Norte o la Unión Europea, aunque si se considera la proporción por cada millón de habitantes, la de China es alrededor de una octava parte en comparación con esas regiones, pero superior a la de la India (111) y a la de América Latina (317).

Otro aspecto que destaca el reporte es el cambio en el tipo de actividades científicas y tecnológicas que se realizan en los países en desarrollo. A diferencia de hace unos años, en el que solamente se ejecutaban tareas de investigación fragmentadas, actualmente se impulsan actividades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico autónomos. Particularmente en el caso de China, Brasil y la India son ejemplares en el impulso industrial, científico y tecnológico. Actualmente, las empresas multinacionales provenientes de estas naciones en el sector automotriz o las industrias de alta tecnología son una muestra del cambio.

De cualquier forma, pese a los avances y al persistente apoyo de sus respectivos gobiernos, los retos existen en los llamados países emergentes, sobre todo en materia de patentes y en la retención de sus investigadores. Así que, como podremos imaginar, las dificultades son mayores para las naciones que ni siquiera cuentan con un respaldo financiero sostenido.

(Publicado en Campus Milenio No. 394. Noviembre 19, 2010)

EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

El año anterior el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cumplió 25 años de existencia. En febrero pasado, a propósito de la prolongada demora para designar a su actual director y la celebración del primer cuarto de siglo de existencia del programa, comentamos que probablemente el SNI, en el futuro inmediato, continuaría con su mismo patrón de comportamiento y postergaría nuevamente una necesaria reforma (CampusMilenio No. 358). Sin embargo, tal vez el principio de realidad toca con mayor fuerza los marcos del programa y cada vez será más difícil contener un eventual proceso de cambio.

Los ángulos de discusión sobre el SNI son variados y van desde los modelos de evaluación que ha utilizado, la funcion compensatoria que ha cumplido, los perfiles que ha privilegiado, hasta su capacidad para orientar la actividad científica y tecnológica en el país o el tipo de impacto que tenido en el desarrollo de la ciencia.

Los efectos del programa son relativamente controvertidos. Algunos opinan que, sin duda, ha sido un instrumento relevante para incentivar el desarrollo de la actividad científica, tanto a nivel individual como institucional. Otros, aunque reconocen su capacidad para incrementar cuantitativamente la productividad, sostienen que sus efectos no han sido positivos, especialmente para alentar el trabajo colectivo e impulsar el sistema científico y tecnológico.

El SNI fue un programa pionero en la evaluación del rendimiento individual y de recompensa al mérito a nivel nacional en los difíciles años ochenta. En su decreto de creación del 26 de julio de 1984, una de las consideraciones especificaba que el sistema era para “estimular a los investigadores de calidad notable, así como a los investigadores que se inician en la carrera de investigación”.

En el mismo decreto original, en sus 25 artículos, quedaron establecidos fines, beneficiarios (los investigadores de tiempo completo de instituciones públicas), estructura, operación y funcionamiento del programa. Un par de años después, a partir de 1986, comenzaron los ajustes a su estructura y operación: se incrementó el número de comisiones dictaminadoras, las áreas de conocimiento, los componentes de evaluación, el recurso de revisión, la participación de investigadores de instituciones particulares, etcétera.

A pesar del cúmulo de modificaciones, el programa, en lo esencial, conserva en la actualidad más o menos los mismos objetivos, principios y bases de organización. Los cambios que ha expermientado han sido de ajuste técnico, más que de concepción o finalidades.

Sin embargo, parece que resulta cada vez más difícil sostener el programa sobre las mismas bases de operación. No solamente porque el SNI no puede crecer de forma exponencial e indefinida, tanto por los recursos financieros que implica como por la inclusión de miembros potenciales, como ya lo hemos advertido en otras oportunidades, sino también porque su mismo esquema de funcionamiento muestra síntomas de agotamiento y por las diferencias generacionales que probablemente se harán más evidentes.

El más reciente informe de gobierno estima que los miembros actuales del SNI suman 16,600 investigadores y casi tres cuartas partes del total se concentran en los candidatos a investigador (18 por ciento) y nivel I (56 por ciento). Si la evaluación periodica de los integrantes del sistema es cada tres años, excepto para los de mayor nivel o eméritos, quiere decir que alrededor de 5,000 expedientes son revisados cada año.

El asunto es que la evaluación es realizada fundamentalmente por los miembros de mayor nivel del propio SNI. Según el reglamento del programa, las comisiones dictaminadoras, una por cada área de conocimiento, se integran por 14 miembros y para pertenecer a ellas se requiere ser miembro del SNI con nivel III o emérito, aunque si no hay para alguna de las disciplinas entonces se podrá nombrar a investigadores del nivel II.

Actualmente suman poco más de un millar los de nivel III del SNI y representan alrededor del 8 por ciento del total y cuando inició eran casi un centenar y representaban el 6 por ciento del total. A su vez, en este mismo nivel se concentran los investigadores de mayor prestigio, pero también los de mayor edad.

Es decir, las proporciones de los diferentes niveles del SNI se han conservado y también las responsabilidades de evaluación, pero mientras que la base del programa (candidatos e investigadores nivel I) es cada vez más jóven, la cúspide es de mayor edad. Los miembros totales del SNI se multiplicaron por un factor de 10 en el periodo. Ciertamente, los integrantes después de más de dos décadas no se han vuelto más jóvenes y menos los nivel III.

Tal vez por la misma razón, los problemas serán más frecuentes con la integración de las comisiones dictaminadoras (La Jornada 8/11/2010) y con los procesos de evaluacion. Quizás los resultados del congreso de mayo pasado podrán ofrecer alguna alternativa.

LA CENTENARIA UNIVERSIDAD

En el discurso de inauguración de la Universidad Nacional de México, el 22 de septiembre de 1910 y como parte de los festejos del centenario de la Independencia, el entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra, pronunciaba: No, no será la Universidad una persona destinada á no separar los ojos del telescopio ó del microscopio aunque en torno de ella una nación se desorganice; no la sorprenderá la toma de Constantinopla discutiendo sobre la naturaleza de la luz de Tabor.

Efectivamente, la Universidad Nacional –cuyas raíces se hundían en la Real y Pontificia Universidad de México del virreinato--, no fue sorprendida ni ha sido indiferente a la sociedad, acompasó el tránsito de la nación a lo largo del siglo pasado, desde los inestables años de la Revolución al desarrollo del México urbano, industrializado, al ignominioso de 1968 y al de las transiciones del final del siglo.

En una coexistencia no siempre tersa, a propósito de la obtención de la autonomía universitaria en 1929, la demanda de recursos financieros, sus procesos de reforma interna o sus posiciones frente al rumbo de la nación, ahí ha estado la Universidad, gran formadora de los profesionistas que han construido este país, pionera en la generación de conocimiento y en la recreación de la cultura, las artes y el deporte. La Universidad, una de nuestras mayores y mejor institución.

La celebración de los 100 años de existencia de la Universidad han merecido el reconocimiento de los poderes ejecutivo y legislativo. El primero, en el día previo a la celebración y con motivo de la inauguración “Tiempo universitario”, expresó: La Universidad ha vivido tiempos difíciles, qué duda cabe, y de todos ellos ha salido adelante y ha salido fortalecida. Pero la construcción de nuestra Máxima Casa de Estudios no ha sido hecha sólo, ni principalmente, por grandes episodios sino, y sobre todo, por la labor paciente, esforzada y talentosa que todos los días cientos de miles de estudiantes, de maestros, de investigadores, de afanadoras, de trabajadores administrativos, de directivos, realizan, precisamente, para cumplir su misión. En este Primer Centenario de la Universidad, ellos son los que merecen el mayor de los reconocimientos. Los universitarios han atendido la encomienda de Justo Sierra, de nacionalizar la ciencia y de mexicanizar el saber.

En la sesión solemne del Congreso conmemorativa del centenario de la Universidad, los integrantes de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria también expresaron su reconocimiento a la enorme y variada labor institucional. Igualmente, se pronunciaron por apoyarla, por la continuidad en el desempeño de sus funciones y por los esfuerzos para hacer de México un mejor país.

Los recursos financieros de la Universidad para el año próximo están asegurados. A diferencia de lo que ha ocurrido a lo largo de esta década, por primera vez el proyecto de presupuesto del gobierno federal le asignó un aumento conforme a lo solicitado, no habrá que esperar a las modificaciones de los legisladores.

No solamente los poderes públicos han brindado su reconocimiento a la Universidad, múltiples organizaciones, sectores y personalidades lo han hecho en ocasión de su magno aniversario. Tal vez la UNAM, por su autoridad moral, su historia, su densidad política y su tamaño, como ninguna otra institución, concita tantas reacciones, afectos y adhesiones. Sin embargo, es claro que no está exenta de dificultades, las tiene, y algunas han mostrado ser sumamente graves y especialmente refractarias a intentos de solución. La Máxima Casa de Estudios no puede pecar de soberbia institucional y en su tránsito al siglo XXI debe enfrentar los retos que tiene ante sí, sobre todo para contribuir de mejor forma a la sociedad a la que se debe.

(Publicado en la Revista Educación 2001, No. 185. Octubre 2010. Pp. 60-62).

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: EL PLAN PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Hacia el final de este mes se realizará en Lima, Perú, la III Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe. Un encuentro de ministros que trazará las grandes líneas de desarrollo en esta materia para la región en los próximos cinco años.

El esfuerzo más sistemático inició en la Conferencia Regional en Río de Janeiro en junio del 2005, después de la reunión ministerial preparatoria de Bávaro, Punta Cana, República Dominicana del 2003. Por cierto, en esa reunión los ministros emitieron la llamada declaración de Bávaro, en la que destacaban que la sociedad de la información constituía un sistema económico y social, en donde el conocimiento y la información eran la base del bienestar y el progreso, y adoptaban principios rectores y temas prioritarios al respecto. Pero, quizás la trascendencia de esa declaración fue mayor por las objeciones y reservas de Estados Unidos y Canadá a suscribir un párrafo en el que se anotaba que el acceso a las TIC debía realizarse “al amparo del derecho internacional, teniendo en cuenta que algunos países se ven afectados por medidas unilaterales no compatibles con éste que crean obstáculos al comercio internacional” (Declaración de Bávaro, versión definitiva. Enero, 2003).

Sin embargo, la Conferencia Regional de Río, en la que participaron 33 países, sobre todo incluyó las aportaciones de la primera fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2003 y la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Acordó el Plan de Acción Regional sobre la Sociedad de la Información para América Latina y el Caribe para los años 2005-2007 (eLAC2007). Esto es, una agenda consensada sobre las TIC en la región, con alrededor de 30 áreas temáticas y 70 actividades de corto plazo.

Hacia el 2007, el final del periodo de puesta en marcha del plan, un ejercicio de seguimiento indicaba que existía “un importante progreso de la región en el desarrollo de las sociedades de la información: de las 27 áreas de acción monitoreadas, 15 reflejan avances o incluso avances fuertes, en tanto que 12 presentan adelantos moderados o insuficientes” (Cepal. Monitoreo del eLAC2007: avances y estado actual del desarrollo de las Sociedades de la Información en América Latina y el Caribe, Agosto, 2007).

En la II Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en America Latina y el Caribe, realizada en El Salvador en 2008, los funcionarios participantes firmaron el llamado “Compromiso de San Salvador”, una agenda para la región durante el periodo 2008-2010 (eLAC2010). En realidad, sobre la base de lo que se había avanzado con el plan anterior y el reconocimiento de algunas insuficiencias, se planteó alcanzar 83 metas sobre el uso de las TIC.

Quizás uno de los cambios más notables en el plan que está por concluir es que se enfocó en el uso de las TIC para promover el desarrollo y la equidad. Un cambio de orientación que se aleja, relativamente, de la tendencia a vincular solamente el uso de las TIC a su aplicación industrial y comercial, y busca alentar el desarrollo humano y social.

Por ejemplo, el eLAC2010 estableció el área de educación como su “primera prioridad” y las 10 acciones iniciales incluían, entre otras, el compromiso de realizar estudios anuales sobre el impacto de las TIC en el sistema educativo, lo mismo que conectar a Internet, preferiblemente de banda ancha, al 70 por ciento de las instituciones de enseñanza pública o triplicar su número actual. O bien, asegurar que el 90 por ciento de estudiantes, al término de su ciclo escolar, por lo menos hubieran utilizado la computadora para propósitos educativos por un mínimo de 100 horas, también que el 70 por ciento de los profesores fueran capacitados en el uso de las TIC.

Ahora vendrá el balance de qué tanto se logró colocar en la región el uso de las TIC en áreas emergentes que importan para el desarrollo, los retos que habrá que enfrentar y qué giro emprender para los próximos cinco años.

Un documento reciente, auspiciado por la Cepal, reporta los resultados de una consulta pública a través de Internet a casi un millar de expertos, para que emitieran su opinión sobre cuáles debieran ser las prioridades y lineamientos del siguiente plan para la región (¿Qué dicen los expertos sobre eLAC 2010-2015?).

Al parecer, los participantes en la consulta expresaron de forma unánime que las prioridades de la política en la materia tendría que incluir tres lineamientos: a) universalización del acceso, particularmente porque la demanda social en la región tiene un bajo poder adquisitivo y la oferta tiene precios elevados y una baja velocidad de acceso; b) promoción del gobierno electrónico, tanto por la disponibilidad de mayor servicio e información, como por la exigencia de transparencia; y c) necesidad y uso creciente de las TIC en la educación.

Desde luego, las sugerencias buscan influir en la próxima reunión de alto nivel, pero falta ver qué ideas tienen los ministros.

(Publicado en Campus Milenio No. 392. Noviembre 4, 2010)

PARQUES TECNOLÓGICOS

Desde hace poco más de un lustro se registra un importante crecimiento de parques tecnológicos en el país. Al parecer la tendencia se intensifica, particularmente en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, pero los lineamientos para su instauración, tanto como su maduración y funcionamiento efectivo no parecen estar claros.

De acuerdo a la Asociación Internacional de Parques Científicos (IAPS, por sus siglas en inglés), los parques científicos o tecnológicos se caracterizan por ser un espacio u organización: “gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él”. Por tanto, añade la IAPS, incentiva y gestiona flujos de conocimiento y tecnología entre instituciones educativas, empresas y mercados, así como el fomento a empresas innovadoras “mediante mecanismos de incubación y de generación centrífuga (spin-off)”.

Los parques científicos y/o tecnológicos son un fenómeno fundamentalmente urbano o semi urbano, porque requieren de un cierto espacio físico (o virtual) y especialmente de una infraestructura mínima que permita atraer a instituciones participantes y garantizar la adecuada operación del parque. Tales condiciones generalmente están asociadas a las grandes ciudades y a las de tamaño medio, lo mismo que a instituciones universitarias cercanas.

En la IAPS están afiliados alrededor de 400 parques tecnológicos en el mundo y aparecen cuatro parques tecnológicos de México como miembros: 1) el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey, cuyas principales actividades están centradas en la industria y tecnología automotriz, en la biotecnología, en la microelectrónica y electrónica, así como en la nanotecnología, entre otras; 2) la Incubadora InnovaUNAM de la misma institución y cuyo principal propósito es apoyar a universitarios para que logren transformar su idea de negocio en una empresa formal; 3) el Parque de Transferencia Tecnológica y de Innovación del Tec de Monterrey, Campus Chihuahua; 4) el Parque de Innovación Tecnológica del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (BioHelis-Cibnor), cuyo funcionamiento estaba previsto para este año y que estará concentrado en la acuicultura y la pesca; y 5) el Parque Científico y Tecnológico Tecnotamp en Ciudad Victoria, Tamps, que se publicitó hace precisamente un año y cuyo campo de acción serían las tecnologías de la información y la comunicación.

Sin embargo, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el 2008, en un encuentro para analizar el tema de los parques tecnológicos, registraba que existían 23 clusters sobre tecnologías de la información y la comunicación en el país y que estaban en marcha otras 14 iniciativas en el mismo campo, además de que seis entidades federativas habían incorporado la figura de parques tecnológicos en sus planes y programas (Foro Nacional sobre Educación, Innovación y Parques Tecnológicos. 24/10/2008).

Efectivamente, en los dos últimos años han sido más frecuentes las notas que reportan la planeación o el inicio de la construcción de un parque tecnológico. Lo notable del asunto es que ni Conacyt ni la Secretaría de Economía cuentan con un registro preciso de las iniciativas en esta materia. El primero eventualmente consigna los datos de algunos parques, pero no de forma sistemática; la segunda, cuenta con una base de datos global, sin discriminar entre parques industriales, científicos y/o tecnológicos.

Los recursos para la instauración de los parques proceden de diversas fuentes, aunque casi siempre una parte importante la aporta el gobierno federal para iniciar el proyecto. La semana anterior, la Secretaría de Economía anunció que otorgó 30 millones de pesos para la construcción del Parque Tecnológico Ciencias para la Vida en las instalaciones del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México (Boletín 141. 20/10/2010). Es el primero de esta institución en la Ciudad capital, pero será el número 14 a nivel nacional.

La misma Secretaría de Economía otorgó otros 84 millones de pesos para la edificación de la primera etapa del parque tecnológico denominado “Tecnopolo Esmeralda”, el cual estará dedicado a tecnologías de la información y desarrollo de software. Al parecer el proyecto recibirá otra aportación similar del gobierno del Estado de México, estará ubicado cerca de la colonia México Nuevo, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, y el Cinvestav será una de las primeras instituciones.

Sin duda es importante el establecimiento de esfuerzos convergentes entre insituciones educativas, empresas y gobierno. No obstante, las iniciativas deben estar enfocadas claramente y bajo una planeación cuidadosa de las especializaciones que deben ser impulsadas. ¿Realmente nuestro mayor esfuerzo como país debe dirigirse a las TIC y la industria del software?

(Publicado en Campus Milenio. No. 391. Octubre 28, 2010)