Ciencia y Tecnología: ¿Y una reforma constitucional?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 779. Noviembre 15, 2018. Pág. 5)

No es un hecho pero podría serlo en esta legislatura. Otra vez está la propuesta de modificar la ley para intentar un presupuesto anual creciente, en términos reales, para las actividades científicas y tecnológicas. Si fuera el caso, no se aplicaría en el presupuesto que está por dictaminarse, aunque es probable que proceda en el de 2020. Desafortunadamente, la propuesta solamente consiste en añadir un párrafo a un artículo de la ley secundaria. Tal vez las cosas serían diferentes si se pensara en una reforma constitucional.

La fracción parlamentaria del próximo gobierno trae los números, anda con un ánimo reformista exaltado y una agenda desbordada de problemas que demandan atención prioritaria. De hecho, en el actual periodo de sesiones, el furor legislativo ya se hizo notar en demasía en estos primeros dos meses y seguramente será mayor en los siguientes. Así que tal vez convendría jerarquizar los temas y pensar las iniciativas.

El diagnóstico es más o menos reiterado: es urgente una mayor inversión en el sector científico y tecnológico. No es el único elemento; tampoco es el que resolverá automáticamente los inocultables problemas del sistema. Sin embargo, con un 0.5 por ciento respecto al PIB, el nivel actual de inversión, es muy difícil expandir las capacidades en las entidades federativas, mejorar la competitividad, aumentar la atención sobre los problemas nacionales o un mayor inovolucramiento en el desarollo económico, por ejemplo.

La preocupación sobre los recursos financieros no es reciente. En este mismo espacio hemos dado cuenta, casi paso a paso, de las modificaciones a la Ley General de Educación para destinar un determinado monto de inversión para el sector (artículo 25 desde el año 2002) y de la Ley de Ciencia y Tecnología para precisar que “el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto” (artículo 9 bis desde el año 2004). No obstante, ha sido insuficiente. En todos estos años, además de que se incumplió lo que dice la normatividad científica, ni siquiera se armonizó con lo que dice la legislación educativa.

Ahora, en la actual legislatura, la diputada María Marivel Solís Barrera, integrante de Morena y presidenta de la comisión de ciencia y tecnología, presentó en el pleno una nueva iniciativa para reformar el artículo 9 bis de la norma científica (Versión estenográfica 08.11.2018).

La iniciativa de la diputada Solís es relativamente sencilla. Propone añadirle al actual artículo 9 bis lo siguiente: “En tanto no se alcance la meta del 1 por ciento del producto interno bruto, el presupuesto federal en ciencia, tecnología e innovación deberá registrar año con año un incremento sostenido real con respecto al del año fiscal anterior” (Gaceta Parlamentaria. 5138-III. 18.10.2018. 389).

La iniciativa parece simple y más su carácter transitorio, pero tiene una implicación obvia e importante: la principal responsabilidad del incremento en la inversión recaerá en el gobierno federal, no en los gobiernos estatales, tampoco del sector privado. Claro, ese fue el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, en la reunión que sostuvo con miembros de la comunidad académica el pasado 28 de agosto. La misma iniciativa destaca ese hecho y aquí mismo lo comentamos la semana pasada.

Ahora, una vez que la propuesta está en comisiones, es altamente probable que sea dictaminada favorablemente. La diputada Solís preside la comisión de ciencia y en ella su fracción tiene mayoría (14 de 26 integrantes). En general, como entienden los legisladores, lo que ocurre en comisiones, generalmente se replica en las sesiones del pleno. Así que posiblemente salga rápido y luego siga el recorrido para su aprobación.

El asunto es si la iniciativa ingresada será suficiente para respaldar lo que tiene pensado el próximo gobierno para el sector. Valdría la pena preguntarse si no convendría, a la par, impulsar una reforma constitucional para darle cabida al papel que podría jugar la ciencia y la tecnología en el desarrollo y bienestar nacional. Actualmente no figura en la carta magna.

En mayo de 2012, dado que normativamente sólo se menciona la libertad de investigación, el jurista Diego Valadés hizo una propuesta de redacción para adicionar un párrafo al artículo 25 de la Constitución, en el cual se precisa de forma clara y breve el papel de la investigación, la innovación y la tecnología, así como las líneas generales de apoyo que podría ofrecerle el Estado (Campus Milenio No. 462). No serían necesarias mayores especificaciones, ni siquiera hablar de un monto determinado, tan solo reservarle una función. Nada más.

Pie de página: Humberto Muñoz García, destacado sociólogo, profesor emérito y también colaborador en estas páginas, puntualiza: “Es positivo que opinen que nuestras disciplinas deben tener una mejor representación dentro de la política del conocimiento en México” (Gaceta UNAM. No. 5007:9). La referencia es por el próximo cambio de nombre del Conacyt, la posible modificación de sus criterios de evaluación y la relevancia de las humanidades y las ciencias sociales. Otro horizonte podría dibujarse.

Ciencia y tecnología. Cuadratura de pesos y centavos

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 778. Noviembre 8, 2018. Pág. 4)

“El Congreso de los Diputados es el que tiene que dar la cuantía, y de esa cuantía dependerá que más científicos tengan futuro. No podemos traer de vuelta a gente sin que tengan equipo, instalaciones, laboratorios. El país los necesita. Yo puedo echar cálculos, si me dan 700 o 1,000 millones más al año sé cuánta gente puedo regresar, pero primero necesito la financiación. Hay que llegar a un acuerdo. Era lo primero que quería hacer al llegar al Congreso, pero ahora es un poco difícil” (El País 03.11.2018).

El párrafo anterior fue parte de la respuesta de Pedro Duque, el actual ministro español de Ciencia, Innovación y Universidades, a la pregunta de “qué les dice a los jóvenes científicos sobre el futuro que les espera”. Efectivamente, la falta de oportunidades laborales para los egresados altamente especializados es un problema nada fácil de resolver; lo es en España, en México y en buena parte del mundo.

Duque es un recién llegado a la función pública, apenas en junio de este año fue nombrado ministro en el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, es un científico ampliamente conocido y muy popular en España, porque es el astronauta que viajo hace 20 años al espacio. Además, porque en el gobierno anterior, el de Mariano Rajoy, desde su labor como investigador ha sido un férreo defensor del presupuesto para la actividad científica.

La conducción del sistema científico y tecnológico español ha sido relativamente accidentada. El gobierno de Rajoy, cuando comenzó su gestión, suprimió el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación y, en su lugar, creó la Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación, una entidad de más bajo relieve y dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Este último fue el principal encargado de diseñar las líneas de política científica y tecnológica, así como de aplicarle recortes al presupuesto.

Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez, volvió a instaurar un Ministerio específico, encargado de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, pero también de la política en las universidades y de la innovación en todos los sectores. Las expectativas se han vuelto a incrementar sobre lo que podría hacer y lograr la nueva estructura administrativa. No obstante, la responsabilidad, tareas, calidad, certificación de títulos y transferencia de conocimientos de la universidad (pública y privada) es materia de conversaciones sobre una eventual nueva ley para las universidades. El asunto es que el tema de los recursos financieros depende del Congreso y no tiene ninguna certeza.

En el caso de México no se piensa crear una nueva estructura administrativa para el gobierno del sistema científico y tecnológico, menos vincularlo administrativamente con las universidades. No figura en la propuesta de cambios a la administración pública que está en el Congreso y, de hecho, lo había anticipado López Obrador antes de los comicios electorales. Sin embargo, es posible que la idea de descentralización de secretarías y organismos públicos genere algún cambio.

Al menos, la próxima titular de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, por cierto, también con una carrera fundamentalmente académica, ha dicho que cambiará el nombre del organismo y creará dos polos desarrollo científico y tecnológico: uno que se localizará en el norte, en Baja California, y otro que se conservará en Ciudad de México. El punto de inflexión, sin embargo, volverán a ser los recursos financieros.

Las expectativas son más bien modestas. En la primera reunión que tuvo López Obrador, ya como presidente electo, con integrantes de la comunidad científica, el pasado 22 de agosto, adelantó que buscaría aumentar el presupuesto para ciencia y tecnología, pero que, en el peor de los casos, no se le reducirán los recursos o se mantendrían constantes en términos reales; nunca estarán por debajo de la inflación, dijo.

Ahora, el mismo López Obrador, el 1 de noviembre informó que estuvo trabajando en el presupuesto para 2019 y que, en lo general, sí le alcanzarían los ingresos para llevar a cabo los programas que había prometido en campaña. Solamente falta el aspecto técnico del presupuesto, apuntó. No solamente. También adelantó que se conservarán los equilibrios macroeconómicos: no habrá endeudamiento, nuevos impuestos, ni aumentará el precio de los combustibles. Notable será su propuesta para cuadrar las cifras ingreso y gasto.

López Obrador no indicó qué ocurrirá con el presupuesto para educación ni para el de ciencia y tecnología. Sin embargo, en el conjunto de necesidades es posible que no constituyan los rubros sistémicos de mayor atención presupuestal. De hecho, sobre los problemas y la distribución de los recursos, López Obrador dijo que el sistema educativo nacional estaba mal, pero el sistema de salud estaba peor. Entonces, se podría deducir que el incremento para esos renglones será inercial y el excedente vendrá solamente por el lado de los programas comprometidos: la creación de 100 universidades y el volumen de becas para niños y jóvenes. En breve conoceremos qué tanto cuadran las cifras del paquete económico 2019 y si, con lo mismo, se podrá hacer más o menos. ¿O viceversa?

Pie de página: Ya está publicada la Ley federal de remuneraciones de los servidores públicos y también aplica para las “instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo”. Eso dice la ley.

Control de la transparencia. ¿Qué cambiará de la rendición de cuentas?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 777. Noviembre 1, 2018. Pág. 5)

“Las evaluaciones de desempeño deben ser aplicadas a servidores públicos, líderes sindicales, dirigentes de partidos, diputados, senadores e incluso al presidente”. Eso fue lo que dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el “Encuentro internacional de educación inicial y preescolar”, realizado el pasado 19 de octubre. Las palabras pronunciadas fueron a propósito de su idea de cancelar la reforma educativa y la evaluación de profesores; lo ha reiterado en múltiple foros y entrevistas.

A los pocos días del resultado de las elecciones, el mismo AMLO dio a conocer los “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”. Un marco normativo preliminar que regulará la actuación de los funcionarios de la próxima administración y la relación con los ciudadanos.

Además, el presidente electo, desde la campaña electoral y a quienes se sumaron a ella, les dijo que se guiarían por tres principios: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”. Solicitó apego a los principios a quien participara. Más aún, también lo ha dicho AMLO en diversas ocasiones, el siguiente gobierno será un cambio de régimen, un nuevo modelo en el orden político, económico, cultural y social; una separación de los poderes político y económico. De ahí viene su idea de la cuarta transformación que experimentará la nación bajo su periodo.

No parece haber duda de que el nuevo gobierno será distinto; las cosas y la reglas podrían ser diferentes. Pero ¿qué tanto se modificará o qué ocurrirá con el intrincado y difícil entramado de normas que actualmente regula la vida gris de la administración pública? La intensa y necesaria función pública suma miles de leyes, normas y reglamentos, bajo las cuales regula un enorme volumen de planes, programas y acciones; y distribuye cientos de miles de millones de pesos que siguen rutas muy variadas.

Actualmente, existe un marco jurídico y político que delimita atribuciones, marca responsabilidades y establece obligaciones con implicaciones legales y públicas. Las reformas constitucionales han establecido las bases para la rendición de cuentas y los mecanismos de transparencia. Desde luego, como es claro, eso ha sido insuficiente, porque no ha impedido los errores, la ineficacia y el incumplimiento de los funcionarios públicos; tampoco los insultantes casos de corrupción que han protagonizado los servidores públicos de distintos niveles.

Sin embargo, no podemos ignorar los avances normativos, ni prescindir de la regulación. La pregunta es qué normas y procedimientos debiera seguirá la próxima administración. No son solamente las que marca la Constitución, como la separación de poderes, los informes de gobierno que anualmente debe rendir ante el Congreso de la Unión o la vigilancia que debe ejercer la Auditoria Superior de la Federación. También incluye los mecanismos más cotidianos que tienen lugar en las estructuras de la administración pública, aquellos que conectan diferentes dependencias y organismos, equilibran poderes e integran un laberinto de transparencia y rendición de cuentas.

Pensemos en el conjunto de valoraciones que deben observar los miles de programas de las distintas secretarías y organismos descentralizados. En general, como el punto de inflexión son los recursos públicos, ahí se establecen los candados para medir el desempeño y justificar los recursos. La manija la tiene la Hacienda Pública y la clave está en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Pef). No obstante, la cámara de diputados es la que aprueba anualmente el decreto del Pef y ahí se anotan las evaluaciones que se deben llevar a efecto.

Por ejemplo, en el Pef de este año se estipula que la evaluación de los programas de las dependencias y entidades, “se sujetará a lo establecido en la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, a los lineamientos emitidos por la Secretaría (Hacienda) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conveal), y a las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas instituciones” (artículo 25).

En cada dependencia se han instaurado estructuras, tiempos y formas para cumplir con esas y otras disposiciones. Organismos, personas y ciertas consultorías realizan el trabajo de valorar el desempeño de los programas y, por extensión, de los titulares de las dependencias. En la página electrónica del Coneval, por ejemplo, se puede ver una larga lista de evaluaciones de programas. ¿Las evaluaciones han tenido algún efecto para mejorar las acciones? Algunos, como advertir el incumplimiento de metas, la coherencia de los programas, la insuficiencia de logros, la eficacia de los recursos empleados, entre otros. Sin embargo, las consecuencias han sido menos notables.

Sin duda, necesitamos amplificar la transparencia del ejercicio gubernamental, pero a la par requerimos mejorar los mecanismos de control y sanción de su actividad.

Pie de página: Y aunque hubo años sin premio, en éste, en abril y en octubre, como es fin de sexenio, tuvimos dos veces la entrega de los Premios nacionales de ciencias, artes y literatura (2017 y 2018).

Conacyt. ¿Se reestructurará?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 776. Octubre 25, 2018. Pág. 5)

El actual periodo de transición ha sido raro, imprevisible e incómodo. A pesar de que muchas personas piensan que las ideas y propuestas del gobierno electo son muy claras, simples y reiterativas, no lo parecen y tampoco lo son. Tal vez lo certero fue tomar el pulso nacional, trazar las coordenadas de un diagnóstico general, pero no lo que pondrá en marcha ni las acciones específicas que tomará.

Sí, ahí está el “Proyecto de nación 2018 – 2024”. Sin embargo, fue un documento elaborado antes de que se conociera el resultado de las elecciones. Por lo demás, las intenciones ahí expresadas, tanto como el detalle de los programas mencionados, son sumamente preliminares; la articulación e integración del mismo documento es caótica y deficiente. Algunos de los mismos responsables e implicados han dicho que era una primera versión.

También fue el caso del sector científico y tecnológico. “El plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto de Alternativo de Nación (2018-2014) presentado por Morena”, firmado por María Elena Álvarez-Buylla, se conoció a las pocas semanas de que López Obrador la nombrara como futura titular del Consejo y antes de los comicios. No obstante, al poco tiempo, ya lo estaban rectificando. Al parecer, ahora, conserva el nombre y el contenido es otro.

Igualmente, están los “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”. Esos sí los pronunció Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, dos semanas después de ganar las elecciones. Sin embargo, fueron eso: indicaciones generales a observar en el ejercicio de su gobierno; sí, más claros y puntuales. Ahí quedó indicado a qué deberá atenerse la próxima capa de funcionarios.

En estas circunstancias, las intenciones declaradas de los próximos servidores públicos se han dedicado a interpretar lo que parece proponer el proyecto alternativo de nación y circunscribiéndose al hierro de austeridad y combate a la corrupción de los lineamientos generales. Las iniciativas han procedido más bien por ensayo y error.

De nueva cuenta, el sector científico y tecnológico es ilustrativo del caso. Lo ejemplifica el reciente intercambio epistolar entre las actuales autoridades de Conacyt y María Elena Álvarez Buylla, la próxima titular de ese mismo organismo (Campus Milenio No. 774). También las múltiples entrevistas y declaraciones de prensa sobre lo que piensa hacer en el siguiente periodo gubernamental.

Tal vez, en materia de ciencia y tecnología, algunas de las cosas que se podrían esperar es lo que expresó Álvarez Buylla en el foro legislativo “Conacyt: retos y perspectivas”. Después de todo, son las intenciones más recientes. Fue un encuentro encabezado por María Marivel Solís, presidenta de la comisión de ciencia, tecnología e innovación de los diputados, aunque la expositora dijo que fue invitada por Mario Delgado, el coordinador de la fracción de Morena. En el encuentro, relativamente reducido, también estuvieron presentes otros miembros de la misma comisión y algunos titulares de organizaciones del sector.

Uno de los puntos que Álvarez Buylla destacó fue la idea de contar con una política de Estado en la materia. Ese fue su punto de partida: “esta cuarta transformación debe transitar hacia la articulación efectiva de una política científica de Estado, con metas más claras a corto, mediano y largo plazo”. Lo reiteró y, al final, lo volvió a puntualizar. Sin embargo, se trata de un propósito que se busca desde fines de los años noventa. De hecho, en la reforma a la ley del sector de 2002 se establecieron media docena de puntos de lo que se consideró debieran ser las bases de una política de Estado (véase el artículo 2).

Otro aspecto que también mencionó fue la eventual reestructuración del Conacyt. El organismo que, como ya se ha publicitado, cambiará de nombre y ahora le añadirán una “H” (de humanidades para convertirse en Conahcyt). Por cierto, sobre esto último, en la iniciativa de ley orgánica de la administración pública federal, presentada por Mario Delgado la semana anterior, no está considerado el cambio de nombre.

El asunto es que la reestructuración a la que se refirió Álvarez Buylla fue al acoplamiento del organismo a los lineamientos del proyecto alternativo de nación 2018 - 2014. Lo cual significa, en sus palabras, la descentralización del desarrollo científico y tecnológico en dos polos. Uno que estará ubicado en Baja California y otro que permanecerá en Ciudad de México. Seguramente algo parecido ocurrirá con la propuesta de descentralización en el resto dependencias.

También mencionó la puesta en marcha de 10 primeros programas nacionales estratégicos, la necesidad de condiciones y más recursos financieros, pero también de un manejo transparente y austero. Y algo más que seguramente valdrá la pena analizar en detalle: la modificación de los criterios de evaluación de evaluación del quehacer científico.

Sí, el Conahcyt se reestructura, lo que está por verse es si será nominal o profundamente.

Pie de página: La Academia Mexicana de Ciencias, ante el ensayo y error, en desplegado público reitera su propuesta: “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018 -20124”.

Corrupción y prosperidad. La bondad de lo ilícito

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 775. Octubre 18, 2018. Pág. 5)

Un incremento en los recursos que reciben las dependencias gubernamentales o una mejora repentina de su infraestructura son siempre festejados. Sin embargo, no deja de ser perturbador e inquietante que la prosperidad provenga de lo ilícito. No es un asunto excepcional ni reciente. La creciente cantidad de bienes incautados o las sanciones impuestas van en aumento y lo estremecedor es que nos permiten asomarnos a esa ventana de la degradación social y tener un panorama que no queremos ver. Una dimensión de la corrupción, la impunidad y las graves fallas institucionales.

A nivel nacional, la primera vez que escuchamos hablar de “El Faunito” fue en 2016, a propósito de los escándalos de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Así se llama un fastuoso e impresionante rancho de alrededor de seis hectáreas, localizado en la carretera Fortín-Orizaba y sitio preferido de descanso de Duarte. El exmandatario, ahora preso, tuvo que abandonar el lujo y el confort para darse a la fuga. Después nos enteraríamos que tenía (¿o tiene?) cientos o miles de bienes dispersos en el territorio nacional y en el extranjero.

Ahora, de nueva cuenta, El Faunito vuelve a ser motivo de atención pública. El gobernador actual de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, entregó en comodato esas instalaciones al Instituto Nacional de Ecología y al Conacyt para consagrarlo a “la ciencia, la cultura y el arte”. Así lo dijo el mandatario veracruzano y sí, seguramente será todo un privilegio contar con esa propiedad.

Seguramente, usted, estimado lector, debe recordar una situación relativamente parecida a la del rancho veracruzano. Fue en el sur de la Ciudad de México y ocurrió casi lo mismo con las instalaciones que actualmente ocupa la Academia Mexicana de Ciencias. La propiedad, conocida como “El Partenón” y también de más de seis hectáreas, perteneció a Arturo Durazo Moreno, exjefe de policía capitalino en el periodo de José López Portillo y acusado de graves y documentados casos de corrupción. Era el comienzo de los años ochenta y la “renovación moral” estaba en marcha. Pero no, nunca llegó.

Al paso del tiempo, tal vez los funcionarios públicos habrán refinado sus gustos, porque la mayoría coincide que El Faunito, a diferencia de “El Partenón”, por su diseño arquitectónico, decoración, instalaciones y obras de arte que contenía, es “elegante” y “distinguido”. Sin embargo, lo cierto es que ambos son uno de los productos más acabados de la insultante corrupción, el saqueo público, la desmesura y la ostentación.

En una escala menor, también están las sanciones que el Instituto Nacional Electoral le impone a los partidos políticos. Desde el 2005, en el Presupuesto de Egresos de la Federación queda establecido que el dinero recaudado por concepto de multas o sanciones a las fuerzas políticas sea canalizado directamente al Conacyt. La entrega sigue un procedimiento relativamente dilatado e incierto, tanto por la intervención de Tesorería de la Federación como por los recursos de inconformidad que interponen los partidos y cuya resolución puede demorar; no obstante, los recursos han sido crecientes y variados.

Por ejemplo, uno de los informes del Instituto Nacional Electoral, muestra que en 2014 el monto de las cantidades retenidas a los partidos fue de poco más de 9.5 millones de pesos. Sin embargo, para 2015 y 2016  se incrementó a 286 y 228 millones de pesos, respectivamente. En ese periodo, sumaron un total de 523.6 millones de pesos, mientras que al comienzo no sobrepasaban las decenas de millones pesos.

En estas circunstancias, a algunas autoridades del sector científico y tecnológico, no les parece nada mal que los partidos cometan infracciones, porque, después de todo, se transmutarán en recursos canalizados directamente. A su vez, el cálculo de los partidos políticos es que las sanciones, en comparación con lo que obtienen, valen la pena y, además, tienen el recurso de la impugnación. Un juego en el que aparentemente todos ganan, hundiendo la vida institucional.

Desde luego, ante una realidad que se impone, es preferible que los bienes incautados o el monto de las sanciones sean destinados al desarrollo de actividades de verdadero interés público. Sin embargo, eso no cambia que se trata de hechos que no debieron ocurrir. No es de ahora ni es de ayer. En los tiempos recientes, tenemos casi cuarenta años tratando contener la corrupción y la impunidad.

Al comienzo, los bienes decomisados se canalizaban a las mismas instituciones encargadas de la procuración de justicia o la investigación policiaca. Sin embargo, el volumen de propiedades y recursos es tan creciente que se necesitó una paraestatal para administrar y liquidar los bienes (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes). Decenas o cientos de bodegas para almacenar los bienes en un laberinto de oficinas y burocracia.

En fin, no hay duda de que se requiere un incremento en el presupuesto e infraestructura  para ciencia y tecnología, como para cualquier dependencia, pero llevarlo a efecto no debiera ser por los peores motivos.

Pie de página: El conflicto en el proceso entrega-recepción en el Conacyt no amaina y pues sí, de un lado, los datos tendrán que ser absoluta y totalmente transparentes, del otro, las intenciones explicadas detalladamente.

Continuidad en ciencia y tecnología. Cartas de terciopelo rugoso

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 774. Octubre 11, 2018. Pág. 4)

El más reciente episodio sobre el proceso de entrega-recepción de los asuntos del Conacyt fue un error y podría ser atribuido a la inexperiencia política y administrativa de la próxima titular del organismo, María Elena Álvarez Buylla. Sin embargo, también anticipa la oposición que enfrentará cualquier intento de modificar las estructuras de funcionamiento del sector y tensiones no resueltas en la conducción del organismo.

Los hechos son relativamente conocidos. Al inicio de este mes comenzó a circular en redes sociales un oficio, firmado por Álvarez Buylla y fechado el 24 de septiembre, en el que solicitaba al actual director del organismo rector de la política científica y tecnológica, Enrique Cabrero, la suspensión de “toda convocatoria abierta dentro del Conacyt que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes, y que haya sido emitida después del 31 de julio”.

La información rápidamente se expandió en las redes y los impulsos eléctricos llegaron a todos aquellos que participan en los fondos concursables de Conacyt. Comenzaron a preguntar e inquietarse los becarios de posgrado, los aspirantes a una cátedra del organismo, también los investigadores nacionales y los que pensaban participar o tienen en marcha una solicitud para proyectos de investigación de fondos sectoriales o mixtos, entre muchos otros. El rechazo fue evidente.

Álvarez Buylla, ante el curso de los acontecimientos, difundió el 2 de octubre, en las mismas redes, una carta, ahora dirigida a la comunidad académica, para aclarar varios puntos. En primer lugar, indicaba que había elementos que sugerían que el “oficio se filtró desde dentro de Conacyt, sin que advirtamos ahora la pretensión de dicho acto” y exhortaba al titular de la dependencia a realizar una investigación y deslindar responsabilidades. Además, subrayó que había solicitado suspender pero no cancelar las convocatorias. Lo reiteró en todos los medios.

Por último, Conacyt difundió el 3 de octubre un comunicado (74/18), sin la firma del titular, para responder a las dos cartas e informar básicamente que había celebrado más de 25 reuniones con el equipo de Álvarez-Buyllá (sic) y todas habían sido armónicas y constructivas. Sin embargo, puntualizaba que no suspendería ninguna convocatoria porque incurriría en faltas administrativas. Y añadió que la difusión del oficio, supuestamente filtrado, estaba en el supuesto del artículo 3 de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública, pero que revisaría si el oficio fue dado a conocer por personal de la dependencia.

Así las cosas. ¿Por qué fue un error de Álvarez Buylla? La preocupación porque los recursos financieros de la siguiente administración quedaran atados es justificada. Sin embargo, no solamente invocó, por escrito, erróneamente, una norma que no la faculta para suspender nada (el artículo 61 de los Lineamientos generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción), también porque pudo dirimir o precisar esa solicitud en las múltiples reuniones de los equipos de trabajo. No lo hizo. Y el mismo error y la misma responsabilidad tiene el Conacyt. Así que tal vez las reuniones de los equipos han sido ríspidas, más que “armónicas y constructivas”.

La reacción que generó la posibilidad de suspender las convocatorias de los principales programas del Conacyt es una muestra de la resistencia que tendrá cualquier giro en la conducción del organismo. En el ángulo de los dineros, son los llamados programas tradicionales y representan la mayor proporción de su presupuesto. Por ejemplo, el programa de becas tiene una participación relativa de casi la tercera parte en el presupuesto del Conacyt; los Centros Públicos de Investigación tienen otra tercera parte; un 13 por ciento va para el presupuesto del Sistema Nacional de Investigadores y quedará muy poco si sumamos la proporción de financiamiento para proyectos.

Añadamos que el margen de maniobra presupuestal del Conacyt es limitado. Desde el año 2004, con la creación de un rubro de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (el ramo 38) el organismo ha intentado ampliar un control paulatino del gasto que realizan las diferentes secretarías. No obstante, ha sido precisamente en esta administración cuando su control ha disminuido: en el gasto federal de ciencia y tecnología pasó de ejercer un 43 por ciento en 2012 a un 34 por ciento en este año.

Otro asunto es la continuidad de las políticas en el organismo. Desde 1999, con el cambio en la normatividad del sector, quedaron establecidas las principales líneas que habría de seguir. No se modificaron con la alternancia del 2000, tampoco con la administración que inició en 2006 y ni siquiera cuando regresó de nueva cuenta el PRI en 2012. A pesar de que en esta última gestión, al comienzo del periodo, anunció grandes planes y un nuevo diseño institucional para el sector. Hoy podemos constatar que las líneas siguieron igual.

¿Los planes podrían ser diferentes en la próxima administración? Tal vez en el papel, pero esperemos a conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año siguiente.

Pie de página:  ¿Cuándo conoceremos el resultado de la revisión del proceso desde que el documento se entregó en la Oficialía de Partes de Conacyt? ¿Cuando sea Conahcyt?

5 de octubre. ¿Confeti para la docencia?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 773. Octubre 4, 2018. Pág. 5)

La desigualdad de oportunidades educativas, la evaluación del desempeño, la calidad de los aprendizajes o la ampliación de la cobertura han aparecido reiteradamente como temas clave de la agenda educativa. Sin embargo, los docentes, a pesar de que no figuran centralmente en el debate actual, debieran ocupar una posición sobresaliente en la lista de pendientes y en el curso de las iniciativas. Después de todo, son uno de los principales destinatarios de la reforma educativa todavía en marcha y si la idea es expandir el sistema, seguramente formarán parte de las acciones del próximo gobierno.

A nivel nacional, desde hace aproximadamente un siglo, el 15 de mayo está dedicado a celebrar al maestro y es la ocasión para el reconocimiento de su labor o para recordar su problemática. El día después, sin embargo, nada más ha quedado el confeti de los festivales. El 5 de octubre de 1966 dos organizaciones internacionales aprobaron el documento: Recomendación conjunta de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la UNESCO relativa a la situación personal docente. A partir de 1994 la fecha de aprobación quedó como “El día mundial del docente”.

La serie de recomendaciones emitidas hace más de medio siglo, en particular sobre la situación del personal docente de educación básica, tanto de planteles públicos como privados, destaca derechos y responsabilidades que siguen siendo objeto de controversia y aspiración en muchos casos. Incluye una docena de aspectos: el asunto de la contratación; la seguridad laboral; la formación inicial y permanente; la supervisión; o la libertad de cátedra, entre otros.

Uno de los principios que anima el documento indica: “Debería reconocerse que el progreso de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador”. Un enunciado que frecuentemente es invocado en el discurso de las políticas para el sector, pero que pocas veces se endereza exitosamente en las medidas que se ponen en marcha.

En el mismo documento, como parte de las libertades profesionales recomienda: “Todo sistema de inspección o de supervisión debería ser concebido con el objeto de estimular y ayudar al personal docente para el mejor cumplimiento de sus tareas profesionales y para evitar que sea restringida la libertad, la iniciativa y la responsabilidad del personal docente” (VIII. 63). No obstante, en general, los sistemas han enfatizado más bien una calificación sumativa del desempeño de los docentes.

La misma UNESCO, hace casi dos décadas, emitió otro documento con un contenido similar al de 1966, pero referido a los docentes de educación superior y en el que se consideran temas críticos como la autonomía, la rendición de cuentas, la libertad de cátedra o la evaluación (Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior, 1997).

En la serie de recomendaciones que realiza la UNESCO destaca la autonomía como condición de la libertad académica y requisito para el desempeño del personal docente. Sin embargo, dados los recursos públicos que reciben y las responsabilidades que asumen, también señala la obligación de rendir cuentas y actuar con transparencia.

También, en materia de evaluación, recomienda que las instituciones deben garantizar que la función central de los procesos de evaluación “sea el desarrollo de las personas de acuerdo con sus intereses y capacidades”. Además, precisa que los criterios de valoración deben ser estrictamente académicos y contar con el derecho a recurrir a un organismo imparcial ante evaluaciones injustas.

Los rasgos del personal docente, sus procesos de conformación, volumen y retos varían en las distintas naciones, aunque en todas ellas requiere condiciones y garantías para su desempeño. Las recomendaciones de UNESCO no son vinculantes y el panorama actual no solamente difiere del que existía hace medio siglo, incluso del que se advertía hace apenas dos décadas.

La relativamente reciente Ley del servicio profesional docente, lo entiende como: “Al profesional en la Educación Básica y Media Superior que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos en la Escuela y, en consecuencia, es responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo” (artículo 4, fracción XXV).

Los datos del último informe de gobierno muestran que el volumen total de profesores en México (desde preescolar hasta posgrado) suman 2.1 millones, en cifras redondas (en el 2000 sumaban 1.5 millones). El reporte de la OCDE, como información que también vale la pena tener en cuenta sobre la docencia, dice que en la década pasada se ha ampliado la brecha de género en educación primaria y secundaria, pero se ha estrechado en educación superior (EatG, 2018: 396).

¿Seguimos ignorando la actividad docente en el debate público?

Pie de página: El largo periodo de transición decantará los equipos del próximo gobierno. El propuesto para Conacyt, con su inopinado oficio de cancelación de convocatorias, se sigue asomando al precipicio.