¿Nueva política de becas?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

 

Desde la creación de Conacyt, hace más de cuarenta años, se ha sostenido el programa de becas de posgrado. Tal parece que hoy, el programa, acicateado por los ajustes presupuestales, metas autoimpuestas y los vientos de la internacionalización, incluirá cualquier modalidad de apoyo y tipo de estudios para alcanzar un número prometido.

 

Fuente: CONACYT

Una y otra vez lo hemos dicho en este mismo espacio: la política de becas para estudios superiores del Estado mexicano ha sido sumamente generosa y benevolente. A pesar de inconsistencias, vicisitudes y errores, el respaldo de Conacyt ha sido decisivo para incrementar el número de profesores con estudios de posgrado en el mercado académico.

 

 

Las cifras sobre el número de becas otorgadas durante los primeros 30 años del programa son inciertas y poco confiables. Los cálculos oficiales dicen que entre 1971 y 2000 se financiaron con recursos públicos poco más de 100 mil becas. De ese total, dice la misma fuente, tres cuartas partes fueron para estudios en instituciones nacionales y la parte restante en instituciones extranjeras.

 

A la vez, del total de becas otorgadas durante el periodo de referencia, casi dos terceras partes fueron para realizar estudios de maestría y el resto para estudios de doctorado. También, nueve de cada diez fueron becas completas. Es decir, el apoyo otorgado incluía inscripción, colegiatura, monto mensual y seguro médico durante el tiempo de duración de los estudios. Las becas parciales, como su nombre lo indica, solamente incluían uno u otro componente.

 

Fuente: konradlorenz.edu.co

Independientemente de la confiabilidad de los cálculos sobre el número de becas durante los primeros 30 años y su correspondencia con las características del mercado académico en el mismo periodo, parece innegable que el apoyo para los estudios de posgrado se concentraron mayoritariamente en becas completas, en el nivel de maestría y en instituciones nacionales. Hoy se dice que se alcanzarán las mismas 100 mil becas en cuatro años.

 

Durante los años noventa las cifras sobre el programa de becas son relativamente inestables, tanto por los altibajos de los recursos públicos como por la idea que estaba en ese momento de reordenar la base de datos. Sin embargo, se supone que las becas vigentes pasaron de poco más de 2 mil en 1990 a poco más de 18 mil en el año 2000, con tasas de crecimiento muy irregulares.

 

A partir del año 2000 –se supone que existe mayor certeza sobre las cifras y el manejo de la base de datos, aunque el informe general más reciente de Conacyt es de 2012—, de modo que el número pasó de 18 mil a más de 54 mil becas vigentes para el año pasado. De ese total, más del 60 por ciento son para maestría y alrededor del 10 por ciento para estudios en el extranjero.

 

El asunto es que con la creación del Foro Bilateral México-Estados Unidos sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) en mayo del 2013, está la idea de que México enviará a Estados Unidos a 100 mil estudiantes y recibirá a 50 mil estadounidenses en México para el 2018 (véase CampusMilenio No. 530).

 

Fuente: foroconsultivo.org.mx

Sin embargo, desde que el gobierno federal anunció el recorte presupuestal, la mayoría de dependencias, incluido Conacyt, ajustaron sus programas y recursos. Y, al mismo tiempo, tienen la tenaza de cumplir los compromisos anunciados. En el caso del programa de becas, los titulares de Educación, Relaciones Exteriores y Ciencia y Tecnología, han anunciado la celebración de diferentes convenios y el otorgamiento de múltiples becas –revisaremos las cifras próximamente.

 

Fuente: debate.com.mx

Una de las novedades que destaca es la iniciativa de enviar al extranjero, y particularmente a Estados Unidos, a estudiantes de posgrado a estancias cortas de un mes, con diferentes propósitos (Reforma 15.03.2015). La idea, dicen las autoridades, es que los jóvenes puedan enriquecer su formación, perfeccionar una segunda lengua, aprovechar la estancia para seleccionar una universidad para sus estudios posteriores o conocer a algún profesor destacado.

 

No es mala idea diversificar las modalidades de movilidad estudiantil; diferentes países lo han intentado y lo fomentan. Sin embargo, también es cierto que un mes es totalmente insuficiente para un auténtico aprendizaje e intercambio. Pero quizás lo más grave sería que, en un contexto de recursos escasos y de suma cero, se modificara completamente la distribución de apoyos para cumplir con la meta del FOBESII y se descuidara o disminuyera francamente la formación de recursos de alto nivel. Muy lamentable.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 601. Marzo 26, 2015, p.5)

 

 

 

El género en la agenda pública

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

 

Fuente: Sectur

Una de las novedades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas sectoriales de la actual administración fue el establecimiento de estrategias transversales que permitirían alcanzar el gran objetivo y las cinco metas nacionales que se trazaron. Las estrategias anunciadas fueron: Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y Moderno; y Perspectiva de Género. En los documentos quedó especificado que las estrategias transversales serían observadas por “todas las dependencias y organismos” y estarían reflejadas e integradas en las metas nacionales que se propusieron.

 

No es la primera vez que se manifestaba un interés por atender los asuntos de género en el marco de las políticas públicas. Múltiples y variadas iniciativas nacionales se han llevado al terreno de los hechos en la historia reciente, aunque todavía de forma insuficiente. No obstante, sí fue una novedad que apareciera como estrategia transversal en los documentos programáticos de la administración pública.

Fuente: pamplona.es

El hecho de que aparezca la perspectiva de género en los programas sectoriales, a diferencia de las otras dos estrategias, es una expresión de la larga y continuada lucha de los grupos feministas nacionales e internacionales por colocar el tema como un asunto de interés público y llevarlo a la cabeza de la agenda gubernamental.

 

Incluso, a partir de que la perspectiva de género quedó anunciada como estrategia transversal en el PND, el gobierno federal planteó que se formularía el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad). Un programa relativamente sustituto de la administración anterior, denominado Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012.

 

El programa actual se dijo que estaría dirigido a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres “utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto con perspectiva de género, para contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres” (DOF. 30.08.2013).

 

El programa sectorial de educación, como la mayoría de programas, propuso 15 líneas de acción, entre las que se contaban: el desarrollo de protocolos y códigos de acceso para la prestación de servicios sin discriminación en contra de las mujeres; impulso a la paridad en la asignación de puestos directivos tanto a nivel municipal, como estatal y federal; incremento en la participación de las mujeres en las diferentes etapas de los programas y proyectos de los que son beneficiarias; eliminar el lenguaje sexista y excluyente de la comunicación gubernamental; fomentar la expedición de licencias de paternidad, responsabilidades domésticas y cuidados; y desarrollar protocolos para la detección y denuncia de violencia hacia las niñas y mujeres, entre otras acciones.

 

A nivel normativo los avances parecen indudables. Nada menos, desde abril del año pasado, el ISSSTE debe otorgar permisos de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los trabajadores, tanto por el nacimiento de sus hijos como por la adopción. Igualmente, en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del año pasado quedó establecido que los partidos políticos deben garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales (artículo 232 y ss).

 

Por supuesto, una cosa es lo que dice la norma, otra que se conozca y otra más que se aplique. El derecho a solicitar licencia de paternidad puede estar vigente, pero el trabajador puede no saber de su existencia o incluso tener reticencias para buscarla. En el caso electoral, como ha quedado constancia, una vez cubiertas las cuotas de elección, los partidos políticos se las “ingenian” con permisos y sustituciones para torcer las reglas.

 

Desde el sexenio pasado y año con año se incrementan los recursos públicos para los asuntos de género. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se etiquetan recursos para incorporar la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de programas de la administración pública federal. Según los datos oficiales, en este año los recursos alcanzarán un monto de 21 mil 522 millones de pesos y se distribuirán en más de un centenar de programas. Un monto importante.

 

Fuente: Universia

La expansión del sistema educativo ha registrado, paulatina e inexorablemente, el ingreso de un mayor número de mujeres, primero en la base del sistema y luego en los niveles subsecuentes hasta alcanzar la paridad en el nivel superior. Por supuesto, en materia de rezago educativo, la proporción de mujeres que están esa condición es mayor (superan en seis puntos porcentuales a los hombres) y lo mismo ocurre en los indicadores de analfabetismo (de los cinco millones que no saben leer ni escribir, seis de cada diez son mujeres).

 

Desde hace una década, la paridad en la Tasa Bruta de Escolarización (TBE) en educación media superior ya era un hecho (37.1 por ciento hombres y 37.3 por ciento mujeres); aunque en superior las mujeres todavía estaban casi dos puntos porcentuales abajo (14.6 ellos y 12.8 ellas).

 

Las estimaciones para el ciclo escolar 2014-2015 anotan que la TBE de mujeres en media superior rebasa a la de los hombres: 68.8 por ciento y 67.3 por ciento, respectivamente. En superior, en el mismo ciclo escolar, la misma tasa sigue favoreciendo ligeramente a los hombres, aunque la diferencia se ha reducido a un punto porcentual, respecto de hace una década: 34.8 por ciento hombres y 33.8 mujeres (Anexos estadísticos del Segundo Informe de Gobierno, 2014: 224).

 

Según se puede advertir, la tendencia de la TBE en media superior se incrementará y, en consecuencia, seguramente ocurrirá lo mismo en el nivel superior. Sin embargo, si consideramos la matrícula total en el nivel superior, a nivel nacional ya se ha alcanzado la paridad y en muy pocas entidades el porcentaje es desfavorable para las mujeres.

 

En el ciclo escolar 2012-2013, solamente Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán estaban por debajo de la paridad (48 por ciento mujeres y 52 por ciento hombres). Mientras que en otras 13 entidades la matrícula de mujeres superaba a la de los hombres (entre 51 y 54 por ciento favorable a las mujeres). En el resto de entidades la matricula se dividía casi en partes iguales.

 

La paridad en la matrícula es una tendencia que se aprecia en diferentes países. El Informe más reciente de Iberoamérica (CINDA 2011) muestra que a partir de los años noventa, las mujeres que se matricularon en instituciones de educación superior aumentaron casi dos veces más rápido que los hombres. Por tanto, en la mayoría de países, actualmente la mitad o más de la matrícula corresponde a las mujeres, salvo los casos de Bolivia, Chile y Colombia que tienen una matrícula ligeramente por abajo del 50 por ciento.

 

En la educación superior, como lo ha comentado Roberto Rodríguez, la dinámica de expansión del sistema ha sido doble: una feminización y una desmasculinización de la matrícula. También es cierto que, desde hace décadas, la literatura ha documentado que las mujeres, en comparación con los hombres, tienen mayores dificultades para pasar de un nivel educativo a otro, pero una vez inscritas en un determinado nivel, lo concluirán en mayor proporción que los hombres y su desempeño será consistentemente mejor.

 



Las tasas de abandono escolar de los hombres han sido sistemáticamente más altas en los diferentes gados, lo mismo que los índices de reprobación. También las diferencias de promedios de calificación y tasas de graduación. A este respecto, un reciente y primer estudio exploratorio de la OCDE, disponible en su sitio web, (The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence) trata de precisar la causas de las diferencias de desempeño en las y los jóvenes de 15 años (los del examen PISA).

 





Fuente: OECD

Los resultados del estudio señalan que, desde luego, las disparidades de género en el desempeño no se deben a diferencias innatas de aptitudes, sino más bien de actitudes hacia el aprendizaje, de ciertos comportamientos que expresan en la escuela, hábitos y formas de distribuir su tiempo.

 

Los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres no han sido gratuitos, fáciles ni rápidos, pero son innegables en comparación con lo que ocurría hace apenas una o dos décadas. Tampoco quiere decir que la agenda de género ya está resuelta; hoy tenemos nuevos escenarios y un horizonte incierto. En este año se revisarán los compromisos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995, la ocasión será propicia para una amplia revisión de la agenda y un balance de la estrategia transversal.

 

 

 

 

(Publicado en Campus Milenio No. 600. Marzo 20, 2015, p.6)

Los convenios con el Reino Unido

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

 

 

Al parecer, al comienzo, hace casi dos años, solamente se trataba de intensificar un intercambio en materia educativa y cultural entre México y el Reino Unido sobre bases que ya están en operación. Sin embargo, al poco tiempo se planteó que el intercambio se podría ampliar a otros ámbitos y de ahí se pasó a declarar que este sería el año dual: “México en el Reino Unido” y el “Reino Unido en México”. Probablemente se quedé en su idea inicial, aunque uno de los acuerdos firmados recientemente podría ser de mayor relieve.

 

Fuente: embamex

El año dual se estableció como una forma de impulsar intercambios, establecer negocios y firmar acuerdos, incluyendo el comercio, la inversión, el turismo, la educación, la ciencia y la innovación. La propuesta fue formalizada en junio del año pasado por el secretario de Relaciones Exteriores de México José Antonio Meade y el entonces Primer Secretario de Estado y Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores del Reino Unido William Hague (Comunicado 242. SRE).

 

El comité organizador quedó a cargo de los funcionarios de las dos instancias firmantes y acordaron que cada país establecería tres grupos de trabajo: a) artes e industrias creativas; b) educación, ciencia e Innovación; y c) comercio, inversión y turismo para ambos países. Seguramente integrados por los titulares de los sectores correspondientes, aunque públicamente no se sabe si funcionan y menos quiénes forman parte de esos grupos.

 

En lo que va del año, casi cualquier acción de intercambio entre ambas naciones se ha enmarcado en el año dual, la mayor parte sobre asuntos artísticos y culturales y unas cuantas sobre comercio e inversión. Sin embargo, la reciente visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto (EPN) al Reino Unido podría relanzar la idea de darle mayor contenido y estructura normativa a los convenios.

 

Una buena parte de analistas, tanto en México como en el Reino Unido, coincidieron en señalar que el objetivo de EPN al visitar el Reino Unido era atraer inversión al país, tratar de explicar las bondades de las reformas en marcha y, sobre todo, intentar recuperar la imagen perdida en la crisis de confianza que se ha expandido al interior y exterior.

 

No obstante, en el recuento oficial se destaca que se firmaron siete documentos de cooperación: seis sobre asuntos educativos y otro sobre cultura y turismo. En realidad, de los concernientes a educación, el más sobresaliente es el “Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos”.

 

Tienen su importancia los acuerdos para establecer dos cátedras (la Itinerante México-Reino Unido y la asociada a literatura hispanoamericana), así como las cartas de intención para un programa conjunto de Estudios sobre México en la Facultad de Historia en la Universidad de Oxford, el memorándum de entendimiento entre universidades de las dos naciones o el de cooperación académica con el King’s College London. Pero de efectos están relativamente localizados.

 

Por el contrario, el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos, en principio, permitirá que ambos países reconozcan sus respectivos estudios de nivel licenciatura, maestría, doctorado, diplomas y/o grados académicos, lo cual facilitaría no solamente la movilidad de estudiantes, también otorgaría cierta homogeneidad en lo concerniente al tipo de estudios, formas de inscripción, duración de estudios o las opciones de titulación.

 

Además, si se reconocen mutuamente títulos y grados, también podría permitir la movilidad de profesionales y técnicos, lo cual tendría mayores efectos, dado que es el punto sensible en la mayoría de las disposiciones legales y en los acuerdos comerciales de servicios profesionales.

 

También podría evitar lo que ocurrió con los espeleólogos ingleses en México en marzo del 2004. ¿Lo recuerda? Fue un grupo de seis espeleólogos británicos que exploraban cuevas en Cuetzlan, Puebla, y debido a una lluvia continua que se desató en esos días quedaron atrapados y en una situación sumamente riesgosa en las cavernas.

 

El asunto suscitó toda clase de especulaciones, desde el tipo de exploración que hacían los ingleses hasta el material que en realidad buscaban, pero el incidente reveló que no contaban con las visas adecuadas ni tampoco habían notificado a la autoridad local ni nacional de su trabajo. El gobierno mexicano tampoco tenía un registro de tales actividades.

 

En fin, como sucede con varios de los convenios internacionales, tal vez se quede solamente en las fotos o sea sumamente restringido. Ojalá que no.

 

 

(Publicado en Campus Milenio No. 599. Marzo 12, 2015, p.5)

Las mujeres… 20 años después

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

En el foro de alto nivel de la semana pasada, realizado en Santiago, auspiciado por el gobierno chileno y ONU Mujeres, se puso de relieve que, dos décadas después de la puesta en marcha de la Plataforma de Acción de Beijin, la búsqueda de igualdad de género ha sido lenta e irregular.

En 1995, casi dos centenares de representantes de gobierno, dejaron asentado en el punto 35 de la Declaración de Beijin su decisión de: Garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos económicos, incluidos la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación profesional, la información, las comunicaciones y los mercados, como medio de promover el adelanto de las mujeres y las niñas y la potenciación de su papel, incluso mediante el aumento de su capacidad para disfrutar de los beneficios de la igualdad de acceso a esos recursos para lo que se recurrirá a, entre otras cosas, la cooperación internacional.

El fin de siglo de aquellos años y el inminente comienzo de lo que parecía una promisoria nueva época, era la fecha emblemática para buscar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ese fue el objetivo de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en septiembre de 1995 en Beijin, en la cual se elaboró un amplio y robusto documento (“Declaración y Plataforma de Acción”) que sigue siendo el punto de referencia para las iniciativas en la materia.

La Plataforma de Acción está dividida en una docena rubros, a los que llamaron “esferas de especial preocupación”, con asuntos como la pobreza o  la violencia que afecta mayormente a la mujer, o bien el desigual acceso a los servicios de salud, educación, lo mismo que su participación en medios y posiciones de toma de decisión, entre otros. En cada esfera se incluyó un somero diagnóstico, así como múltiples y variados compromisos.

Ahora, 20 años después, en el foro de Santiago, el grupo de mujeres ahí reunidas destaca que persiste la desigualdad y declaró que, al ritmo que hoy tiene, lograr la paridad de género en el lugar de trabajo tomaría otros 80 años y más de 30 años para un equilibrio entre hombres y mujeres en los puestos de toma de decisión.

Tal parece que los avances, aunque con una mejoría respecto a lo que ocurría hace 20 años, siguen siendo poco satisfactorios y con algunas diferencias notables. Por ejemplo, en el tema de la educación y capacitación de la mujer, en la declaración de Beijin, en 1995, se destacó que alrededor de 100 millones de niños (por lo menos 60% eran niñas) no tenían acceso a la educación primaria y de alrededor de 960 millones de adultos eran analfabetos (dos terceras partes eran mujeres), en buena medida concentrados en África subsahariana y algunos Estados árabes.

También hicieron notar los sesgos de género en los programas de estudio de las ciencias y algunas de las dificultades con los libros de texto sobre ciencias, como la escasa relación con la experiencia cotidiana de niñas y mujeres, así como el escaso reconocimiento a las mujeres científicas.

En consecuencia, se establecieron algunos compromisos, entre otros: asegurar la igualdad en el acceso escolar, lo mismo que eliminar el analfabetismo en las mujeres e incrementar su acceso a la formación profesional, la educación permanente, la ciencia y la tecnología.

UNESCO (2do Informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos, 2013, p. 18) señala que en el 2011 existían 774 millones de personas analfabetas, de las cuales el 63.8 por ciento eran mujeres. Es decir, respecto de 1995, los números absolutos de personas analfabetas disminuyó, pero en términos relativos las mujeres casi siguieron conservando la misma posición (dos terceras partes del total).

Al final de la década pasada, a nivel mundial, la mayoría de países había logrado la paridad entre los géneros en el ingreso a la educación primaria, aunque lo cierto es que las tasas de admisión de las niñas son considerablemente más bajas en las dos regiones que ya estaban identificadas hace 20 años: África subsahariana y Asia Meridional y Occidental (UNESCO. Compendio Mundial de la educación 2010, p. 31).

Los avances y las mejoras en la vida de las mujeres ha sido importante en estos últimos 20 años, al igual que el mayor reconocimiento y respeto a sus derechos que han logrado. Pero, ciertamente, por un lado, persisten algunas desigualdades que solamente pueden deberse al género. Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijin se propuso una igualdad de género en todas las dimensiones.

Valdría la pena un examen más pormenorizado de los datos y las circunstancias de cada caso. La paridad de género alcanzada en las cifras de matrícula en educación superior en México serían un buen ejercicio.

(Publicado en Campus Milenio No. 598. Marzo 5, 2015, p.5)

Los servicios en las IES

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter:@canalesa99

En múltiples casos, ha sido evidente que las instituciones contratistas fungen como meros comisionistas, que, con su intervención, permiten adjudicaciones directas a terceros, que se realizan al margen de las disposiciones legales, alejándose así del espíritu de la norma.

Además, quiénes participan como contratistas, en muchos casos, actúan fuera del objetivo social que tienen encomendado. El caso más frecuente se refiere a universidades públicas, cuyos fines esenciales son la enseñanza y la investigación, y no así la prestación de servicios, ya sea de adquisiciones, obras públicas, asesorías, o hasta de contratación de mano de obra para terceros (p. 71-2)

Los párrafos previos son el registro de algunas de las anomalías sobre adquisiciones, contrataciones o inversiones que detectó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en su Informe General de la cuenta pública 2013 y que entregó a la Cámara de Diputados la semana anterior.

Por un lado, la ASF está reportando una práctica que puede estar dentro del marco legal, pero que es indebida porque se está apartando del “espíritu de la norma”. Por otro lado, y tal vez se trata de un asunto más complicado de resolver, plantea el problema de qué tanto deben y pueden apartarse las universidades de los fines centrales de enseñar e investigar para adentrarse en la vorágine de las consultorías, la prestación de servicios y el timbre de la caja registradora.

No olvidemos que la reforma de 2009 a la ley de ciencia y tecnología permite crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento a las universidades e instituciones de educación pública superior y a los centros públicos de investigación (artículo 40 Bis).

Además, la cámara de diputados aprobó el año pasado una nueva modificación al artículo de referencia para expandir la misma facultad a otras entidades de la administración pública que realizan labores de investigación científica y tecnológica, así como una modificación más a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que puedan realizar actividades de vinculación y reciban los beneficios correspondientes.

La minuta con la iniciativa está en la Cámara de Senadores y a la espera de un dictamen (Campus Milenio No. 590). Seguramente en el actual periodo pasará al pleno para su ratificación y estaremos ante un ajuste normativo más para permitir asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación, transferencia de conocimiento, comercialización de derechos, entre otras prácticas.

Ahora, antes de que la ley permita completamente la expansión de servicios de las instituciones de educación superior y en lo concerniente al tema reportado por la ASF, después de que se conoció el resultado del Informe General, algunas instituciones, como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), rápidamente se apresuraron a aclarar que su contratación por la SEP, a través del Fondo de Fomento y Desarrollo para la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict), estaba apegada a la norma y había cumplido en tiempo y forma con lo requerido (Reforma. 18.02.15: 9).

La ley dice que los procedimientos para la adquisición y contratación entre entidades públicas puede realizarse de forma directa, es decir sin procedimientos de licitación, porque se supone que pertenecen a la misma estructura y tienen un interés compartido. Sin embargo, lo que la ASF está reportando es que tal mecanismo se está utilizando para evadir los procedimientos de licitación.

Las auditorias que realiza la ASF constituyen una evaluación del ejercicio de los recursos públicos federales y una valoración de los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas. A pesar de que los resultados de sus revisiones son excesivamente normativos y necesariamente se conocen con retraso, son uno de los pocos instrumentos que tenemos de rendición de cuentas.

Por ejemplo, la ASF dice que en las tres últimas cuentas públicas se ha observado reiteradamente que se dan subcontrataciones por el 100 por ciento de lo ordenado por el contratante (cuando la ley dice que máximo debe ser el 49 por ciento), lo mismo que sobreprecios en la adquisición de bienes y servicios, o bien, contrataciones que no acreditan las mejores condiciones.

Las prácticas que está fiscalizando la ASF no son las mismas que se podrían presentar una vez que se modifique la ley sobre vinculación y transferencia de conocimiento, pero pueden anticiparlas y formar su horizonte. ¿O no?

(Publicado en Campus Milenio No. 597. Febrero 26, 2015, p.5)