El incentivo de los recursos financieros para la
participación social
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx
Twitter: @canalesa99
En la
exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el 2015, el que recientemente entregó el gobierno federal al Congreso, se atribuye
una responsabilidad financiera a los Consejos Escolares de Participación Social
en Educación (CEPS). Desafortunadamente no se desagrega ni se precisa el volumen
que podrían alcanzar tales recursos; tampoco la convergencia con otros
programas en marcha.
La primera vez
que, normativa y oficialmente, se habló de participación social en educación
fue hace más de dos décadas. El término quedó registrado en el Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica de 1992; al año siguiente sería
recuperado en la Ley General de Educación.
Una amplia y
compleja estructura de participación social se previó desde aquellos años, una
que recorrería cada uno de los planteles de educación básica (en ese entonces
sumaban más de 150 mil), los más de 2 mil 400 municipios, todas las entidades
federativas y culminaría en un consejo nacional.
Pero no, 20
años después, lo que parecía una buena idea simplemente no se ha podido
transformar en realidad. Llevar al terreno de la escuela a funcionarios, ciudadanos
y padres de familia, a través de una estructura formal, ha resultado sumamente
ambiguo y complicado
Al parecer,
con la reforma educativa en marcha, la actual administración realiza un ajuste
más a la propuesta de los CEPS. Ahora, de acuerdo a la exposición de motivos
que acompaña al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), se
busca fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas y que los Consejos decidan
cómo invertir los recursos financieros, no la autoridad educativa.
Anota: “En
virtud de lo anterior, los padres de familia (a través de los representantes de
sus asociaciones), los maestros y directores de los planteles, conformarán los CEPS,
los cuales tendrán la facultad y la encomienda de definir qué carencia será
atendida y, por lo tanto, de qué manera se utilizarán los recursos” (p. 18).
No todas las escuelas estarán en la misma
posición. En principio, serán aquellas que enfrentan graves carencias de
infraestructura: “A partir de esto, serán susceptibles de ser beneficiadas más de
20 mil escuelas públicas de educación básica de los niveles de primaria y de
secundaria, las cuales se encuentran en estado de alto y muy alto rezago en sus
condiciones físicas, según el Índice de Carencias por Escuela (ICE) elaborado
por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con base en los datos del censo escolar del INEGI, así como las
supervisiones de zona que atienden a estas escuelas”.
Actualmente
existen 229 mil escuelas de educación básica (públicas y privadas), de modo que
las 20 mil proyectadas para recibir beneficios, representan alrededor del nueve
por ciento del total. Desafortunadamente, en la desagregación del presupuesto
educativo, particularmente en el ramo 11, no se aclara el volumen de recursos
que implicaría.
En el presupuesto educativo suman más de una docena de programas sujetos a reglas de operación. Al menos la mitad tendría que ver con calidad e infraestructura en educación básica. Por ejemplo, están los programas: Escuelas de Calidad (PEC, 1 mil 470 mdp); PROSPERA inclusión social (28 mil 276 mdp); Escuelas de Tiempo Completo (14 mil mdp); para la Inclusión y la Equidad Educativa (572 mdp); y Fortalecimiento de la Educación Básica (800 mdp). ¿En cuál y cómo se incluye la iniciativa?
El Acuerdo
716 de SEP, publicado en marzo de este año, estableció nuevas bases de
organización y funcionamiento de los CEPS, ahí quedó consignada la posibilidad
de que los Consejos manejaran recursos económicos.
La
proporción de escuelas y CEPS que podrían ingresar en una nueva dinámica de
funcionamiento es relativamente pequeña. Sin embargo, es una redefinición de
los ámbitos de competencia y responsabilidad de los Consejos, un nuevo cauce de
transferencia directa de recursos financieros a las escuelas y tal vez un
acicate a la participación social. El asunto es si será indiferente,
refractario o convergente respecto de los programas que están en operación. El
año próximo los sobremos, si es que los diputados no disponen otra cosa.
