Ciencia yTecnología. ¿Capacidad, honradez o austeridad en la administración?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 879. 10.12.2020--)

 

Los ajustes en la primera línea de mando del actual gobierno han tenido y siguen teniendo amplia resonancia mediática. Sin embargo, es posible que los cambios en el segundo eslabón de la cadena jerárquica tenga consecuencias mayores, lo sorprendente es que a partir de ese nivel, hacia abajo, todo queda perdido en el insondable laberinto de las estructuras internas de las dependencias.

 

Desde hace más de una semana se especuló en redes sociales sobre la renuncia de María del Carmen de la Peza, directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt, pero oficialmente no hay ningún comunicado al respecto. Incluso, todavía este 8 de diciembre, seguía sin aclararse institucionalmente la información correspondiente.

 

No obstante, desde el jueves de la semana pasada, una nota de Fanny Miranda del periódico  Milenio (03.12.2020) precisó que el Conacyt había confirmado la renuncia al cargo de De la Peza desde el 1 de diciembre y que sería sustituida por Lucía Mantilla de la Universidad de Guadalajara. De todas formas, los canales institucionales permanecieron en silencio.

 

En realidad, los cambios en las posiciones administrativas de las oficinas gubernamentales no tienen nada de extraordinario, ocurren todo el tiempo, sea por razones personales (y la “enfermedad” es la causa más frecuente) o por evidentes desacuerdos laborales. Aunque una reiterada rotación administrativa es síntoma inequívoco de que algo no funciona nada bien en la primera línea de mando.

 

En este mismo espacio hemos comentado sobre la profesionalización de los servidores públicos. Y sí, los titulares de las oficinas gubernamentales deben rodearse de subordinados muy capaces y de toda su confianza.  Sin embargo, en el actual periodo gubernamental, las calificaciones y la alta especialidad de las personas son atributos prescindibles. El mismo presidente de la República dijo que lo principal es: “99 por ciento es honestidad, uno por ciento es capacidad” (versión estenográfica del 13.08.2020).

 

La probidad, la eficiencia y la capacidad en los servidores públicos no son características excluyentes, una misma persona bien pueden reunir todas las cualidades y garantizar una gestión administrativa efectiva. Por el contrario, un personal honrado a toda prueba pero sumamente incapaz, seguramente colapsará el servicio público y los resultados estarán a la vista. “Incapaz pero honrado”

 

Los trabajadores al servicio del Estado tienen múltiples clasificaciones y una primera es dividirlos entre los de confianza y los de base (artículo 4 de la LFTSE). Los primeros incluyen a los funcionarios de alto nivel, como son los titulares de las dependencias gubernamentales o los que tienen un cargo de elección popular; también a los funcionarios que por su posición jerárquica tienen capacidad de decisión (mandos medios y superiores) y van de unidades departamentales hasta subsecretarios. Por su parte, los segundos, los de base, serían los empleados que son el apoyo de los dos anteriores, pero que no tienen capacidad de decisión.

 

La actual administración ya cumplió dos años de ejercicio y han sido muy sonados lo cambios de primer nivel: Hacienda, Imss, Semarnat, Indep, Oficina de la Presidencia o Economía. Sin embargo, los cambios en el segundo nivel (mandos superiores) han sido más numerosos y más bien han pasado desapercibidos. Desde el inicio del periodo gubernamental se redujeron el número de subsecretarías en las dependencias y el decreto de austeridad del pasado mes de abril añadió la cancelación de una decena más. Una fuerte sacudida en toda la administración.

 

Todas las dependencias, incluyendo organismos descentralizados, como sería el caso de Conacyt, han reducido o modificado su estructura administrativa. El organismo, por ejemplo, tenía seis direcciones adjuntas (son la segunda posición de mando) y una oficialía mayor. Según su nuevo estatuto orgánico solamente conserva dos direcciones adjuntas, cuatro unidades y tres coordinaciones. Es decir, disminuyó el nivel de sus diferentes instancias.

 

Además, los cambios de funcionarios en el Conacyt han ocurrido casi desde el comienzo del periodo. Seguramente usted recuerda los escándalos mediáticos por los nombramientos en la subdirección de comunicación del organismo, también en la coordinación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) o la renuncia de dos directores adjuntos en los primeros meses.

 

A la inestabilidad en las posiciones cabría añadir las restricciones impuestas por las medidas de austeridad republicana. El decreto correspondiente planteó que los mandos superiores no recibirán aguinaldo, tendrán una reducción de su salario de 25 por ciento y las dependencias limitarían en 75 por ciento el ejercicio de las partidas de gasto de servicios generales  y materiales y suministros (23.03.2020).

 

Una combinación de factores que no favorece en nada el servicio público eficaz y eficiente. Así que tal vez tendremos funcionarios austeros y honrados, pero sin resultados o completamente adversos.

 

Pie de página: El 2do Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene un apartado que dice:  “Formulación y revisión de iniciativas de leyes, decretos y acuerdos de la Administración Pública de Ciudad de México” (p. 781). No incluye nada sobre una ley de educación y menos de ciencia y tecnología. Raro, muy raro. // Ahora Conacyt se atrasó con la entrega de apoyos a sus  becarios, hace una semana fue con los incentivos del SNI. Advertidos.

Ciencia y Tecnología. El noveno, dos años después

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 878. Diciembre 3, 2020. Pág. 4)

 

El primero de diciembre de 2018, cuando todavía no asomaban los barruntos de la actual pandemia y todo era expectativa con el inicio de la actual administración, en la principal plaza pública de México, el presidente López Obrador enumeró 100 compromisos de su gobierno. Ahora, una vez transcurrido el primer tercio de su periodo y con el inescrutable coronavirus a cuestas, el panorama es algo distinto.

 

Al menos el recorrido de las actividades científicas y tecnológicas no siguen una carta de navegación legible. Aquel primer día de gobierno, el ejecutivo federal anunció como noveno compromiso: “Se promoverá la investigación científica y tecnológica; se apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONAHCYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas”.

 

¿Se ha promovido la investigación científica y tecnológica? Los instrumentos que permitían el desarrollo de proyectos entre las diferentes dependencias gubernamentales y los distintos órdenes de gobierno ya no existen más. Al eliminar los fideicomisos también quedaron sin materia los fondos sectoriales, mixtos e institucionales. El presupuesto para Conacyt, a pesar de la promesa del ejecutivo federal de agosto de 2018, de que no habría un presupuesto por abajo de la inflación, para 2019 y 2020 sido inferior y también lo será para el año próximo.

 

En el ámbito de la investigación básica, de frontera ahora le llaman, las autoridades del sector informaron que decidieron financiar proyectos que fueron aprobados por la administración anterior, pero que no recibieron recursos. La suma de lo asignado en este rubro en los dos primeros años de gestión (2 mil 136 millones), dice la directora del Conacyt, Álvarez Buylla, ya casi es equivalente a lo que destinó el gobierno anterior en los seis años de su periodo (2 mil 936). Al final, los montos y su distribución serán inocultables.

 

Sin embargo, lo que ha ocurrido con la investigación tecnológica no es nada claro. La dirección del Conacyt no tiene ningún interés en alentar el desarrollo tecnológico como se venía haciendo. Lo grave es que el planteamiento alternativo de una “tecnología disruptiva, avanzada e intermedia”, lo mismo que el rescate de “tecnologías ancestrales”, tampoco ofrecen ninguna certeza.

 

También ha sido evidente la reticencia a la vinculación con el sector privado para fomentar el desarrollo tecnológico. Seguramente, como en las diversas áreas de la administración pública, el gobierno actual busca diferenciarse de gobiernos anteriores. No está mal. El problema es que no está a la vista qué estrategia sustituye lo anterior y muy difícilmente habrá buenos resultados sin desarrollo tecnológico.

 

¿Se apoya a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento? No especial ni destacadamente. A trancas y barrancas, como pueden dar testimonio los becarios de movilidad y los de posgrado en el extranjero, los apoyos casi arañan lo alcanzado en 2018 (ahora son unas 800 becas menos). Los incentivos para los investigadores del SNI se sostienen para las instituciones públicas, pero no para las del sector privado. Y, precisamente, para los primeros el depósito mensual correspondiente se demoró unos días la semana pasada.

 

Sin embargo, en su discurso del pasado 1 de diciembre, el presidente López Obrador dijo que habían “aumentado en siete mil 200 las becas de posgrado e investigadores”. No está claro en qué proporción unos y otros, pero no se corresponden con las cifras de su segundo informe de gobierno. Habrá que esperar las cifras definitivas.

 

¿El “CONAHCYT” coordina un Plan Nacional para la Innovación? En primer lugar, todavía no existe un organismo con ese nombre, la ley general que debería normar la denominación del organismo no está lista y ni siquiera se conoce su proyecto. A más tardar el último día del año debe aprobarse. No obstante, un año y medio no ha sido suficiente para diseñarla y seguramente tampoco los será este mes de diciembre.

 

El Plan Nacional para la Innovación (PNI), dice el Conacyt en su programa institucional, parte de un ecosistema que evoluciona de un modelo de triple hélice (academia, industria y gobierno) a otro de pentahélice que añade a la sociedad y al ambiente. Un PNI que impulsará el bienestar, el desarrollo sustentable, la horizontalidad y la equidad, dicen las autoridades. No obstante, más allá de los efectos retóricos del plan que se planteó en el programa institucional en este año, no se aprecian las estrategias y menos sus resultados.

 

El presidente López Obrador, en su discurso del segundo informe de gobierno, sobre el centenar de compromisos formulados, dijo que 95 ya se han cumplido, así que asume que ya logró lo fundamental, poco queda por definir y pendientes por cumplir.

 

En materia científica y tecnológica, es al contrario, casi todo está por definirse. El primer tercio de gobierno no ha sido el mejor para este sector. Esperemos que, en el tiempo restante, otros sean los resultados para el noveno compromiso.

 

Pie de página: La reforma en marcha del artículo 81 de la Ley General de Salud para facultar exclusivamente a la SEP para la expedición de cédulas de especialidad médica tendrá efectos notables en la formación de estos profesionales. Ya está aprobada por los Senadores, faltan los diputados. Pendientes.

Ciencia y Tecnología. ¿Cuánto dura una curva de aprendizaje?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 876. Noviembre 19, 2020. Pág. 4)

Un par de semanas más y la actual administración cumplirá dos años. El periodo ya alcanza el primer tercio del actual ejercicio gubernamental y a estas alturas, cuando es la hora de los primeros resultados más que de intenciones, lo inquietante es la reiteración de equívocos en la administración pública y especialmente en el sector científico y tecnológico.

 

En el periodo de transición del 2018, precisamente en el sector científico y tecnológico, se mostró la primera fisura entre la administración anterior y la actual. Un primer exabrupto en lo que parecía un terso proceso de entrega – recepción. Los protagonistas fueron las autoridades del Conacyt de entonces y la doctora Elena Álvarez Buylla, representante del equipo de transición en el área.

 

¿Usted recuerda el episodio? Fue al final del mes de septiembre de 2018, a propósito de la solicitud de la doctora Álvarez Buylla de cancelar toda convocatoria pública del Conacyt que comprometiera recursos para el año siguiente. Una iniciativa que era poco sensata; becarios e investigadores no tardaron en manifestar su preocupación. Unos días después, en respuesta abierta, el entonces director del organismo, Enrique Cabrero, expresó que las convocatorias en proceso seguirían su marcha y la transición sería eficaz y ordenada.

 

Después, siguieron aclaraciones ríspidas entre funcionarios y equipo de transición, pero todo parecía indicar que había sido una escaramuza pasajera, propiciada por la inexperiencia  en el quehacer administrativo. Lo sorprendente es que ahí no terminaron los desencuentros, casi dos años después, en la reciente eliminación de los fideicomisos del sector, los protagonistas regresaron a la arena pública a refrendar las afrentas. Las disputas y los desaciertos siguieron.

 

Una punta es el tipo de decisiones y otra es la de los inocultables errores. Estos últimos, en la administración, son una muestra de la insuficiencia de las normas para conducir el comportamiento burocrático. Una dificultad que estaba antes y hoy sigue presente. Desde hace más de 15 años, cuando se promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se ha intentado consolidar la profesionalización de los servidores públicos, igualar las oportunidades de acceso a la función pública con base en el mérito y mejorar las políticas públicas.

 

No obstante, la integración de los equipos gubernamentales sigue la impronta del grupo político, la confianza personal, la lealtad, el espíritu de cuerpo, más que la especialización o las calificaciones técnicas y profesionales. Difícil, muy difícil una burocracia racional, con  jerarquía administrativa rigurosa, técnicamente competente, profesionalmente calificada, con actividades claramente delimitadas, sin apropiación personal del cargo, con una perspectiva de ascenso por años de servicio y con sueldos decorosos.

 

Así que al comienzo, como generalmente ocurre en cada cambio de gobierno, los cuadros de primer nivel e incluso mandos medios y técnicos, comienzan su aprendizaje como servidores públicos. Incluso, como ha sido evidente, en los primeros meses de ejercicio, los errores en las decisiones o en los procedimientos se ven con un dejo de normalidad: es la curva de aprendizaje.

 

Sin embargo, cabría suponer que transcurrido un tiempo breve y superado el ensayo y error, el nuevo equipo de gobierno alcanza un funcionamiento relativamente óptimo. El problema es que las fallas se han repetido una y otra vez. Y no, ni siquiera se trata de decisiones controvertidas, basadas en principios de gobierno, como podría ser el cambio en las normas, el papel del sector privado o los instrumentos de conducción del sector.

 

El simple trabajo rutinario de procedimientos y planeación de actividades ha requerido de innumerables desmentidos, aclaraciones y rectificaciones una y otra vez. Ahí está el programa especial, el plazo de fabricación de ventiladores o las convocatorias de becarios. O bien, el nombramiento de subordinados, la operación de comités, la división de áreas de conocimiento, la solicitud de donativos a miembros del SNI o el correo electrónico notificando un cambio sobre el seguro de gastos médicos mayores.

 

Lo sorprendente es que el Conacyt, organismo altamente especializado y asesor en políticas científicas y tecnológicas, prescinda de cuadros altamente profesionalizados y competentes. Nada menos: la improvisación en la institución del conocimiento. El hecho viene a confirmar la apreciación que ha reiterado el ejecutivo federal: “no tiene mucha ciencia gobernar”.

 

El mismo presidente López Obrador ha dicho: “Yo tengo que echar mano de instituciones y de servidores públicos honestos, porque eso es lo principal; 99 por ciento es honestidad, uno por ciento es capacidad, porque hay unos que están graduados hasta en el extranjero, como los hijos del padrino que los mandaba a estudiar a las universidades del extranjero; saben mucho, pero no son honestos” (13.08.2019).

 

Puede ser, pero no son cualidades incompatibles, existen servidores públicos íntegros y muy capaces. Sin embargo, tal parece que ahora tendremos curvas de aprendizaje de personas honestas, aunque la curva podría dilatarse todo el sexenio.

 

Pie de página: 26 mil 573 millones para Conacyt en el año próximo, casi lo mismo que recibió en este año. ¿Los recursos de los fideicomisos se esfumaron?

Conacyt y el reloj legislativo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 875. 122.11.2020--)

 

La normatividad vigente dispone que el Conacyt sea la entidad rectora de las políticas científicas y tecnológicas en México. ¿Un inminente cambio en su regulación podría desbancarlo de ese papel? Seguramente no. Tal vez conservaría su relevancia como cabeza de sector, pero sí tendría repercusiones en su desempeño.

 

A lo largo de las últimas tres décadas --un periodo de alternancia, continuidad y cambio en el poder ejecutivo federal--, se fueron añadiendo una serie de reglas y normas para la operación del organismo y del sistema científico y tecnológico.

 

En general, los dispositivos normativos apuntaron a otorgar mayor autonomía y capacidades técnicas y políticas al Conacyt. Por ejemplo, ahí está la creación de un ramo de gasto propio en el presupuesto del gobierno federal y la instauración de un programa especial –en lugar de uno sectorial— para encabezar las acciones de todas las dependencias gubernamentales. O bien, la puesta en marcha de instancias y órganos de participación y de articulación.

 

Al mismo tiempo, sin embargo, las normas mostraron sus limitaciones y dificultades. La escasa funcionalidad de su máximo órgano de gobierno o coordinaciones e instancias irrelevantes, por ejemplo. Lo mismo que un esfuerzo insuficiente en materia de descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, resultados por abajo de lo esperado, o bien, participación desigual de los sectores público y privado.

 

Si ahora, a raíz de la reforma del artículo 3º constitucional del año pasado, estamos frente a la posibilidad de instaurar un nuevo ordenamiento para regular la actividad científica y tecnológica, vale la pena recuperar lo que claramente se muestra como un avance y evitar los errores que arrastra el marco normativo.

 

La tarea no es sencilla de resolver. En primer lugar, está el plazo para emitir la nueva ley general. En mayo de 2019, cuando se publicó el decreto de reforma constitucional y quedó establecido el mes de diciembre de 2020 como fecha límite para hacerlo, un lapso de un año y medio parecía más que suficiente para diseñar y acordar por consenso una norma plenamente satisfactoria.

 

Lo inexplicable es que transcurrieron los meses y como si nada. Todavía, cuando estamos por alcanzar el límite de tiempo, no hay ningún proyecto de ley en el Congreso de la Unión. La autoridad del sector, salvo filtraciones que desconoció hace más de un año,  tampoco ha adelantado ninguna versión preliminar ni nada parecido. Solamente algunas organizaciones como Prociencia y la Rednacecyt han presentado iniciativas al respecto.

 

El Congreso bien puede darle trámite a una nueva ley en el tiempo que resta, por algo tiene mayoría la fracción parlamentaria del partido gobernante, pero seguramente sería una discusión atropellada, enfrentaría una amplia resistencia y probablemente la norma resultante no sería satisfactoria para ninguno de sus destinatarios. ¿Tiene caso una norma que antes de entrar en vigor es rechazada? La reforma educativa del 2013 es ilustrativa a este respecto.

 

En segundo lugar, no está claro si Conacyt contará con un mayor y mejor presupuesto para desempeñar su papel. En la ley vigente se le reconoce como organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica y cuya función es asesorar al ejecutivo federal para articular las políticas públicas en la materia.

 

Sin embargo, el presupuesto central del organismo sigue siendo menor, en términos nominales y reales, al que ejercía antes de iniciar la actual administración. El presupuesto para el año próximo seguirá la misma tendencia: están considerados 26 mil 573 millones de pesos y es prácticamente equivalente al de este año (en términos reales). Así que, después de todo, la eliminación de los fideicomisos no se verán reflejados en un incremento o mayor control del presupuesto.

 

En tercer lugar, con excepción de un control centralizado de un presupuesto menguante, tampoco se advierte qué capacidades e instrumentos podría desplegar el organismo para asumir su responsabilidad como cabeza de sector. No es menor, pero es insuficiente. El programa especial que debía estar en marcha para conducir los esfuerzos en la materia de las diferentes secretarías de Estado, simplemente es inexistente. A pesar de que en algún punto la autoridad dijo que el programa estaba aprobado por su Consejo General, a la fecha no se conoce ningún documento.

 

El organismo tampoco cuenta con los fondos sectoriales y mixtos –se fueron junto con los fideicomisos— y eran los instrumentos que orientaban las acciones en conjunto con las diferentes secretarías de Estado y con las entidades federativas. Además, las líneas de comunicación y entendimiento con organizaciones e instancias del sector no pasa por su mejor momento.

 

Finalmente, añadamos que la nueva ley general no solamente debe considerar competencias y responsabilidades del Conacyt, debe tener como referente principal la regulación del sistema nacional de ciencia y tecnología. En estas circunstancias, al cuarto para las doce, no parece probable intentar la aprobación de la nueva norma y tal vez ni siquiera sería deseable. El reloj de los representantes populares es diferente del reloj de sus representados.

 

Pie de página: A falta de fondos sectoriales, el Conacyt celebra convenio marco con la Secretaría de Cultura. Aunque el documento requiere previa notificación a su órgano de gobierno.

Elecciones en EU. México no tendrá “cooperación subordinada”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 874. Noviembre 5, 2020. Pág. 4)

 

A partir de los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se redefinirá, seguramente, la política y la cooperación internacional en esta tercera década del siglo XXI. En el caso de México ¿sostendrá el mismo vínculo en materia científica y tecnológica con Estados Unidos o se modificará notablemente?

 

La relación cambiará, pero poco o nada tiene que ver con el desenlace electoral del país vecino, es una decisión anticipada.

 

Tal vez cuando usted lea este texto ya conozca el saldo de la contienda electoral, lo escribo en las vísperas de los comicios, cuando las encuestas marcan claras diferencias a favor del candidato demócrata Joseph R. Biden, respecto del republicano y todavía presidente Donald J. Trump.

 

Sin embargo, por el sistema de elección indirecta estadounidense y como fue claro en la contienda de 2016, las encuestas no necesariamente muestran lo que al final ocurrirá. En cualquiera de los casos, el resultado de las elecciones estadounidenses marcará una diferencia para el mundo, sea porque se profundizarán inconcebibles iniciativas en marcha del actual mandatario o porque intentarán girar 180 grados si gana Joe Biden.

 

No todo está por definirse en el marco nacional. La relación comercial de Estados Unidos, Canadá y México, desde fines del año pasado, quedó acotada en las renegociaciones de su tratado comercial. En este año ya fue debidamente publicado el Diario Oficial de la Federación el decreto de sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el T-Mec (DOF. 29.06.2020).

 

Otro tanto ocurre con el siempre complicado tema migratorio, las medidas que la administración Trump ha puesto en marcha, como la construcción de su ominoso e inacabable muro en su frontera sur o las condiciones de sus centros de deportación. O bien, la posición de México ante las caravanas de migrantes que públicamente intentan cruzar el territorio nacional y llegar a Estados Unidos.

 

No obstante, menos claro es lo que ocurrirá con la cooperación académica, el retorno de migrantes, las restricciones de visas académicas o tal vez un nuevo intento de deportación masiva de los “Dreamers”. En este año el intento fue bloqueado por una resolución de la Corte Suprema estadounidense porque la administración Trump no observó la ley, pero podría intentarlo de nueva cuenta.

 

El gobierno mexicano, sin embargo, tiene la intención de dar un giro a sus lazos de cooperación. Al menos Conacyt, el organismo rector de la política científica y tecnológica nacional, ha planteado su convicción de que había subordinación anteriormente y ahora piensa extender su cooperación a otras regiones.

 

En el Programa Institucional 2020-2024 del organismo, como parte de su análisis de la situación actual, dice: “El Conacyt privilegió un modelo de cooperación subordinada con los países de la Unión Europea y con los Estados Unidos de América. En este nuevo régimen se promoverán vínculos concretos con países del entorno latinoamericano y de El Caribe, así como con países de Asia y del este de Europa con avances indudables en CTI” (DOF. 23.06.2020: 21).

 

Es una posición del Conacyt, se dirá. Y sí, es del organismo, pero es la cabeza del sector y como lo hemos reiterado en múltiples oportunidades, no existe y, por lo que se advierte, no habrá un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) en este periodo. O sea, no esperemos convergencia de presupuesto y coordinación de las diferentes secretarías en materia científica y tecnológica.

 

Tampoco olvidemos que el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Foncid), fue otro de los fideicomisos eliminados por el Senado mexicano el 21 de octubre. El Foncid, en el momento de su extinción, tenía 38.6 millones de pesos y fue la base financiera que permitía radicar recursos externos y también transferir recursos a otras secretarías para conducir la cooperación internacional. Ahora la asignación, si hay presupuesto, será decida de forma directa por el Conacyt.

 

La agenda gira hacia América Latina. El pasado 30 de octubre, la directora del organismo, Elena Álvarez Buylla, informó a través de su cuenta personal de twitter que había co-presidido la Reunión de Altos Funcionarios de la Iniciativa Conjunta de Investigación entre la Comisión Europea de Innovación y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Una reunión en la que también participó el secretario de Relaciones Exteriores.

 

Posteriormente examinaremos, cuando se firme, la “Hoja de Ruta Estratégica 2021-2023” de esa reunión. Por lo pronto, vale la pena notar que no está mal, nada mal, que México extienda sus redes de cooperación científica hacia otras regiones y más con América Latina. Sin embargo, ¿eso supondría cortar lazos de colaboración ya establecidos con polos dominantes de generación de conocimiento? Esperemos que no, sería otro grave error. Lo importante será diversificar y expandir la colaboración; no restringir y autoexcluirse.

 

Pie de página: Gloria Soberón Chávez ganó el juicio de amparo indirecto para ser reconocida como integrante de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. ¿Qué hará Conacyt? Pendientes. Y sí, crece el respaldo a miembros del SNI que laboran en instituciones particulares.

Recursos financieros. ¿Qué esperar para el año próximo?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 873. 29.10.2020--)

 

El próximo 15 de noviembre, a más tardar, los diputados deberán aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año próximo. Seguramente en su diseño podremos tener una idea más precisa del efecto de la eliminación de los fideicomisos en el gasto público, el alcance de la medida y los retos de la pandemia.

 

La información sobre los fideicomisos públicos fue abundante desde el pasado mes de abril --cuando el presidente López Obrador decretó su extinción (DOF. 02.04.2020)-- y también lo fue en el periodo legislativo extraordinario, en las sesiones de parlamento abierto. Ahí quedó constancia de la importancia de preservar varios fideicomisos que cumplían una función social importante. El consenso y acuerdo parecían evidentes: no extinguirlos de forma indiscriminada y sancionar las irregularidades.

 

Después, en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso, como si nada hubiera ocurrido, volvió de nueva cuenta a la agenda legislativa la intención de suprimir los fideicomisos y otra vez circuló amplia información al respecto. Datos y razones no faltaron. Sin embargo, literalmente pasaron de noche, en esa larga sesión del Senado del 21 de octubre que comenzó el día anterior y culminó con la eliminación de más de un centenar de fideicomisos.

 

Lo paradójico es que pese a la gran cantidad de datos que se desgranaron y el amplio debate público sostenido, se siguen confundiendo fondos y programas de muy distinta naturaleza. Nada parece firme. La misma directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, en la conferencia de prensa del ejecutivo federal destinada a justificar la eliminación de los fideicomisos, casi a la par de la votación en el Senado (21.10.2020), se refirió de forma indistinta a los recursos del Programa de Estímulos a la Innovación y a los operados vía fideicomisos. No son lo mismo.

 

En estas circunstancias tampoco es de extrañar la confusión de la propia comunidad académica y científica que, con la eliminación de los fideicomisos, piensa que también podrían estar en riesgo las becas de posgrado, el programa de cátedras Conacyt o los estímulos del SNI. Tampoco es lo mismo. De hecho, la dirección del organismo ha emitido un comunicado para aclarar que ninguno de esos programas está amenazado (Comunicado 187 / 22.10.2020).

 

La narrativa prevaleciente es que todo el dinero de los fideicomisos públicos, incluidos los de las fuerzas armadas, llegaban al mismo agujero negro de la opacidad y la corrupción, pero ahora serán manejados de forma más eficiente. Una generalización insostenible. El asunto es que ha dejado flotando en el ambiente tres componentes que podrían ser la vara para medir lo que hará la actual administración con los recursos públicos .

 

Uno de ellos será la exigencia de máxima transparencia, pulcritud en el manejo del presupuesto y absoluta rendición de cuentas; la norma ya lo exigía, pero ahora el escrutinio público será mayor. Otro componente es el monto y disponibilidad líquida que tenían las entidades y programas a través de los fideicomisos y que ahora serán con cargo directo al presupuesto. Los recursos implicados, previo a su extinción, sumaban 25 mil millones en fondos (sectoriales, mixtos e institucionales) y 785 millones de pesos operados en los Centros Públicos de Investigación. No pueden ser menos e incluso podría ser más porque no habrá gastos de administración.

 

El tercer componente es la expectativa de mejores y mayores asignaciones presupuestales en el año próximo. Quedó anotado claramente en el comunicado de Álvarez Buylla: “la desaparición de los fideicomisos no afectará la ministración de recursos para investigación y para becas. Los ahorros y simplificación administrativa implicados en la cancelación de los fideicomisos del Conacyt, permitirán mayores apoyos para el quehacer sustantivo del sector”  

 

Así las cosas, entonces, para el año próximo cabría esperar un incremento notable en el presupuesto de Conacyt, específicamente en el ramo 38 del PEF, controlado centralmente por el organismo. El dato tiene importancia porque como ya no habrá fondos mixtos ni sectoriales y tampoco hay, y seguramente no habrá, programa especial para el sector (Peciti), no regulará los recursos financieros que destinen otras secretarías de Estado a actividades científicas y tecnológicas.

 

El problema es que el panorama no pinta nada bien. A las dificultades derivadas de la pandemia, sumémosle que el sector es la menor de las preocupaciones gubernamentales en materia de gasto público. El gobierno federal envió al Congreso, desde el pasado mes de septiembre, su paquete económico para el año próximo y para el ramo 38 considera 26,573.1 millones de pesos (pág. 101).

 

La cantidad prevista para el 2021, en términos nominales, sigue siendo menor a la obtenida en 2018 (27,225.8) y en términos reales apenas es 0.2 superior a la recibida en este año. Nada. Los diputados todavía no deciden, pero el efecto de la eliminación de los fideicomisos, para bien o para mal, será inocultable en el volumen de recursos y en el diseño del PEF.

 

Pie de página: La inversión nacional en ciencia y tecnología acusará recibo de la modificación de convenios del SNI con las instituciones particulares y también de la estigmatización del Programa de Estímulos a la Innovación. El indicador lo registrará sin lugar a dudas.

Eliminación de fideicomisos: Menos secciones en la LGCTI

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 872. 22.10.2020--.

 https://suplementocampus.com/firmas-alejandrocanales-1-221020/)

 

La eliminación de los fideicomisos públicos no solamente es un error administrativo monumental, el gobierno federal y los legisladores aferrados a suprimirlos a toda costa también pagan y pagarán un enorme costo político.

 

Sin embargo, lo peor es la extensión del daño a la nueva ley general del sector científico y tecnológico que debe emitirse a más tardar el próximo mes de diciembre. Tal vez, en términos normativos, en lugar de avanzar podríamos retroceder dos o más décadas.

 

¿Por qué comenzaron a utilizarse fondos especiales en el sector científico y tecnológico? El cambio ocurrió en la reforma a la ley del sector de 1999; la normatividad anterior apenas había logrado apuntar mecanismos para coordinar el incipiente sistema nacional de ciencia y tecnología.

 

Sin embargo, en los albores de cambio de siglo y de milenio, aparte de la expectativa de cambio de época, había tres elementos más que empujaron la reforma del sector. Uno de ellos fue la modificación del artículo 3º realizado en 1993, en el que se incluyó: el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica (fracción V). Sin embargo, la ley secundaria no se había actualizado en correspondencia.

 

Un segundo aspecto fue la insuficiencia de la normatividad para impulsar el sistema científico y tecnológico de conformidad con la política de evaluación que por aquellos años ingresó en el territorio de las instituciones y de la vida pública. Nuevas reglas de juego asomaron en los marcos institucionales para regular la administración y actividades de centros de investigación.

 

En tercer lugar, en varias regiones del mundo, por aquellos años comenzaba a expandirse el principio de tomar el conocimiento como base para el progreso y el bienestar social. El tema cobró mayor fuerza con la idea de sociedad o sociedades del conocimiento. Los sistemas de educación superior y de ciencia y tecnología parecían una de las claves para alcanzar el propósito.

 

Así que la reforma de 1999 fue el primer ajuste normativo que respondería a esos imperativos. Los cambios fueron amplios y variados. Uno de los más importantes, en lo que concierne al asunto de los fideicomisos, fue designar Programa Especial de Ciencia y Tecnología –Pecit, la “i” de innovación vino después— al documento que debe planear y coordinar las actividades del sector.

 

Lo distintivo de los programas especiales, a diferencia de los programas sectoriales, es que integran y orientan el presupuesto de varias secretarías de Estado hacia objetivos especiales. En el caso de las actividades científicas y tecnológicas tenía particular relevancia porque el gasto federal en la materia se dispersaba en distintas dependencias y el Conacyt solamente controlaba una proporción menor. Al establecer un programa especial intentaba obtener una mayor capacidad de regulación y control del ejercicio presupuestal.

 

El otro cambio importante fueron los instrumentos para distribuir los recursos financieros. Una sección de la norma de ese entonces quedó dedicada a la institucionalización de los fondos y precisó que serían de cuatro tipos: institucionales Conacyt; sectoriales; mixtos; e internacionales. La misma ley de 1999 puntualizó que el fideicomitente en los fondos del primer tipo sería Conacyt, pero también dispuso que para todos los fondos el fiduciario sería la institución de crédito elegida por el fideicomitente (arts. 16 y 18).

 

Los cambios de aquella ley también permitieron mayor disponibilidad y flexibilidad presupuestal para la continuidad de proyectos en las instituciones de investigación. No obstante, sí debían rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos públicos asignados. Además, para los centros públicos de investigación significó la capacidad de aprovechar los recursos autogenerados de conformidad con sus órganos de gobierno.

 

Después vinieron más cambios y ajustes a la norma, pero la ley todavía vigente conserva las secciones sobre el programa especial y los fondos. Ahora, sin embargo, ante el imperativo de emitir una nueva ley general derivada de la más reciente reforma del artículo 3º constitucional, las cosas pueden ser muy distintas.

 

Por un lado, en el actual periodo, por primera vez, después de casi dos años de ejercicio gubernamental, no hay un programa especial para el sector y probablemente ya no lo habrá. Entonces, seguramente esa sección ya no formará parte de la nueva ley, ni tampoco habrá coordinación intersecretarial y menos integración de recursos.

 

Por otro lado, como ha sido evidente, el gobierno federal y el partido Morena, la fracción parlamentaria mayoritaria en el Congreso, han estado por eliminar la mayoría de fideicomisos públicos y conservar algunos. Los de ciencia y tecnología no están entre los que serán preservados, así que la sección de fondos probablemente no aparecerá más en la eventual nueva ley.

 

En este escenario, lo paradójico es que permanecerán los principios de funcionamiento del sistema, pero no estarán los instrumentos que posibilitan su operación. Un desfase y la peor decisión posible. Añadamos que a la fecha, cuando falta un par de meses para que venza el plazo para emitir la nueva ley general, no hay ningún proyecto de ley públicamente conocido ni registro en el Congreso.

 

Pie de página: El proceso de extinción de fideicomisos ha sido un escaparate nacional de la actuación del gobierno federal y de los legisladores.

¿Sistema Público de Investigadores?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 871. Octubre 15, 2020. Pág. 4)

 

El estruendo levantado por la eliminación de los fideicomisos públicos no deja ver la vuelta de tuerca en uno de los programas emblemáticos en el campo científico y tecnológico: el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Tal vez no será la última vuelta, pero sí podría ser el paso más firme para una modificación significativa.

 

Antes de que comenzara el actual periodo gubernamental, cuando nada estaba decidido en las elecciones federales, el plan fue visto con escepticismo y solamente mereció algunos comentarios discretos. ¿Usted lo recuerda? Fue el “Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) presentado por MORENA”.

 

El documento de poco menos de medio centenar de páginas lo firmó y difundió la doctora María Elena Álvarez Buylla, precisamente a los pocos días del último debate que sostuvo el entonces candidato López Obrador en junio de 2018 y en donde anunció que ella sería nombrada directora de Conacyt si él ganaba la presidencia.

 

Después, una vez celebradas las elecciones y designada titular del Conacyt, el plan de reestructuración del organismo ya fue examinado de forma distinta y el escrutinio fue más detallado. ¿Qué proponía para el SNI? Diagnosticaba que el sistema había tenido efectos positivos, pero también “prácticas de simulación al privilegiar la cantidad sobre la calidad en la producción del conocimiento científico” (p. 8). Así que, tanto para el programa como para muchos otros componentes, anunciaba un mayor énfasis en los criterios cualitativos.

 

Todavía más importante, también proponía revisar con “sumo cuidado” la provisión de recursos públicos a entidades privadas de formación de recursos humanos de alto nivel, “lo cual incluye tanto a becas a estudiantes como al Sistema Nacional de Investigadores, con la finalidad de eliminar gastos innecesarios” (p. 18).

 

Una vez iniciado el periodo de gobierno, algunas componentes del plan resultaron prescindibles y otros adquirieron mayor precisión. Entre los primeros estuvo el papel reservado a las humanidades que pasaron de la subestimación a una promesa de un lugar en el nombre del organismo –por cierto, ya no se insistió más al respecto-- y entre los segundos la tensión público-privado fue lo sobresaliente

 

La denuncia sobre la trasferencia de recursos públicos a empresas privadas fue uno de los primeros posicionamientos de la actual directora de Conacyt, lo hizo en enero de 2019. El volumen de recursos, dijo en ese momento, va de los 35 a los 50 mil millones de pesos. La presión porque aclarara si se trataba de algo indebido o ilegal fue creciendo. Sin embargo, ni entonces ni ahora, se han dado a conocer pruebas o denuncias. Pero la brecha entre uno y otro ámbito comenzó a ensancharse.

 

El asunto de la tensión público-privado en el SNI volvió a aparecer en los medios al inicio de este año. Tal vez usted recuerda que a investigadores de la Universidad La Salle y de la Universidad Iberoamericana (plantel León), instituciones particulares, les suspendieron el incentivo mensual que recibían.

 

Aparentemente todo se debió a una falla administrativa sin mucha importancia: las universidades no habían renovado el convenio de colaboración. Lo hicieron y todo quedó solucionado. No obstante, también quedó registrado que la actual administración estableció requisitos adicionales en los convenios.

 

En este mes, de nueva cuenta, se trata de los convenios. Las autoridades de la Universidad Iberoamericana informaron a su personal que, a su vez, la directora del Conacyt les comunicó que no se renovaría el convenio en los mismos términos, porque el organismo “no está en posibilidades de cubrir los incentivos a nuestras investigadoras e investigadores nacionales”.

 

El cambio que ahora se propone es más significativo y la misma situación ocurrió en el ITAM y en el Tec de Monterrey. Por lo pronto es difícil anticipar si, como ocurrió en enero, los convenios volverán a ajustarse y si Conacyt seguirá otorgando los incentivos correspondientes o solamente piensa conceder los nombramientos.

 

Desde 1988, cuando se reformó el acuerdo de creación del SNI, quedó reconocida la aportación de investigadores y recursos de las instituciones de educación superior particulares hacia el Sistema. También el beneficio que suponía para las propias personas dedicadas a la investigación científica. Ambos aspectos están incluidos en los considerandos del decreto de reforma.

 

El rasgo nacional del SNI --y el sistema científico y tecnológico mismo-- se nutre precisamente de investigadores de los sectores público, social y privado. Si las instituciones o las personas no están cumpliendo con sus responsabilidades deberían tomarse las medidas correspondientes.

 

Lo que no parece nada sensato es suprimir o inhibir la participación del sector privado cuando precisamente se requiere lo opuesto: alentar su mayor participación relativa en todos los indicadores. Aunque, claro, si la idea es mudar a un sistema netamente público de investigadores, entonces la decisión es correcta.

 

Pie de página: Salvo una breve argumentación –y un ejemplo incorrecto- del secretario de Hacienda a favor de la eliminación de los fideicomisos, el consenso más bien es por conservarlos. Sin embargo, la actual administración está empeñada en suprimirlos.

Ciencia y Tecnología. ¿Podremos imaginar un sector diferente?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 868. Edición Especial de Aniversario. Octubre 8, 2020. Pág. 3)

 

“En el Conacyt estamos de acuerdo”, finalizó lacónicamente la directora del organismo, María Elena Álvarez Buylla, cuando le preguntaron por la desaparición de los fideicomisos que operan en el sector. A su vez, en las vísperas de llevar a efecto su eliminación, el diputado Mario Delgado, autor de la iniciativa de ley para suprimirlos y líder de Morena, declaró: “No es una improvisación, tampoco es un capricho del presidente”.

 

El 2020 ha sido el año de la pandemia y de la incertidumbre. El gobierno federal y la fracción parlamentaria mayoritaria del partido gobernante están por suprimir todos los fideicomisos que operan en múltiples ámbitos de la administración pública. La pregunta es si eso significará o no un vuelco en la operación y administración del sector científico y tecnológico y, en consecuencia, si al final estaremos mejor o peor.

 

El 2020 ha sido el año de la pandemia y de la incertidumbre. Sin embargo, lo circunstancial, difícil o provisional de las decisiones gubernamentales no deriva solamente del atípico periodo que estamos viviendo a escala global. En México, desde el inicio de la administración encabezada por el presidente López Obrador (AMLO), la frase recurrente de “Cuarta Transformación (4T)” está en el inventario de todos sus discursos.

 

La idea, como lo ha expresado el propio AMLO, es que se propone lograr un cambio de tal amplitud y profundidad que se podrá equiparar con tres momentos clave de la historia de México: la Independencia, la Reforma y la Revolución. La intencionalidad queda sintetizada en la expresión 4T, pero todavía no está fijada en el imaginario colectivo y menos se puede calibrar qué dimensión alcanzará realmente.

 

No obstante, ya casi pasó el primer tercio del periodo de gobierno y tal vez podríamos vislumbrar cuál podría ser el punto de llegada.

 

Los compromisos

En las páginas de Campus, desde su fundación misma, aparece el registro puntual de promesas, iniciativas y hechos en los territorios de la educación y de la ciencia y la tecnología. El periodo actual no ha sido la excepción y fue precisamente en la etapa de la transición, cuando AMLO en aquella primera reunión con miembros de la comunidad académica y científica, poco después de su triunfo electoral, formuló uno de los compromisos con el sector.

 

Las primeras palabras del discurso del entonces presidente electo fueron las siguientes: “Vamos a apoyar mucho la investigación, de modo que tengamos disponibilidad de recursos para que cuenten con apoyos del presupuesto” (Palacio de Minería. 22.07.2018). Aquellas palabras dibujaron sonrisas en la audiencia e incrementaron las expectativas de un mejor futuro para el sector.

 

No obstante, el mismo AMLO, seguramente para atemperar el efecto que habían causado sus palabras, matizó la garantía de su apoyo. Dijo que su compromiso era aumentar el presupuesto, pero como seguramente las cosas se pondrían complicadas, buscaría que el presupuesto, en términos reales, al menos se mantuviera. Añadió: “Es decir que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto”. Y sí, los aplausos, sonaron fuerte.

 

Sin embargo, una vez iniciado el periodo, en el primer presupuesto de la actual administración, las cosas fueron distintas. En términos reales, a pesos del 2020, el gasto para todo el sector de ciencia y tecnología en el 2018, el año previo que no era responsabilidad del gobierno actual, sumó 99 mil 550 millones de pesos y de ese total le correspondieron a Conacyt 33 mil 660 millones de pesos.

 

En cambio para 2019, en su primer diseño presupuestal, representaron 94 mil 700 millones de pesos y para el Conacyt 29 mil 360 millones de pesos. La disminución fue notable, el gobierno federal no mantuvo su compromiso anunciado en la transición. El volumen de recursos mejoró en este año, pero todavía sin alcanzar las cifras que tenía en 2018. Así que no, no fue como estaba previsto.

 

El otro componente importante del presupuesto y operación en el sector es el tema de los fideicomisos públicos. En este caso, también se trata de un compromiso del ejecutivo federal pronunciado a los 15 días de su triunfo electoral, es uno de los “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”.

 

AMLO, en el punto 18 de los lineamientos anunciaba: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia” (15. 07.2018). El tema es controvertido porque, efectivamente, los fideicomisos han sido uno de los agujeros negros de los recursos públicos, pero también han sido la tabla de salvación que ha permitido la operación de proyectos e iniciativas en el naufragio de indolencia de la burocracia gubernamental. El problema es que no sabemos qué dimensión alcanzan unos y otros.

 

Todo parecía indicar que un arreglo posible ya era suprimir los fideicomisos dudosos o poco transparentes y conservar los que funcionaban correctamente y rendían cuentas (Campus No. 845). Sin embargo, un decreto presidencial del pasado mes de abril, cuando la pandemia comenzó a apretar los recursos públicos, ordenó la extinción de todos los fideicomisos público, mandatos públicos y análogos (DOF 02.04.2020).  Una presión que se acentuó en las semanas siguientes con decretos y memorandos presidenciales de medidas adicionales de austeridad para la administración pública federal.

 

Los legisladores

El Congreso se disponía a extinguir los fideicomisos bien en el periodo de sesiones ordinario o en el reciente extraordinario, pero las comunidades académicas, culturales y científicas hicieron notar su necesidad e importancia. Los legisladores fueron sensibles y no fue punto de agenda. No obstante, el ejecutivo federal públicamente recriminó a los líderes del Congreso y miembros de la fracción parlamentaria de Morena, Mario Delgado y Ricardo Monreal, no haber considerado el punto de los fideicomisos en el periodo extraordinario (22.07.2020).

 

Una vez iniciado el actual periodo ordinario de sesiones, el diputado Mario Delgado, ingresó una iniciativa para suprimir una decena más de fideicomisos e incluía a dos del sector (Gaceta Parlamentaria 09.09.2020). Sin embargo, luego resultó que más bien eran alrededor de 60 y a la hora de aprobar el dictamen en la Comisión de Presupuesto de los diputados, en total sumaban 109 fideicomisos a suprimir e implicaban poco más de 68 mil millones de pesos (29.09.2020).

 

La extinción de los fideicomisos no ha sido clara ni sencilla, no lo ha sido en el Congreso y tampoco en la opinión pública. Por una parte, si algunos son una fuga de recursos públicos y escapan a la rendición de cuentas, habría que ordenarlos y exigir transparencia, lo que no parece nada sensato es eliminarlos sin ton ni son, sobre todo aquellos que tienen reglas claras, auditables y que, sobre todo, cumplen una función imprescindible. Por otra parte, es insostenible el argumento principal para proponer su completa extinción. No puede ser que, si se suprimen, los sectores recibirán directamente los mismos recursos que ahora manejan a través de fideicomisos pero, al mismo tiempo, esos recursos servirán para hacerle frente a los retos de la pandemia en curso, como lo han dicho los legisladores. La contradicción de posiciones es manifiesta y no es asunto de mezquindad.

 

En las sesiones de parlamento abierto y en los medios ha sido larga y ampliamente documentado qué importancia tienen los fideicomisos para los Centros Públicos de Investigación. El gobierno federal obtendría 785 millones si les quita esos instrumentos, no es una cantidad significativa, sin embargo, será un golpe letal para la operación y logros de los Centros. Lo mismo ocurre con los proyectos conjuntos con diferentes secretarías de Estado (fondos sectoriales) que sí suman recursos de mayor volumen (17 mil 500 millones de pesos), pero se trata de cooperación con todas las dependencias gubernamentales. O bien, los proyectos de investigación con las entidades federativas (fondos mixtos) que incluyen poco más de 8 mil millones de pesos. Si la inversión era modesta, ahora sin fideicomisos será menos.

 

El futuro para el sector no es prometedor. No lo fue por el presupuesto regular que le asignó el gobierno federal, no lo es por la pandemia en curso y peor será sin los fideicomisos. Sí, podemos imaginar un sector diferente, pero el real no será nada mejor.

Los equilibrios en el reglamento del SNI

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 869 01.10.2020--. https://suplementocampus.com/firmas-alejandrocanales-1-011020/)

 

El nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) está publicado y oficialmente es la norma que regulará el funcionamiento de ese sistema (Diario Oficial de la Federación 21.09.2020). Sin embargo, como lo comentamos en este Acelerador de partículas la semana pasada, la situación es atípica y el desenlace está por verificarse.

 

El SNI tienen 32 mil 768 investigadores y absorbe alrededor del 20 por ciento del total del presupuesto del Conacyt. También es una programa clave en la administración del Conacyt, no solamente por su permanencia a lo largo del tiempo, también porque paulatinamente se convirtió en una referencia a la que quedaron atados otros programas del organismo y la operación misma del sistema nacional de ciencia y tecnología.

 

De ahí que cualquier modificación en las reglas de juego del SNI, desencadena una fuerza estocástica que altera al conjunto del sector e incluso a segmentos relevantes de intersección con el subsistema de educación superior. Además, cualquier cambio de cierta profundidad significaría un presupuesto mayor o una distribución distinta. Tal vez por eso, pese a intenciones manifiestas de realizar una reforma profunda, el programa ha permanecido relativamente estable durante más de tres décadas.

 

Los cambios que ha tenido el SNI han sido paulatinos, siempre bajo los principios trazados desde su fundación y solamente por la vía de su reglamento. Este último es el mismo que hoy está en discusión. En esta ocasión tampoco es un vuelco en las reglas del juego. No obstante, los tiempos y formas no han sido las mejores.

 

Una de las variaciones más importantes, como lo anticipamos la semana pasada, es el cambio en su máximo órgano de decisiones. En el anterior reglamento se denominaba Consejo de Aprobación, lo presidía la dirección del Conacyt y estaba integrado por una docena de personas: seis funcionarios del organismo; dos subsecretarios de SEP; la coordinación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; y tres investigadores del SNI pertenecientes a la mesa directiva del Foro.

 

En el nuevo reglamento se denomina Consejo General, permanece su número de integrantes, pero cambia su composición: media docena de funcionarios del organismo; la subsecretaría de educación superior de la SEP; la dirección general de la misma subsecretaría; el secretario general de Anuies; y tres investigadores electos directamente por los miembros del SNI.

 

El Consejo General, como máxima autoridad, decide sobre todos los temas relevantes del SNI: comisiones dictaminadoras, convocatorias, criterios de evaluación, etcétera. Lo novedoso de la composición que propone es la integración del representante de Anuies y la elección directa de los tres investigadores. No obstante, el organismo seguirá conservando la mitad de los asientos totales.

 

El problema con la modificación es que, como ocurrió con el estatuto del Conacyt y otras normas, no observa lo que dice la vigente Ley de Ciencia y Tecnología, subestima las implicaciones legales y los equilibrios gremiales del sistema. A la fecha, como lo hemos anotado en este mismo lugar, sigue una disputa en los tribunales sobre la personalidad jurídica del Foro y sobre la participación de su mesa directiva en el SNI.

 

Otro cambio relevante del nuevo reglamento fue el número y división de sus comisiones dictaminadoras. Estas últimas han sido una de las expresiones más claras de los equilibrios y disputas en los territorios de la actividad científica. En 1984, al iniciar el SNI, solamente habían tres comisiones dictaminadoras: físico-matemáticas e ingeniería; biológicas, biomédicas, agropecuarias y químicas; y sociales y humanidades. A los dos años, los ingenieros y tecnólogos reclamaron su separación y sumaron una comisión más.

 

Después, en tres ocasiones más, se volvieron a modificar las comisiones y finalmente quedaron siete: i) Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra; ii) Biología y Química; iii) Medicina y Ciencias de la Salud; iv) Humanidades y Ciencias de la Conducta; v) Ciencias Sociales; vi) Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; vii) ingenierías y unas comisiones transversales relativamente ambiguas.

 

En el reglamento más reciente, se suman dos comisiones más y se dividen de forma distinta. Las primeras tres permanecen de la misma forma, pero las siguientes tienen otra agrupación: iv) Ciencias de la conducta y Educación; v) Humanidades; vi) Ciencias Sociales; vii) Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas; viii) Ingenierías y Desarrollo Tecnológico; ix) Interdisciplinaria.

 

El cambio tiene varios ángulos que en otra oportunidad analizaremos, pero anotemos que el mismo no habría tenido mayor dificultad. Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, ahora simplemente se cambió y ya; no hubo explicación previa ni consenso, ni nada. Adicionalmente, la especialidad de Biotecnología que desaparece como área es precisamente aquella que tiene la animadversión de la actual administración y añadamos que también se suprime el fideicomiso sobre bioseguridad y biotecnología. Nada fortuito.

 

La inconformidad era inevitable por las formas y el desequilibrio provocado. Ahora, como ya se está haciendo costumbre, después de las inconformidades, la autoridad tiene que aclarar qué se proponía hacer. No hay forma de que convenza.

 

Pie de página: La sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del martes 29 fue interesante, tanto por el debate como por el retiro de los diputados de oposición. Quedó aprobado el dictamen para suprimir los fideicomisos y este jueves se vota en el pleno. Seguramente se ratificará la eliminación.